Materias
- Arbitraje y Conciliación
- Derecho a la Seguridad Social
- Derecho Administrativo
- Derecho Aduanero
- Derecho Agroambiental
- Derecho Civil
- Derecho Comercial
- Derecho Constitucional
- Derecho de Familia
- Derecho de la Niñez y Adolescencia
- Derecho Electoral
- Derecho Laboral
- Derecho Minero
- Derecho Municipal
- Derecho Notarial
- Derecho Penal
- Derecho Penal y Procesal Militar
- Derecho Penitenciario
- Derecho Positivo
- Derecho Procesal
- Derecho Procesal Civil
- Derecho Procesal Constitucional
- Derecho Procesal Penal
- Derecho Tributario
- DERECHOS, GARANTÍAS Y PRINCIPIOS
- Justicia Indígena, Originaria, Campesina
BoliviaProcede la inversión de la prueba a favor del accionante, cuando la autoridad o persona demandada pese a su legal notificación, no comparece a la audiencia ni remite el informe de ley negando o desvirtuando las denuncias del accionante, máxime si el demandado es un servidor público y por tanto cuenta con el deber jurídico de respaldar y explicar sus actos
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Otros precedentes
El principio de informalismo de esta acción, no alcanza a la obligación que tiene el accionante de presentar la prueba necesaria que acredite su pretensión
Todo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional, toda la prueba aportada o producida de oficio, para resolver la problemática planteada
Flexibilización de la acreditación de los hechos, cuando se trata de grupos de prioritaria atención (favor debilis)
Obligación del servidor público demandado de presentar prueba que cursa en su poder