La acción de libertad se caracteriza por su tramitación sumaria y expedita, debiendo celebrarse la audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda. Esta naturaleza célere responde a la necesidad de protección inmediata de los derechos tutelados, pero conlleva inherentemente una limitación estructural: la inexistencia de una etapa probatoria amplia y exhaustiva que permita el esclarecimiento fehaciente de hechos controvertidos o la determinación precisa de responsabilidades individuales.
Cuando en una acción de libertad surgen versiones fácticas contradictorias cuya dilucidación requiere necesariamente una actividad probatoria amplia (como inspecciones, declaraciones testificales, peritajes, careos, etc.), la jurisdicción constitucional enfrenta limitaciones sustanciales, ya que carece de los mecanismos procesales para determinar con certeza la veracidad de los hechos denunciados, especialmente cuando estos podrían configurar ilícitos penales. En tales supuestos, corresponde remitir las actuaciones al Ministerio Público, que es la instancia competente para llevar adelante la investigación correspondiente.