Es evidente que la demandada incurrió en medidas de hecho, al impedir la entrada a la vivienda de la accionante anticresista, cuyo contrato se encontraba aún vigente; restringiendo así los derechos a la vivienda, a la dignidad, a la inviolabilidad del domicilio y a los servicios básicos; así como también amenazó la supresión del derecho a la vida, al impedirle usar todos sus enseres personales