Ante una denuncia o proceso por agresiones o violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, el Estado en todos sus niveles, tiene el deber de brindar las medidas de protección que sean necesarias y especiales para la víctima, en atención al principio del interés superior de la niña, niño o adolescente

Los derechos a la vida, a la alimentación y la salud, deben aplicarse con preferencia en favor de los niños, niñas y adolescentes, en función de proteger los intereses de los menores