El uso de la fuerza pública se adscribe en una dimensión característica del Estado “moderno”, como la posibilidad del uso legítimo y monopólico dentro de una sociedad políticamente organizada; sin embargo, a lo largo de la historia, la noción de monopolio ha privilegiado la noción de legitimidad, pues el Estado (no sólo comprendido en términos modernos) ha justificado las más serias atrocidades bajo el argumento monopólico de la razón de Estado (dominación militar, inquisición, colonización, dictaduras, represión, etc.), la reconfiguración de los Estados después de la segunda guerra mundial no solamente ha servido a la proliferación de un ius cogens del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Humanitario, sino también a la consolidación al interior de los distintos ordenamientos jurídicos estatales de sistemas objetivos de valores cuyo núcleo protectivo esencial es la dignidad, para lo cual el Estado adopta la modalidad de Estado Constitucional de Derecho.
El uso de la fuerza en el escenario internacional se rige por el Derecho Internacional Humanitario, regulado entre otras disposiciones por los Convenios de Ginebra de 1949, cuando se trata de una situación bélica (de acuerdo a los alcances del transversal art. 2 de los Convenios); en el escenario interno el uso de la fuerza se encuentra regulado por el bloque de constitucionalidad, por normas administrativas, penales y procesales entre otras. Para ingresar a considerar esta problemática se ingresará a realizar un breve repaso de las normas internacionales, y del tratamiento pretoriano de esta cuestión, acentuando la mirada a la labor policial por la naturaleza del caso concreto que se presenta en revisión a este Tribunal.