Previo a analizar los preceptos constitucionales y legales que regulan el caso concreto, es importante hacer referencia a qué se entiende por “discapacidad”, así la Ley de la Persona con Discapacidad, la define como: “…toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se considera normal para un ser humano”.
El Título Segundo, Capítulo Quinto, Sección VIII de la CPE, reconoce a este importante sector de la población como “Personas con Discapacidad”, terminología que resulta inapropiada, si se tiene en cuenta que lo que se procura es su inclusión e integración social y desarrollo personal en todos los ámbitos; educativo, laboral, cultural, deportivo, etc., alejada de cualquier tipo de discriminación. En ese entendido, tendría que partirse por reconocerlos o aceptarlos como “personas con capacidades diferentes”, en estricto cumplimiento del derecho a la igualdad entre todos los estantes y habitantes de la sociedad civil, sin ninguna distinción, denominación utilizada por otras legislaciones como la mexicana y venezolana.