Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0227/2016-S3

Sucre, 19 de febrero de 2016

SALA TERCERA

Magistrada Relatora:  Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

Acción de libertad

Expediente:                 12864-2015-26-AL    

Departamento:            Santa Cruz

En revisión la Resolución 14 de 30 de septiembre 2015, cursante de fs. 58 vta. a 60, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Luis Bolívar Toledo y José Carlos Cruz Román en representación sin mandato de Elva Herbas Pérez contra Carlos Martin Camacho Chávez, Juez Tercero de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Por memorial presentado el 30 de septiembre de 2015, cursante de fs. 22 a 30 vta., la accionante a través de sus representantes manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra y otras por la presunta comisión del delito de robo agravado; en audiencia de consideración de medidas cautelares de         14 de septiembre de 2015, el Fiscal de Materia, fundamentó la imputación formal, tipificando dicho delito al tratarse de más de dos personas; sin embargo, en la referida audiencia el denunciante no se encontraba presente, además que este presentó un desistimiento a favor de las tres imputadas.

Posteriormente, a través de su abogado formuló incidente de actividad procesal defectuosa por falta de fundamentación y atipicidad en la imputación formal, por lo que el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz                -hoy demandado-, en la misma audiencia admitió el incidente planteado y dispuso la “…NULIDAD DE LA IMPUTACION FORMAL…” (sic); asimismo, determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva en su contra, otorgando un plazo de veinte días para el cumplimiento de las mismas; luego, el 22 de septiembre de 2015, fue notificada con la solicitud de revocatoria de medidas cautelares presentada por el denunciante quien se encontraba sin legitimidad activa; en razón, de haber presentado un desistimiento a su favor al habérsele devuelto sus pertenencias -celular y otras-.

Instalada la audiencia, el Juez ahora demandado, revocó las medidas sustitutivas dispuestas, sin observar que se encontraba aún dentro del plazo otorgado para cumplir con las mismas y sin existir una imputación formal, ordenó su detención preventiva, omitiendo señalar el delito por el cual se le juzgaba; por lo que, solicitó explicación, complementación y enmienda, para que fundamente y considere que existe un desistimiento a su favor; empero, la autoridad judicial demandada, abandonó la audiencia sin manifestarse sobre su petición.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante a través de sus representantes alega la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 22, “23.1 y 3”, 115; y, 117.I, de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene: a) Anular el Auto de 23 de septiembre de 2015, dictado por el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz, por falta de motivación y congruencia; y, b) Se dicte un nuevo Auto, y una vez reparado y corregido, se disponga su inmediata libertad.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 30 de septiembre de 2015, según consta en el acta, cursante de fs. 57 a 58 vta., presente la parte accionante y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante ratificó in extenso los términos expuestos en su memorial de la presente acción de libertad; y ampliándolo, manifestó que: 1) El memorial de solicitud de revocatoria de medidas sustitutivas no hace mención a ninguna de las causales señaladas por el art. 247 del Código de Procedimiento Penal (CPP), así como tampoco cumplió con la carga de la prueba dispuesta en el art. 6 del mismo cuerpo legal;         2) Se “revocó” la resolución de imputación al carecer de toda fundamentación y motivación, no existiendo una imputación formal; y, 3) Ante esta situación formuló recurso de apelación.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Carlos Martin Camacho Chávez, Juez Tercero de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz, no se hizo presente a la audiencia ni presentó informe alguno pese a su legal citación cursante a fs. 34.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 14 de 30 de septiembre de 2015, cursante de fs. 58 vta. a 60, declaró “procedente” la acción de libertad, bajo los siguientes fundamentos: i) De la revisión de los antecedentes, se pudo establecer que la accionante interpuso un incidente de defecto absoluto contra la imputación formal, el cual fue debidamente fundamentado, por lo que se declaró probado mediante Auto de 14 de septiembre de 2015; en consecuencia, dejándolo sin efecto; ii) Se observó un primer hecho contradictorio realizado por el Juez demandado, al haber impuesto en el mismo Auto de medidas sustitutivas a la detención preventiva cuando no existía imputación formal, pese a que la parte accionante observó dicha irregularidad, no interpuso ningún recurso; y, iii) Posteriormente, en la audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas se tiene que, por Auto de 23 de igual mes y año, la autoridad ahora demandada revocó la misma -disponiendo la detención preventiva de dos de las imputadas que se encontraban presentes- interponiendo ambas recurso de apelación incidental, que aún no fueron resueltos, de tal modo que este hecho se encuentra inmerso en el segundo supuesto de las situaciones excepcionales; por lo que, no es posible ingresar al análisis de fondo, dado que existe una autoridad jurisdiccional que estuviere conociendo la apelación, hacerlo desvirtuaría la esencia de la acción de libertad; sino fueran reparadas estas lesiones a los derechos, recién se podría activar la vía constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.  Cursa imputación formal de 13 de septiembre de 2015, emitida por Yenny Ortiz Hurtado, Fiscal de Materia, contra Elva Herbas Pérez -hoy accionante- y otras por la presunta comisión del delito de “…ROBO AGRAVADO…” (sic)                      (fs. 6 a 7 vta.).

        

II.2.  En audiencia de consideración de medidas cautelares de 14 de septiembre de 2015, la accionante interpuso incidente de actividad procesal defectuosa por falta de fundamentación y atipicidad de la imputación formal (fs. 8 a 9 vta.); dicho incidente fue admitido mediante Auto de la citada fecha, por Carlos Martin Camacho Chávez, Juez Tercero de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-; asimismo, en la referida Resolución se ordenó medidas sustitutivas las cuales debían ser cumplidas en el término de veinte días (fs. 10 y vta.).

II.3.  Por memorial de 16 de septiembre de 2015, Franz Reynaldo Ezequiel Paniagua  -víctima- solicitó “…AUDIENCIA DE REVOCATORIA DE MEDIDAS CAUTELARES” (sic) (15 y vta.), que fue señalada para el 23 del mismo mes y año; cursando acta de audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas de la misma fecha, a cuya conclusión la autoridad hoy demandada, dictó Resolución revocando las medidas sustitutivas y ordenando la detención preventiva de la accionante y otra coimputada en el Centro de Rehabilitación “Palmasola” de Santa Cruz (fs. 19 a 21).

II.4.  Consta mandamiento de detención preventiva de 23 de septiembre de 2015, contra la ahora accionante en el Centro de Rehabilitación “Palmasola” de Santa Cruz (fs. 17).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de sus representantes, considera que se lesionaron sus derechos a la libertad y al debido proceso; en razón a que, pese a tener a su favor medidas sustitutivas dispuestas mediante Auto de 14 de septiembre de 2015, las mismas fueron revocadas indebidamente por Resolución de 23 del citado mes y año, sin considerar que aún no habían transcurrido los veinte días otorgados para el cumplimiento de las medidas impuestas y la ausencia de imputación formal, disponiéndose su detención preventiva.

En consecuencia, corresponde verificar si corresponde ingresar al análisis de la problemática planteada, y en su caso determinar si existió vulneración de los derechos fundamentales invocados, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Reiteración a la línea jurisprudencial desarrollada por la                                        SC 0080/2010-R de 3 de mayo, referida a subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

Al respecto la SC 0080/2010-R, estableció situaciones excepcionales en las que a través de la acción de libertad no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada, al establecer que:

        

“Segundo Supuesto:

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante a través de sus representantes, considera que se le lesionaron sus derechos invocados en la presente acción de libertad; toda vez que, no obstante habérsele concedido medidas sustitutivas, las mismas fueron revocadas indebidamente por la autoridad demandada, sin considerar que no transcurrieron los veinte días otorgados para el cumplimiento de dichas medidas y la ausencia de imputación formal, emergiendo de ello la determinación de su detención preventiva.

         De la revisión de los antecedentes del presente caso, se tiene que en audiencia de consideración de medidas cautelares de 14 de septiembre de 2015, la accionante interpuso incidente de actividad procesal defectuosa por falta de fundamentación y atipicidad de la imputación formal, el cual fue admitido por el Juez hoy demandado mediante Auto de la misma fecha, imponiéndosele también medidas sustitutivas (Conclusión II.2.); empero, ante la solicitud de la víctima de revocatoria de dichas medidas, se señaló audiencia para tal efecto, dictándose el Auto de 23 de igual mes y año, por el cual la autoridad judicial hoy demandada, revocó las medidas sustitutivas ordenando su detención preventiva en el Centro de Rehabilitación “Palmasola” de Santa Cruz (Conclusión II.3.).

Ahora bien, conocido el acto lesivo denunciado por la hoy accionante que vía procesal constitucional cuestiona la indebida revocatoria de las medidas sustitutivas que le fueron otorgadas anteladamente; cabe advertir que, en consideración al efecto revocatorio del actuado procesal, sustancialmente se modificó la situación jurídica de la ahora accionante, a quien se le impuso la medida cautelar de detención preventiva, aspecto que permite inferir que la determinación asumida por la autoridad jurisdiccional demandada, resulta ser apelable conforme al art. 251 del CPP; bajo esta premisa normativa, el ordenamiento jurídico contempla la apelación incidental como un medio de impugnación específico, idóneo, rápido y apto, para restituir los derechos presuntamente vulnerados y alegados en la presente acción tutelar; que en el caso de análisis del argumento vertido por la parte accionante (fs. 58) y lo corroborado por el Tribunal de garantías (fs. 59 vta.), se pudo evidenciar que el mecanismo de defensa intra procesal fue activado, encontrándose pendiente de resolución; resultando aplicable la subsidiariedad excepción de la presente acción de libertad, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo denegar la tutela impetrada con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

III.3. Otras consideraciones

         Corresponde a esta Sala efectuar una aclaración respecto a la parte resolutiva de la Resolución 14 de 30 de septiembre 2015, cursante de fs. 58 vta. a 60, emitida por el Tribunal de garantías dentro de la presente acción tutelar, dado que del contenido de dicho fallo, se evidencia que la acción es “DENEGADA” en aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; sin embargo, en el por tanto resuelve: “…Declarar Procedente La Acción De Libertad…” (sic), entendiendo esta Sala que el término “procedente” se debió a un lapsus calami por parte del referido Tribunal, cuando lo que correspondía era “denegar” de acuerdo a todos los considerandos del referido fallo.

         Sin embargo, no obstante de tratarse de un error involuntario, por las divergencias de interpretación que pudiere generar el mismo en cuanto a la incongruencia del fallo, no se puedo soslayar este aspecto al denotarse la falta de atención por parte del Tribunal de garantías en la emisión de la Resolución venida en revisión.

          

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al declarar “procedente”-se asume que es una denegatoria por la explicación realizada precedentemente-, aunque utilizando terminología errónea, actuó correctamente al determinar la subsidiariedad en el caso concreto.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14 de 30 de septiembre 2015, cursante de fs. 58 vta. a 60, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada por la accionante, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Ruddy José Flores Monterrey MAGISTRADO Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez MAGISTRADA