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SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0479/2010-R

Sucre, 5 de julio de 2010

Expediente:                   2006-15164-31-RAC

Distrito:                         Santa Cruz

Magistrado Relator:      Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés  

En revisión la Resolución 129 de 13 de diciembre de 2006, cursante de fs. 145 vta. a 147 vta., pronunciada por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional, presentado por José Niltón Vaca Burgoa contra Lourdes Peralta Cabrera, Directora Ejecutiva de la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS) de Santa Cruz, alegando la vulneración de su derecho al trabajo, citando al efecto el art. 7 inc. d) de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

Mediante memorial presentado el 8 de noviembre de 2006, cursante de fs. 54 a 57 vta., el recurrente relata que, el 18 de mayo del indicado año, sufrió un accidente de tránsito cuando se encontraba cumpliendo gestiones inherentes a sus funciones de Administrador Regional de la CEASS de Santa Cruz, siendo atropellado por un motorizado que lo dejó imposibilitado para acudir al trabajo, por lo que solicitó el favor a un amigo, que diera parte de esa situación a su inmediato superior, quien lo visitó al día siguiente del acaecido accidente. Tres días después, el 22 del mismo mes y año,  extrañamente recibió un memorando desde la ciudad de La Paz, en el que se le comunicó que podía hacer uso de sus vacaciones, las mismas que en ningún momento fueron solicitadas por el recurrente, pero como se encontraba hospitalizado no llegó a reclamar inmediatamente sobre ese memorando, pero valiéndose de algunos allegados pudo tramitar su baja médica ante la Caja Nacional de Salud (CNS), que ese entonces se encontraba en paro indefinido y suspensión de actividades, hecho que provocó la demora en el trámite de su baja médica, que recién pudo ser presentada el 8 de junio de 2006; fecha en que, además, reclamó sobre las vacaciones forzosas que le impusieron sin que haya obtenido respuesta alguna sobre el particular.

Posteriormente, indica que el 16 del referido mes y año, junio de 2006, cuando concluyeron las forzadas vacaciones, desde La Paz, se le comunicó telefónicamente sobre la emisión de un memorando de despido, motivo por el cual, haciendo esfuerzos sobrehumanos, acudió ante la Federación de Personas con Discapacidad para que lo representara y asumiera defensa de sus derechos, debido a que es padre de un menor con discapacidad y por ende goza de inamovilidad funcionaria establecida por la Ley de la Persona con Discapacidad y el Decreto Supremo (DS) 27477 de 5 de mayo de 2004, hecho que el Presidente de dicha Entidad hizo conocer a la CEASS, solicitando el cumplimiento de las citadas disposiciones legales y el respeto de su inamovilidad laboral; sin embargo, el 22 de junio de 2006, vía fax, llegó su memorando de despido, cuyo tenor señala que debía dejar sus funciones en virtud a una supuesta reestructuración de la institución, por lo que el 27 ese mes y año, presentó una carta dirigida a la autoridad de la CEASS, ahora recurrida, adjuntando la documentación requerida por Asesoría Legal de esa entidad, pero no recibió ninguna contestación, pese a su insistencia de comunicarse con ella; por lo que en esa delicada situación se vio obligado a solicitar apoyo en su reclamo a diversas instituciones sin tener una respuesta, siendo que la denuncia de despido injustificado también se la hizo a la Superintendencia del Servicio Civil, que en respuesta señaló que como funcionario de carrera le corresponde hacer uso de los recursos de revocatoria y jerárquico.

En definitiva, en busca de una solución, por intermedio de la Dirección Departamental del Trabajo, logró ser escuchado, porque la autoridad ahora recurrida se presentó en Santa Cruz y después de dos meses de su despido, recién el 22 de agosto de 2006, de manera maliciosa y aprovechándose de su desesperación, le indujeron a firmar un acta de conciliación en dicha Dirección, pese a que esa instancia no era competente, comprometiéndose la Directora y Asesora de la CEASS, a reincorporarle a su fuente laboral en el plazo de cuarenta y cinco días para cumplir con su demanda, pero pasado el plazo señalado no fue restituido a su cargo, poniendo en serio riesgo la salud de su hijo al estar privado de una fuente de ingresos que le permitan cubrir su tratamiento, por lo que interpone el presente recurso de amparo constitucional con el objeto de que se reparen sus derechos.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El recurrente considera lesionado su derecho al trabajo, citando al efecto el art. 7 inc. d) de la CPEabrg.

I.1.3. Autoridad recurrida y petitorio

El recurrente interpone recurso de amparo constitucional contra Lourdes Peralta Cabrera, Directora Ejecutiva de la CEASS de Santa Cruz; solicitando se declare procedente y se disponga la restitución inmediata a su fuente de trabajo como Administrador Regional de la referida entidad, así como el pago de sueldos devengados, el resarcimiento de daños y perjuicios, además de las costas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 13 de diciembre de 2006, con la concurrencia del recurrente y de la autoridad recurrida, según consta en el acta cursante de fs. 140 a 145 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación del recurso

El recurrente, mediante su abogado, ratificó los fundamentos del memorial del recurso planteado en su integridad.

Con el derecho a la réplica aclaró que, el accidente del que fue víctima fue fortuito.

I.2.2. Informe de la autoridad recurrida

La autoridad recurrida, en audiencia, a través de su abogada, señaló lo siguiente:

1) La CEASS es una entidad pública descentralizada, bajo supervisión del Ministerio de Salud, cuya principal función es el suministro de medicamentos esenciales a todo el sistema público de salud, contando con once regionales en todo el país, habiendo sido contratado José Niltón Vaca Burgoa, el ahora recurrente, mediante memorando 026/03 de 16 de abril de 2003, en sujeción al Estatuto del Funcionario Público, con atribuciones normadas en la mencionada Ley.

2) El accidente del recurrente no puede considerarse como accidente de trabajo, como falsamente éste adujo, puesto que el hecho se produjo en horas posteriores a la jornada laboral, exactamente a las 18:45.

3) El recurrente, paralelamente, también efectuó una serie de denuncias ante diferentes instituciones, como la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Federación de Personas con Discapacidad, la Superintendencia del Servicio Civil y el Ministerio de Trabajo, cuyos resultados aún no se conocen.

4) El Ministerio de Trabajo, emitió una primera citación a denuncia del ahora recurrente para el 18 de agosto de 2006, fecha en la que no pudieron asistir,  por lo que se efectuó una nueva citación para el 22 de agosto, del mismo año, en la que se llegó a una conciliación en la que  CEASS, se comprometió a restituir al recurrente, pero no en el mismo cargo, ni con el mismo sueldo, una vez realizado el corte de gestión que se estuvo realizando en esas fechas, por lo que se solicitó el plazo de cuarenta y cinco días, para llevar a cabo el compromiso; acta que fue firmada por las partes, sin que haya existido presión alguna para la firma del mismo; sin embargo, no obstante que existió la mejor predisposición de cumplir ese compromiso, ante la ausencia de la Directora Ejecutiva, ahora autoridad recurrida, se solicitó al Ministerio de Trabajo la  ampliación del plazo antes de que éste se venciera, motivo por el que el mismo se amplió hasta el 30 de octubre de 2006; el 27 de ese mes y año, la autoridad ejecutiva recurrida, presentó el memorando de designación de José Niltón Vaca Burgoa, adjuntando un memorial, quien tuvo una reunión con la autoridad recurrida, donde se le informó, del cumplimiento del compromiso mediante el Ministerio de Trabajo.

5) Por lo expuesto, se concluye que, no se vulneraron los derechos del recurrente, porque al momento de su destitución no contaba con el requisito establecido por la Ley de la Persona con Discapacidad y su Reglamento, que en sus arts.”4 y 5 inc. c)”, establecen como requisito la afiliación mediante carnet expedido por el Comité Departamental de las Personas con Discapacidad (CODEPEDIS), por lo que no se tuvo conocimiento de este elemento, además, tampoco se le negó la baja médica puesto que esta es una atribución privativa de la CNS y no del médico forense, por lo que corresponde declarar la improcedencia del recurso.

Ejerciendo su derecho a la dúplica, señaló que, las partes pueden presentar pruebas en audiencia conforme indica el art. 101 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), y de acuerdo con las pruebas presentadas consta que el 27 de octubre de 2006, se presentó memorial en el Ministerio de Trabajo, adjuntando el memorando de designación en cumplimiento del compromiso asumido, teniendo el ahora recurrente conocimiento sobre ello y que debería asumir funciones desde el 1 de noviembre de ese año; poniendo en conocimiento del Ministerio de Trabajo la falta de asunción al cargo por parte del recurrente. Respecto al certificado de baja que refiere el recurrente, se presentó el certificado de la Encargada de Personal, en el que se evidenció que éste jamás presentó baja médica y que desde el mes de mayo de 2006,  no acudió a su fuente de trabajo.

I.2.3. Resolución

Mediante la Resolución 129 de 13 de diciembre de 2006, cursante de fs. 145 vta. a 147 vta., la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, concedió la tutela solicitada, ordenando la reincorporación inmediata del recurrente a sus funciones con el mismo ítem, nivel salarial y jerarquía, debiendo cancelarse a su favor los salarios devengados, con todos los derechos, bonos y demás beneficios que le corresponden, además del salario que debía correr en el  tiempo de su vacación, con los siguientes argumentos:

a) El memorándum de vacación que se le otorgó al recurrente, establece que esta vacación era del 23 de mayo hasta el 21 de junio de 2006, y el memorándum retiro es de fecha 16 de junio del mismo año, es decir que dicho memorándum estuvo dentro del periodo de vacación, esos dos elementos son violatorios de las normas del trabajo, porque no puede ser retirado un funcionario durante el periodo de vacación, debido a que el afectado puede, inclusive, no conocer de su retiro cuando no está en asistencia a las oficinas de su trabajo.

b) Con el retiro del recurrente, se le vulneró el derecho que el mismo tiene a las normas jurídicas que constituyen para la situación de los discapacitados, la mantención y vida de los mismos.

c)  El pacto firmado ante el Ministerio del Trabajo lesionó los derechos fundamentales del recurrente, resultando nulo de pleno derecho, debido a que  ningún convenio puede tener como base la renuncia de los derechos sociales, lo que está terminantemente prohibido por el propio texto de la Constitución Política de Estado (CPEabrg), en su art 162, por lo que el memorando de reincorporación del recurrente, que no se estableció si fue conocido antes del recurso de amparo constitucional, al otorgársele con una jerarquía inferior y un sueldo menor, resulta nulo de pleno derecho.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

El presente expediente fue recibido en el Tribunal Constitucional el 20 de diciembre de 2006; sin embargo, ante las renuncias de Magistrados en diciembre de 2007, este órgano quedó sin quórum, produciéndose una paralización en la resolución de causas; no obstante de ello y en virtud a la reciente designación de nuevos Magistrados, por Acuerdo Jurisdiccional 001/2010 de 8 de marzo, el Pleno resolvió el reinicio de los cómputos; en consecuencia, la causa fue sometida a nuevo sorteo el 11 de mayo de 2010, por lo que esta Resolución es emitida dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

Del análisis del expediente y de la prueba aportada, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1.  El 22 de mayo de 2006, mediante certificado médico forense se acreditó que José Niltón Vaca Burgoa, ahora recurrente, fue internado en la Clínica Traumatológica por haber sufrido un accidente de tránsito, cuando conducía su motocicleta, siendo impactado por un vehículo, presentando contusiones y fractura a nivel de la base cervical del fémur izquierdo, por lo que fue sometido a ostesíntesis con tornillos para reducción de fracturas, con impedimento estimado de noventa días (fs. 2).

II.2.  El 22 de mayo de 2006, mediante memorando 46/06, el Director Ejecutivo a.i. de la CEASS, comunicó al recurrente, que podría hacer uso de sus vacaciones pendientes a partir del 23 de mayo al 21 de junio del indicado año; memorando que fue representado por el nombrado recurrente, quien solicitó que se tome en cuenta su baja médica y la denuncia de accidente de trabajo que efectuó, con el sello de recepción por la CNS, Ministerio de  Trabajo, Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia, Superintendencia de Pensiones y Protección de Derechos, pidiendo además dejar sin efecto el memorando de vacación que le fue  cursado (fs. 4 a 8).

II.3.  El 16 de junio de 2006, a través de memorando 71/06, el Director Ejecutivo a.i. de la CEASS, comunicó al ahora recurrente, que por reestructuración administrativa se prescindía de sus servicios a partir del 23 de ese mes y año (fs. 13).

II.4.  El 30 de junio de 2006, los directivos del Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS), por oficio 216/06, solicitaron al Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera de la CEASS, que en cumplimiento del art. 5 de la Ley de la Persona con Discapacidad (LPD), se reincorporara a su fuente laboral al recurrente, debido a que José Niltón Vaca Burgoa, es padre del joven con discapacidad auditiva Niltón Daniel Vaca Pereira; solicitud que también fue  presentada por el Presidente de la Federación Cruceña de Personas con Discapacidad ante la Directora Ejecutiva de la CEASS (fs. 14 a 15).

II.5.  El 7 de julio de 2006, el ahora recurrente, a efectos de su reincorporación presentó ante la Directora Ejecutiva de la CEASS, la actual autoridad recurrida, el carnet de discapacidad de su hijo, certificado de nacimiento, cédula de identidad y hoja de afiliación a la CNS, documentos que acreditan que es padre de una persona con discapacidad auditiva (fs. 70 a 74).

II.6.  El 31 de julio de 2006, el recurrente, a través de notas, denunció ante la Defensora del Pueblo, el Jefe Regional del Trabajo y Derechos Humanos, los atropellos de los que fue objeto al ser destituido del cargo que ocupaba en la  CEASS, señalando que, no obstante que sufrió un accidente de trabajo, le dieron vacaciones obligadas sin haberse tomado en cuenta que le correspondía baja médica, además de que tampoco se valoró que gozaba de inamovilidad funcionaria por tener a su cargo un hijo con discapacidad auditiva (fs. 30 a 35).

II.7.  El 22 de agosto de 2006, en la Dirección Departamental del Trabajo, con la intervención de la Inspectoría de esa repartición, la Directora Ejecutiva de la CEASS, la Jefa de la Unidad Jurídica de esa entidad y el recurrente, se desarrolló una audiencia conciliatoria, asumiendo las funcionarias de la CEASS,   el compromiso de restituir a su fuente laboral al ahora recurrente en el plazo de cuarenta y cinco días (fs. 40 a 43).

II.8.  El 23 de agosto de 2006, el Superintendente General a.i. del Servicio Civil (SSC), cursó respuesta a la nota que fue enviada por el recurrente previamente, el 7 de julio del mismo año, por la que solicitó que esa instancia intercediera ante las autoridades de la CEASS, para su reincorporación, señalando la misma Superintendencia no podía emitir instrucción alguna disponiendo lo que solicitó el recurrente, porque no tenía la competencia para ello, por cuanto sólo puede hacerlo cuando se trata de funcionarios de carrera o aspirantes a esa condición, previa tramitación de los recursos de revocatoria y jerárquico referidos en el art. 66 del Estatuto del Funcionario Público (EFP) (fs. 36).

II.9.  El 5 de octubre de 2006, mediante informe emitido por el Inspector de la Dirección Departamental de Trabajo, se estableció que el compromiso asumido por la Directora Ejecutiva de la CEASS, el 22 de agosto del indicando año, de restituir al trabajo al recurrente, en el plazo de cuarenta y cinco días, no fue cumplido (fs. 43).

II.10. El 27 de octubre de 2006, sin cargo de presentación, la autoridad recurrida, hizo conocer al Director Departamental de Trabajo el cumplimiento del compromiso asumido de restituir al ahora recurrente a su fuente laboral, aclarando que no sería a su anterior ítem ni sueldo, adjuntando el memorando 121/06 de 1 de noviembre de ese año, por el que se comunicó su designación en el cargo de Auxiliar de Almacén Regional Santa Cruz (fs. 61 a 62).

II.11. El 6 de noviembre del 2006, mediante certificado expedido por el Jefe Regional de Recursos Humanos de la CNS, se estableció que dicha entidad acató los diferentes paros decretados por el sindicato “CASEGURAL” los días 3, 11, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26 y 29 de mayo de 2006 (fs. 5).

II.12. El 12 de noviembre de 2006, el Jefe Regional de la CEASS, mediante informe,  hizo conocer a la Directora Ejecutiva de dicha entidad, que José Niltón Vaca Burgoa, ahora recurrente, hasta esa fecha no se hizo presente en su fuente de trabajo, no obstante habérsele informado sobre su designación, al igual que se hizo conocer al Director Departamental del Ministerio de Trabajo, sobre las faltas a su trabajo (fs. 75).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El recurrente, ahora accionante denunció que la Directora Ejecutiva de la CEASS, autoridad recurrida, hoy demandada, vulneró su derecho al trabajo, toda vez que no se consideró que se hallaba convaleciente y hospitalizado, debido a que fue atropellado en un accidente de tránsito producido el 22 de mayo de 2006, cuando se encontraba cumpliendo su función de Administrador Regional de esa entidad, y a pesar de esas circunstancias se le cursó un memorando para que desde el 23 de ese mes y año, con el que se le obligó a que hiciera uso de su vacación anual, sin que él hubiera solicitado la misma. Además, pese a que adjuntó la baja médica el 8 de junio de 2006, obtenida con retraso, debido a un paro de la CNS y al reclamo presentado en esa oportunidad, el 16 del mismo mes y año, se le cursó un memorando de retiro, aduciendo una supuesta reestructuración, y no obstante que pidió su reincorporación adjuntando los documentos que acreditan que es padre de un menor con discapacidad auditiva y por ende goza de inamovilidad funcionaria, no fue restituido a su cargo, incumpliendo el compromiso que asumió de restituirle en el plazo de cuarenta y cinco días. Corresponde, en revisión, analizar los fundamentos del recurso y los hechos reclamados a fin de determinar si se otorga o no la tutela solicitada.

III.1.   Consideraciones sobre la aplicación de la Constitución Política del Estado vigente

Como este recurso, ahora acción, fue presentado y resuelto por el Tribunal de amparo constitucional en vigencia de la Ley Fundamental abrogada, es pertinente determinar, antes de analizar la Resolución venida en revisión, qué norma constitucional se aplicará.

En ese sentido, conforme a los fundamentos desarrollados en la SC 0006/2010-R de 6 de abril, partiendo del principio pro hómine, contenido en los arts. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 13.IV y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE), el juzgador debe aplicar aquellas normas que resulten más favorables para la persona, su libertad y derechos, así como interpretar esas normas de manera más amplia.

En similar sentido, de acuerdo al principio de interpretación progresiva de la norma, entre varios entendimientos posibles, corresponde optarse por aquél que limite en menor medida el derecho o garantía que se denuncia como vulnerado; es decir, se debe elegir la interpretación más extensiva en cuanto al reconocimiento de derechos y una interpretación más restringida cuando se establezcan límites al ejercicio de los mismos.

Conforme a dichos principios, siendo, por regla general, más garantista la Ley Fundamental vigente, es natural aplicarla; empero, en cada caso concreto, se realizará el análisis de las normas constitucionales para dar preferencia a aquellas que resulten más favorables para el accionante.

III.2.  Términos procesales en la acción de amparo constitucional

La Constitución Política del Estado dentro de las acciones de defensa de derechos fundamentales, en el art. 128 prevé la acción de amparo constitucional, en cuyo procedimiento en el art. 129.III, establece que: “La autoridad o persona demandada, será citada en la forma prevista para la Acción de Libertad…”, luego en el parágrafo IV añade que: “La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona demandada y, a falta de ésta, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante. La autoridad judicial examinará la competencia de la servidora pública o del servidor público o de la persona demandada, y en caso de encontrar cierta y efectiva la demanda, concederá el amparo solicitado…”.

Por su parte, la Ley del Tribunal Constitucional si bien en el art. 97.I y II refiriéndose a la personería de quien interpone esta acción tutelar lo señala como “recurrente”, y contra quien se dirige lo denomina parte “recurrida”; empero, es coincidente en lo referente a la forma de resolución, cuando en el art. 102.I establece que: “La resolución concederá o denegará el amparo…”.

En consecuencia, la terminología a utilizarse para referirse a la persona que interpone esta acción tutelar será “accionante”, y con relación a la autoridad o persona contra quien se dirige corresponderá el término “demandado (a)”. De igual manera, en cuanto a la terminología con referencia a la parte dispositiva, en caso de otorgar la tutela se utilizará el término “conceder” y en caso contrario “denegar” la tutela.

En los casos en que no se ingresa al análisis de fondo, cabe señalar que si bien de conformidad a lo establecido por la SC 0505/2005-R y AC 0107/2006-RCA, la Comisión de Admisión revisa las acciones de amparo que hubiesen sido declaradas “improcedentes” o “rechazadas” por los tribunales de garantías, existen casos en los que pese a ser admitida la acción tutelar, haberse llevado a cabo la audiencia y emitido resolución, una vez elevada la causa, en revisión ante este Tribunal, en forma posterior al sorteo, el Pleno advierte que no es posible ingresar al análisis de fondo, sea por una de las causales previstas por el art. 96 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), incumplimiento evidente al principio de subsidiariedad, extemporaneidad de la acción, u otro motivo, como el incumplimiento de los requisitos de admisión previstos por el art. 97 de la LTC. Al respecto, este Tribunal en las SSCC 0494/2001-R y 0652/2004-R, entre otras, hasta la SC 0820/2007-R inclusive; indicó que en estos casos corresponde declarar “improcedente” el recurso.

No obstante, en resguardo de la previsión constitucional y a objeto de guardar armonía y no generar confusión con el uso de la terminología propia de la fase de admisión, corresponde en estos casos, “denegar” la tutela solicitada con la aclaración de que: “no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada”, dado que en estos casos el accionante puede nuevamente interponer la acción tutelar, siempre y cuando, cumpla con los requisitos de admisibilidad.

III.3.   Sobre los derechos fundamentales de las personas discapacitadas

Es preciso señalar que La Ley de la Persona con Discapacidad, establece los derechos, deberes y garantías de las personas con discapacidad en el territorio del Estado, cuya reglamentación fue dispuesta mediante DS 27477, a tiempo de determinar los principios rectores que deberán regir en la aplicación de dicha norma legal; en su art. 3 inc. c) dispone la estabilidad laboral, al señalar que: “…las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas previo proceso interno, así también el art. 5 del citado Decreto Supremo, de manera expresa prevé que: "I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley. II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1º (primer grado) en línea directa y hasta el 2º (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente".

La norma desarrollada precedentemente, establece que el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo contempla al trabajador discapacitado, sino que tal derecho también se extiende a los dependientes con discapacidad del trabajador, constituyendo los límites en el parágrafo II, que prescribe hasta un primer grado en línea directa, que serán los hijos y los padres, y hasta el segundo grado en línea colateral, que son los hermanos; tal norma tiene como fundamento que debe preverse de que la ruptura laboral que pudiera afectarles, por lo que dicho artículo también garantiza la inamovilidad funcionaria o laboral de quien tiene bajo su dependencia a una persona afectada por alguna discapacidad, teniendo como única excepción que el despido sea emergente de causales establecidas por ley, previo proceso que determine que el trabajador hubiera incurrido en ellas.

Al respecto, este Tribunal mediante la SC 0988/2006-R de 9 de octubre  estableció que: “…el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en si mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente con discapacidad de ese trabajador o funcionario, garantiza su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada al derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales. En ese contexto y con relación a los trabajadores o funcionarios discapacitados sin previo proceso, este Tribunal en la SC 1422/2004-R, señaló que éste -el Tribunal Constitucional- 'abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado'”.

III.4.    Análisis del caso concreto

Conforme a la documentación que cursa en el expediente, se evidencia que el accionante el 22 de mayo de 2006, fue internado en la Clínica Traumatológica porque sufrió un accidente de tránsito, cuando conducía su motocicleta, siendo impactado por un vehículo, presentando  contusiones y fractura a nivel de base cervical del fémur izquierdo, con impedimento estimado de noventa días. Encontrándose en esas circunstancias de salud, a través del memorando 46/06 de 22 de mayo de 2006, el Director Ejecutivo a.i. de la CEASS, le comunicó que podría hacer uso de sus vacaciones pendientes a partir del 23 de mayo al 21 de junio del indicado año; memorando que fue representado por el  accionante solicitando se considere su baja médica y la denuncia de accidente de trabajo que realizó y en consecuencia, se deje sin efecto el memorando de vacación que le fue cursado; sin embargo, la mencionada autoridad por memorando 71/06 de 16 de junio de 2006, le comunicó que por reestructuración administrativa de la institución se prescindía de sus servicios a partir del 23 de ese mes y año.

Posteriormente, el 30 de junio de 2006, los directivos del CODEPEDIS, por oficio 216/06, solicitaron al Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera de la CEASS, su reincorporación en cumplimiento del art. 5 de la LPD, toda vez que el accionante es padre de una persona con discapacidad auditiva; solicitud que también fue presentada por el Presidente de la Federación Cruceña de Personas con Discapacidad ante la Directora Ejecutiva de la CEASS, el 7 de julio del mismo año.

Asimismo, el ahora accionante, a efectos de su reincorporación presentó ante la Directora Ejecutiva de la CEASS, hoy demandada, el carnet de discapacidad de su hijo, certificado de nacimiento, cédula de identidad y hoja de afiliación a la CNS, acreditando de esa forma su condición de padre de una persona con discapacidad auditiva y finalmente, el 22 de agosto de 2006, con la intervención de la Inspectoría de la Dirección Departamental de Trabajo, se desarrolló una audiencia conciliatoria, asumiendo los funcionarios de la CEASS el compromiso de restituir al accionante a su fuente laboral en el plazo de cuarenta y cinco días, compromiso que no se cumplió según el informe del Inspector de la Dirección Departamental de Trabajo.

La situación planteada por el accionante, en la que aduce una lesión de su  derecho al trabajo, si bien en circunstancias ordinarias cabe la diferenciación establecida por el Estatuto del Funcionario Público respecto de los funcionarios de carrera, de libre nombramiento o funcionarios provisorios para determinar  si se agotaron las vías de reclamo, no es menos evidente que, tratándose de trabajadores con discapacidad o de trabajadores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad, que gozan de inamovilidad reconocida por ley, dicha distinción resulta innecesaria, tomando en cuenta la protección especial brindada por la Ley de la Persona con Discapacidad.

En consecuencia, la autoridad demandada al haber adoptado la determinación de prescindir de los servicios del accionante, estando vigente la relación laboral, cuando se encontraba con baja médica y no proceder a su reincorporación, pese a tener conocimiento de que se trata de un funcionario, padre de una persona con discapacidad, incurrió en un acto ilegal que vulneró su derecho al trabajo.

Finalmente, en lo que se refiere al pacto firmado ante el Ministerio del Trabajo, es necesario establecer que el mismo es nulo de pleno derecho, debido a que ningún convenio puede tener como base la renuncia o el menoscabo de los derechos sociales, lo que esta previsto en los arts. 162 de la CPEabrg y 48.III de la CPE, por lo que siguiendo este razonamiento, al habérsele ofrecido un cargo con jerarquía inferior y un sueldo menor, resulta nulo de pleno derecho.

En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder el amparo constitucional, ha efectuado una adecuada valoración de los datos del proceso y dado correcta aplicación a los arts. 19 de la CPEabrg y, 128 y 129 de la CPE.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 4 y 6 de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, denominada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público;7 inc. 8) y 102.V de la LTC, en revisión, resuelve APROBAR la Resolución 129 de 13 de diciembre de 2006, cursante de fs. 145 vta. a 147 vta., pronunciada por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDE la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

 

Fdo. Dr. Juan Lanchipa Ponce

PRESIDENTE

Fdo. Dr. Abigael Burgoa Ordóñez

DECANO

     Fdo. Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés

    MAGISTRADO

Fdo. Dr. Ernesto Félix Mur

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

MAGISTRADA