El accionante acreditó que, por una decisión judicial fue nombrado como tutor ad litem de su hermana mayor de edad, quien tiene una discapacidad mental o psíquica del 50%; por tanto, la entidad demandada (SEDES) al no reconocerlo, vulneró los derechos al trabajo, a la salud y seguridad social del accionante, de su hermana discapacitada y de sus sobrinos; toda vez que, impidió que cuenten con un salario digno para su sustento

El accionante, antes de que se inicie el proceso de selección de su puesto, hizo conocer a la autoridad demandada que no era posible llevar adelante la convocatoria del cargo; ya que, tenía inamovilidad laboral por ser tutor de una persona con discapacidad; sin embargo, su solicitud nunca fue respondida, por la MAE del SEDES; sino más bien continuó el proceso de selección, y a la conclusión del mismo se expidió el Memorándum de agradecimiento de servicios; cuando correspondía previamente, definir si correspondía o no la inamovilidad; al no haber observado este trámite previo, no solo lesionó los derechos denunciados, sino que causó un daño a la entidad

El accionante no puede aludir la condición de discapacidad de su cónyuge, como elemento consustancial para acceder al derecho a la inamovilidad laboral, pues este derecho está siendo ejercido por la persona a quien le es inherente, debido a que la mencionada es funcionaria de la Cooperativa de Ahorro y Crédito; es decir, que cuenta con una fuente laboral, no siendo en tal sentido evidente que se halle en absoluto estado de dependencia del primero