La autoridad judicial en materia civil, al fijar fecha y hora de remate dentro del proceso ejecutivo, pese a los vicios procesales y sin constatar previamente si existiera pronunciamiento sobre la validez del título ejecutivo o contestación a las observaciones e impugnaciones deducidas por los ahora impetrantes de tutela, respecto al avalúo realizado, ni aprobación por ende del informe pericial; vulneró los derechos al debido proceso, a la defensa, a la propiedad privada, y el principio de seguridad jurídica