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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0614/2012

Sucre, 23 de julio de 2012

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:         Efren Choque Capuma

Acción de amparo constitucional

Expediente:                       00795-2012-02-AAC

Departamento:                  La Paz

En revisión la Resolución 013/2012 de 25 de abril, cursante de fs. 82 a 85 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jesús Gualberto Angulo Díaz contra Luis Fernando Carrión Justiniano, Director General de Formación de Maestros del Ministerio de Educación.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Mediante memorial presentado el 3 de abril de 2012, cursante de fs. 24 a 25 vta., y  subsanado el 20 del mismo mes y año, cursante a fs. 39 y vta., el accionante expone los siguientes fundamentos de hecho y derecho.

I.1.1. Hechos que motivan la demanda

En su condición de Técnico Superior en Proyectos y Economía de Empresas, desde junio de 2008 a agosto de 2011, desempeñó funciones como Director Administrativo de la Escuela Superior de Formación de Maestros (E.S.F.M.) “Manuel Asencio Villarroel”; y a partir de septiembre de 2011 a enero de 2012, fungió el mismo cargo en la E.S.F.M. “Simón Rodríguez”, hasta que se le entregó el memorando de agradecimiento de servicios, instruyéndosele hacer entrega de toda la documentación al nuevo Director. Acto que vulnera sus derechos y garantías constitucionales, dado que siendo de conocimiento del demandado su condición de padre de una persona con discapacidad, situación protegida por la Ley 1678 de 15 de diciembre de 1995 y el Decreto Supremo (DS) 27477 de 6 de mayo de 2004, que en su art. 5 establece la inamovilidad de trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad; aspecto no considerado, pese a haber acreditado que su hija Mónica Katuiska Angulo Vega, tiene una discapacidad mental en 80%, situación corroborada por los informes 0072/2011 de 29 de septiembre, 0088/2011 de 7 de diciembre y 0010/2012 de 23 de febrero.

Agrega, que el ofrecimiento de cargos de menor jerarquía, en lugares alejados y con un haber por debajo al que percibía, desconociendo sus derechos adquiridos por los años de servicio, resulta nulo de pleno derecho. Realizados los reclamos pertinentes, no recibió respuesta alguna.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alega como vulnerados sus derechos al trabajo y a la inamovilidad funcionaria como padre de una persona con discapacidad, citando al efecto el art. 46 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y se disponga su inmediata restitución en el cargo que ocupaba y con el goce de haberes desde el día de su destitución, en la categoría adquirida durante los años de servicio.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 25 de abril de 2012, concurrieron el accionante asistido por su abogado; el demandado también acompañado por abogados del Ministerio de Educación; ausente el representante del Ministerio Público, según se tiene del acta cursante de fs. 76 a 81 de obrados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El abogado del accionante, ratificó el tenor integro de la acción y la amplió solicitando el pago de costas, daños y perjuicios. 

A las preguntas del Tribunal de garantías, el abogado del accionante, respondió: a) La Unidad Académica de Tarata, donde fue nombrado, está a una distancia de treinta y cinco kilómetros de distancia de la Unidad Académica del Cercado; b) La acción de amparo constitucional fue dirigida sólo contra Luis Fernando Carrión Justiniano, debido a que es la persona que firma las destituciones y no así contra quien ingresó en el cargo que ocupaba; c) Desde el momento que se le entregó el memorando de destitución a fines de enero, tenía conocimiento de la convocatoria de su cargo, al que no se presentó en razón de existir una ley que lo protege y garantiza su inamovilidad laboral; d) Actualmente se encuentra trabajando en el cargo que le fue asignado como Técnico II encargado de Archivo y Kardex; e) Hasta febrero percibía Bs4748.- (Cuatro mil setecientos cuarenta y ocho bolivianos) como salario, posteriormente se rebajó a Bs1565.- (Mil quinientos sesenta y cinco bolivianos), además de quitarle su categoría. Solicitó se aplique la jurisprudencia relativa a la nulidad de pleno derecho cuando exista disminución de sueldo y cargo; y, f) Si bien, en la invitación para la institucionalización del cargo que ocupaba, se estableció como requisito la presentación de título académico de profesor, ello responde a un acuerdo con la Federación de Maestros y no así a un decreto o una ley, que son de preferente aplicación.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Luis Fernando Carrión Justiniano, ahora demandado, presentó informe escrito cursante de fs. 72 a 74 vta., y lo amplió en audiencia, indicando: 1) Mediante memorándum de designación 0000425 de 2 de junio de 2008, se designó al hoy accionante como Director Administrativo del Instituto Normal Superior “Dr. Manuel Ascencio Villarroel” de la localidad de Paracaya de Cochabamba, en calidad de funcionario invitado a tiempo completo, dedicación exclusiva y permanencia sujeta a evaluación de desempeño. Trabajó en esa condición hasta agosto de 2011, en que se procedió con el proceso de institucionalización, según convocatoria pública 003/2011, aprobada por Resolución Ministerial (RM) 282/2011 de 19 de mayo; por lo que fue removido de su cargo, al no haber postulado ni cumplir con los requisitos exigidos; 2) En consideración a su especial condición, como padre de una persona con discapacidad y en sujeción a la Ley 1678, por memorando 13975, fue designado Director Administrativo de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Simón Rodríguez”, en calidad de invitado durante la gestión 2011, con dedicación exclusiva y sujeto a evaluación de desempeño hasta el 1 de septiembre de ese año; 3) Posteriormente, mediante convocatoria pública 004/2011, aprobada por RM 577/2011 de 30 de septiembre, se convocaron nuevamente los cargos declarados desiertos, a la que tampoco se presentó el ahora accionante, por no contar con Título en Provisión Nacional de Maestro Normalista ni contar con formación académica universitaria para ejercer el cargo convocado, dado que su formación es de Técnico Superior en Proyectos y Economía de Empresas; 4) Mediante memorando 14108 de 1 de febrero de 2012, se designó a Jesús Gualberto Angulo Díaz, como Técnico de Archivo y Kárdex en la Unidad Académica “Villa Tunari” dependiente de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Simón Rodríguez”, luego según memorando  ESFM-SR.GRAL.MEMO 16/2012 de 14 de marzo, el Director General de la referida Escuela, reasignó al accionante en el mismo cargo pero en la Unidad Académica de Tarata, que desempeñó activamente hasta el 19 de abril del año en curso, dado que mediante nota dirigida al Director de esa Escuela, solicitó vacación y manifestó su voluntad de renunciar al cargo a partir del 19 de junio de ese año, por ser el último día de su vacación; 5) La normativa legal, contenida en los arts. 77.I de la CPE; 2.VII y 35.V de la disposición abrogatoria única y la disposición transitoria décima de la Ley 070 de 20 de diciembre de 2011, el Decreto Supremo (DS) 156 de 6 de junio de 2009, arts. 1, 2.II y III; Estatuto del Funcionario Público (EFP), art. 3.III; DS 29894 de 7 de febrero de 2009, art. 104; el DS 27477 de 6 de mayo de 2004, art. 5; y la “SC 0479/2010-R”, establecen el ámbito de ejercicio, regulación de las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros; y, la protección respecto de la inamovilidad laboral a personas con discapacidad que presten servicios en el sector público o privado sujeta a las excepciones establecidas por ley; 6) El accionante, hizo conocer que tiene una hija con discapacidad de un 80%, según Carné de Discapacidad CONALPEDIS 03-19840115MAV, es por ello que a través de los referidos memorandos, la Dirección General de Formación de Maestros, lo designó en calidad de invitado como Director Administrativo de distintas Escuelas Superiores de Formación de Maestros, condición que comunicada formal y expresamente, con cuya aceptación se allanó a esa modalidad; 7) Creado un nuevo escenario para el Sistema Educativo Plurinacional, a través de la promulgación de la Ley 070, todos los cargos y autoridades de los subsistemas y niveles del Sistema Educativo Plurinacional, debieron adecuarse a las estructuras de administración y gestión establecidas en la citada Ley a través de procesos de institucionalización de acuerdo a los Reglamentos del Escalafón, en concordancia con la Constitución Política del Estado; 8) Incumpliendo el accionante con los requisitos mínimos para mantenerse en el cargo de Director Institucionalizado de Unidad Educativa u otro de igual o mayor jerarquía, velando en todo momento por el cumplimiento de la inamovilidad por causa de discapacidad, se lo designó como Técnico de Archivo y Kardex, acomodándolo al cargo al cual sí podía acceder de acuerdo a su formación académica; 9) En todo momento se observó el marco legal para la institucionalización de cargos directivos y lo dispuesto por el art. 5 del Reglamento de la Ley de Personas con Discapacidad, lo contrario implicaría mantenerlo en forma ilegal, en el entendido que para dicho cargo se exigen requisitos específicos. En consecuencia, no se vulneró ningún derecho del accionante, distinta es la situación que de “mutuo propio” presentó renuncia a dicho cargo; 10) La “SC 1351”, establece quienes son terceros interesados, en el presente caso correspondía citarse a Jorge Verástegui, actual Director Administrativo de la Escuela Superior de Formación de Maestros de Cochabamba, dado que la decisión de este Tribunal de garantías podría afectar sus derechos; y, 11) La firma de los tres memorandos y no haberse presentado a las convocatorias, se convierte en actos consentidos; por lo que, solicitó se deniegue la tutela invocada.

A las preguntas del Tribunal de garantías, el abogado de la autoridad demandada, expresó: i) Se designó al ahora accionante como responsable de Archivo y Kardex en Tarata dependiente de la Escuela Superior de Formación “Simón Rodríguez” y actualmente trabaja en esa unidad; ii) De acuerdo al Reglamento del Escalafón del Magisterio, la asignación de categoría y la inscripción en el Escalafón es sólo para profesores egresados que reúnan ciertos requisitos; siendo, el accionante Técnico Superior en Proyectos y Economía en Empresas, y, no maestro normalista, licenciado en área económica financiera, administración de empresas, auditoria, contaduría pública o contador general; por lo que no existe reducción de sueldo, dado que no se encuentra inscrito en el Escalafón y en consecuencia no tiene categoría; iii) Debido a que la Escuela Superior de Cochabamba, es nueva y se está estructurando, los primeros años se invitó al personal, como sucedió con el accionante, pese a no contar con los requisitos hasta esperar los procesos de institucionalización y la aprobación de la Ley; iv) El memorando de invitación al hoy accionante indica que será a tiempo completo, dedicación exclusiva, permanencia sujeta a evaluación de desempeño; las invitaciones se realizaron para cargos que se encontraban acéfalos; y, v) La disposición abrogatoria única de la Ley 070, establece que todos los nombramientos están sujetos a normativa legal -Reglamento del Escalafón del Magisterio- y no por acuerdo de confederaciones.

I.2.3. Resolución

Concluida la audiencia, la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 013/2012 de 25 de abril, cursante de fs. 82 a 85 vta., denegó en parte la acción con relación a seguir ocupando el cargo de Director Administrativo; y concedió en parte respecto a que la autoridad demandada reubique al accionante en un puesto con características similares al que ocupaba y se ajuste a sus conocimientos y a lo que establece la Ley 070, respetando sus derechos adquiridos por la Ley 1678, con los siguientes fundamentos: a) La referida Ley, establece los derechos, deberes y garantías de las personas con discapacidad, cuyo Reglamento mediante DS 27477, establece en el art. 3 inc. c) la estabilidad laboral excepto por las causales establecidas por ley -modificado por DS 29608- relativa a que la inamovilidad laboral beneficiará a los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad; b) El art. 2.VII de la Ley 070, señala que el Reglamento del Escalafón es el instrumento normativo pleno que garantiza la carrera docente administrativa y al servicio del Sistema Educativo Plurinacional. Por su parte el art. 35.V de la antes señalada Ley, determina que la gestión institucional de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros y Maestras se realizará a través de los Directores Generales quienes deberán ser profesionales con grado superior al que otorgan las Escuelas; la Disposición Abrogatoria Única de la Ley 070, dispone que entre tanto se apruebe la reglamentación para cada ámbito específico del Sistema Educativo Plurinacional, se sujetaran al marco normativo anterior a la promulgación de la ley; c) Por otra parte, el DS 156, establece que su objeto es crear el Sistema Plurinacional de Maestros constituido por las escuelas superiores de formación, encargada de la formación inicial y la Universidad Pedagógica, responsable de la formación continua y post gradual para todo el personal directivo docente y administrativo y en su art. 2 de la referida norma señala que la misma se realizará en función a principios constitucionales; d) La Ley del Estatuto del Funcionario Público, en su art. 3.III, prescribe que el Magisterio Público se regirá por su legislación especial; por su parte el art. 104 del DS 29894, refiere que el Ministerio de Educación tiene tuición en todo el Sistema Educativo Plurinacional, concordante con la Disposición Transitoria Décima de la Ley 070, respecto a que los cargos y autoridades de los subsistemas y niveles del Sistema Educativo Plurinacional deberán adecuarse a las estructuras de administración y gestión establecidas en la ley, a través de procesos de institucionalización de acuerdo al reglamentos del escalafón y en concordancia a la Constitución Política del Estado; e) El art. 5 del DS 27477 modificado por el art. 2.II del DS 29608, establece la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquellas que tengan bajo su dependencia a personas discapacitadas; f) Según memorando 0000425 de 2 de junio de 2008, expedido por el Director General de Gestión Docente VEEAA del Ministerio de Educación y Cultura, el accionante fue invitado en el cargo de Director Administrativo “a tiempo completo, dedicación exclusiva, permanencia en el INS sujeto a evaluación al desempeño” de la Escuela Superior “Simón Rodríguez” de Cochabamba, situación por la cual tenía conocimiento, consiguientemente era su responsabilidad presentarse a la convocatoria pública 003/2011, para continuar en ese cargo; empero, no lo hizo. Actitud reiterada con la segunda convocatoria pública 004/2011; g) De lo expuesto por el demandado, el Director Administrativo ESFM “SIMON BOLÍVAR”, Félix Edgar Verástegui Arandia, es tercero interesado que no fue citado con la presente acción, de quien tenía conocimiento el accionante; por lo tanto, no se pueden vulnerar sus derechos; y, h) El accionante, goza de inamovilidad laboral, según lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Ley 1678 y sus Reglamentos, dado que tiene una hija con discapacidad intelectual del 80%; empero, al no haberse presentado a las referidas convocatorias púbicas y no integrado a la acción, al tercero interesado que ocupa el cargo al cual solicita ser restituido, imposibilita la concesión de la tutela en su totalidad.  

II. CONCLUSIONES

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las siguientes conclusiones:

II.1.  Por motivos de acefalia, el Director General de Gestión Docente VEEAA del entonces Ministerio de Educación y Culturas, según Memorándum de Designación 0000425 de 2 de junio de 2008, designó a Jesús Gualberto Angulo Díaz, como Director Administrativo del Instituto Normal Superior “Dr. Manuel Ascencio Villarroel”, en la localidad de Paracaya, como “INVITADO: a tiempo completo, dedicación exclusiva, permanencia en el INS. sujeto a evaluación al desempeño” (sic) (fs. 15).

II.2.  Según memorándum de designación 13975 de 1 de septiembre de 2011 y por motivos de “Invitación Directa por la presente gestión, dedicación exclusiva a tiempo completo sujeto a desempeño” (sic), el Director General de Formación de Maestros VESFP del Ministerio de Educación, designó al ahora accionante como Director Administrativo y Financiero; invitado de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Simón Rodríguez” de la ciudad de Cochabamba, según acta de posesión (fs. 16 y vta.).

II.3.  Mediante memorándum de designación 14108 de 1 de febrero de 2012, sólo por el mes de febrero, se designó al accionante como Técnico de Kardex y Archivo en la Unidad Académica de Villa Tunari, Escuela Superior de Formación de Maestros “Simón Rodríguez” (fs. 67). Posteriormente, por memorándum ESFM-SR-DIR.GRAL.MEMO 16/2012 de 14 de marzo, se le reasignó con el mismo cargo de Técnico de Kardex y Archivo en la Unidad Académica de Tarata (fs. 66).

II.4.  Por RM 282/2011 de 19 de mayo, el Ministro de Educación, aprobó la Convocatoria Pública 003/2011 al proceso de Institucionalización de Cargos Directivos y Coordinadores Académicos de las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros y Unidades Académicas del Sistema Plurinacional de Formación de Maestros y su respectivo Reglamento. Estableciendo que, para acceder al cargo de Director/a Administrativo/o-Financiero/a, se requiere Título en Provisión Nacional de Maestro/a Normalista, Título de Licenciatura en el área económica-financiera: Administración de empresas, Auditoria, Contaduría Pública o Contador General, entre otros requisitos. Finalmente, con el mismo objeto, mediante RM 577/2011 de 30 de septiembre, se aprobó la Convocatoria Pública  004/2011, que consigna los mismos requisitos para el citado cargo (fs. 46 a 64).

La emisión de ambas Resoluciones Ministeriales se sustentaron en los arts. 77 y 96 de la CPE, respecto a que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla, siendo también su responsabilidad la formación y capacitación docente para el magisterio público a través de las Escuelas Superiores de Formación. El art. 2.VI y 35.V de la Ley 070, señala que el Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación, es el instrumento normativo de vigencia plena que garantiza la carrera docente, administrativa y de servicio del Sistema Educativo Plurinacional; concordante con el art. 35.V de la misma Ley, al disponer que la gestión institucional de las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros, se realizará a través de los Directores Generales quienes deberán ser profesionales con grado superior al que otorgan las Escuelas.

El DS 156, en su art. 1, establece como su objeto crear el Sistema Plurinacional de Formación de Maestros, constituido por las Escuelas Superiores de Formación de Maestros, encargadas de la formación inicial, y la Universidad Pedagógica, responsable de la formación continua y postgradual, para todo el personal Directivo, Docente y Administrativo del Sistema Educativo Plurinacional. El parágrafo segundo del art. 2 del mismo DS, señala que las Escuelas Superiores de Formación de Maestros son las responsables de desarrollar la formación docente inicial a nivel de licenciatura de acuerdo a los principios constitucionales, y el parágrafo tercero, establece que el Ministerio de Educación, a través del Vice ministerio de Educación Superior de Formación Profesional, tiene tuición directa sobre las Escuelas Superiores de Formación de Maestros, debiendo aprobar su estructura institucional y curricular mediante Resolución Ministerial.

Finalmente, refiere que el parágrafo III del art. 3 del EFP, establece, que la carrera administrativa en el Magisterio Público, se regulará por su legislación especial aplicable en el marco de lo establecido en dicho Estatuto; y de acuerdo al art. 104 del DS 29894, el Ministerio de Educación tiene la atribución de ejecutar, evaluar y fiscalizar las políticas, estrategias y programas de educación; asimismo, ejercer tuición plena en todo el sistema educativo plurinacional, velando su calidad y pertinencia.    

II.5.  Mediante oficio presentado el 19 de abril de 2012, el accionante solicitó al Director General de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Simón Rodríguez”, el uso de su vacación y al mismo tiempo renunció al cargo como Técnico II de la Unidad Académica de Tarata (fs. 65).

II.6. Según Carné de Discapacidad, expedido el 1 de mayo de 2010, por el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS) Mónica Kathuska Angulo Vega, hija del accionante, consigna como tipo de discapacidad intelectual del 80% (fs. 2). 

II.7.  Según papeletas de pago de haberes de los meses de enero de 2012, el accionante percibía un salario mensual de Bs4748.- (Cuatro mil setecientos cuarenta y ocho bolivianos), cuando ejercía el cargo de Director Académico Administrativo; y a partir del mes de febrero de 2012, con un salario de Bs1 565.- (Mil quinientos sesenta y cinco bolivianos), como Técnico II (fs. 17).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la inamovilidad funcionaria; por cuanto, siendo padre de una persona con discapacidad y contar con varios años de servicio, fue removido del cargo que ejercía a otro de menor jerarquía, en un lugar alejado y con un haber por debajo al que percibía. Por consiguiente corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos lesivos a los derechos del accionante con la finalidad de conceder o no la tutela reconocida por este medio de defensa.

  III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional y excepciones al principio de subsidiariedad

La acción de amparo constitucional, es una garantía jurisdiccional instituida para la tutela de derechos fundamentales contenidos en la Norma Suprema y en la ley -art. 128 CPE-, abarcando a todos aquellos que no estén específicamente protegidos por otras acciones tutelares; cuando se advierta que a consecuencia de un acto ilegal u omisión indebida de autoridad pública o de persona individual o colectiva, se restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir. Su procedencia o activación está supeditada a la estricta observancia de los principios de inmediatez y subsidiariedad, que implica la presentación de la acción en el plazo de seis meses de conocido o de haber sido notificado con la vulneración alegada y previamente a haber agotado todos mecanismos legales existentes.

Precisada así la naturaleza jurídica de esta acción tutelar, la jurisprudencia constitucional -SSCC 0143/2003-R, 0165/2010-R y 0294/2010-R, entre otras-, estableció excepciones al principio de subsidiariedad en los cuales resulta necesaria la prescindencia del citado principio, con la finalidad efectivizar o materializar derechos fundamentales demandados como conculcados, frente a aspectos formales. Así cuando advierta la existencia de un daño irreparable o irremediable, que coloque al accionante en una situación de necesidad que justifique la urgencia de la protección que brinda este medio de defensa; cuando, pese a existir medios de defensa, estos resulten ineficaces para el restablecimiento del derecho; frente a medidas de hecho; y, cuando se trate de grupos de atención prioritaria, en  cuyo ámbito se encuentran las mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y pueblos indígenas.

 III.2. Marco normativo de las personas con capacidades diferentes y sus derechos fundamentales

El marco normativo de protección a este sector de la población, se inicia con el mandato contenido en el art. 158.I de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg), que disponía: “El Estado tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud de la población; asegurará la continuidad de sus medios de subsistencia y rehabilitación de las personas inutilizadas; propenderá asimismo al mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar”, de donde emerge la Ley 1678 de 15 de diciembre de 1995, desarrollada a partir de la comprensión que las personas con capacidades diferentes gozan de los mismos derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado y otras disposiciones legales; cuya finalidad, es normar los procesos destinados a la habilitación, rehabilitación, prevención y equiparación de oportunidades de las “personas discapacitadas”, así como su incorporación a los regímenes de trabajo, educación, salud y seguridad social, con seguros de corto y largo plazo. Estableciendo que las normas y disposiciones contenidas en la misma son de orden público y social, lo que implica que su aplicación es imperativa, obligando tanto al sector público, privado y mixto a su estricto acatamiento y cumplimiento, cuando se acomoden a su ámbito de su protección -arts. 2, 3, 4 y 5 del citado instrumento normativo.

En ese sentido, establece como uno de los derechos de las personas con capacidades diferentes, al trabajo remunerado en el marco de lo dispuesto por la Ley General del Trabajo. Para lo cual, se dictó el DS 27477 de 6 de mayo de 2004, con el objeto de promover y proteger la incorporación, ascenso y estabilidad de ese sector al mercado laboral, en la prestación de tareas manuales, técnicas o profesionales; además de promover el surgimiento de sus iniciativas productivas por cuenta propia. Sobre cuya base y en función al valor igualdad, la jurisprudencia constitucional, se pronunció, indicando: “Conforme a lo anotado, cuando se denuncie la vulneración del derecho al trabajo de una persona con alguna deficiencia física, mental o sensorial, que limite la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que lo situé en condiciones de inferioridad material, ya sea por ser reconocida como discapacitada o no, con relación a la generalidad de las personas; adquiere relevancia y debe procurarse la materialización del valor superior igualdad proclamado por las normas del art. 1.II de la CPE, y reiterado como derecho por el art. 6.I de la misma Ley Fundamental; por tanto, aún cuando dicho valor superior y derecho no hubiese sido denunciado de afectado, la jurisdicción constitucional, como guardián supremo de la Constitución Política del Estado y encargada de la efectivización material de sus normas, principios, valores y derechos, está en la obligación de verificar que en los actos denunciados no se vulnere el principio, valor superior y derecho a la igualdad de las personas que sean diferentes por causas de inferioridad física o psicológica, ya que sólo así se da cumplimiento a los objetivos proclamados por el Estado Social y Democrático de Derecho, según disponen las normas del art. 1.II de la CPE” (SC 0272/2007-R de 13 de abril).

Posteriormente el citado Decreto Supremo, fue modificado por el DS 29608 de 18 de junio de 2008, con la finalidad de asegurar que este sector de la población acceda a condiciones dignas y humanas de trabajo, por ello establece en el art. 2. II la inamovilidad laboral para las “personas con discapacidad” que presten servicios en los sectores públicos o privados, excepto por las causales establecidas por ley; ámbito de protección que se amplía al disponer que la inamovilidad beneficiará a los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a “personas con discapacidad”, siendo aplicable sólo cuando los hijos o dependientes sean menores de dieciocho años, debiendo acreditarse debidamente, salvo que se cuente con declaratoria de invalidez permanente, contenida en el Certificado Único de Discapacidad, emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, de conformidad al DS 28521.

En ese orden, corresponde centrarnos en el texto constitucional que rige en nuestro país a partir del 7 de febrero de 2009, que implementa un nuevo modelo de organización jurídico-política o de Estado, orientada a la construcción de un Estado, Unitario, Social de Derecho Plurinacional Comunitario, en busca del vivir bien como su fin último, sustentándose en el respeto de valores y principios para su consecución. Para lo cual, reconoce en el art. 8.II a la igualdad y a la justicia, entre otros, como valores sobre los que se sustenta el nuevo Estado Constitucional Plurinacional, que se rige esencialmente por la aplicación de valores y principios que conforman la parte axiomática del texto constitucional y sobre cuyos parámetros se ejerce la actividad jurisdiccional. El reconocimiento y aplicación efectiva de los mismos, permite la directa aplicación de los derechos fundamentales reconocidos por la Ley Fundamental, reforzada por el art. 9.4 del mismo texto, al disponer que es función del Estado, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos en la Constitución Política del Estado.

Ahora bien, en función al marco legal desarrollado líneas arriba, se denomina como “personas discapacitadas” a aquellas, que de acuerdo a la definición de la citada Ley, posean una restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se considera normal para un ser humano; y que la jurisprudencia constitucional, al referirse a este sector de atención prioritaria los denominó como personas con capacidades diferentes, al indicar: “…'Personas con Discapacidad', terminología que resulta inapropiada, si se tiene en cuenta que lo que se procura es su inclusión e integración social y desarrollo personal en todos los ámbitos; educativo, laboral, cultural, deportivo, etc., alejada de cualquier tipo de discriminación. En ese entendido, tendría que partirse por reconocerlos o aceptarlos como 'personas con capacidades diferentes', en estricto cumplimiento del derecho a la igualdad entre todos los estantes y habitantes de la sociedad civil, sin ninguna distinción, denominación utilizada por otras legislaciones como la mexicana y venezolana” (SC 0421/2011-R de 14 de abril).

Bajo ese contexto y teniendo presente que en el nuevo modelo constitucional, los derechos fundamentales, son directamente aplicables por previsión del art. 109.I de la CPE, las personas con capacidades diferentes, gozan de una protección especial y/o prioritaria en el resguardo de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. Es así, que en el catálogo relativo a los derechos sociales y económicos se establece un trato prioritario a las “personas discapacitadas”, con la finalidad de lograr su desarrollo óptimo, al prescribir en el art. 70 de la CPE:

Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:

1.  A ser protegido por su familia y por el Estado.

2.  A una educación y salud integral gratuita.

3.  A la comunicación en lenguaje alternativo.

4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades  y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna.

5.  Al desarrollo de sus potencialidades individuales” (las negrillas son nuestras).

Mandato constitucional, que reconoce a las personas con capacidades diferentes el derecho a ser protegidos, primero por su familia y segundo por el Estado, con la finalidad de evitar toda forma de discriminación sea al interior de su núcleo familiar o por el Estado a través de sus distintas reparticiones. En ese sentido, obliga al Estado a garantizar la efectiva materialización de sus derechos fundamentales a través de prestaciones y/o condiciones que le permitan su desarrollo eficaz en un marco de igualdad (art. 71 de la CPE).

Con relación al derecho al trabajo, el texto constitucional es imperativo al establecer que las personas con capacidades diferentes gozan del derecho fundamental al trabajo en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, subrayando que a cambio recibirán una remuneración justa que asegure para sí y su familia una vida digna, que implica la satisfacción de sus necesidades básicas y desde un enfoque intercultural, implica también la no dependencia de paradigmas, conllevando así al respeto de sus derechos a la práctica de su cosmovisión -su modo de ver la vida-, el ejercicio de su espiritualidad -práctica de su religión y/o costumbres-, así como a su soberanía alimentaria -consumo de sus productos-. Lo referido es concordante con el art. 46.I y II de la CPE, al establecer; por una parte, que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración y salario justo, equitativo y satisfactorio, que asegure a la persona y a su familia una existencia digna; instituyendo al mismo tiempo, que esa fuente laboral sea estable y en condiciones equitativas y satisfactorias. Y por otra, impone al Estado la obligación de proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas.

En ese orden y teniendo presente que el contenido de la Ley 1678 y de los Decretos Supremos (DDSS) 27477 y 29608, no son contrarios a los preceptos constitucionales explicados, resulta conveniente traer a colación la disposición contenida en el art. 2.II de este último Decreto Supremo, relativo a la inamovilidad laboral para las “personas discapacitadas” que presten servicios en los sectores públicos o privados, ámbito de protección que se amplía a los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a “personas con discapacidad”; lo que significa, que ninguna persona con capacidad diferente que preste servicios en una institución pública o entidad privada, podrá ser removida de sus funciones, al igual que aquellas que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes. Empero, la norma establece una salvedad a esa protección y/o resguardo a la fuente laboral, al disponer que la inamovilidad laboral no será aplicable cuando concurran causales establecidas por ley; de donde se desprenden dos situaciones, primero, que las personas comprendidas en el ámbito de protección de las citadas disposiciones legales, incurran en causales establecidas por ley para la conclusión del vínculo laboral previo debido proceso; y segundo, que por efecto de la ley, la relación laboral ya no pueda continuar en las mismas condiciones, lo que no significa de manera alguna la conclusión del vínculo laboral, sino su persistencia en otras circunstancias y/o funciones, sin afectar su escala salarial, que le permita alcanzar para sí y su familia una vida digna.

III.3. Análisis del caso concreto  

En la problemática planteada, el ahora accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la inamovilidad funcionaria, alegando que la autoridad demandada, sin considerar su condición de padre de una menor con discapacidad y contar con varios años de servicio lo removió de sus funciones a otro de menor jerarquía y con un salario por debajo del que percibía. En las Conclusiones II.1 a II.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, advierten que inicialmente el accionante fue designado en el cargo de Director Administrativo del Instituto Normal Superior “Dr. Manuel Ascencio Villarroel” en la localidad de Paracaya, designación que data de 2 de junio de 2008, permaneciendo en ese cargo hasta el 1 de septiembre de 2011, en que lo removieron a la Escuela de Formación de Maestros “Simón Rodríguez” de Cochabamba, como Director Administrativo y Financiero Invitado; para finalmente, el 1 de febrero de 2012, reasignarlo como Técnico de Kardex y Archivo, en la Unidad Académica de Villa Tunari dependiente de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Simón Rodríguez” y posteriormente el 14 de marzo de igual año, removerlo con el mismo cargo a la Unidad Académica de Tarata.

En ese orden, cabe precisar que el accionante hizo conocer oportunamente que tiene una hija con discapacidad intelectual de 80%, situación ratificada por la autoridad demandada -Conclusión II.6 de la presente Sentencia Constitucional-.

De los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se extrae que en función a los valores y principios de igualdad y justicia, las personas con capacidades diferentes, son consideradas como un grupo de atención prioritaria, cuyos derechos fundamentales y garantías constitucionales deben ser tutelados de manera inmediata, prescindiendo de cualquier formalidad o aspecto tendiente a dilatar su pronto y efectivo restablecimiento. Bajo ese razonamiento, la Ley 1678 y el DS 29608, concordantes con los preceptos contenidos en el Ley Fundamental relativos a la especial protección a las personas con capacidades diferentes y a los padres o tutores que los tengan bajo su dependencia, estableciendo su inamovilidad laboral como resguardo de sus derechos fundamentales al trabajo y a una remuneración justa que le asegure una vida digna y a su familia; resultan aplicables al caso concreto, en el entendido que los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado son directamente aplicables -art. 109.I de la CPE- y porque el accionante se encuentra dentro del ámbito de protección que establecen los arts. 70 y 71 del texto constitucional, dado que es padre una persona con discapacidad intelectual del 80%.

Ahora bien, por efecto de la inamovilidad laboral de la que gozan los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes, no pueden ser removidos de sus fuentes laborales, debido a la específica finalidad de la misma, cual es asegurar a la persona con capacidad diferente el goce efectivo de sus derechos a través de la satisfacción de sus necesidades como salud, educación, alimentación, desarrollo integral, etc., para ello la fuente laboral estable del padre o tutor juega un papel preponderante al constituirse en el medio que le permita alcanzar una vida digna.

Lo precedente, no significa que el padre o tutor de una persona con capacidades diferentes, sea intocable o impune en su fuente laboral, al contrario, el DS 29608, establece que la inamovilidad laboral no será aplicable por las causales establecidas por la Ley, cuya explicación se realizó en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia. En el caso concreto, para la emisión de las Resoluciones Ministeriales y consiguientes Convocatorias Públicas, descritas en la Conclusión II.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se justifica en preceptos constitucionales y disposiciones legales de la materia, en función a los cuales se observa que el accionante no cuenta con la formación profesional requerida para ejercer el cargo de Director Administrativo y Financiero u otro cargo Directivo para las Escuelas Superiores de Formación de Maestros y Coordinación de Unidades Académicas; por cuanto, no puede ser restituido al mismo, lo contrario implicaría desconocer la legislación especial del Servicio de Educación de nuestro país. Empero, debe considerarse que desde el 2 de junio de 2008 hasta el 1 de febrero de 2012, se encontraba ejerciendo esas funciones, con un salario mensual de Bs4748.-, lapso de tiempo en el cual la autoridad demanda ya tenía conocimiento que el hoy accionante, tiene una hija con discapacidad intelectual del 80%. En consecuencia, el disponer su remoción, primero a un cargo similar al que ejercía, para posteriormente reasignarle otras funciones en distintas localidades y con un sueldo inferior al que percibía, constituye un despido indirecto que lesiona su derecho al trabajo y a la inamovilidad laboral, dado que el traslado de una localidad a otra y la disminución de su salario agravó su situación.

En ese sentido, amerita conceder la tutela solicitada en el entendido que Jesús Gualberto Angulo Díaz, se encuentra dentro del ámbito de protección que establece la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia, que justifican la inmediata tutela a sus derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad laboral; debiendo en consecuencia, la autoridad demandada reubicar al accionante en otro cargo, que le permita percibir un salario similar al que recibía en función a la escala salarial del Ministerio de Educación, sin removerlo del lugar en el cual prestó servicios hasta enero de 2012, con la finalidad que pueda cubrir las necesidades de la persona con capacidades diferentes que tiene bajo su dependencia.

Respecto, de la renuncia a la que hace referencia la autoridad demandada, no se considerará ni efectuará mayor pronunciamiento, en razón a que la interposición de la acción de amparo constitucional, data de 3 de abril de 2012, cuando el accionante aún se encontraba prestando servicios en ese sector y en uso de su vacación. Finalmente, los fundamentos jurídicos del Tribunal de garantías, refieren que Félix Edgar Verástegui Arandia, tendría la calidad de tercero interesado por ser la persona que ejerce el cargo al cual el accionante solicita ser restituido y no habiendo sido integrado a la presente acción se le ocasionaría perjuicios; empero, no resulta evidente aquello en el entendido que la decisión de la jurisdicción constitucional no afectará sus derechos individuales, considerando que su ingreso al cargo que ocupa se produjo mediante un proceso de institucionalización, mismo que no puede desconocerse. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber concedido en parte la tutela invocada, efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes y dio correcta aplicación de los preceptos que motivaron  esta acción tutelar.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la LTCP, en revisión, resuelve:

1° APROBAR en parte la Resolución de 013/2012 de 25 de abril, cursante de fs. 82 a 85 vta., pronunciada por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y; en consecuencia;

2° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada reubique al accionante en un cargo con características similares al que ocupaba,  ajustándose a sus conocimientos y a lo que establece la Ley 070, en el lugar o localidad en la cual prestó servicios hasta enero de 2012 y con un salario similar al que percibía de acuerdo a la escala salarial del Ministerio de Educación, en resguardo de sus derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, la Ley 1678 y el DS 29608.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

 

Fdo. Efren Choque Capuma

MAGISTRADO

Fdo. Soraida Rosario Chánez Chire

MAGISTRADA