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SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0235/2007-R

Sucre, 10 de abril de 2007

Expediente:                            2006-13875-28-RAC

Distrito:                                   Cochabamba

Magistrado Relator                Dr. Artemio Arias Romano

En revisión la Resolución de 2 de mayo de 2006, cursante de fs. 27 a 30 vta. emitida por la Jueza de Trabajo y Seguridad Social de Quillacollo del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Felicidad Bejar de Ocaña contra Ricardo Mercado Mercado, Alcalde Municipal de la ciudad de Quillacollo, alegando la vulneración de los derechos a la vida, al trabajo, a la salud, a la seguridad jurídica y a una remuneración justa previstos en los arts. 7 incs. a), d), j) de la Constitución Política del Estado (CPE) y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

Por memorial presentado el 22 de abril de 2006, cursante de fs. 14 a 16 la recurrente expone los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

Por memorando DAM 103/06 de 3 de febrero de 2006, fue retirada de sus funciones de jardinera que prestaba en el gobierno Municipal de Quillacollo, sin que exista causal legal alguna, por lo que en reiteradas oportunidades acudió ante el Alcalde pidiendo ser restituida en su fuente laboral, señalando tener una hija discapacitada que carece del sentido de la vista a consecuencia de una hidrocefalia, debiendo ser sometida  nuevamente al cambio de una válvula para permitirle drenar el líquido que tiene en la cabeza, necesitando por estas circunstancias del seguro médico que brinda la Caja Nacional de Salud; sin embargo, vanos fueron sus ruegos para que se le restituya, no obstante haber dejado presente que su hija está bajo su dependencia y cuidado y  afiliada a la Federación de la Persona con Discapacidad, institución que emitió el certificado de 5 de enero de 2006, acreditando dicho extremo.

Alega que, el legislador ha promulgado la Ley 1678 de 15 de diciembre de 1995, de la Persona con Discapacidad (LPD), estableciendo el art. 5 que las personas con discapacidad gozan de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política del Estado y su Decreto reglamentario trasuntado en el Decreto Supremo  (DS) 24807 de 4 de agosto de 1997, que ampara no solamente a los discapacitados sino a los individuos que tienen bajo su cuidado a estas personas, corroborado por el art. 5.II del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, que textualmente establece que los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad en primer grado en línea directa y hasta el segundo grado en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria, normativa que le permite al tener su hija discapacitada gozar de inamovilidad laboral.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Alega la vulneración de los derechos a la vida, al trabajo, a la salud, a la seguridad jurídica, y a una remuneración justa previstos en los arts. 7 incs. a), d), j) de la CPE y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

I.1.3. Autoridad recurrida y petitorio

Con esos antecedentes, interpone recurso de amparo constitucional contra Ricardo Mercado Mercado, Alcalde Municipal de la ciudad de Quillacollo, solicitando se declare procedente el recurso, disponiendo se deje sin efecto el memorando DAM 103/06 de 3 de febrero de 2006, y la restitución inmediata a su fuente de trabajo, así como la cancelación de los sueldos devengados correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril en los que su persona dejó de prestar servicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de amparo constitucional

Instalada la audiencia pública el 2 de mayo de 2006, conforme consta de fs. 25 a 26 con la presencia de la recurrente, recurrido y del representante del Ministerio Público, se suscitaron los siguientes hechos:

I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso

El abogado de la recurrente ratificó íntegramente el contenido de la demanda, haciendo hincapié en que el Alcalde Municipal conocía de la existencia y condiciones en que se encontraba su hija, conforme a la documentación presentada.

I.2.2. Informe de la autoridad recurrida

El apoderado del Alcalde Municipal de la ciudad de Quillacollo se apersonó a nombre del recurrido con poder suficiente y aceptada que fue su personería, expresó que la recurrente ingresó a trabajar el 15 de julio de 2001, hasta el 15 de febrero de 2006, no cursando en su file personal la existencia de su hija discapacitada, a mas de que la recurrente no ha agotado las vías administrativas, siendo la acción planteada apresurada, toda vez que notificada con el memorando de 3 de febrero, que dispuso su alejamiento de la institución, debió interponer recurso de revocatoria de conformidad al art. 137 y siguientes de la Ley de Municipalidades (LM), lo contrario significaría sustituir a las autoridades administrativas en sus funciones legalmente establecidas.

I.2.3. Resolución

La Resolución de 2 de mayo de 2006, cursante de fs. 27 a 30 vta. emitida por la Jueza de Trabajo y Seguridad Social de Quillacollo del Distrito Judicial de Cochabamba, declaró procedente el recurso disponiendo que el Alcalde Municipal, restituya a la recurrente a su fuente laboral y por ende el seguro de salud a la menor discapacitada S.O.B., debiéndose asimismo proceder a la cancelación de sus haberes desde el 16 de febrero, fecha en que recibió su memorando de destitución, con costas, con los siguientes fundamentos: a) La recurrente acreditó su condición de funcionaria de la Alcaldía Municipal de Quillacollo, en el cargo de jardinera, habiendo recibido memorando de agradecimiento de funciones el 3 de febrero de 2006; b) De la libreta de familia, certificado de nacimiento y médicos se colige que la recurrente es madre de siete hijos, siendo la menor incorporada a la Federación Cochabambina de la Persona con Discapacidad y dependiente directa de su madre, asimismo el padre de la menor es persona con problemas de salud; c) La recurrente antes de plantear el presente recurso, efectuó reclamos ante el gobierno  Municipal, haciendo conocer el estado de salud de su hija, acreditado por certificados médicos, asimismo fue citada la autoridad recurrida ante el Ministerio del Trabajo a objeto de responder por el incumplimiento de la Ley 1678 y del DS 27477.

II.  CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1.  Por memorando JP 0491/2001 de 3 julio, firmado por el Alcalde Municipal se le hizo saber a la recurrente que pasa a figurar en la planilla presupuestaria del gobierno Municipal de Quillacollo, con el ítem 188 (fs. 9).

II.2.  Por memorando DAM 103/06 de 3 de febrero de 2006, el Alcalde Municipal de Quillacollo, basándose en el numeral 6 del art. 44 de la LM,  agradeció los servicios que prestaba la recurrente  Felicidad Bejar Jiménez, como jardinera de ese Municipio (fs. 12).

II.3.  Por memorial de 16 de febrero de 2006, la recurrente dirigiéndose a la autoridad recurrida, a tiempo de dejar presente la situación de su hija discapacitada y dependiente de su persona, solicitó se la deje trabajar por un lapso de seis meses a objeto de que sea operada  (fs. 5).

II.4.  A fs. 7 cursa una segunda citación del Ministerio del Trabajo al Alcalde recurrido, para que se presente el 30 de marzo de 2006, a objeto de responder a la demanda interpuesta por la recurrente Felicidad Bejar Jiménez, sobre el incumplimiento de la Ley 1678 y del DS 27477.

II.5.  A fs. 2 cursa un certificado de nacimiento de S.O.B., figurando como padres Miguel Ocaña Paty y Felicidad Bejar Jiménez

II.6.  A fs. 3 figura un certificado médico expedido el 29 de diciembre de 2004, por el neurólogo Gunther Paz, señalando que la paciente S.O.B., requerirá de atención médica regular y tratamiento antiepiléptico probablemente continuo.  

II.7.  Por su parte a fs. 4 cursa un certificado de la Federación Cochabambina de Personas con Discapacidad (FECOPDIS), emitido el 5 de enero de 2006, por el Director Departamental, acreditando que S.O.B. de 15 años de edad se encuentra afiliada desde el 29 de diciembre de 2004, como persona con discapacidad, por contar con un diagnóstico de retraso psicomotor leve, amaurosis bilateral, epilepsia, hidrocefalia operada, encefalomalasia amplia derecha y artrofia óptica, siendo dependiente directa de su madre Felicidad Bejar Jiménez.

III.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La recurrente alega como lesionados los derechos a la vida, al trabajo, a la salud, a la seguridad jurídica y a una remuneración justa previstos en los arts. 7 incs. a), d) y j) de la CPE y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda vez que, por memorando DAM 103/06, de 3 de febrero de 2006,  fue retirada de sus funciones de jardinera que prestaba en el gobierno Municipal de Quillacollo, sin que exista causal legal alguna y sin tomar en cuenta que tiene bajo su dependencia una hija discapacitada, estando por ende protegida por la Ley de la Persona con Discapacidad y su Decreto reglamentario, estableciendo por su parte el parágrafo II del art. 5 del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, que los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad en primer grado en línea directa y hasta el segundo grado en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si corresponde brindar la tutela demandada.

III.1.   Con carácter previo al análisis de la problemática planteada, es necesario referirse a lo señalado en la SC 1422/2004-R de 31 de agosto, que recondujo el entendimiento jurisprudencial adoptado en la SC 338/2004-R de 10 de marzo, que declaró el recurso improcedente aplicando el principio de subsidiariedad. Así la referida Sentencia puntualizó: “… si bien la Ley de la Persona con Discapacidad regula los derechos y garantías de las personas con discapacidad, el mismo cuerpo de leyes ha creado el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad, como entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo Humano, ahora del Ministerio de Salud y Deportes, que está facultado para: “abogar por los derechos de la persona con discapacidad”, al igual que el DS 24807 de 4 de agosto de 1997 (Reglamento de la LPD) señala al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad como el ente ejecutor de la Ley de la Persona con Discapacidad, pudiendo en primer término elevar cartas o memoriales a la instancia respectiva pidiendo que se cumpla la Ley y en casos extremos, plantear los recursos ante los tribunales competentes. Asimismo el art. 5 del referido Decreto, instituye los Comités Departamentales de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS), los que como se dijo, realizan las reclamaciones ante autoridades e instituciones que de alguna manera, especialmente en el campo laboral incurren en actos ilegales restrictivos de derechos de las personas discapacitadas.

Sin embargo del fallo mencionado, dichos organismos encargados de proteger a los discapacitados, no constituyen en sí una vía reparadora y efectiva para el restablecimiento de los derechos de aquellos que se lesionan, sino un medio para llegar a esa instancia en la que deben restablecerse las garantías y los derechos reclamados, pues conforme a las disposiciones legales por los que han sido instituidos, únicamente asumen la defensa ante las instancias respectivas, es decir que no están facultados para solucionar las situaciones que son puestas en su conocimiento, lo que no hace obligatorio acudir previamente a esos organismos para interponer el amparo constitucional y declararlo improcedente por su carácter subsidiario, por cuanto con esa omisión no resulta afectado este principio ante el hecho de que el acudir o no a esos organismos creados para la protección de personas discapacitadas, no incide en la subsidiariedad del recurso de amparo…” (las negrillas son nuestras).

III.2. En ese contexto y habida cuenta que mediante la SC 1422/2004-R, este Tribunal ya moduló la línea jurisprudencial respecto de la excepción del principio de subsidiariedad del recurso de amparo cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas discapacitadas; corresponde señalar que en el caso que se examina, por memorando 0491/2001 de 3 de julio, firmado por el Alcalde Municipal de Quillacollo se le hizo saber a la recurrente que pasa a figurar en la planilla presupuestaria del Municipio, con el ítem 188, cargo que la recurrente desempeñó hasta la emisión del memorando 103/06 de 3 de febrero de 2006, a través del cual la autoridad recurrida agradeció sus servicios, sin considerar que se trata de una persona que tiene a su cargo una hija discapacitada, conforme se tiene acreditado por el certificado médico expedido por el neurólogo Gunther Paz, quién señaló que la paciente S.O.B., requerirá atención médica regular y tratamiento antiepiléptico probablemente continuo, corroborado por el certificado emitido por la  FECOPDIS, emitido el 5 de enero de 2006, que acredita que S.O.B. de 15 años de edad se encuentra afiliada desde el 29 de diciembre de 2004, como persona con discapacidad, por contar con un diagnóstico de retraso psicomotor leve, amaurosis bilateral, epilepsia, hidrocefalia operada, encefalomalasia amplia derecha y artrofia óptica, siendo dependiente directa de su madre Felicidad Bejar Jiménez, por lo que, ante esta situación goza de estabilidad laboral establecida por la Ley de la Persona con Discapacidad, normativa que, en el Capítulo Tercero, bajo el título “De los derechos”, en el art. 5 señala que, las personas con discapacidad gozan de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado, otras disposiciones legales y de los beneficios que establece la presente ley; estableciendo por su parte el DS 27477, en el art. 1 el objeto de su promulgación al señalar: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto promover, reglamentar y proteger la incorporación, ascenso y estabilidad de personas con discapacidad en el mercado laboral (…)”; a su vez el art. 3 inc. c) del mismo Decreto Supremo, bajo el rótulo “principio de estabilidad laboral” señala que: “las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno”; y finalmente, el art. 5.I y II de la mencionada norma legal concordante con los preceptos referidos indica que, las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público y privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por ley, así como también aquellos funcionarios o trabajadores que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad en primer grado en línea directa y hasta el segundo grado en línea colateral.

En ese marco, de las normas precedentemente señaladas se infiere que, el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en si mismo sino que  en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente discapacitado de ese trabajador o funcionario, garantizando su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada del  derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales.

Consiguientemente, se establece que, la recurrente no podía ser retirada de su fuente de trabajo, al tener una hija discapacitada bajo su dependencia, salvo por las causales legalmente establecidas y previo proceso interno, conforme establecen los instrumentos normativos establecidos al efecto, evidenciándose además de los antecedentes cursantes en obrados que la recurrente una vez  retirada de sus funciones efectuó reclamos ante la autoridad edil sin que conste la existencia de respuesta alguna; asimismo, en reiteradas oportunidades acudió ante el Ministerio del Trabajo, a objeto de que el recurrido responda por el incumplimiento de la normativa especial que rige para esta clase de personas, sin que tampoco conste haber acudido, y si bien en un primer momento hubiere podido desconocer la situación de dependencia de la hija de la funcionaria despedida conforme señala en el informe, esta calidad fue de su conocimiento a través de los reclamos interpuestos, no constituyendo además un justificativo válido el agotamiento previo de la vía administrativa, por cuanto dada la situación de la recurrente se impone una protección inmediata al tratarse de la vida y salud de un ser discapacitado, habiéndose dejado presente además en el Fundamento Jurídico III.2. que este Tribunal moduló la no incidencia de la subsidiariedad de esta acción tutelar tratándose de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas discapacitadas, razones por las que se concluye indudablemente que el Alcalde Municipal vulneró con su accionar el derecho al trabajo y a recibir una remuneración justa, entendidos como: “(…) la potestad, capacidad o facultad de toda persona para desarrollar cualquier actividad física o intelectual”, e incorporada en el art. 23 del la Declaración Universal de los derechos humanos cuando señala que: “1.- toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo (…); (…) que le asegure a ella, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.…. 'En armonía con estas declaraciones, el Tribunal Constitucional ha desarrollado este derecho en la SC 102/2003-R, en sentido de que el derecho al trabajo: “supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo, sin ninguna distinción” (SC 1841/2003-R, de 12 de diciembre). Asimismo se vulneró la seguridad jurídica desarrollada por este Tribunal como la: “…condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio” (SC 887/2005-R de 29 de julio).

III.3. Finalmente, resulta necesario señalar que el Tribunal del recurso ha utilizado inadecuadamente la terminología que rige para la resolución de los recursos de amparo constitucional, al haber declarado procedente el recurso ingresando al análisis de fondo del mismo, cuando lo que correspondía era conceder el mismo en atención a la SC 505/2005-R de 10 de mayo, que ha establecido que: “(…) la terminología empleada por el art. 102 de la LTC, dispone en el parágrafo I que: 'La resolución concederá o denegará el amparo'. A su vez el parágrafo II, en armonía con lo señalado expresa que “La resolución que conceda el amparo….', para finalmente, el parágrafo III, señalar que: 'La resolución denegatoria del amparo demandado impondrá y fijará costas y multas al recurrente'. En consecuencia en adelante, tanto los jueces o tribunales de amparo como este Tribunal Constitucional emplearan esta terminología al resolver el fondo de la problemática planteada en el amparo constitucional”, y no así cuando se den los presupuestos de subsidiariedad, casos en los que la terminología correcta es la improcedencia, fundamento último que fue la base de la decisión del Tribunal de amparo”.

En consecuencia, el recurso planteado se encuentra dentro de los alcances y previsiones del art. 19 de la CPE, de manera que el Tribunal de amparo al haber declarado "procedente" el recurso de amparo constitucional interpuesto, aunque utilizando inadecuadamente este término, ha dado correcta aplicación al citado precepto constitucional.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 19.IV y 120.7ª de la CPE; arts. 7 inc. 8) y 102.V de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve APROBAR la Resolución de 2 de mayo de 2006, cursante de fs. 27 a 30 vta., pronunciada  por la Jueza de Trabajo y Seguridad Social de Quillacollo del Distrito Judicial de Cochabamba, resolviendo en consecuencia CONCEDER el amparo solicitado.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

 

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas

PRESIDENTA

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez

DECANA

Fdo. Dr. Artemio Arias Romano

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Walter Raña Arana

MAGISTRADO