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SENTENCIA CONSTITUCIONAL  0988/2006-R

 Sucre, 9 de octubre de 2006

Expediente:              2005-13160-27-RAC

Distrito:     Santa Cruz

Magistrado Relator:      Dr.  Artemio Arias Romano

En revisión la Resolución 75 de "21" de diciembre de 2005, cursante a fs. 105 y vta., pronunciada por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Jesús Ariel Medina Gonzáles contra Percy Fernández Añez, Alcalde  Municipal de Santa Cruz, alegando la vulneración del principio a la igualdad jurídica consagrado en el en el art. 6 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

El recurrente en el escrito presentado el 14 de diciembre de 2005, cursante de fs. 65 a 68 manifestó que:

Siendo dependiente de la Unidad de Recursos Humanos de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz, desde el 3 de diciembre de 2003, sin que de por medio exista motivo alguno, el 8 de agosto de 2005 se le comunicó que el memorando de su despido estaba listo por "decisión superior" según se le indicó.

Como tiene un hijo que es incapacitado, se vio obligado a insistir ante la Unidad de Recursos Humanos para que se deje sin efecto el mencionado memorando, presentando al efecto, a solicitud de la administración, el respectivo certificado de nacimiento y demás documentación que acredita la discapacidad del menor, lo que al parecer no fue suficiente, pues pese a que presentó un memorial dirigido al Alcalde para que se deje sin efecto el memorando, está peregrinando atenido a simples promesas verbales del Jefe de Recursos Humanos.

Igualmente, acudió ante la Federación Cruceña de Personas con Discapacidad, que por oficio 101/05, de 17 de agosto de 2005, representó su caso, amparados en la norma que expresamente señala la inamovilidad de quienes sufran discapacidad o tengan bajo su dependencia a personas discapacitadas. A la par, también hizo conocer su caso a la Central Obrera Departamental (COD), a la que la Alcaldía mediante oficio de Secretaría General 1234/2005, de 30 de noviembre, comunicó que la documentación acompañada no fue suficiente para revocar la medida, mencionando una denuncia sobre un supuesto cobro de dinero para la agilización de un trámite, situación que fue debidamente aclarada con la retractación espontánea que se presentó el 21 de octubre de 2005.

El art. 5.II del Decreto Supremo (DS) 27477, de 6 de mayo de 2004, prevé que: "Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1º (primer grado) en línea directa y hasta el 2º (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente", por lo que es ésta la causa principal del presente recurso; previsión respecto de la cual no puede alegarse desconocimiento pues ya en otros casos semejantes al suyo, en los que la afiliación de sus dependientes fue acreditada en forma posterior al despido, se procedió a su reincorporación; cometiéndose en su caso una discriminación.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El recurrente indica la vulneración del principio a la igualdad jurídica consagrado en el art. 6 de la CPE.

I.1.3. Autoridad recurrida y petitorio

El recurrente dirige el recurso de amparo constitucional contra Percy Fernández Áñez, Alcalde Municipal de Santa Cruz, solicitando se declare "probada" (sic) la misma, ordenando la restitución a sus funciones preservando todos sus derechos desde el momento de su despido, con costas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional

Efectuada la audiencia pública el 22 de diciembre de 2005, según acta de fs. 101 a 104 vta., se produjeron los siguientes actuados.

I.2.1. Ratificación del recurso

El recurrente ratificó la demanda interpuesta. 

I.2.2. Informe de la autoridad recurrida

El Alcalde, representado por sus abogados y apoderados, de acuerdo con el informe de fs. 96 a 100, señaló: 1) hasta el 8 de agosto de 2005, Jesús Ariel Medina Gonzáles desempeñaba funciones en el Departamento de Recursos Humanos de la Alcaldía Municipal, siendo retirado por el Alcalde en ejercicio de la facultad conferida por el art. 44.6 de la Ley de Municipalidades (LM); 2) con anterioridad, el 10 de junio de 2005  se recibió una denuncia de Angelita Mendoza Solíz contra el ahora recurrente sobre el pedido de $us50.- (cincuenta dólares) para agilizar un trámite de finiquito; 3) el 17 de agosto de 2005, el recurrente solicitó su reincorporación debido a que tendría a su cargo un hijo con discapacidad, habiéndose recomendado por la Dirección Jurídica el inicio de un sumario interno para que se llegue a esclarecer la denuncia y establecer en su caso responsabilidades; 4) el 2 de septiembre de 2005, Angelita Mendoza Solíz, mediante carta dirigida al Director de Recursos Humanos denunció que la funcionaria Norma Egüez de Oliva le pidió que retire la denuncia recibiendo en ocasiones llamadas que propiciaban insultos en su contra, habiéndose concluido que dicha funcionaria preste también su declaración; 5) el 21 de octubre de 2005, la denunciante mediante escrito señaló haber sindicado falsamente al funcionario; empero, el 22 de noviembre de 2005, en su declaración manifiesta que Ariel Medina le pidió el dinero para gastos y timbres, declarando, asimismo, que Norma Egüez y miembros del sindicato le amenazaron para que retire su denuncia llevándole un escrito con la firma de abogado presionándole para que firme y devolviéndole los $us50.-; y 6) los otros dos casos presentados a los que hace alusión el recurrente no son similares ni iguales porque en ambos casos no existió denuncia contra los funcionarios que fueron restituidos, además el Gobierno Municipal tomó conocimiento que el funcionario supuestamente tiene un hijo con discapacidad bajo su dependencia, cuando éste ya no prestaba servicios en la entidad.

I.2.3. Resolución

Concluida la audiencia, el Tribunal de amparo constitucional declaró  "procedente" el recurso interpuesto disponiendo la inmediata restitución del recurrente a su fuente de trabajo con todos sus derechos y deberes inherentes a su cargo, dejando sin efecto el memorando de 13 de junio de 2005, en consideración a que "del análisis, revisión y evaluación de los datos del proceso y en merced a la prueba producida en esta audiencia, este Tribunal llega a establecer en derecho y merced a la recta razón a la siguiente conclusión de los fundamentos jurídicos, doctrinarios, filosóficos y jurisprudenciales del Amparo Constitucional en su esencia, naturaleza, existencia y valor, tienen como fin supremo la protección y defensa de los derechos y garantías constitucionales como atributos intrínsecos de la personalidad humana. Que, en el caso específico, los derechos que invoca el recurrente, Jesús Ariel Medina Gonzáles, se adecuan dentro de las previsiones establecidas por el art. 19 de la CPE y art. 94 de la Ley del Tribunal Constitucional, en lo general, en lo macro, y en lo particular sus derechos y garantías que están establecidos en la Ley 1678, Ley de la Persona con Discapacidad. Que, se acreditó que el recurrente evidentemente tiene un niño que es hijo suyo, que es discapacitado" (sic).

II. CONCLUSIONES

II.1.  El 13 de junio de 2005, mediante memorando 2197/2005, el Alcalde recurrido comunicó a Jesús Ariel Medina Gonzáles que dio por concluida su actividad laboral a partir de la recepción de dicho documento (fs. 1). El memorando fue entregado el 8 de agosto de 2005 (fs. 10).

II.2.  El 18 de agosto de 2005, por escrito dirigido al Alcalde, el recurrente aludiendo que buscó infructuosamente una explicación respecto del memorando de agradecimiento de servicios que se había elaborado y que sería por una decisión superior, solicitó la restitución a su cargo, expresando que por razones personales no afilió a su hijo que se encuentra discapacitado como acredita -según manifiesta- con la documentación que adjunta, señalando que se encuentra amparado por el art. 5.II del DS 27477 (fs. 3 y vta.).

II.3.  El 6 de septiembre de 2005, Marlene Alba Caballero, Médico del Trabajo, mediante nota dirigida al Servicio Social de la Alcaldía  alude que Jesús Medina Egüez, hijo de Jesús Ariel Medina Gonzáles sufre una "agnesia fémur derecho, en su tercio proximal que le produce un acortamiento del miembro inferior derecho de 13,5 cms., y una escoliosis dorso lumbar severa, patología que lo incapacita  para su desarrollo normal" (fs. 24).

II.4.  De acuerdo al informe prestado por los apoderados de la autoridad recurrida, respecto a los dos casos mencionados por el recurrente -a los que se restituyó luego de que fueron despedidos, los mismos que alegaron la protección que les brindaría la Ley de la Persona con Discapacidad (fs. 40 a 42, 43 y 44)- aclaran que contra esos funcionarios no existió denuncia en su contra (fs. 96 a 100).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El recurrente afirma que la autoridad recurrida ha vulnerado el principio a la igualdad jurídica consagrado en el art. 6 de la CPE, por cuanto sin que de por medio exista motivo alguno, le agradecieron sus servicios y no fue reincorporado a su fuente de trabajo pese a que acreditó la discapacidad de su hijo y no obstante que en otros casos sí se procedió a la reincorporación de otros dependientes que acreditaron esa misma situación después de su despido; aclarando que en su caso la denuncia sobre un presunto cobro de dinero para la agilización de un trámite fue objeto de retractación espontánea. Por consiguiente, corresponde determinar en revisión, si se justifica otorgar la tutela que brinda el art. 19 de la CPE.

III.1. Antes de entrar al análisis de la problemática planteada corresponde recordar que este Tribunal Constitucional en la SC 1021/2005-R, de 29 de agosto, en cuanto al "derecho a la igualdad" reclamado como vulnerado por el recurrente precisó preliminarmente que: "la igualdad junto a la libertad y la justicia, son los valores supremos de nuestro ordenamiento jurídico que están positivizados en nuestra Constitución por el art. 1.II que, conforme al nuevo texto adoptado mediante Ley 2631 de 20 de febrero de 2004 de Reformas a la Constitución Política del Estado, que establece que Bolivia `es un Estado Social y Democrático de Derecho que sostiene como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad y la justicia del país´. En ese mismo contexto el art. 6.I de la CPE establece que 'todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a las leyes', y punto seguido, declara que éste: ´goza de los derechos, libertades y garantías reconocidas por esta Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera´ concretizando la superioridad abstracta del valor igualdad en un enunciado que reconoce los principios de igualdad jurídica ante la ley, de trato y de no discriminación" (las negrillas son nuestras).

Cabe también señalar que este Tribunal Constitucional ha reconocido a la igualdad como un derecho y sentado línea en ese sentido, habiendo manifestado en la DC 0002/2001, de 8 de mayo, que este derecho:"exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan; no prohibiendo tal principio dar un tratamiento distinto a situaciones razonablemente desiguales...".

III.2. Por otra parte es preciso señalar que la Ley de la Persona con Discapacidad, establece los derechos, deberes y garantías de las personas con discapacidad en el territorio de la República, determinando que es el Poder Ejecutivo el encargado de su reglamentación por lo que mediante DS 27477, a tiempo de establecerse los principios rectores que deberán regir en la aplicación de dicho Decreto Supremo de acuerdo a su art. 3, entre los que se encuentra el de estabilidad laboral, por el que se señala que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causas legalmente establecidas previo proceso, en el art. 5 de manera expresa prevé lo siguiente: "I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozaran de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causas establecidas por Ley. II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1º (primer grado) en línea directa y hasta el 2º (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente".

De la norma precedentemente señalada se infiere que el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en si mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente con discapacidad de ese trabajador o funcionario, garantiza su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada al derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales. En ese contexto y con relación a los trabajadores o funcionarios discapacitados sin previo proceso, este Tribunal en la SC 1422/2004-R, de 31 de agosto, señaló que éste -el Tribunal Constitucional- "abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado".

III.3. De la documentación que informa los antecedentes del recurso se evidencia que el recurrente solicitó la reconsideración de su despido acreditando tener un hijo con discapacidad, petición a la que no se dio lugar, no obstante que en otros casos similares si fueron reconsiderados los despidos efectuados.

La situación planteada por el recurrente en la que no se aduce una presunta lesión al derecho al trabajo en razón del reforzamiento de su protección por causa de la inamovilidad que se garantiza al trabajador con discapacidad o  que tenga una persona dependiente con discapacidad, impide a este Tribunal Constitucional a pronunciarse de oficio con relación a ese derecho; lo que no le priva, no obstante, examinar en el caso concreto, el desigual tratamiento que la autoridad recurrida dio a los casos en los que bajo las mismas circunstancias dio lugar a la restitución de funcionarios que tenían bajo su dependencia a personas con discapacidad.

En efecto, está claro que no es del caso hacer una exégesis, ni corresponde a la autoridad recurrida determinar el grado de minusvalía, deficiencia o discapacidad, cuya determinación corresponderá a los facultativos autorizados para ello. Por otra parte, si bien en circunstancias ordinarias cabe una diferenciación entre los funcionarios de carrera o no, lo que determina a su vez, que tanto las autoridades como dependientes deben sujetarse a las normas que regulan la relación jurídica existente entre ellos, no es menos evidente que tratándose de trabajadores con discapacidad o de trabajadores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad, éstos gozan de inamovilidad, excepto por las causales de despido previstas por ley y previo proceso. En el caso examinado, sí se restituyó a otros trabajadores o empleados a sus funciones por tener ellos bajo su dependencia a personas con discapacidad; sin que en ninguno de los casos tal situación haya sido acreditada estando vigente la relación de dependencia, situación que no se aplicó en el caso examinado, en el que se formula como una situación que la diferencia, una presunta actitud del trabajador que no ha sido demostrada.

III.4. Por último, respecto al término empleado en la Resolución del Tribunal de amparo constitucional de declarar procedente el recurso, corresponde señalar que este Tribunal en la SC 0505/2005-R, de 10 de mayo, Fundamento Jurídico II.2.1 expresó: "El Tribunal Constitucional, siguiendo una larga tradición jurídica de nuestro País, utilizó hasta ahora, en la parte resolutiva de sus Sentencias en materia de amparo y hábeas corpus, la expresión procedente e improcedente como sinónimo de conceder o denegar el amparo; sin embargo, con la finalidad de evitar la confusión entre estos últimos términos y el contenido en el art. 96 de la LTC sobre las causas de inactivación reglada del amparo contenida en este precepto, corresponde hacer una adecuación positiva de la terminología antes utilizada, a la señalada en el art. 19.IV de la Constitución, la cual de manera expresa determina que: '…la autoridad judicial examinará la competencia del funcionario o los actos del particular y, encontrando cierta y efectiva la denuncia, concederá el amparo solicitado…'".

En el mismo sentido -añade la Resolución citada- "la terminología empleada por el art. 102 de la LTC, dispone en el parágrafo I que: 'La Resolución concederá o denegará el amparo'. A su vez el parágrafo II, en armonía con lo señalado expresa que 'La Resolución que conceda el amparo….', para finalmente, el parágrafo III, señalar que: 'La Resolución denegatoria del amparo demandado impondrá y fijará costa y multas al recurrente'. En consecuencia en adelante, tanto los jueces o tribunales de amparo como este Tribunal Constitucional emplearan esta terminología al resolver el fondo de la problemática planteada en el amparo constitucional". Consecuentemente, el empleo de los términos "concede" o "deniega" se aplican dentro de los recursos de amparo constitucional cuyas resoluciones son dictadas cuando dilucidan el fondo de la demanda interpuesta; consiguientemente, ya no corresponde la utilización de los términos de procedencia o improcedencia.

En consecuencia, el recurso planteado se encuentra dentro de los alcances y previsiones del art. 19 de la CPE, de manera que el Tribunal de amparo al haber declarado "procedente" el recurso de amparo constitucional interpuesto, aunque  utilizando inadecuadamente este término, ha dado correcta aplicación al citado precepto constitucional.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 19.IV y 120.7ª de la CPE; arts. 7 inc. 8) y 102.V de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión resuelve APROBAR la Resolución 75 "21" de diciembre de 2005, cursante a fs. 105 y vta., pronunciada por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, con la modificación en el término empleado, resolviendo en consecuencia, CONCEDER el amparo solicitado.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas

PRESIDENTA

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez

DECANA

Fdo. Dr. Artemio Arias Romano

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Walter Raña Arana

MAGISTRADO