El Diputado Nacional recurrido, incurrió en actos ilegales al disponer el bloqueo de caminos en la zona del trópico cochabambino, restringiendo con ello derechos del recurrente, en el rubro de exportación de productos al exterior, a la seguridad jurídica, al trabajo (art. 7, incisos a y d) no siendo justificativo de esta actitud ilegal y de hecho, el que se estuviera respaldando peticiones al Supremo Gobierno, ya que el derecho de petición previsto por la Constitución debe ajustarse a los procedimientos y mandatos de ella misma y de las leyes del país, sin afectar el ejercicio de los derechos de los demás que también están garantizados por la Ley Fundamental