En ese entendido es la Constitución Política del Estado la que establece las garantías jurisdiccionales que deben ser observadas en el proceso penal de ahí la íntima relación de la Ley Fundamental con materia procesal penal pues en ella se encuentra la base para la validez constitucional de los actos realizados por las autoridades encargadas de la persecución penal y de los jueces y tribunales en materia penal en ese entendido sólo en la medida en que dichas normas constitucionales y las que conforman el bloque de constitucionalidad contenidas en tratados internacionales sobre derechos humanos art 410II de la CPE sean respetadas la actuación de de esas autoridades será constitucionalmente válidaDentro de las garantías jurisdiccionales contenidas en la Constitución Política del Estado se encuentra el debido proceso art 115II y 117I de la CPE en virtud a la cual Ninguna persona puede ser condena sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada La garantía jurisdiccional en análisis contempla a su vez diferentes garantías que deben ser observadas en todo proceso penal entre ellas la presunción de inocencia reconocida de manera autónoma en el art 116I de la CPE y el derecho a la defensa reconocido también autónomamente en el art 119 de la CPE