La definición de la situación legal de la menor de edad -guarda dispuesta a favor de su progenitor- no puede ser analizada ni rebatida de forma directa por esta jurisdicción constitucional, puesto que de considerar la madre que la decisión asumida no es adecuada, tiene la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial que conoció la causa, para la revaluación de las decisiones asumidas, en lo que respecta a la modificación de la guarda, como a las medidas y determinaciones asumidas sobre la situación y el bienestar de la menor de edad

El accionante, no identificó cuál fue el acto ilegal u omisión indebida que denote un indebido procesamiento vinculado a la libertad, o en su caso persecución indebida o ilegal, tampoco precisa una actuación u omisión que restrinja indebidamente su libertad, limitando sus alegatos sobre el proceso penal seguido en su contra, que se estaría llevando adelante sin el más mínimo sustento lógico, coherente y jurídico; constituyendo dichas alegaciones afirmaciones de carácter subjetivo y además generales, de tal modo que no se entiende si está impugnando todas las contingencias del proceso penal o determinados actos u omisiones que tampoco identifica. La ambigüedad de las denuncias formuladas no pueden ser superadas bajo el principio de informalismo, pues éstas no pueden ser meramente enunciativas, especulativas, ni subjetivas, como sucede con el planteamiento de esta acción de defensa; así como tampoco puede bajo la connotación del principio del interés superior del niño, si no se advierte cuál es el acto ilegal u omisión indebida que lo estaría afectando (TUTELA DENEGADA).

La accionante, solicita se le restituya a su domicilio, se ordene que el mismo sea desocupado con la ayuda de la fuerza pública; y, se prohíba a los accionados se acerquen o ingresen a su domicilio; no obstante, de acuerdo a la naturaleza jurídica de la acción de libertad, ésta no se constituye en un mecanismo de defensa constitucional destinado a proteger el derecho a la propiedad privada, como erróneamente pretende la impetrante de tutela. De igual manera no corresponde ordenar al Comandante de la EPI que, en el día se realice el registro del lugar del hecho; toda vez que, este aspecto corresponde a la jurisdicción ordinaria, dentro de un proceso penal; consiguientemente, sobre estos aspectos corresponde denegar la tutela solicitada.