Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0267/2016-S3

Sucre, 19 de febrero de 2016

SALA TERCERA

Magistrado Relator:    Dr. Ruddy José Flores Monterrey

Acción de libertad

Expediente:                 12990-2015-26-AL

Departamento:           La Paz

En revisión la Resolución 36/2015 de 20 de octubre, cursante a fs. 21 y vta., pronunciada dentro la acción de libertad interpuesta por Liliana Cruz Arancibia en representación sin mandato de Walter Contreras,  Sonia Paula Flores Choque en representación sin mandato de Romer Alcalá Ríos, Jhoselyn Virginia Quintanilla Vásquez en representación sin mandato de Nancy Susana Vásquez Luna y José Antonio Moscoso Contreras contra Javier Rolando Chaca Quina, Juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz y Paul José Miranda Pérez, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de octubre de 2015, cursante de fs. 4 a 5, los accionantes a través de sus representantes, expresaron los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El Juez demandado declaró la ilegalidad de la aprehensión efectuada por la Fiscalía y determinó la nulidad de la imputación formal debido a que en las declaraciones no existía la firma del Fiscal asignado al caso; empero, extrañamente dispuso que “…nos devuelvan al fiscal siguiendo detenidos hasta el presente sin resolver nuestra situación encontrándonos en celdas judiciales…” (sic).

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes consideran vulnerados su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitan se disponga su libertad al estar detenidos más de veinticuatro horas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 21 de octubre de 2014, según consta en el acta cursante a fs. 20 y vta., presente el Juez demandado y ausentes los accionantes y el Fiscal de Materia codemandado, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante no se hizo presente en la audiencia, pese a su legal notificación a fs. 7; teniéndose del informe de la Secretaria que: “…del informe verbal del encargado de celdas policiales indican que los accionados no se encontraban detenidos en esas dependencias…”(sic).

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Javier Rolando Chaca Quina, Juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia señalo que: a) Llego a su juzgado una imputación formal contra José Antonio Moscoso Contreras, Romer “Acarapi”, Walter Contreras y Susana “Apaza”, habiéndose suscitado en audiencia cautelar el incidente de “…acción legal…” (sic), en el cual se declaró la aprehensión; b) De igual manera, la defensa de los imputados observó las declaraciones informativas, indicando que se encontraban sin la firma del representante del Ministerio Púbico, determinándose la nulidad de las mismas, y por consiguiente, la nulidad de la imputación formal ordenando al representante del Ministerio Público que renueve el acto conforme los antecedentes y en resguardo de los derechos y garantías constitucionales que le asiste a la parte investigada; y, c) “…el día de ayer tengo entendida de la Audiencia nuevamente por el representante del Ministerio Publico haber sido aprehendido estos ciudadanos para efectos de poder renovar los actos que han sido observados y como consecuencia e los incidentes interpuestos…” (sic).

Paul José Miranda Pérez, Fiscal de Materia, no asistió a la audiencia ni presento informe alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 8.

I.2.3. Resolución

El Juez Tercero de Partido y de Sentencia Penal de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 36/2015 de 20 de octubre, cursante a fs. 21 y vta., denegó la tutela; bajo los siguientes fundamentos: 1) En audiencia de 20 de octubre de 2015, señalada para la consideración de las medidas cautelares solicitada contra los hoy accionantes, el Juez ahora demandado por Resolución 548/2015 declaró “…la ilegalidad de la aprehensión realizada por el Ministerio Publico y la existencia de actividad procesal defectuosa absoluta, la nulidad de las declaraciones informativas de los sindicados, disponiendo que sean remitidos a instancias del representante del Ministerio Publico para que actue conforme a procedimiento” (sic); 2) Ante la denuncia planteada por la parte accionante, su autoridad no advierte ninguna vulneración al derecho a la libertad de los accionantes por parte del Juez demandado, ya que en audiencia en vía de incidente declaro la ilegalidad de la aprehensión de los sindicados, anuló sus declaraciones informativas, además ordenó que el Fiscal asignado al caso actúe observando procedimiento; y, 3) Con relación a la actuación del Fiscal “…no se aportó y no existe ningún dato o información que permita dar cuenta que no cumplió con la determinación judicial, o que haya dispuesto alguna orden o requerimiento en contra de los sindicados” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.    Mediante memorial presentado el 20 de octubre de 2015, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico a instancia de Linsith Carla Mamani Escalera y María Tatiana Choque Gonzales contra José Antonio Moscoso Contreras, Romer Alcalá Ríos, Walter Contreras y Nancy Susana Vásquez Luna -ahora accionantes- por la presunta comisión del delito de robo; el Fiscal de Materia -hoy codemandado- presentó Resolución de imputación formal contra los nombrados y solicitó la aplicación de medidas cautelares (fs. 9 a 13).

II.2.   En audiencia cautelar de 20 de octubre de 2015, la defensa de los hoy accionantes interpuso incidente de aprehensión ilegal, así también reclamaron que las declaraciones informativas no se encontrarían con la firma del representante del Ministerio Público, por lo que el Juez demandado emitió la Resolución 548/2015 de 20 de octubre, declarando la ilegalidad de la aprehensión realizada por el Ministerio Público y al advertirse que las declaraciones informativas adolecían de actividad procesal defectuosa absoluta conforme el art. 169 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), también declaró la nulidad de las mismas “…en consecuencia la imposibilidad de poder que exista la imputación formal en contra de los investigados, correspondiendo que los ciudadanos José Antonio Moscoso Contreras, Romer Alcalá Ríos, Walter Contreras y Nancy Susana Vásquez Luna, sean remitidos a instancias del representante del Ministerio Público para que el mismo actué conforme a procedimiento, los antecedentes y en resguardo de los derechos y garantías que les asiste a los investigados, para que pueda renovar el acto y requerirse lo que en derecho corresponda en su caso, una vez cumplidas las formalidades que corresponda en cuanto a su declaración informativa inclusive, debiendo ser la misma en el día” (sic); habiendo solicitado a través de su defensa explicación y enmienda respecto a que se disponga su libertad inmediata, empero, la autoridad ahora demandada declaro no ha lugar a dicha solicitud (fs. 17 a 19).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes a través de sus representantes alegan como lesionado su derecho a la libertad, debido a que si bien el Juez demandado declaró la ilegalidad de su aprehensión así como la nulidad de la imputación formal emitida en su contra, extrañamente dispuso sean “…devueltos al Fiscal…” (sic), continuando en celdas policiales hasta la presentación de esta acción tutelar, sin que se resuelva su situación.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1.  Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

           La SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció sobre la concurrencia de manera excepcional de la subsidiariedad en hábeas corpus -actualmente acción de libertad- razonando que:“…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas son agregadas).

           En ese sentido, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló como causales de denegatoria de la acción de libertad, inter alias: “…hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos:

           Primer supuesto:

           Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación”. (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

           Los accionantes señalaron a través de sus representantes en su demanda de acción de libertad que si bien el Juez demandado declaró la ilegalidad de su aprehensión así como la nulidad de la imputación formal emitida en su contra extrañamente dispuso sean “…devueltos al Fiscal…” (sic), continuando en celdas policiales hasta la presentación de esta acción de defensa sin que se resuelva su situación, aspectos que según los  nombrados vulneraron su derecho del cual hoy pide su tutela.

         Con relación al Juez demandado, de la revisión de obrados se tiene que en audiencia cautelar de 20 de octubre de 2015, ante el planteamiento de incidentes, declaró la ilegalidad de la aprehensión y al advertirse que las declaraciones informativas adolecían de defectos absolutos, conforme el art. 169 inc. 1) del CPP, también declaró la nulidad de las mismas y por consecuencia de la imputación formal, por lo que dispuso que los imputados sean remitidos al representante del Ministerio Publico para que éste actúe conforme a procedimiento, es decir “…para que pueda renovar el acto…” (sic) (Conclusión II.2.).

Ahora bien, a partir de la problemática planteada por los accionantes se tiene que estos cuestionan el hecho de que el Juez demandado no obstante a emitir la Resolución de 20 de octubre de 2015 a su favor, dejando sin efecto tanto la aprehensión efectuada en su contra como la imputación formal al encontrar defectos en las declaraciones informativas, no dispuso su libertad inmediata, remitiéndolos al Fiscal de Materia asignado al caso, por lo que a través de la presente acción tutelar pretenden se disponga la misma; sin embargo, se debe señalar que esta denuncia efectuada no corresponde ser atendida a través de esta acción tutelar, por cuanto si bien el Juez demandado dejó sin efecto la aprehensión de los nombrados y otros actuados procesales, ordenó que éstos sean remitidos a instancias del representante del Ministerio Público para que actué conforme a procedimiento; es decir, dispuso que se renueve el acto, así como se requiera lo que en derecho corresponda, debiéndose cumplir las formalidades inclusive en cuanto a su declaración informativa y sea en el día, determinación que este Tribunal Constitucional Plurinacional no advierte que sea vulneratoria a sus derechos, toda vez que de acuerdo a sus atribuciones conoció y resolvió el incidente de aprehensión ilegal planteado por la misma parte accionante a favor de estos, y como efecto de ella dispuso la renovación del acto declarándolo nulo y ordenando que el Ministerio Público en el día realice lo que en derecho corresponda, aspecto que conduce a denegar la tutela al respecto.

Respecto al Fiscal de Materia codemandado, los accionantes denuncian que habiendo sido “…devueltos…” (sic) a la mencionada autoridad mediante la Resolución de 20 de octubre de 2015 emitida por el Juez demandado, hasta el momento de la presentación de esta acción tutelar continuaban “…detenidos…” (sic) sin resolver su situación, encontrándose en celdas más de veinticuatro horas; empero, de la revisión de obrados se tiene que se trata de presuntos hechos posteriores a la decisión judicial arriba analizadas; los mismos no fueron puestos en conocimiento de la autoridad jurisdiccional a cargo del control de la investigación, medio idóneo, eficiente y oportuno para que los accionantes puedan hacer prevalecer sus derechos y la restitución de los mismos en caso de ser vulnerados, por lo que una vez agotada esa vía y de no ser restituidos sus derechos recién pueden activar la jurisdicción constitucional, tal como lo establece la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico precedente, por lo que al no haberlo hecho este Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática jurídica denunciada, correspondiendo consecuentemente denegar la tutela solicitada.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 36/2015 de 20 de octubre, cursante a fs. 21 y vta., pronunciada por el Juez Tercero de Partido y de Sentencia Penal de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos del presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Ruddy José Flores Monterrey

MAGISTRADO