Tribunal Constitucional Plurinacional de BoliviaBolivia
Tribunal: Tribunal Constitucional Plurinacional de BoliviaMateria: Derecho Procesal ConstitucionalTema: Acción de LibertadSubtema: SUBSIDIARIEDAD EXCEPCIONAL
Líneas Jurisprudenciales:
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La comparecencia ante la autoridad jurisdiccional para justificar la inasistencia a su llamado, es un medio sencillo, rápido, oportuno y eficaz para anular la resolución de declaratoria de rebeldía, por lo que no puede acudirse directamente a la acción de libertad para solicitar se deje sin efecto el mismo

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SC 0003/1100-R

Confirmadora
Es el razonamiento constitucional que confirma o ratifica un precedente anterior

En ese sentido, el art. 91 del CPP, es claro al determinar que cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite, dejándose sin efecto las órdenes dispuestas para su comparecencia, manteniendo las medidas cautelares de carácter real; añadiendo que si el imputado justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza.
En este marco, se tiene claramente identificado que la pretensión del imputado ahora accionante, es anular por la vía constitucional, el auto que lo declara rebelde y por su efecto, el mandamiento de aprehensión dispuesto; en este sentido, si acogemos el petitorio de tutela mencionado, éste Tribunal Constitucional Plurinacional, estaría ingresando al análisis de una situación jurídica y valoración que le corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, específicamente a la autoridad ahora demandada quien bajo la facultad y aplicación del art. 91 del CPP, descrito, puede dejar sin efecto en el día o en un plazo razonable, las medidas que ahora considera lesivas a sus derechos, el hoy accionante.
Bajo este razonamiento, si bien el accionante denuncia que la audiencia señalada para el 13 de junio de 2012 a horas 15:30, se instaló media hora antes de lo previsto, no es menos evidente que el imputado, inmediatamente podía acudir ante la autoridad demandada quien emitió el auto de rebeldía y justificar su incomparecencia o impedimento en los mismos términos que lo hace ahora vía jurisdicción constitucional y de esta forma, otorgar la oportunidad de que el Juez competente se pronuncie a la luz del art. 91 del CPP, o sea, aplicando el camino procedimental trazado por la voluntad del legislador con la finalidad de que dicha autoridad, restablezca cualquier amenaza o lesión al derecho a la libertad del imputado; en merito a ello, compartimos la posición del Juez demandado quien en su informe de ley, independientemente de indicar que a la fecha no se han expedido el mandamiento de aprehensión al estar sujeto a la publicación de edictos, refiere en su defensa que, si el imputado pretendía anular la resolución de rebeldía, la vía de solución es acudir a su autoridad para así efectivizar los efectos que conlleva el artículo ya citado del Código de Procedimiento Penal.
Otra situación seria, si en el caso de que el imputado active el procedimiento que le otorga la ley de apersonarse ante el Juez o Tribunal con la finalidad de justificar su incomparecencia y la autoridad jurisdiccional se pronuncie saliéndose de la norma o contrariamente a los derechos y garantías de imputado, recién se podrá acudir ante esta jurisdicción buscando la tutela efectiva para restablecer los derechos presuntamente lesionados al no existir medio procesal o norma para el efecto; pues si activamos directamente la acción tutelar, no solo desconocemos un procedimiento específico establecido por la ley, sino, invadiendo la jurisdicción ordinaria podríamos dejar -por consecuencia- sin validez una resolución de declaratoria de rebeldía que conforme establece el art. 90 del CPP, tiene como uno de sus efectos, el interrumpir la prescripción; por eso mismo, el imputado tiene una puerta abierta jurídicamente, para intentar revocar o anular la resolución que ahora se denuncia mediante la presente acción de defensa y en consecuencia, dejar sin efecto las medidas provisionales adoptadas, claro está, previa valoración y resolución fundamentada resultado de la sana critica del Juez.
En este sentido -en el caso concreto- queda claro que la comparecencia ante la autoridad jurisdiccional para justificar la inasistencia a su llamado, es un medio sencillo, rápido, oportuno y eficaz para anular la resolución de declaratoria de rebeldía, por ello, la interpretación normativa debe realizarse en el sentido más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales, en concordancia con los preceptos y principios constitucionales; además, debe efectuarse dicha interpretación, de acuerdo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquella como sucede en el presente caso.
En coherencia con la fundamentación que antecede, se constata que el accionante no ha cumplido con el principio de subsidiaridad, debiendo en consecuencia denegar la tutela.    

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Otros precedentes

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1) En caso de no existir inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delitos; y, 2) En caso de haberse ya dado aviso del inicio de la investigación

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2

Cuando se investiga un delito, los afectados por dicha investigación, aunque no tengan la calidad de imputados (terceras personas ajenas a la investigación), no pueden activar directamente la acción de libertad sino que deben acudir al juez de instrucción en lo penal competente

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3

El incidente de nulidad dentro de los procesos de asistencia familiar, es el medio idóneo para la reparación oportuna de las lesiones por vicios procesales (como los relativos a la falta de notificación o notificaciones irregulares con ciertos actuados)

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4

En caso de existir imputación formal y/o acusación se debe impugnar previamente la resolución de medidas cautelares; asimismo, cuando se trate de lesiones a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionados al debido proceso

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5

En caso de haberse reclamado la aprehensión ilegal a través de un incidente de actividad procesal defectuosa, corresponderá previamente interponer recurso de apelación contra la resolución que la resuelva y luego recién acudir a la acción de libertad si continuaran las lesiones

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6

En caso de que la resolución de medidas cautelares haya sido confirmada por el Tribunal de alzada, podrá acudirse a la acción de libertad siempre y cuando no se haya efectuado nueva solicitud de modificación de dichas medidas

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7

Las denuncias por persecución ilegal o indebida deben denunciarse previamente al Juez Cautelar

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8

Las irregularidades del procedimiento laboral que dieron lugar a que se emita mandamiento de apremio, deben ser denunciadas previamente a través de un incidente de nulidad en la vía laboral, aplicando supletoriamente las normas del Código Procesal Civil

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9

Los accionantes intentan que por medio de la acción de libertad, se deje sin efecto la imputación emitida por el Fiscal de Materia, sin tomar en cuenta que debieron apersonarse en primer lugar ante la autoridad a cargo del control jurisdiccional del proceso y denunciar los hechos, acciones u omisiones, que consideran como atentatorios a su derecho a la libertad

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10

No puede activarse dos jurisdicciones en forma simultánea para que ambas al mismo tiempo se pronuncien sobre hechos denunciados como ilegales (vías paralelas)

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11

Ante la resolución de declaratoria de rebeldía, corresponde solicitar la revocatoria de la misma y sus efectos; y, en caso de que no se haya atendido lo requerido ni se hubiera procedido a restaurar los derechos afectados, el imputado puede acudir a la jurisdicción constitucional

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12

Antes de acudir a la justicia constitucional en procura de la tutela de sus derechos considerados como vulnerados, debe acudirse previamente ante la autoridad judicial a cuyo cargo se encuentra el proceso penal, que fue quien emitió la orden judicial de conducción a la audiencia del privado de libertad

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13

Contra el decreto de fijación o suspensión de audiencia, puede acudir directamente a la acción de libertad o formular recurso de reposición; pero no así activarlos de forma paralela

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14

Contra la resolución que imponga, modifique o rechace las medidas cautelares debe interponerse previamente apelación incidental

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15

Debe acudirse previamente ante el Juez o Tribunal, con la finalidad de que corrija la inacción del personal de apoyo jurisdiccional u ordene la inmediata ejecución del acto procesal omitido

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16

Debe interponerse recurso de reposición, contra los proveídos que dispongan la notificación al denunciante y a la víctima con la sentencia del procedimiento abreviado y contra las que dispusieron que primero debía de adquirir ejecutoria la sentencia

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17

El accionante al evidenciar que la autoridad ahora demandada rechazó la homologación de la Resolución de Indulto, debió presentar recurso de apelación incidental, para que el Tribunal de alzada se pronuncie al respecto

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18

El accionante debió acudir ante el Tribunal Permanente de Justicia Militar donde se sustanciaba su proceso, a efectos de solicitar expresamente que se deje sin efecto la Resolución que declaró su rebeldía y la expedición del respectivo mandamiento de aprehensión en su contra, en aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

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19

El incidente es una figura jurídica que se aplica en el ámbito de la jurisdicción ordinaria en materia familiar, medio procesal al que debe acudir la parte que se creyere afectada por defectos en el proceso, previo a acudir a la vía constitucional

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20

El Juez de Instrucción Penal ejerce el control jurisdiccional del proceso, no solo de las actuaciones policiales y fiscales durante la investigación y etapa preparatoria, sino también de las aprehensiones en flagrancia, aprehensión por particulares y acciones directas

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21

El Juez de Instrucción Penal o el Juez de Ejecución Penal, ejercen el control jurisdiccional, en el caso de condenados y privados de libertad, al estar dentro del régimen penitenciario

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22

El juez de turno en lo penal, es el llamado a ejercer el control jurisdiccional en suplencia legal del titular, en tanto dure la vacación judicial, por lo que, corresponde acudir previamente ante él, a objeto de hacer conocer sus reclamos

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23

En la fase de juicio oral el Tribunal de Sentencia tiene el control jurisdiccional de la causa; asimismo, el Juez de Ejecución Penal, ejerce control sobre las condiciones de la detención preventiva quien debe informar al Juez o Tribunal de la causa sobre cualquier irregularidad al respecto

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24

Es aplicable la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, cuando el recurso de apelación incidental no es activado o se lo activa de forma errónea o extemporánea

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25

La apelación incidental es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados

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26

La falta de remisión de informes para acogerse al beneficio de libertad condicional, por parte del Director Departamental del Régimen Penitenciario y el Director del Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola", debieron ser denunciados previamente ante el Juez de Ejecución Penal, en aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

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27

La idoneidad de los recursos ordinarios previos a la acción de libertad, debe observarse en el caso concreto y no de manera teórica

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28

La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio

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29

La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad en el contexto del proceso penal

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30

La subsidiariedad excepcional procede en la acción de libertad ante la existencia de medios de impugnación específicos e idóneos

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31

Las resoluciones que resuelven la suspensión condicional de la pena pueden ser apeladas incidentalmente

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32

Las solicitudes de control jurisdiccional por vulneración o restricción a la libertad personal (aprehensión) en la audiencia cautelar, no requieren de apelación previa al planteamiento de la acción de libertad

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33

Los reclamos e impugnaciones sobre los errores en la identidad de las personas dentro el proceso penal, no pueden ser analizados a través de la acción de libertad, sino que deben ser examinados dentro del mencionado proceso

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34

Los trámites de beneficios penitenciarios extramuros activados por condenados a pena de reclusión o presidio se encuentran directamente vinculados con el derecho a la libertad por lo que debe agotarse previamente los recursos intraprocesales

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35

Si bien contra los grupos vulnerables no se puede aplicar la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; sin embargo, la misma no implica la posibilidad de acudir a dos jurisdicciones de forma simultánea, ya que se podría ocasionar un conflicto entre dos jurisdicciones a causa de la posible emisión de resoluciones distintas sobre un mismo asunto

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36

Si dentro del proceso penal, son activados los medios idóneos de defensa y paralelamente se suscita la acción de libertad, la jurisdicción constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar al fondo de la problemática planteada

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37

Supuestos de procedencia de la subsidiariedad excepcional

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