Los certificados médicos extendidos acreditaron que la menor, fue diagnosticada con cardiopatía congénita, retraso de desarrollo psicomotor severo y epilepsia-Síndrome de WEST; empero, dicha situación no fue considerada por la entidad empleadora (Gobierno Autónomo Departamental), que determinó dar por concluida la relación laboral con la impetrante de tutela, bajo argumentos meramente formalistas (exigiendo el Carnet de discapacidad) y evadiendo la verdad material respecto de la discapacidad que padece la menor, condición que luego fue ratificada por el CODEPEDIS a través de la extensión del propio Carnet de Discapacidad de la infante

En la certificación emitida por el Director Departamental del IBC, se aseveró que la madre de la peticionante de tutela se encontraba afiliada y que era considerada como persona con discapacidad (Ciega Legal Irreversible); por lo que, no era necesario exigir la presentación del Certificado Único de Discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, ya que, la condición de persona con discapacidad visual se encuentra debidamente confirmada y documentada por el IBC