SENTENCIA CONSTITUCIONAL PlurinacionaL 0151/2016-S2

Sucre, 22 de febrero de 2016

SALA SEGUNDA

Magistrada Relatora:  Dra. Mirtha Camacho Quiroga

Acción de libertad

Expediente:                  13029-2015-27-AL

Departamento:            La Paz

En revisión la Resolución 31/2015 de 13 de noviembre, cursante de fs. 32 a 33, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Boris Quispe Castillo en representación sin mandato de Félix Oscar Ríos Torrez contra Yecid Enríquez Mercado, Fiscal de Materia.

I.   ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.   Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 13 de noviembre de 2015, cursante a fs. 13 y vta., el accionante, a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que la motivan

Por terceras personas se enteró que Yecid Enríquez Mercado, Fiscal de Materia, ahora demandado, emitió un mandamiento de aprehensión en su contra, a objeto de que preste su declaración informativa, sin tomar en cuenta que, ya lo hizo en anterior oportunidad, habiendo señalado al mismo tiempo su nuevo domicilio, pero nunca llegó notificación alguna; por lo que, dichas actuaciones constituyen un procesamiento ilegal e indebido, más aún cuando los plazos procesales se encuentran vencidos.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante, por intermedio de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

El accionante no concretó su petitorio

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

En la audiencia pública efectuada el 13 de noviembre de 2015, según consta en el acta cursante de fs. 29 a 31, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, en audiencia pública, manifestó: a) Es falsa la aseveración que hace el Ministerio Público en sentido de que se hubiera apersonado su defendido ante el investigador del caso; no cursa en el cuaderno de investigación citación alguna que motive un mandamiento de aprehensión, les extraña que ni siquiera cursa en dicho cuaderno el citado mandamiento; b) La prueba adjuntada a la presente acción demuestra que se solicitó control jurisdiccional ante el Juez cautelar; ésta autoridad ha conminado al representante del Ministerio Público a objeto de que presente el requerimiento conclusivo dentro del plazo establecido, pero hizo caso omiso y continúo hasta la fecha ejerciendo la acción investigativa sin que se haya pronunciado dentro de los plazos establecidos, aspecto que claramente vulnera derechos; c) Manifestó el Fiscal de Materia que estarían subsanando una declaración que él presentó el 1 de julio de 2014; sin embargo, extraña a la defensa que ahora este Fiscal firme la declaración haciendo ver a las luces, que hay una irregularidad en la investigación; si bien es cierto que el imputado pudo haber declarado en una oportunidad, no era necesario que el Fiscal firme; d) Su defendido, en su declaración informativa, señaló su domicilio real pero nunca llegó una citación al mismo; y, d) Se presentaron memoriales al Juez contralor a efectos de que le instruya al Fiscal de Materia pronunciar requerimiento conclusivo, prueba plena constituye, la conminatoria realizada por el citado Juez; sin embargo, dichas órdenes no fueron cumplidas, tampoco lo hizo, se cumplieron los plazos establecidos por ley; de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, todos estos aspectos hacen ver que se está llevando a cabo un procesamiento ilegal e indebido; por lo que se hace viable la presente acción.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Yecid Enríquez Mercado, Fiscal de Materia, en audiencia pública, expresó que: 1) Lo manifestado por la parte accionante, es demasiado irreal, las verdades que se tienen del cuaderno de investigaciones, no existe resolución que amerite un control jurisdiccional conforme el art. 54 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sería usurpar funciones, las cuales están encomendadas al Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz; 2) De la lectura del memorial de acción de libertad, se daría cuenta de que la autoridad demandada estaría haciendo una persecución en contra del accionante; sin embargo, del cuaderno de investigaciones se podrá revisar que, la citación era subsanar en la vía de saneamiento procesal conforme lo determina el art. 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), relativo a las facultades y atribuciones del Fiscal de Materia para “poder realizar las convocatorias a dirección de acción pública y las direcciones funcional de investigación y la de actuación de la policía”, en base a lo expresado y presentado, la autoridad jamás libró mandamiento de aprehensión contra el accionante, menos se encuentra éste, en detención preventiva; mas al contrario, existe de su parte una desobediencia constante de no presentarse, considerando que el delito que se está investigando es de falsedad material y uso de instrumento falsificado; 3) Es así que, con el fin de que el investigado se haga presente ante su autoridad y pueda ratificar una declaración, anteriormente realizada, con el fin de evitar futuras nulidades ante un juzgado de instrucción; es por eso que, se lo llamó a realizar la declaración, con el simple objeto de que, él mismo pueda ratificarse o ampliar su declaración si así lo viera conveniente; y, 4) Pretenden confundir a la autoridad, el cuaderno de investigaciones es lo que cuenta no se pueden basar en suposiciones, creencias o “extrañezas”, la autoridad constitucional debe ser clara al determinar si existen o no lesiones a derechos; no existe mandamiento de aprehensión alguno, simplemente una convocatoria a un saneamiento procesal; y, se pretende con este hecho, amenazar al Fiscal de Materia, pidiendo además una extinción civil; solo se dictó un decreto donde se solicita un saneamiento procesal que ni si quiera tiene día y hora; por todo lo expresado; todos los extremos manifestados, deben ser corroborados por el Juez de control jurisdiccional y no así, mediante una acción de libertad, tratando de deslindar responsabilidad en una investigación por falsedad material y uso de instrumento falsificado pretendiendo que no se prosiga con la misma.

I.2.3. Resolución

La Jueza Segunda de Sentencia Penal del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 31/2015 de 13 de noviembre, cursante de fs. 32 a 33, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) No se advierte Resolución fundamentada alguna, que demuestre que, la autoridad fiscal, ahora demandada, estaría persiguiendo al accionante; ii) Todos los aspectos reclamados mediante la presente acción deben ser reclamados a la Jueza de control jurisdiccional, no pudiendo ser activadas dos vías para hacer valer derechos; y, iii) Si existe conminatoria, la autoridad jurisdiccional sabe que no se puede realizar ningún acto investigativo por parte del representante del Ministerio Público, consiguientemente, corresponde al accionante, “acudir ante la Jueza de Garantías” para realizar su reclamo, toda vez que, en el cuaderno de investigaciones no existe ningún documento que demuestre que el accionante, se encuentre perseguido indebidamente o ilegalmente.

                                                                                       II.   CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.  Cursa memorial de 3 de junio de 2015, dirigido al Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz, mediante el cual, Félix Oscar Ríos Torrez, ahora accionante, se apersonó ante dicha autoridad con el objeto de solicitarle control jurisdiccional; dado que, al tenerse el inicio de investigación en su contra, no existía requerimiento conclusivo hasta la fecha, siendo que la investigación tenía una data de noviembre de 2014; es decir, desde hace siete meses, lo cual, le causaba enorme perjuicio y agravio; ya que, no se definía su situación jurídica, existiendo retardación de justicia en su caso y le solicitó emita resolución motivada de control jurisdiccional a efectos de conminar a Yecid Enríquez Mercado, Fiscal de Materia a cargo de la investigación, emita requerimiento conclusivo de las investigaciones preliminares conforme prevé el art. 301 del CPP, bajo la alternativa de declarar la extinción de la acción penal; petición que realizaba al amparo de los arts. 300 y 301 del Código Adjetivo Penal y 24 de la CPE (fs. 11 vta.).

II.2.  El 15 de julio de 2015, Félix Oscar Ríos Torrez, ante la misma autoridad, solicitó la extinción de la acción penal, debido a que, el Fiscal de Materia, a pesar de tener un plazo de cinco días, no presentó el requerimiento conclusivo de la investigación (fs. 12).

                                                   III.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; por cuanto, la autoridad demandada, emitió un mandamiento de aprehensión en su contra para que se presente a prestar su declaración informativa; sin tomar en cuenta que ya lo hizo en anterior oportunidad, en la que, de igual forma señaló su nuevo domicilio procesal; sin embargo, no recibió notificación alguna.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la finalidad y los alcances de la acción de libertad

Refiriéndonos a la naturaleza jurídica de esta acción de defensa, consideramos el criterio desarrollado en la SCP 0374/2014 de 21 de febrero, que al respecto expresa: “El art. 125 de la CPE, instituye la acción de libertad señalando: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’.

Por su parte, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) señala: ‘La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro’.

La norma constitucional citada así como la disposición legal referida, con el objeto de garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, prevé la activación de acciones de defensa, entre ellas, la acción de libertad que tiene como objetivo principal proteger y restablecer los derechos fundamentales a la libertad personal, la vida cuando se encuentre en peligro, así como los derechos a la integridad física, la libertad de locomoción y debido proceso cuando éste se encuentre directamente vinculado con la libertad personal.

Los presupuestos a los que alcanza esta acción de defensa, están instituidos en el art. 125 de la CPE, sobre los que la jurisprudencia constitucional ha definido su alcance y finalidad en su protección con un triple carácter: preventivo, correctivo y reparador, configurándolo como un mecanismo oportuno, eficaz e inmediato para la protección de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección. Para cumplir con este objetivo, las características que diseñan su naturaleza son la sumariedad, celeridad, inmediatez en la protección e informalismo que la hacen expedita y oportuna. Así se estableció en la SCP 0856/2012 de 20 de agosto” (las negrillas son nuestras).

III.2. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

Para un mejor entendimiento de este requisito de forma citamos la jurisprudencia desarrollada en la SCP 1135/2014 de 10 de junio, que expresa: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de su SCP 1888/2013 de 29 de octubre, señala: ‘…es también evidente que, cuando en la vía ordinaria existen medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la libertad física o personal o el derecho a la libertad de locomoción, los mismos deben ser utilizados previamente antes de acudir a la vía constitucional a través de la acción de libertad.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, desde la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, entendió que el antes recurso de hábeas corpus -hoy acción de libertad- no implicaba que todas las lesiones al derecho a libertad tuvieran que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus y, en ese sentido, concluyó que «…en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria».

Siguiendo dicho razonamiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que en la etapa preparatoria del proceso penal es el juez cautelar quien debe conocer las supuestas lesiones a derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal, no resultando compatible con el orden constitucional activar directamente, o de manera simultánea la justicia constitucional a través del -antes- recurso de hábeas corpus.

Posteriormente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sistematizó los casos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, siendo el primer supuesto cuando la Policía Nacional o el Ministerio Publico, antes de existir imputación formal, cometen arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, las cuales deben ser denunciadas ante el juez cautelar de turno, si aún no existe aviso del inicio de la investigación, o ante el juez cautelar a cargo de la investigación cuando ya se dio cumplimiento a dicha formalidad (el aviso del inicio de la investigación).

Dicho fallo fue modulado por la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, que sostuvo que la acción de libertad puede ser presentada directamente en los supuestos en los que se restrinja el derecho a la libertad física al margen de los casos y formas establecidas por ley y que dicha restricción no esté vinculada a un delito o no se hubiere dado aviso de la investigación al juez cautelar. En ese marco, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.1., sostuvo que «i) Cuando no exista un hecho relacionado a un delito ni aviso de inicio de la investigación al Juez cautelar, corresponde activar de forma directa la acción de libertad; y, ii) El Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia al no conocer ni el inicio de la investigación y al no tratarse de la comisión de un presunto delito».

La misma Sentencia (SCP 0482/2013) efectuando una integración jurisprudencial sobre las subreglas para la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el Fundamento Jurídico III.2.2:

«1.Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.

3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.

4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.

5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar».

Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional.

El razonamiento desarrollado, bajo ninguna circunstancia implica desconocer la previsión contenida en el art. 303 del CPP, que establece que si el fiscal no formaliza la imputación formal de la persona que se encuentra detenida dentro del plazo de veinticuatro horas desde que tomó conocimiento de la aprehensión; «el juez de la instrucción dispondrá, de oficio o a petición de parte, la inmediata libertad del detenido…»; pues, esta facultad, conforme al contenido de la norma, está prevista para los supuestos en los que existe una autoridad jurisdiccional claramente identificada, es decir, cuando el fiscal ya ha dado aviso al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones’”.

III.3. Juez Cautelar como encargado del control de la investigación

La SCP 1134/2014 de 10 de junio, refiriéndose a esta cuestión pronunció el siguiente entendimiento: “En cuanto a los medios de impugnación prontos y eficaces a los que el imputado puede acudir en defensa de sus derechos durante la fase de investigación o etapa preparatoria que se inicia con la denuncia, querella o noticia fehaciente que reciben las autoridades llamadas por ley (Policía Boliviana y Fiscalía), sobre la comisión de un delito, se tiene que el Código de Procedimiento Penal ha previsto la figura del Juez Cautelar, como encargado del control de la investigación, autoridad a la que debe recurrir todo imputado cuando considere que durante el desarrollo de la investigación se han lesionado sus derechos y/o garantías constitucionales por parte de la Fiscalía o la Policía Boliviana, ya que conforme al art. 279 del CPP, estas instituciones actúan siempre bajo control jurisdiccional. Así, la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, ha establecido lo siguiente:

‘… el Código procesal de la materia atribuye, en el art. 54.1 del CPP al Juez Instructor la función de ejercer «el control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código». A su vez, el art. 54 del mismo Código adjetivo establece que el imputado puede ejercer la defensa de sus derechos y garantías desde el primer momento del proceso…”.

III.4. Análisis del caso concreto  

En el caso presente, el accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; por cuanto, la autoridad demandada, libró un mandamiento de aprehensión con el fin de que vaya a declarar, sin tomar en cuenta que ya prestó declaración informativa en anterior oportunidad en la que, inclusive señaló su nuevo domicilio procesal; sin embargo, no recibió ninguna notificación.

De la revisión de antecedentes que cursan en obrados se evidencia que, Félix Oscar Ríos Torrez, el 3 de junio de 2015, presentó ante el Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal de El Alto, memorial solicitando control jurisdiccional debido a que el Fiscal de Materia encargado de su caso no dictaba requerimiento conclusivo de las investigaciones; asimismo, el 15 de julio del mismo año, solicitó declare la extinción de la acción penal instaurada en su contra.

De la revisión minuciosa de los antecedentes precedentemente descritos, se advierte que, si bien el representado del accionante presentó dos memoriales ante el Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal de El Alto, quien ejercía control jurisdiccional de la investigación de su caso; reclamando varias irregularidades, no existe evidencia que lo haya hecho denunciando que Yecid Enríquez Mercado, Fiscal de Materia habría dictado orden de aprehensión para que preste su declaración informativa, sin tomar en cuenta que ya lo hizo en anterior oportunidad; por lo que, de acuerdo a la jurisprudencia glosada en el presente fallo, el Juez cautelar, es el encargado del control de la investigación; autoridad a la que debe recurrir toda persona cuando considere que durante el desarrollo de la etapa preliminar se han lesionado sus derechos y/o garantías constitucionales por parte de la Fiscalía o la Policía Boliviana; ya que, conforme al art. 279 del CPP, estás instituciones actúan siempre bajo control jurisdiccional; es así que, el art. 54.I del citado Código, otorga al Juez de Instrucción la competencia de ejercer el “control de la investigación conforme a las facultades y deberes previstos en este Código”.

Con dichos antecedentes es imperante remitirse al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando en él se esboza la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, que opera cuando no obstante de existir mecanismos procesales de defensa idóneos para la reparación de restitución de derechos, éstos no son utilizados previamente a la interposición de la acción de libertad, como ocurre en el presente caso; la accionante acudió directamente a la jurisdicción constitucional, cuando debió agotar los medios ordinarios idóneos de defensa; es decir, debió denunciar ante el Juez cautelar, en la vía incidental, la existencia de defectos absolutos, que consideraba vulneratorio a sus derechos y garantías constitucionales, conforme dispone el art. 169 inc. 3) del CPP.

Es así que, del análisis del caso y de la fundamentación jurídica del fallo, se colige que este Tribunal no puede ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada; por cuanto, el accionante tiene los mecanismos intraprocesales a los cuales debe acudir para reclamar los actos que considera vulneratorios a sus derechos a la libertad.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, se establece que en el caso presente, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, actuó correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución de 31/2015 de 13 de noviembre, cursante de fs. 32 a 33, pronunciada por la Jueza Segunda de Sentencia Penal del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

CORRESPONDE A LA SCP 0151/2016-S2 (viene de la página 9).

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Juan Oswaldo Valencia Alvarado

MAGISTRADO