Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0143/2013-L

Sucre, 2 de abril de 2013

SALA LIQUIDADORA TRANSITORIA

Magistrado Relator:     Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales

Acción de libertad

Expediente:                  2011-23745-48-AAC

Departamento:             Chuquisaca

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante por su representada estima vulnerados sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la protección oportuna y efectiva de los tribunales, y a la igualdad, mencionando que las autoridades demandadas, al dictar el Auto Nacional Agrario 17/2011 de 24 de febrero, que declaró improcedente su recurso de casación, no tomaron en cuenta que la convocatoria que se realizó al tercer Vocal para dictar dicho fallo, se hizo fuera del plazo de quince días que prevé la Ley, constituyendo dicho acto un vicio de nulidad, al permitirse que intervenga un Vocal inhabilitado; asimismo, refiere que la competencia del Juez Agrario, al momento de dictar sentencia, estaba suspendida por efecto de una recusación interpuesta en su contra, aspecto que fue avalado por las mismas autoridades. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional     

La jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, ha establecido que: “El orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de defensa, instituye en el art. 128 la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que tendrá lugar contra los ´actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley'.

Del contenido del texto constitucional de referencia, puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección.

En este contexto, el amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales”.

III.2.  Sobre la legitimación pasiva en las acciones de amparo constitucional

Al respecto la SCP 0875/2012 de 20 de agosto, refiriéndose a la SC 2693/2010-R de 6 de diciembre, dejó establecido que: “Antes de entrar a considerar el caso concreto es preciso que previamente se aclare qué criterios se establecieron sobre la legitimación pasiva dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en ese sentido la SC 0711/2005-R de 28 de junio, al referirse a este tema ha establecido el siguiente desarrollo doctrinal: '…para que sea viable el recurso de amparo, cuando es planteado contra decisiones judiciales o administrativas pronunciadas por tribunales u órganos colegiados, públicos o particulares, sea como emergencia de procesos, o de cualesquier tipo de decisiones o actos, es de inexcusable cumplimiento que esta acción tutelar esté dirigida contra todos los miembros que asumieron dichas decisiones y, por lo mismo, se constituyan en agraviantes de los supuestos actos lesivos denunciados; sin que el señalamiento del sujeto pasivo de la tutela resulte de la libre elección del actor, el que necesariamente debe estar determinado por los hechos que le sirven de causa a su acción, debiendo preguntarse, en cada caso, quienes son los que asumieron efectivamente la decisión lesiva a sus derechos, no siendo suficiente identificar sólo a los que firmaron dichos actos o resoluciones; cuyo fundamento jurídico se sustenta en el hecho de permitirle al juez constitucional verificar si los derechos afectados, lo son por todos los miembros de la entidad pública o particular a quienes se demanda, sobre los cuales, en caso de que la Resolución conceda el amparo, se establecerá la existencia o no de responsabilidad civil y penal (art. 102.II de la LTC), para cuyo efecto el recurrido de amparo debe ejercer el derecho a la defensa en forma irrestricta'.

Siguiendo tal razonamiento la SC 0918/2005-R de 10 de agosto, estableció el concepto y la titularidad de la legitimación pasiva, afirmando que: '…la determinación de la legitimación pasiva del recurrido, adquiere trascendental importancia al momento de calificar la acción u omisión denunciada y de imponer las responsabilidades emergentes del recurso de amparo constitucional, pues no se puede analizar actos atribuidos a una persona, sin que los haya cometido, o sin que aquella que los hubiera realizado tenga la oportunidad de defenderse en el recurso, conforme consagra el art. 16.II y IV de la CPE al instituir el derecho a la defensa en un debido proceso; de tal manera, que sólo será posible determinar la existencia o no de un acto lesivo, cuando el funcionario o persona señalada por el recurrente efectivamente sea la causante del acto u omisión denunciada; más, cuando la persona recurrida no es la misma que aquella que presumiblemente es responsable de los actos u omisiones denunciadas, no será posible ingresar al análisis del fondo de las denuncias, debiendo declararse la improcedencia del recurso por falta de legitimación pasiva'.

Mientras que la SC 1197/2005-R de 29 de septiembre, ha establecido claramente que es preciso para la procedencia del recurso que los actos que vulneren los derechos de los accionantes, hayan sido cometidos por la autoridad recurrida, estableciendo expresamente que: '…conviene recordar que una condición esencial del recurso de amparo constitucional, es que los actos que restrinjan, supriman o amenacen suprimir o restringir derechos fundamentales de las personas hubiesen sido cometidos por la autoridad o persona particular recurrida, pues lo contrario impediría conocer el fondo del asunto planteado por falta de legitimación pasiva, en ese sentido respecto a la legitimación procesal en la acción tutelar de amparo, este Tribunal en la SC 0158/2002-R, de 27 de febrero, señala: «(...) en la configuración procesal prevista por la Ley 1836 para la tramitación del Recurso de Amparo Constitucional se establece, como uno de los requisitos de procedencia, la legitimación tanto por activa, es decir, la capacidad jurídica que otorga el Estado a la persona cuyos derechos o garantías son restringidos o suprimidos, cuanto por pasiva, es decir la capacidad jurídica otorgada al funcionario público o persona particular para ser recurrido en impugnación de su acto, decisión u omisión que lesiona los derechos o garantías constitucionales de una persona»; de lo que se infiere que la legitimación pasiva es la 'calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción' en ese sentido se han expresado las SSCC 0984/2002-R, 0455/2004-R, 0657/2004-R y 0038/2005-R, entre otras.

Por lo expuesto para que sea viable el amparo constitucional, respecto a la legitimación pasiva: 'es ineludible que el recurso sea dirigido contra el o los sujetos que cometieron el acto ilegal o la omisión indebida, es decir el o los agraviantes' (SSCC 0325/2001-R, 0863/2001-R, 1445/2002-R, 0455/2003-R, 0794/2003-R, 0947/2004-R y 0088/2005-R, entre otras), ya que de no ocurrir esta situación el amparo resulta improcedente.

De la jurisprudencia citada, se concluye que la legitimación pasiva es un requisito de procedencia de la acción de amparo, en la que el accionante debe demostrar esa vinculación entre la autoridad o particular demandado y el acto que impugna y, claro está, su derecho supuestamente vulnerado, es decir, que especifique e identifique claramente a los actores que vulneraron sus derechos y la relación directa entre los demandados y el acto que haya menoscabado o vulnerado sus derechos fundamentales, por lo que deberá dirigir esta acción contra todos aquellos que hayan participado de tales actos, de no hacerlo así, o al no identificar a todos los que cometieron tales actos, o de sólo darse una identificación parcial a pesar de que pudo identificarse a todos, o al no ser claros tales elementos; entonces la acción de amparo deberá ser declarada improcedente y se deberá denegar la tutela solicitada”. (las negrillas son nuestras).

III.3.  Análisis del caso concreto

La accionante considera que se vulneraron los derechos de su representada, al momento de convocar al tercer relator para formar Sala y dictar el Auto Nacional Agrario impugnado, convocatoria que sería ilegal, debido a que se lo hizo fuera del plazo de quince días que prevé la Ley, constituyendo además, un vicio de nulidad, que afecta al referido fallo; así también, denuncia que la competencia del Juez Agrario, al momento de dictar sentencia, estaba suspendida por efecto de una recusación interpuesta en su contra, aspecto que fue avalado por las autoridades demandadas.

Identificados los actos lesivos descritos por la accionante y a fin de resolver adecuadamente la presente acción de amparo constitucional, es pertinente referirnos al primero de ellos, relacionado con la convocatoria al tercer Vocal para formar sala y dictar el fallo; al respecto, es necesario dejar sentado que la causa deviene del proceso de interdicto de recobrar la posesión, seguido por Herman Vaca Parada, contra la representada de la accionante, en el cual se dictó la sentencia 003/2010 de 30 de abril, que declaró probada la demanda, misma que fue recurrida de casación tanto en el fondo como en la forma, solicitándose al Tribunal Agrario Nacional, declare la casación y la nulidad de la sentencia recurrida, recurso que de forma posterior, fue mejorado en sus fundamentos, conforme se menciona en las Conclusiones II.1 y II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; se advierte además, que en vista de que Luis Alberto Arratia Jiménez, -ahora Vocal codemandado-, formuló disidencia con el primer proyecto de resolución, elaborado por Iván Gantier Lemoine, ello motivó a que ésta última autoridad, dicte el decreto de 17 de febrero de 2011, convocando a formar Sala, a David Omar Barrios Montaño, Vocal de la Sala Segunda -ahora codemandado- a efectos de resolver el recurso de casación, tal como se indica en la Conclusión II.3 del presente fallo; de lo expuesto, se evidencia que el decreto de convocatoria al tercer Vocal, que a decir de la accionante, conculca los derechos de su representada, fue emitido y firmado por Iván Gantier Lemoine, Vocal del Tribunal Agrario Nacional; sin embargo, la acción sólo fue dirigida contra Luis Alberto Arratia Jiménez y David Omar Barrios Montaño, y no así contra quien presuntamente realizó el acto conculcatorio de los derechos de su representada, al convocar al Vocal llamado por Ley, para dictar el Auto Nacional Agrario que se impugna; en consecuencia, en consideración a la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia, este Tribunal se halla impedido de entrar a considerar el argumento relativo a la convocatoria al tercer Vocal, por haberse planteado esta acción tutelar con falta de legitimación pasiva, pues no es posible resolver la problemática planteada, sin referirse a la actuación de la autoridad que provocó el supuesto acto lesivo, que en este caso es Iván Gantier Lemoine, debido a que éste no fue demandado en la presente acción de amparo constitucional.

Respecto al segundo acto lesivo denunciado por la accionante y relativo a que el Juez Agrario habría dictado sentencia, estando su competencia suspendida, se establece que este aspecto, fue objeto del recurso de casación, éste último, que el mismo accionante refiere que fue dictado con la intervención de un Vocal convocado fuera de plazo, por lo que acusó la nulidad del mismo, de ahí que esta segunda lesión, se halla subordinada a la primera ya desarrollada y sobre la cual se estableció que la presente acción de amparo constitucional, fue planteada con falta de legitimación pasiva, situación que impide a este Tribunal pronunciarse al respecto.

En consecuencia, la situación planteada no se encuentra dentro de las previsiones del art. 128 de la CPE, por lo que el Tribunal de garantías, al declarar “improcedente” la tutela solicitada, aunque con otra terminología, ha efectuado una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y dio correcta aplicación al citado precepto constitucional.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Liquidadora Transitoria, en virtud de lo previsto en el art. 20.II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 190/2011 de 30 de mayo, cursante de fs. 88 a 92, pronunciada por la Sala Social, Administrativa y Tributaria de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Chuquisaca, y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Blanca Isabel Alarcón Yampasi               

MAGISTRADA     

Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chávez

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Carmen Silvana Sandoval Landivar

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Edith Vilma Oroz Carrasco

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales

MAGISTRADO