El Gobierno Municipal de El Alto, al haber destituido al accionante discapacitado, sin que exista un proceso previo y por una “supuesta reestructuración”, lesionó su derecho a la inamovilidad laboral que lo ampara al ser parte de un grupo vulnerable, pese a que la función que desempeñaba le fue otorgada bajo la modalidad de libre nombramiento; no obstante, dicha ilegalidad fue subsanada de manera posterior por los demandados; ya que le iniciaron un proceso administrativo interno en su calidad de ex servidor público, en el cual concluyó estableciendo responsabilidad administrativa, imponiéndole la sanción de destitución del cargo