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SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0494/2007-R

Sucre, 13 de junio de 2007

Expedientes:  2007-15592-32-RAC

 2006-14427-29-RAC (acumulados)

Distrito:  Chuquisaca

La Paz

Magistrada Relatora:  Dra. Silvia Salame Farjat

En revisión las Resoluciones: del expediente signado con el número 2007-15592-32-RAC, 86/07 de 8 de marzo de 2007, cursante de fs. 187 a 190 vta., pronunciada por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Sonia Flora Samo Prieto, Patricia del Carmen Céspedes Céspedes, Rina Margott Quisbert Moya, Dora Molina Cuéllar contra Héctor Sandoval Parada, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura; María Teresa Rivero de Cusicanqui; Guido Chávez Méndez, José Luis Dabdoub López y Rodolfo Mérida Rendón, Consejeros de la Judicatura; Marlene Terán de Millán, Directora Distrital y Juan Carlos Salazar Blanco, Jefe del Departamento de Recursos Humanos; ambos del Consejo de la Judicatura de La Paz alegando la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, a la legalidad y al acceso a la justicia consagrados en los arts. 7 inc. a), 31, así como el previsto en el art. 193 de la Constitución Política del Estado (CPE); y en el expediente signado con el número 2006-14427-29-RAC, 491/2006 de 16 de agosto, cursante de fs. 116 a 117 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz del expediente acumulado, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Dora Molina Cuéllar contra Marlene Terán de Millán y Nevin Moreno Ojopi, Directora Distrital y Jefe del Departamento de Recursos Humanos, ambos del Consejo de la Judicatura de La Paz, denunciando la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, al trabajo, a la seguridad social y a la maternidad, consagrados en los arts. 7 incs. a), d) y k) y 193 de la CPE, así como del principio de irretroactividad de la ley.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. En el expediente 2007-15592-32-RAC

I.1.1. Contenido del recurso

Por memorial presentado el 9 de febrero de 2007, cursante de fs. 119 a 129 las recurrentes exponen los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1.1. Hechos que motivan el recurso

Fueron contratadas por el Consejo de la Judicatura por un periodo a plazo fijo de un año improrrogable; empero, en el ínterin, concibieron a sus bebés, haciendo conocer este hecho oportunamente al Departamento de Recursos Humanos de la ciudad de La Paz, con anterioridad a la fecha de cumplimiento de sus contratos, motivo por el que se ordenó la ampliación de dichos contratos, reconociendo que se encuentran amparadas por la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, habiéndoseles otorgado el subsidio prenatal, natal y de lactancia hasta que sus hijos cumplan un año de vida; beneficios que gozaron hasta mayo de 2006; no obstante ello, el 16 de mayo del mismo año, se les agradeció por sus servicios, mediante memorandos, emitidos por la Directora Distrital del Consejo de la Judicatura de La Paz, en los que se expresaba que por mandato de la SC 0109/2006-R de 31 de enero y en cumplimiento a una circular emitida por la Gerencia de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura GRH-CJ 011/06 de 5 de abril, no correspondía la aplicación de la referida Ley a funcionarias becarias a plazo fijo del Poder Judicial.

Posteriormente, el 19 de mayo de 2006, plantearon recurso de revocatoria, que fue declarado “no ha lugar”, mediante proveído de 22 de mayo del mismo año; y luego el 19 de junio mediante Resoluciones Administrativas RRHH 001/2006 y ss. fue desestimado el recurso de revocatoria interpuesto, sin tomar en cuenta el citado decreto de 22 de mayo. En consecuencia, el 23 de junio de 2006, interpusieron recurso jerárquico, resuelto por Resolución 262/2006 de 16 de agosto que confirmó la Resolución de rechazo al recurso de revocatoria, llamando la atención a la Directora Distrital del Consejo de la Judicatura de La Paz, por no haber fundamentado debidamente su rechazo y dejando sin efecto la Resolución de revocatoria dictada el 19 de “julio” de 2006, en los recursos correspondientes a Luzmila Mollo Calle, Dora Molina Cuéllar y otras Resoluciones de recursos de revocatoria, pronunciadas con posterioridad por el Jefe de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura de la ciudad de La Paz, convalidando de esta manera, los errores procedimentales en los que incurrió el Distrito de La Paz.

Agregan que los nuevos contratos nunca fueron renovados bajo la modalidad de beca trabajo y que son de fecha anterior a la SC 0109/2006-R modulatoria de línea jurisprudencial, pues se trataban de contratos de prestación de servicios con fecha establecida hasta el cumplimiento de un año de sus hijos recién nacidos, habiendo transcurrido ocho meses desde la fecha de sus despidos; posteriormente una de las afectadas: Miriam Rosario Copa Pachi, planteó otro recurso de amparo constitucional con similares argumentos que fue declarado “procedente”, lo que les hizo suponer que las autoridades recurridas aplicarían dicho razonamiento a nuestra situación; empero, en octubre de 2006 se les notificó con la Resolución 262/2006 de 16 de agosto firmada por el Presidente del Consejo de la Judicatura, Consejeros y Secretario a.i. de dicho órgano, basados en la Sentencia Constitucional antes mencionada, sin tomar en cuenta que en ningún momento se establece el carácter retroactivo de la misma y menos si existen nuevos derechos consolidados, pues éstos no puedan ser interrumpidos, en concordancia a lo establecido por el art. 33 de la CPE; acto ilegal que afecta directamente la maternidad protegida por el art. 193 de la CPE, así como la seguridad jurídica, con mayor razón en el caso de la recurrente Dora Molina Cuéllar, quien cuenta con tres contratos consecutivos.

I.1.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Señalan como vulnerados sus derechos a la seguridad jurídica, a la legalidad y al acceso a la justicia, consagrados en los arts. 7 inc. a), 31, así como el previsto en el art. 193 de la CPE.

I.1.1.3. Autoridades recurridas y petitorio

Con esos antecedentes, interpusieron recurso de amparo constitucional contra Héctor Sandoval Parada, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura; María Teresa Rivero de Cusicanqui, Guido Chávez Méndez, José Luis Dabdoub López y Rodolfo Mérida Rendón, Consejeros de la Judicatura; Marlene Terán de Millán, Directora Distrital y Juan Carlos Salazar Blanco, Jefe del Departamento de Recursos Humanos; ambos del Consejo de la Judicatura, solicitando sea declarado “procedente” y en consecuencia las autoridades recurridas restituyan a sus funciones a las recurrentes con los mismos salarios, así como los subsidios devengados.

I.1.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional

Instalada la audiencia pública el 8 de marzo de 2007 (fs. 183 a 186 vta.), en presencia de la apoderada de las recurrentes, los abogados apoderados del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura y Consejeros de la Judicatura y en ausencia de la recurrida Directora Distrital y del Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura de La Paz y del representante del Ministerio Público, ocurrió lo siguiente:

I.1.2.1. Ratificación del recurso

La parte recurrente ratificó íntegramente los fundamentos expuestos en el memorial del recurso.

I.1.2.2. Informe de las autoridades recurridas

Los abogados apoderados del Presidente y Consejeros de la Judicatura recurridos, presentaron informe escrito cursante de fs. 165 a 168 vta. en el que manifiestan lo siguiente: a) La recurrente Sonia Flora Samo Prieto, suscribió su primer contrato 77/2005 de 25 de febrero, como Oficial de Diligencias y el 23 de febrero de 2006, un día antes a la conclusión de su contrato, solicitó la ampliación del mismo, extremo atendido, suscribiéndose el segundo contrato 89/2005 el 23 de febrero de 2006, luego el 15 de mayo se le comunica que existían causales de resolución de su contrato y es concluida la vigencia del mismo, indica que tiene una niña de cuatro meses y medio de edad; b) Dora Molina Cuéllar, suscribe el primer contrato el 4 de febrero de 2004 como Auxiliar de Juzgado, el que fue ampliado el 9 de febrero de 2005 por embarazo y un tercer contrato de 8 de febrero de 2006 en base a un nuevo período de gestación, se concluyó la relación laboral el 15 de mayo de 2006; tiene un hijo de diez meses de edad; dicha recurrente planteó con anterioridad otro recurso de amparo constitucional, con los mismos argumentos, el cual fue declarado improcedente; c) Patricia del Carmen Céspedes Céspedes, rubricó su primer contrato el 29 de noviembre de 2004 como Auxiliar, el segundo contrato fue suscrito el 1 de diciembre de 2005, entendiendo que su hija hubiera nacido el 1 de marzo de 2007; es decir, antes de la elaboración del memorial del presente recurso; empero, el 15 de mayo de 2006 es concluida la vigencia del contrato; y d) Rina Margott Quisbert Moya, obtuvo su primer contrato 70/2004 de 18 de octubre, como Oficial de Diligencias, faltando diez días para su conclusión solicitó ampliación el 5 de octubre de 2005, autorizada la ampliación se suscribió el contrato “226/06” de 19 de octubre de 2005, tiene una hija nacida el 14 de abril de 2006.

Continúan expresando que las recurrentes conocieron desde el primer momento la fecha cierta y concreta de conclusión de la relación laboral, por lo que el Consejo de la Judicatura no puede continuar con la vigencia de dichos contratos suscritos de manera voluntaria, atendiendo la modulación realizada a la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional mediante la SC 0109/2006-R, expresando que los contratos a plazo fijo que no se convierten en indefinidos no gozan de inamovilidad funcionaria; aspecto corroborado por el art. 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979 que establece la prohibición de suscripción de más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, cuando el trabajador conoce la fecha cierta y concreta de la conclusión del mismo. De otro lado, se evidencia que los contratos de renovación, ampliándoles el plazo hasta que sus hijos cumplan el primer año, están viciados de nulidad respecto a la causa del contrato, pues en este tipo de contratos no corresponde la aplicación de la Ley 975 por los aspectos señalados.

Respecto de lo aseverado por las recurrentes en lo referido a la irretroactividad de las Sentencias Constitucionales, cabe advertir, que las mismas no crean una nueva norma legal, sino únicamente interpretan las mismas, por lo que no se puede hablar de irretroactividad de la ley, lo que hace viable su aplicación a casos pasados. Por lo expuesto y en virtud a que las recurrentes no han señalado de qué forma se han vulnerado sus derechos y garantías constitucionales, solicitan el rechazo in límine del presente recurso, con costas y multa.

La correcurrida Directora Distrital del Consejo de la Judicatura de La Paz, mediante informe cursante de fs. 169 a 171 vta., al que en su parte final se adhiere el Jefe de Recursos Humanos correcurrido, manifestó lo siguiente: a) Las Sentencias Constitucionales no se encuentran regidas por el principio de irretroactividad y son vinculantes y obligatorias para los poderes del Estado; b) Los memorandos de agradecimiento de servicios concluyen con la relación laboral, más aún los contratos con plazo bajo la modalidad de beca trabajo y que no admiten prórroga alguna, siendo contratos de prestación de servicios y no es posible la aplicación de normas laborales; c) las recurrentes no tienen calidad de administradas, por lo que no están legitimadas para interponer recursos de revocatoria y jerárquicos; d) No se debió haber admitido el presente recurso, puesto que carece de fundamentación respecto de las normas supuestamente vulneradas; e) El Consejo de la Judicatura está regulado por las normas previstas en la Ley del Consejo de la Judicatura, por lo que el presente recurso se encuentra planteado fuera del plazo de los seis meses f) La recurrente Dora Molina Cuéllar ya planteó otro recurso de amparo constitucional con anterioridad, el que fue rechazado, pues la misma se embaraza cada vez que sus contratos deben ser rescindidos; y g) La declaración de las recurrentes con relación a que se hubiera rechazado su recurso de revocatoria interpuesto es falsa, pues ellas transcribieron una parte del texto impreso en una providencia a una nota de 17 de mayo de 2006. Por lo que solicita se deniegue la tutela demandada con costas.

I.1.2.3. Resolución

Concluida la audiencia, el Tribunal de amparo dictó Resolución concediendo en parte la tutela y disponiendo: i) La cancelación por parte del Consejo de la Judicatura Distrital de La Paz de los haberes devengados y subsidios que correspondieren a las recurrentes a partir de la fecha de los memorandos de agradecimiento de servicios (15 de mayo de 2006) hasta el cumplimiento del plazo previsto en cada contrato; y ii) La otorgación de los beneficios que por ley les correspondiere tanto a las recurrentes como a sus bebés, con los siguientes argumentos:

1)      Los nuevos contratos suscritos con las recurrentes son de naturaleza diferente, porque comprenden a partir de su suscripción y hasta que los hijos tengan un año de edad, tienen cláusulas propias de rescisión, basados en el Decreto Supremo (DS) 27328 de 31 de enero de 2004, Ley de Administración y Control Gubernamentales, Código Civil, Código de Seguridad Social, Ley 975 y normas legales conexas, que refieren en su cláusula octava, por lo que surten efectos plenos entre las partes, en los términos que fueron suscritos y sólo pueden ser rescindidos por lo aseverado en la cláusula séptima.

2)      No es admisible como motivo de ruptura, la invocación de una Sentencia Constitucional, en la que los recurrentes no son parte.

3)      Tampoco es posible afirmar que los nuevos contratos tienen causa ilícita, si así fuera debieron lograr su  nulidad mediante declaratoria judicial.

4) Las autoridades recurridas han vulnerado el derecho a la seguridad jurídica de las recurrentes, por lo que corresponde otorgar la tutela solicitada, excluyendo a Dora Molina Cuéllar, por haber planteado otro recurso de amparo constitucional con los mismos argumentos, pendiente de resolución ante el Tribunal Constitucional.

I.2. En el expediente 2006-14427-29-RAC

I.2.1. Contenido del recurso

Por memorial presentado el 28 de julio de 2006, cursante de fs. 45 a 49 vta. y el de subsanación de 9 de agosto del mismo año, de fs. 51 a 54 vta., la recurrente expone los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.2.1.1. Hechos que motivan el recurso

El 4 de febrero de 2004, fue contratada por el Consejo de la Judicatura en el cargo de Auxiliar del Juzgado Primero de Instrucción de Familia del Distrito Judicial de La Paz, contrato que fue ampliado debido a su estado de embarazo, firmando un segundo contrato de trabajo 07/2005 de 9 de febrero en el mismo cargo; sin embargo, a los siete meses de gestación, sufrió la pérdida del bebé, comunicando dicho hecho al Consejo de la Judicatura; empero, encontrándose desolada logró embarazarse nuevamente, por lo que a la fecha tiene un bebé de cuatro meses de edad. Por esta razón firmó un tercer contrato 22/2006 de 8 de febrero para el mismo cargo, amparada por la Ley 975 como menciona el contrato; consiguientemente, se hizo acreedora del subsidio prenatal, natal y de lactancia, que fue cubierto desde el 11 de marzo de “2007” (sic) hasta mayo de 2006, luego el 15 de mayo de 2006, fue despedida mediante memorandum DRH 0221/2006, bajo las mismas características expuestas en el expediente 2007-15592-32-RAC, en el que la recurrente es también parte correcurrente del mismo, habiendo planteado recurso de revocatoria el 19 de mayo de 2006, que fue rechazado mediante proveído de 22 del mismo mes y año sin su debida fundamentación, y tomando en cuenta que ya han transcurrido más de dos meses de su despido interpone recurso de amparo constitucional sin antes haber planteado recurso jerárquico.

Continúa señalando que en total se han suscrito tres contratos de trabajo contínuos, lo que implica que goza de estabilidad funcionaria contando con un derecho consolidado y no expectaticio, por lo que su despido es ilegal.

I.2.1.2 Derechos supuestamente vulnerados

Señala como vulnerados sus derechos a la seguridad jurídica, al trabajo, a la seguridad social y a la maternidad, consagrados en los arts. 7 incs. a), d) y k) y 193 de la CPE, así como el principio de irretroactividad de la ley.

I.2.1.3. Autoridades recurridas y petitorio

Con esos antecedentes, interpuso recurso de amparo constitucional contra Marlene Terán de Millán y Nevin Moreno Ojopi, Directora Distrital y Jefe del Departamento de Recursos Humanos, del Consejo de la Judicatura de La Paz, solicitando sea declarado “procedente” y en consecuencia las autoridades recurridas la restituyan a sus funciones con el mismo salario y en el mismo cargo, con la calificación de daños y perjuicios.

I.2.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional

Instalada la audiencia pública el 16 de agosto de 2006 (fs. 111 a 115), en presencia de la recurrente, de las autoridades recurridas y del Ministerio Público, ocurrió lo siguiente:

I.2.2.1 Ratificación y ampliación del recurso

La recurrente por medio de su abogada ratificó los términos de su demanda y la amplió señalando que el 23 de junio de 2006 fue notificada con la Resolución fundamentada del recurso de revocatoria interpuesto y el 3 de julio del mismo año planteó recurso jerárquico, el que se encuentra pendiente de resolución.

I.2.2.2. Informe de las autoridades recurridas

Las autoridades recurridas en informe cursante de fs. 108 a 110 vta., manifestaron lo siguiente: i) Se suscribió un primer contrato con la recurrente en la modalidad beca trabajo por un año improrrogable, ampliado por otro año, mediante el contrato “07/2006” de 9 de febrero de 2005 debido a su estado de gravidez, bebé en gestación que falleció, pero por humanidad se le permitió continuar trabajando hasta la conclusión de la relación laboral; ii) El 8 de septiembre volvió a pedir ampliación de contrato por nuevo embarazo, es así que se suscribió el contrato 22/2006 de 8 de febrero; iii) El 15 de mayo de 2006 por memorandum 0221/2006, se le agradeció por sus servicios a la recurrente conforme a los antecedentes expuestos en el exp. 2007-15592-32-RAC; iv) A la fecha se encuentra pendiente la resolución del recurso jerárquico interpuesto; es decir, no agotó la vía ordinaria; v) Erróneamente expresa que se aplicó la SC 0109/2006-R de manera retroactiva, fundamento expresado en la SC 1426/2005-R de 8 de noviembre; y, vi) No establece cual es la participación de las autoridades recurridas en los supuestos actos lesivos.

I.2.2.3. Resolución

Concluida la audiencia, el Tribunal de amparo dictó Resolución “denegando” la tutela con los siguientes argumentos: 1) El recurso jerárquico interpuesto por la recurrente se encuentra pendiente de resolución; 2) Todos los documentos adjuntados al presente recurso deben ser analizados y valorados en el recurso jerárquico; y, 3) No puede activarse la competencia constitucional, porque el recurso de amparo constitucional no es sustitutivo de los recursos ordinarios y que previamente deben ser agotados.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

Por AC 220/2007-CA de 24 de abril, la Comisión de Admisión de este Tribunal, de oficio, al existir conexitud que justifica la unidad de tramitación y decisión, tal cual prevé el art. 40.I de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), dispuso la acumulación del recurso de amparo constitucional signado con el número 2006-14427-29-RAC, interpuesto por Dora Molina Cuellar contra Marlene Terán de Millán y Kevin Moreno Ojopi, Directora Distrital y Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura de La Paz al expediente 2007-15592-32-RAC, presentado por Sonia Flora Samo Prieto, Patricia del Carmen Céspedes Céspedes, Rina Margott Quisbert Moya y Dora Molina Cuéllar contra Héctor Sandoval Parada, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura; María Teresa Rivero de Cusicanqui, Guido Chávez Méndez, José Luis Dabdoub López y Rodolfo Mérida Rendón, Consejeros de la Judicatura; Marlene Terán de Millán, Directora Distrital y Juan Carlos Salazar Blanco, Jefe del Departamento de Recursos Humanos; ambos del Consejo de la Judicatura de La Paz, habiendo sido sorteado el expediente acumulante el 19 de abril de 2007, por lo que ambos expedientes vencen el 16 de mayo del mismo año.

A solicitud de la Magistrada Relatora por requerir de mayor análisis y amplio estudio, de conformidad a lo establecido en el art. 2 de la Ley 1979 de 24 de mayo de 1999, mediante Acuerdo Jurisdiccional 055/2007 de 16 de mayo, se procedió a ampliar el plazo procesal en la mitad del término principal, siendo la fecha de nuevo vencimiento el 15 de junio de 2007, por lo que la presente Sentencia es pronunciada dentro del plazo legalmente establecido.

II.  CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1. Por memorandum 154/05-P de 12 de febrero de 2005, se designó a Sonia Flora Samo Prieto como Oficial de Diligencias del Juzgado Séptimo de Partido de Familia del Distrito Judicial de La Paz (fs. 20 del exp. 2007-15592-32-RAC), consecuentemente el 25 de febrero de 2005, se suscribió el contrato 77/2005, de prestación de servicios beca trabajo a plazo fijo, por un año improrrogable (fs. 21 a 22 del exp. 2007-15592-32-RAC). Previa solicitud de ampliación de contrato (fs. 24 del exp. 2007-15592-32-RAC) por encontrarse la correcurrente en periodo de gestación de cinco semanas (fs. 25 del exp. 2007-15592-32-RAC), se elaboró un segundo contrato de prestación de servicios 89/2005 a plazo fijo hasta que su hijo cumpla el primer año de vida, amparado por el DS 27328, Ley de Administración y Control Gubernamentales, Código Civil Boliviano, Código de Seguridad Social, Ley 975 y normas legales conexas (fs. 26 a 27 del exp. 2007-15592-32-RAC).

II.2.  Mediante memorandum 721/04-P de 22 de noviembre de 2004, se designó a Patricia del Carmen Céspedes Céspedes como Auxiliar del Juzgado Cuarto de Partido de Familia del mismo Distrito Judicial (fs. 42 del exp. 2007-15592-32-RAC) por lo que se suscribió el contrato 82/2004 de 29 de noviembre de prestación de servicios bajo las mismas condiciones (fs. 43 a 44 del exp. 2007-15592-32-RAC). Ante la solicitud de ampliación de contrato por embarazo (fs. 47 del exp. 2007-15592-32-RAC), se elaboró un segundo contrato 252/2005 de 1 de diciembre con el mismo tenor que el de la anterior correcurrente (fs. 48 a 49 del exp. 2007-15592-32-RAC).

II.3.  Según memorandum 618/04-P de 4 de octubre de 2004, Rina Margott Quisbert Moya fue designada en el cargo de Auxiliar del Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal de El Alto (fs. 65 del exp. 2007-15592-32-RAC), se suscribió el contrato 70/04 de 18 de octubre de 2004 bajo idénticas condiciones (fs. 66 a 67 del exp. 2007-15592-32-RAC). Ante la solicitud de ampliación de contrato por embarazo (fs. 70 del exp. 2007-15592-32-RAC), se elaboró el segundo contrato 226/2005 de 19 de octubre (fs. 71 a 72 del exp. 2007-15592-32-RAC).

II.4.  Según memorandum 063/04-P de 29 de enero de 2004, Dora Molina Cuellar fue designada en el cargo de Auxiliar del Juzgado Primero de Instrucción de Familia del Distrito Judicial de La Paz (fs. 86 del exp. 2007-15592-32-RAC), se suscribió el primer contrato de prestación de servicios beca trabajo, el 4 de febrero de 2004, (fs. 87 y vta. del exp. 2007-15592-32-RAC), el segundo contrato 07/2005 de 9 de febrero (fs. 91 a 92 del exp. 2007-15592-32-RAC) y el tercer contrato 22/2006 de 8 de febrero, por la misma causal de embarazo (fs. 95 a 96 del exp. 2007-15592-32-RAC).

II.5.  Cursa circular GRH-CJ-011/06 de 5 de abril de 2006, que expresa no corresponder la aplicación de la Ley 975 a las funcionarias becarias del Poder Judicial en virtud a la SC 0109/2006-R (fs. 13 del exp. 2007-15592-32-RAC).

II.6. Todas las recurrentes plantearon recursos de revocatoria el 19 de mayo de 2006 (fs. 32 a 35, 55 a 58, 77 a 80 y 109  a 112 del exp. 2007-15592-32-RAC) y jerárquico el 3 de julio del mismo año (fs. 38 a 39, 60 a 61, 83 a 84 y 115 a 116 del exp. 2007-15592-32-RAC), ambos resueltos “no ha lugar”.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Las recurrentes señalan que las autoridades demandadas han vulnerado sus derechos a la seguridad jurídica, a la legalidad y al acceso a la justicia, toda vez que fueron contratadas por el Consejo de la Judicatura bajo la modalidad de “beca trabajo”, por un periodo improrrogable de un año, para desempeñar las funciones de Auxiliares y Oficial de Diligencias en la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz; empero, previo al cumplimiento de su periodo de funciones en distintas fechas, comunicaron al empleador que se encontraban en periodo de gestación, motivo por lo cual se suscribieron nuevos contratos también a plazo fijo, indicando en éstos que tendrían validez hasta que sus hijos cuenten con un año de edad, por encontrarse amparadas bajo la Ley 975. Luego, en virtud a la modulación de línea jurisprudencial realizada por el Tribunal Constitucional mediante la SC 0109/2006-R, pronunciada con anterioridad a la suscripción de los segundos contratos de trabajo de las recurrentes y en cumplimiento a una circular emitida por la Gerencia de Recursos Humanos sustentada en la referida Sentencia Constitucional, dichos contratos fueron rescindidos antes de su cumplimiento. En consecuencia, en revisión de las Resoluciones de los Tribunales de amparo, corresponde dilucidar, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales de las recurrentes, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.

III.1. Inicialmente y previo el análisis del caso concreto, se debe dejar claramente establecido que las relaciones contractuales entre el empleador y las recurrentes no se encuentran inmersos dentro de las modalidades de los contratos de trabajo, ni de relación funcionaria o consultoría, pues se expresa en cada uno de ellos que constituyen contratos de prestación de servicios “beca trabajo” a plazo fijo, además de estipular claramente en la cláusula tercera que no se reconocerá prórroga alguna. De lo cual se colige que estos contratos tienen naturaleza jurídica propia y diferente a los demás. Dicho de otro modo, las recurrentes no tienen una relación laboral protegida por la Ley General del Trabajo así como tampoco son funcionarias públicas dependientes del Poder Judicial, ni consultoras, pues del análisis de los contratos que suscribieron se concluye que son becarias, por tanto no están sujetas a la Ley General del Trabajo, ni al Estatuto del Funcionario Público ni a las demás normas que regulan la relación del funcionario publico con el Estado, así como tampoco a las cláusulas de un contrato de consultorías, siendo únicamente becarias.

III.2. De otro lado, cabe expresar los lineamientos establecidos por este Tribunal Constitucional respecto a la retroactividad de las Sentencias Constitucionales, a este efecto, la SC 1426/2005-R de 8 de noviembre, ha expresado lo siguiente:La doctrina y la jurisprudencia comparada han señalado de manera uniforme que el principio de irretroactividad no es aplicable al ámbito de la jurisprudencia, debido a que ésta sólo precisa el sentido y alcances de las normas, sin modificar o crear un nuevo texto legal. En este sentido, la norma interpretada por el juez no se constituye en una nueva disposición legal, por cuanto la autoridad judicial no crea, mediante la interpretación, normas jurídicas diferentes. Conforme al entendimiento anotado, lo que un considerable número de Constituciones prohíbe es la aplicación retroactiva de la ley y no así de la jurisprudencia y, en consecuencia, es posible aplicar un nuevo entendimiento jurisprudencial a casos pasados, siempre y cuando -claro está- la disposición interpretada exista al momento de producirse los hechos.

Es también uniforme el criterio -señala la Sentencia referida-, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, que las excepciones a la regla antes aludida están constituidas por: 1. La cosa juzgada, en la medida en que los nuevos entendimientos jurisprudenciales no pueden afectar los asuntos ya resueltos y que se encuentran firmes o inimpugnables, esto es, que tenga la calidad de cosa juzgada formal y material; y, 2. La jurisprudencia que perjudica al imputado en materia de derecho penal sustantivo; lo que implica que, en este último caso, no se pueden aplicar en forma retroactiva los entendimientos jurisprudenciales que afecten o desmejoren las esferas de libertad del imputado o condenado (…).

En este sentido, la SC 0076/2005 de 13 de octubre, refiriéndose a la eficacia plena en el tiempo de las normas constitucionales, estableció que: “(…) la Constitución Política del Estado, al ser el fundamento del ordenamiento jurídico, no puede estar sometida a las reglas de la irretroactividad establecidas por la propia Constitución (art. 33) para las leyes y, en general, para toda norma jurídica infraconstitucional. En este sentido, se entiende que las reformas introducidas al texto constitucional tampoco están sometidas a esas reglas; al contrario, en virtud de las características anotadas y de la fuerza expansiva de la Constitución, es el ordenamiento jurídico el que tendrá que readecuarse a los nuevos lineamientos establecidos por la Ley Suprema.

En ese orden, la Constitución, al ser la base que estructura el sistema jurídico y la convivencia social, no está regida por el principio de irretroactividad; sino que, a diferencia de las otras normas jurídicas, sus preceptos tienen eficacia plena en el tiempo, lo que implica que pueden ser aplicados en forma inmediata, salvo que el mismo texto constitucional disponga otra cosa, en resguardo de una aplicación ordenada, y de la seguridad jurídica”.

La jurisprudencia precedentemente glosada ha establecido que las Sentencias Constitucionales no están regidas por el principio de irretroactividad contenido en el art. 33 de la CPE: “(…) debido a que la fuerza expansiva de la Constitución impregna a las Resoluciones del Tribunal Constitucional (…)” esto explica el porqué las Resoluciones del Tribunal Constitucional, sólo se constituyen en un vehículo a través del cual la Ley Fundamental desplaza su eficacia general, por lo que la Constitución Política del Estado establece un tratamiento especial a las Resoluciones del Tribunal Constitucional en el tiempo, que no se rigen, como quedó expresado, por el principio de irretroactividad de la leyes; empero, ello no significa que un entendimiento jurisprudencial pueda aplicarse retroactivamente en forma desfavorable, cuya interpretación es restrictiva de derechos, a situaciones y actos consolidados en virtud de un anterior entendimiento jurisprudencial que es más favorable, teniendo en cuenta que la aplicación retroactiva de la jurisprudencia constitucional fue creada para evitar la afectación y lesión de derechos; es decir, para dar protección a los mismos en forma retroactiva cuando existe la posibilidad de su afectación y lesión.

Por consiguiente, las Sentencias pronunciadas por el Tribunal Constitucional, al constituirse en un medio por el cual la Ley Fundamental desplaza su eficacia general, no están regidas por el art. 33 de la CPE, que establece el principio de irretroactividad de las leyes, sino que tienen validez plena en el tiempo; con la excepción establecida en el párrafo anterior; de lo cual se colige que los razonamientos de las Sentencias Constitucionales pueden ser aplicados en los procesos que están en curso; es decir, en aquellos que no tienen calidad de cosa juzgada, sin importar que los hechos a los que ha de aplicarse el entendimiento jurisprudencial hubieren acaecido con anterioridad al pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en los procesos que tengan resoluciones con calidad de cosa juzgada, por haberse agotado las instancias o por no haberse interpuesto los recursos dentro del término previsto por la ley o por haber desistido de los mismos, no es posible aplicar el nuevo entendimiento contenido en los fallos constitucionales, manteniéndose firme la Sentencia pronunciada dentro del respectivo proceso ordinario. Con todo lo que queda clara la situación sobre la aplicación en cuanto al tiempo de las Sentencias Constitucionales.

III.3. Modulando la línea jurisprudencial respecto a la protección de la maternidad y de la mujer trabajadora en estado de gravidez, a través de la SC 0109/2006-R de 31 de enero, este Tribunal resolviendo un caso respecto a dicha protección en contratos suscritos a plazo fijo, estableció las siguientes subreglas:

"(…) aplicando las normas legales relativas a los contratos a plazo fijo al trabajo de las mujeres trabajadoras embarazadas, deben tenerse en cuenta las siguientes subreglas:

1)  Si la mujer fue contratada a plazo fijo, fenecido el término pactado entre partes, se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, sin que pueda exigirse al empleador mantener a la trabajadora en el cargo aunque haya resultado embarazada en el lapso de la prestación de servicios;

2)  Si el contrato a plazo fijo se renovó una sola vez, es decir que existirían dos contrataciones a plazo fijo sucesivas, tampoco corresponde la aplicación de lo dispuesto por la Ley 975, por cuanto no se ha operado la conversión del contrato en uno por tiempo indefinido, debiendo actuarse conforme se señaló en el inciso anterior;

3)  Si el contrato a plazo fijo fue renovado en más de dos ocasiones, conforme a las disposiciones anotadas precedentemente, se produce la conversión del contrato en uno por tiempo indeterminado, de manera que es de ineludible aplicación lo dispuesto por la Ley 975, o sea que se debe respetar la inamovilidad de la trabajadora hasta que su hijo o hija cumpla el primer año de edad, además de ser acreedora de las prestaciones y subsidios que la ley establece por la maternidad".

III.4. En síntesis conviene precisar algunos aspectos importantes en el presente caso, como la naturaleza de los contratos de trabajo suscritos entre las recurrentes y las autoridades recurridas, quienes como ya mencionamos anteriormente, por el tipo de relación laboral, no se encuentran protegidas por la Ley General del Trabajo ni por el Estatuto del Funcionario Público, tampoco son consideradas como consultoras con contratos civiles, teniendo calidad solamente de becarias, con contratos a plazo fijo, establecido expresamente en los contratos firmados por ellas mismas a tiempo de establecer la relación laboral; consiguientemente, al no corresponder a ninguna de las situaciones protegidas por la Ley 975, ésta no se aplica a la particular situación jurídica de las recurrentes.

Asimismo se deja claramente establecido el tema referente a la irretroactividad de la jurisprudencia constitucional, pues como ya se mencionó en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Resolución, este principio no es aplicable, ya que la jurisprudencia no crea leyes, sólo interpreta las normas precisando su sentido y alcances; por lo tanto las Sentencias Constitucionales tienen validez en el tiempo, con la excepción establecida en el mismo Fundamento. De lo mencionado y considerando la función del Tribunal Constitucional como máximo guardián y último intérprete de la Constitución, se concluye que la línea jurisprudencial contenida en la SC 0109/2006-R, es aplicable a casos anteriores a la emisión de dicha Sentencia, únicamente cuando no perjudique o restrinja derechos consolidados por un anterior entendimiento jurisprudencial, ya que la jurisprudencia no involucra la creación de una nueva norma, puesto que el único fin que se persigue con ella es interpretar una norma preestablecida, sin modificar su espíritu, sino únicamente precisar su alcance.

III.5. Analizando la problemática del caso se tiene que las recurrentes ingresaron a trabajar a la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, habiendo suscrito contratos de prestación de servicios “beca trabajo” a plazo fijo, para los cargos de Auxiliares y Oficial de Diligencias, con una duración de un año, a partir de la firma del contrato de manera improrrogable; contratos que concluyeron satisfactoriamente. Posteriormente se evidencia la suscripción de nuevos contratos también a plazo fijo, debido al estado de gravidez de las recurrentes, hasta que sus niños cuenten con un año de edad, contratos que fueron interrumpidos en su ejecución, mediante memorandums de desvinculación laboral de parte del empleador.

Habiéndose explicado precedentemente que las recurrentes no cuentan con la condición de funcionarias públicas, por lo tanto, no gozan de la protección que otorga el Estatuto del Funcionario Público ni la Ley General del Trabajo; en primer término se arriba a la conclusión de que no son aplicables los razonamientos establecidos en la SC 0109/2006-R, pues la ratio decidendi de dicha Sentencia está dirigida a situaciones de mujeres embarazadas que sean trabajadoras o funcionarias; en segundo término, se concluye que las recurrentes tampoco tienen la calidad de consultoras sujetas a los contratos de naturaleza civil, por lo que desde ningún punto de vista pueden ser sujetos protegidos por la Ley 975, ya que esta Ley es aplicable para empleadas sujetas a la Ley General del Trabajo o funcionarias públicas; empero, a manera de abundamiento y aclarando los aspectos expuestos en el presente recurso de amparo constitucional, se debe señalar que el presente amparo constitucional no puede ser declarado procedente por la irretroactividad de la jurisprudencia constitucional, pues como ya fue expuesto la jurisprudencia puede ser retroactiva; empero, además de ello, en el caso presente no se está aplicando ninguna línea o razonamiento jurisprudencial, pues la situación jurídica de las recurrentes no se adecua a ninguno de los supuestos previstos por la SC 0109/2006-R, ya que la problemática de las becarias no fue analizada en dicha Sentencia; en síntesis, aunque posiblemente las autoridades recurridas aplicaron, sin que sean aplicables, los razonamientos de la SC 0109/2006-R al caso de las recurrentes, tal motivo no es suficiente para conceder el presente amparo constitucional, porque materialmente las recurrentes no tienen derecho a recibir la protección que la Ley 975 otorga a la mujer embarazada; pero además, por el hecho que las recurrentes no eran trabajadoras sujetas a la Ley General del Trabajo, no les asiste el derecho a ser excepcionadas de la aplicación retroactiva de la jurisprudencia constitucional, por lo que ésta podía serles aplicada.

Por otra parte, no está demás resaltar que las recurrentes siempre han tenido conocimiento del tipo de contratos que se suscribió con ellas, pues sabían que sus contratos tenían plazo determinado, aspecto que no puede ser alterado mediante el presente recurso constitucional.

III.6. Respecto al argumento empleado por el Tribunal de amparo en la Resolución 491/2006 de 16 de agosto, del exp. 2006-14427-29-RAC, al “denegar” el recurso interpuesto por Dora Molina Cuéllar, por subsidiariedad, al encontrarse el recurso jerárquico interpuesto por la menciona recurrente, pendiente de resolución, cabe mencionar que la jurisprudencia constitucional de este Tribunal es invariable al hacer la excepción a la regla de la subsidiariedad en caso de mujeres embarazadas, ingresando a analizar el fondo de la problemática planteada, por constituir, el desarrollo de la previsión contenida en el art. 193 de la CPE sobre la protección de la maternidad por parte del Estado, un aspecto íntimamente relacionado con un derecho fundamental primario y sobre el cual se sustentan todos los demás derechos, como es el derecho a la vida, es por ello que en varios casos se ha excusado la observancia de los principios de subsidiariedad e inmediatez que informan el amparo, a los efectos del ejercicio pleno de este derecho que asiste a la mujer trabajadora en estado de embarazo, no sólo para la protección de ésta, sino también y fundamentalmente del nuevo ser. En ese sentido se han creado subreglas en torno a la temática, en las SSCC 0109/2006-R, 0587/2005-R, y 0785/2003-R, entre otras.

De lo manifestado se concluye que el Tribunal del recurso no debió declarar la improcedencia del amparo interpuesto con el fundamento de que previamente la recurrente agote la vía, puesto que como ya se analizó en el caso de mujeres embarazadas, por el derecho primordial que se encuentra protegido, pese a existir un proceso pendiente de resolución, como lo fue el jerárquico que fue interpuesto por la misma, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional debieron haber ingresado a analizar el fondo del asunto y no rechazarlo, poniendo en serio riesgo el derecho a la maternidad.

III.7. Finalmente con relación a la terminología empleada dentro del mismo expediente en la parte resolutiva, cabe mencionar: “(…) a los efectos de adecuar los términos empleados en las Resoluciones y Sentencias Constitucionales que resuelven los recursos de amparo constitucional, a partir del entendimiento desarrollado en la SC 0505/2005-R de 10 de mayo, corresponde recordar que: (…) tanto los jueces y tribunales de amparo, así como el Tribunal Constitucional deben emplear los términos 'conceder' o 'denegar' el amparo en aquellos casos en que se ingrese a resolver el fondo de la problemática planteada en el recurso de que se trate; que los términos de 'procedencia' o 'improcedencia' del amparo están reservados para los casos de los arts. 94 y 96, respectivamente, de la LTC, en cuyo caso, si se constata que el amparo procede por no existir ninguno de los supuestos de improcedencia previstos por el art. 96 de la LTC (…)” (SC 0191/2006-R de 21 de febrero).

Por último se debe recordar que en el caso que se revisa, el Tribunal del recurso ha utilizado inadecuadamente la terminología que rige para la resolución de los recursos de amparo constitucional, al haber “denegado” la tutela por subsidiariedad, esto es, sin ingresar a analizar el fondo del recurso, ya que “denegó” la tutela impetrada por la recurrente, al existir un recurso jerárquico pendiente de resolución, cuando debió haberlo declarado improcedente.

Consiguientemente, el Tribunal de amparo del exp. 2007-15592-32-RAC al haber concedido en parte el recurso, no ha realizado una correcta aplicación de las normas previstas por el art. 19 de la CPE; y el Tribunal de amparo del exp 2006-14427-29-RAC al “denegar” por subsidiariedad, aunque con distintos fundamentos ha dado una correcta aplicación al citado precepto constitucional.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 19.IV y 120.7ª de la CPE; arts. 7 inc. 8) y 102.V de la LTC, en revisión, resuelve:

1º   REVOCAR la Resolución 86/07 de 8 de marzo de 2007, cursante de fs. 187 a 190 vta., pronunciada por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca; y DENEGAR la tutela solicitada dentro del expediente 2007-15592-32-RAC.

2º   APROBAR la Resolución 491/2006 de 16 de agosto, cursante de fs. 116 a 117 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, DENEGANDO la tutela impetrada, al haber ingresado este Tribunal Constitucional a analizar el fondo del asunto.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas

PRESIDENTA

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez

DECANA

Fdo. Dr. Artemio Arias Romano

MagistradO

Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Walter Raña Arana

MAGISTRADO