Ante una denuncia o proceso por agresiones o violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, el Estado en todos sus niveles, tiene el deber de brindar las medidas de protección que sean necesarias y especiales para la víctima, en atención al principio del interés superior de la niña, niño o adolescente

Obligación del Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra ellos