La parte demandada, con el movimiento de tierras, construcciones realizadas sin autorización municipal, sin la coordinación con el Instituto Nacional de Arqueología y contra la prohibición municipal de efectuar construcciones o movimientos de suelo, afectó el Parque Nacional Arqueológico, el Patrimonio Cultural, Histórico y Religioso y de preservación “Paisajista”, “Jardines y Parques”, “Área Religiosa-Cultural y Culto”, en el Cerro del Calvario y Santa Bárbara;, así como al medio ambiente, que es un derecho fundamental de interés difuso, que puede ser tutelado vía acción popular