El rechazo a la tramitación de la nueva petición de cesación de la detención preventiva, por parte de la Juez Cautelar, con el criterio de que se encontraba pendiente el recurso de apelación incidental interpuesto contra la Resolución de rechazo a su anterior solicitud, no vulneró los derechos y garantías del accionante, al contrario, evitó el uso desmedido de recursos, la duplicidad de fallos que eventualmente pudieran ser contradictorios y ocasionen una disfunción procesal, así como la activación innecesaria del aparato judicial en desmedro de la economía procesal que rige en materia penal