Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0090/2016-S3

Sucre, 14 de enero de 2016

SALA TERCERA

Magistrada Relatora:  Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

Acción de libertad

Expediente:                 12365-2015-25-AL

Departamento:            La Paz

En revisión la Resolución 144/2015 de 11 de septiembre, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Alejandra Altuzarra Bustillos en representación sin mandato de Hernán Justiniano Negrete y Evin Ventura Vogth contra César Portocarrero Cuevas, Juez Técnico del Tribunal Sexto de Sentencia Penal del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de septiembre de 2015, cursante a fs. 3 y vta., los accionantes a través de su representante, manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Encontrándose con detención preventiva durante seis años, y ante la existencia de hechos nuevos solicitaron la cesación a su detención preventiva, señalándose audiencia para el 28 de agosto de 2015, en la cual se rechazó su solicitud, por lo que en la misma audiencia, presentaron apelación incidental, reservándose el derecho a fundamentar en alzada; empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad -10 de septiembre de 2015-, no se encontraba transcrita el acta de audiencia de cesación a la detención preventiva, ni realizada la resolución y mucho menos se remitieron antecedentes al superior en grado.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes a través de su representante, consideran como lesionados su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga que en el día se remita la apelación incidental presentada el “27 de septiembre de 2015” (sic), protestando de su parte presentar mayores fundamentos de orden legal en audiencia y cumplir con todos los recaudos de ley.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 11 de septiembre de 2015, según consta en el acta cursante a fs. 20 y vta., encontrándose presente la parte accionante, y ausentes la autoridad demandada como el representante del Ministerio Público, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante en audiencia, ratificó in extenso los términos expuestos en su demanda de acción de libertad, refiriendo que a pesar de que en el expediente cursan actuaciones de 3 de septiembre de 2015, no se encuentra la resolución de cesación a la detención preventiva de 28 de agosto de igual año, lo que quiere decir, que la apelación hasta el día de hoy 11 de mismo mes y año, no fue remitida al Tribunal de alzada para el trámite correspondiente, incumpliendo el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), incurriendo en incumplimiento de deberes; asimismo, tuvieron conocimiento que el Juez saldría de vacaciones el 2 de septiembre de referido año.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Cesar Portocarrero Cuevas, Juez Técnico del Tribunal Sexto de Sentencia Penal del departamento de La Paz, no se presentó a audiencia de acción de libertad ni emitió informe alguno, pese a su legal notificación cursante a fs. 6.

Benita Virginia Tapia Medrano, Secretaria del Tribunal Sexto de Sentencia Penal del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 11 de septiembre de 2015, cursante a fs. 19 y vta., refirió que Cesar Portocarrero Cuevas, Juez Técnico del Tribunal Sexto de Sentencia Penal del departamento de La Paz, se encuentra de vacación del 2 al 11 de septiembre de 2015, debiendo reincorporarse el 14 del referido mes y año, motivo por el cual adjuntó el acta y la resolución, que no cuentan con su firma, por encontrarse de viaje; señalando que la abogada de la parte interesada, nunca se apersonó a sacar copias para su remisión.

I.2.3. Resolución

La Jueza Octava de Partido, de Sentencia Penal y Liquidadora del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 144/2015 de 11 de septiembre, cursante de fs. 21 a 22, concedió la tutela solicitada, disponiendo la remisión de antecedentes ante el Tribunal Departamental de Justicia en el plazo de veinticuatro horas de su notificación con la presente resolución, en base a los siguientes fundamentos: a) Habiéndose apelado la Resolución de rechazo a la solicitud de cesación a la detención preventiva en audiencia el 28 de agosto de 2015, la misma no fue remitida por la autoridad demandada en el plazo establecido en el art. 251 del CPP, y el Juez hoy demandado salió de vacaciones de forma posterior al plazo de veinticuatro horas referido en la norma, vulnerándose los principios establecidos en los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, b) Respecto a que los hoy accionantes no proveyeron los recaudos, no pudieron cumplir con la misma porque el acta y Resolución de 28 de agosto de 2015, no se encuentran en el cuaderno de control jurisdiccional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.  Cursa acta de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva de 28 de agosto de 2015, llevada a cabo ante la solicitud de  Hernán Justiniano Negrete y Evin Ventura Vogth -ahora accionantes- (fs. 8 a 16 vta.).          

II.2. Mediante Resolución 191/2015 de 28 de agosto, el Tribunal Sexto de Sentencia Penal del departamento de La Paz, rechazó “…la solicitud de modificación de medida cautelar…” solicitada por los acusados (fs. 17 a 18).

II.3.  A la finalización de la mencionada audiencia, los hoy accionantes por intermedio de su abogada, plantearon apelación incidental contra la Resolución 191/2015 de 28 de agosto (fs. 18).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes a través de su representante, denunciaron la lesión a su derecho a la libertad, debido a que habiendo interpuesto recurso de apelación incidental de conformidad con el art. 251 del CPP, el mismo no fue remitido al Tribunal de alzada, incumpliendo con el plazo de veinticuatro horas, establecidos en la referida norma procesal.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La apelación incidental de medidas cautelares y el plazo para su    remisión ante el Tribunal de alzada

La SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, estableció que: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas. En relación al plazo otorgado para la remisión de los antecedentes ante el Tribunal de alzada, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que imponga medidas cautelares (las negrillas son nuestras).

Asimismo la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció que: “El Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares,, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

         De la revisión de los argumentos que sustentan la presente acción de libertad como de los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que los hoy accionantes, pronunciada la Resolución 191/2015 de 28 de agosto, por la cual se rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva (Conclusión II.2.), en audiencia desarrollada al efecto interpusieron recurso de apelación incidental contra tal determinación (Conclusiones II.1. y II.3.).

         Bajo este contexto fáctico, y del Informe remitido por la Secretaria del Tribunal Sexto de Sentencia Penal del departamento de La Paz, en el cual se pone de manifiesto la vacación del Juez hoy demandado, falta de firmas en el acta como la Resolución y omisión de apersonamiento de la parte para “…sacar las copias…” (sic), se puede precisar que evidentemente hasta a la fecha de interposición de la presente acción de libertad -10 de septiembre de 2015-, no se efectuó la remisión de actuaciones pertinentes al Tribunal de alzada, omisión que implica que la autoridad judicial demandada incumplió con el plazo establecido en el art. 251 del CPP, con la consecuente dilación en su tramitación, dejando en incertidumbre la resolución jurídica de los hoy accionantes, obviando considerar el principio de celeridad previsto en el art. 180 del CPE, y la privación de libertad en la que se encuentran, debiendo haber asumido una conducta diligente para la materialización del dicho principio constitucional, con la remisión de las actuaciones pertinentes dentro del plazo de veinticuatro horas.

         Ahora bien, corresponde aclarar que si bien la Secretaria del Tribunal Sexto de Sentencia Penal del departamento de La Paz, informó que la autoridad demandada, se encontraría de vacaciones a partir del 2 al 11 de septiembre de 2015, esta circunstancia no resulta ser un justificativo válido, toda vez que la apelación incidental cuya remisión es extrañada en la presente acción defensa, fue interpuesta al finalizar la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva el 28 de agosto de ese mismo año, vale decir, que el Juez demandado tuvo la posibilidad y debió asumir con prontitud las medidas que fueren necesarias a fin de garantizar la efectiva remisión del recurso de apelación interpuesto dentro del plazo previsto en el art. 251 de la normativa adjetiva penal, incluso previendo la eventualidad de su vacación.

         Asimismo, la referida funcionaria de apoyo jurisdiccional señaló que el retraso en la remisión de la apelación se debió a que la abogada de los apelantes no se apersonó al Juzgado de la causa a “…sacar…” (sic) las copias; sin embargo, es preciso señalar que conforme a la línea jurisprudencial desarrollada en la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, no es exigible ni causa de justificación de demora en la tramitación de las actuaciones procesales -como la remisión extrañada- la falta de provisión de recaudos, esto bajo el principio de gratuidad que rige a  la justicia y que se encuentra consagrado en la Norma Suprema, no siendo en consecuencia una circunstancia atendible menos justificable.

         Por lo que, advertido el incumplimiento del plazo previsto en el art. 251 del CPP, con la emergente dilación en la remisión de la apelación incidental interpuesta por los ahora accionantes, y conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela solicitada.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, con similares argumentos, actuó correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR La Resolución 144/2015 de 11 de septiembre, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada por la Jueza Octava de Partido, de Sentencia Penal y Liquidadora del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que la Jueza de garantías.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Ruddy José Flores Monterrey

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

MAGISTRADA