SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0079/2016-S1

Sucre, 14 de enero de 2016

                       

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:    Tata Efren Choque Capuma

Acción de libertad

Expediente:                           12452-2015-25-AL

Departamento:           La Paz

En revisión la Resolución 029/2015 de 18 de septiembre, cursante de fs. 52 a 53 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Aurelia Roxana Quispe Zapana en representación sin mandato de Gerónimo Villca Huayta contra Orlando Rojas Alcón, Juez Octavo de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de septiembre de 2015, cursante de fs. 25 a 27, el accionante, a través de su representante, expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a instancia de Eliana Wendy Yujra Ramos, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, Orlando Rojas Alcón, Juez Octavo de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz, al encontrarse de turno, el día sábado 22 de septiembre de 2012, celebró la audiencia de aplicación de medidas cautelares, quien mediante Resolución 564/2012, dispuso aplicar en su contra medidas sustitutivas a la detención preventiva, con la imposición de fianza real, económica, arraigo y asistencia todos los lunes ante el Ministerio Público.

En la gestión 2015, tratando de averiguar su situación, constató que el proceso de referencia era de su conocimiento del Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz, razón por la cual, el 24 de marzo del mismo año, interpuso ante esta autoridad, excepción de extinción de la acción penal, por existencia de acuerdo transaccional; empero, el mismo hasta el momento de la presentación de esta acción, no fue providenciado, debido a que no encontró en el despacho señalado el inicio de investigaciones o los otros actuados judiciales.

Ante ello, el 25 de marzo del mismo año, se apersonó al Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz, solicitando que en el día remita a su similar Décimo, antecedentes del caso que conoció el 22 de septiembre de 2012, mismo que luego de varios meses fue encontrado y remitido a dicho Juzgado; empero, sin la respectiva acta de audiencia y resolución de medidas cautelares, por cuya razón esta última autoridad rechazó su recepción, retornando nuevamente a conocimiento del Juez anterior, la misma que pese a varios pedidos, hasta la fecha de presentación de este medio defensa no encontró el acta ni remitió los antecedentes del caso al Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del señalado departamento, impidiendo que esta ultima autoridad ejerza el control jurisdiccional del caso y resuelva la excepción que interpuso.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante por medio de su representante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, a la presunción de inocencia, a la celeridad, legalidad e inmediatez, citando al efecto los arts. 22, 24, 109,       115. II, 116. I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela disponiendo que el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz, remita inmediatamente los antecedentes del caso con número del Sistema de Seguimiento de Procesos, Estadísticas Judiciales y Publicación de Jurisprudencia (IANUS) 201257912, a su similar Décimo del mismo departamento.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 18 de septiembre de 2015, según consta en el acta cursante de fs. 50 a 51, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó los fundamentos de su demanda.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Orlando Rojas Alcón, Juez Octavo de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz, presentó informe oral en audiencia, manifestando que: a) Conoció el caso cuando se encontraba de turno, en dicha oportunidad en audiencia de aplicación de medidas cautelares impuso contra el accionante medidas sustitutivas a la detención preventiva; b) Luego de la celebración de la audiencia, el Secretario de su despacho tenía la obligación de realizar la transcripción del acta y la respectiva Resolución, luego remitirla conforme a su atribución; c) No es su atribución arrimar actas conforme manda el art. 54 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por consiguiente, remitió los antecedentes al Concejo de la Magistratura para el procesamiento del secretario, por ello no vulneró ningún derecho del accionante, por lo que pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez Primero de Sentencia Penal del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 029/2015 de 18 de septiembre, cursante de fs. 52 a 53 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional, se evidencia que en el mismo cursa la respectiva acta y Resolución de aplicación de medidas cautelares 565/2012 de 22 de septiembre, firmado por la autoridad ahora demandada, lo que demuestra que desapareció el fundamento y motivo de la presente acción; b) En el caso también concurre el principio de subsidiariedad, que hace que la tutela sea inviable por cuanto con su denuncia el accionante previamente ante la negligencia debió acudir al Juez contralor de garantías jurisprudenciales, hecho que no sucedió en el caso; y,                    c) El accionante no demostró documentalmente y de manera objetiva la vulneración de sus derechos, aspecto que también hace inviable la presente acción tutelar.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. Claudia Pasten Alarcón, Fiscal de Materia, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Clara Ramos Mendoza contra Gerónimo Villca Huayta, ahora accionante, mediante memorial de 21 de septiembre de 2012, comunicó al Juez de Instrucción de turno en lo Penal del departamento de La Paz el inicio de investigación penal; asimismo, presentó la Resolución de imputación formal contra el último, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, solicitando la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva (fs. 3 a 4 vta.).

II.2. Félix Orlando Rojas Alcón, Juez Octavo de Instrucción en lo penal del departamento de La Paz, según informe prestado en audiencia de acción de libertad, llevó adelante la audiencia de aplicación de medidas cautelares el 22 de septiembre de 2012, actuado en el cual mediante Resolución 565/2012, dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva para Gerónimo Villca Huayta, librándose luego el correspondiente mandamiento de libertad el 24 del mismo mes y año (fs. 42 a 44; y, 17).

II.3. Gerónimo Villca Huayta, mediante memorial de 24 de marzo de 2015, interpuso ante el Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz, excepción de extinción de la acción penal por acuerdo transaccional, reparación de daño y desistimiento (fs. 20 a 21).

II.4. Posteriormente, el mismo accionante, por memoriales presentados el    25 de marzo y 7 de julio de 2015, solicitó al Juez Octavo de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz, que en el día disponga la remisión del legajo del caso caratulado Clara Ramos Mendoza contra su persona a su similar Décimo (fs. 19 y vta. y 24) .

II.5. Ante la Remisión del acta de audiencia pública de consideración de medidas cautelares de 22 de septiembre y la Resolución 565/2012 de   22 de septiembre, Marcela Siles Jaksic, Jueza Décima de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz, mediante providencia de 18 de septiembre de 2015, providencio al memorial de excepción de extinción de la acción penal disponiendo se corra en traslado a las partes (fs. 40 a 44 y 49).

                            III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante por intermedio de su representante, denunció que Orlando Rojas Alcón, Juez Octavo de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz, vulneró sus derechos al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, a la presunción de inocencia, a la celeridad, legalidad e inmediatez, debido a que cuando se encontraba de turno y conoció su caso, llevó adelante la audiencia de aplicación de medidas cautelares el 22 de septiembre de 2012 y emitió la Resolución 565/2012, disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; sin embargo, el mismo hasta la presentación de esta acción no remitió el cuaderno de investigaciones ni el acta y Resolución antes señalado al Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del mismo departamento, en su calidad de Juzgado de origen, impidiendo de esa manera que se resuelva la excepción de extinción de la acción que interpuso ante esta última autoridad por existir acuerdo transaccional.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

        

III.1.Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano

En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En ese contexto esta dicho que la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial asimismo, en base al esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional de los órganos e instituciones del poder público. El órgano judicial a través de su jurisdicción, como también en la función judicial ejercida por sus autoridades en naciones y pueblos indígena originario campesinos, donde los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, contribuirán para el vivir bien, como señala el art. 8.II de la CPE.

Resulta necesario señalar que la Constitución Política del Estado, por otra parte, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, superar la estructura de una visión colonial, lo previsto en el art. 8.I de la CPE, sobre la justicia para ello estableció los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa) tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble), así como ama quilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón). Estos últimos mandatos restrictivos resultan ser imperativos para cada persona y en cada hogar de las bolivianas y bolivianos. Es también la esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos. El Estado ha encontrado como un elemento transformador dichos principios en la sociedad. Una inequívoca señal de esa voluntad está en la previsión del art. 123 de la CPE que instituye el principio político-jurídico de irretroactividad de la ley de manera excepcional en materia de corrupción, esto con el fin de investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado.

Se ha dicho que la jurisprudencia constitucional, conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la Justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma, emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, está el respeto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria, y entre otros, la verdad material y el debido proceso.

En la administración de una justicia inclusiva, no se puede soslayar el hecho el sustento de las decisiones que se basan en el análisis e interpretación, donde no solo se limita a la aplicación de formalidades y rituales establecidos en la norma, sino, en hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible para la población, con miras de alcanzar el vivir bien y de esa manera rebatir los males como la corrupción que afecta a la sociedad.

III.2.El derecho a la libertad personal en la Constitución Política del Estado

Bolivia es un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que sustenta, entre otros valores, la dignidad y libertad de las personas, tal como establece el art. 8 de la CPE; además que también, en su art. 22, expresamente establece que: “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables” y “Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”.

Si bien estos enunciados hacen referencia a la “libertad”, lo hace en su acepción más general, como expresión normativa del valor libertad, lo que supone, para cada individuo o colectividad, la posibilidad de actuar de forma autónoma como partícipe en la sociedad, en todos sus ámbitos posibles y, en general, exenta de todo tipo de restricciones, salvo las establecidas en el sistema normativo constitucional.

Dentro del sin número de libertades o derechos -según se vea- que la teoría o doctrina podría referir, o que la norma y la jurisprudencia constitucional han establecido, se encuentra la libertad personal, la misma que conforme se precisa en el art. 23.I de la Ley Fundamental del ordenamiento jurídico, que: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal” y que esta libertad personal “sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”, luego entonces, la libertad de la persona es aquél derecho fundamental y constitucional que no sólo debe ser respetado sino debe ser protegido por el Estado.

Por cierto, con el salvamento del numeral IV del citado art. 23 de la CPE, en el sentido que toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser aprehendida por cualquier otra persona, aun sin mandamiento, con el único objeto de que sea conducido ante autoridad competente; de conformidad al numeral III del señalado artículo: “Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito”.

En otro orden,  el art. 15.I de la CPE, consagra que: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes (…)”. Así, la Constitución, al tiempo de señalar en el art. 14.I, que los derechos reconocidos por ella, entre otros caracteres, son inviolables, establece que el Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.

III.2.1. De la acción de libertad

El art. 125 de la CPE establece: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

El art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al referirse al objeto de la acción de libertad, señala lo siguiente: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”.

La acción de libertad, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Ley suprema del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección inmediata tanto del derecho a la vida así como de aquellas situaciones en las que el derecho a la libertad física de las personas se encuentra lesionada por causa de una ilegal persecución, indebido procesamiento o indebida privación de libertad; en este último caso, siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida, ya que, de existir dicho medio, deberá hacerse uso de éste.

III.3. Sobre el debido proceso y la protección que brinda la acción de libertad

Sobre este aspecto, la SCP 0821/2012 de 20 de agosto, señaló que: ”’De la delimitación de la naturaleza jurídica de la acción de libertad, se desprenden los siguientes presupuestos de activación de este mecanismo de defensa: 1) Cuando considere que su vida está en peligro; 2) Que es ilegalmente perseguida; 3) Que es indebidamente procesada; y, 4) O privada de libertad personal o de locomoción.

Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones.

Con relación a este tema, la doctrina desarrollada por este Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte demandante. En similar sentido se pronunció este Tribunal en las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras.

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: «…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional (…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad»’”.

La línea jurisprudencial citada, respecto a la vulneración del debido proceso, estableció que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, abre una excepción, cuando se demuestre que esa vulneración afecta directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, en este caso es cuando dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad; es decir, cuando el procesamiento indebido constituya la causa directa para la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones.

III.4. Análisis del caso concreto

        

En el caso, el accionante a través de su representante, denunció que Orlando Rojas Alcón, Juez Octavo de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz, vulneró sus derechos al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, a la presunción de inocencia, a la celeridad, legalidad e inmediatez, debido a que cuando se encontraba de turno y conoció su caso, llevo adelante la audiencia de aplicación de medidas cautelares el 22 de septiembre de 2012 y emitió la Resolución 565/2012, disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; sin embargo, el mismo hasta la presentación de esta acción no remitió el cuaderno de investigaciones ni el acta y Resolución antes señalados al Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del mismo departamento, en su calidad de Juzgado de origen, impidiendo de esa manera que se resuelva la excepción de extinción de la acción que interpuso ante esta última autoridad por existir acurdo transaccional.

De lo expuesto precedentemente, se establece que el accionante en el caso, no denunció la vulneración de su derecho a la libertad, sino únicamente de sus derechos al debido proceso a la defensa, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, a la presunción de inocencia, a la celeridad, legalidad e inmediatez.

Al respecto en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se determinó que la acción de libertad tiene como objetivo principal el restablecimiento del derecho fundamental a la libertad y a la vida, en los casos que este último se encuentre íntimamente ligada a aquél.

Asimismo, en el Fundamento Jurídico III.3, de este mismo fallo, la línea jurisprudencial allí citada, respecto a la vulneración del debido proceso, estableció que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, la acción de libertad abre una excepción, cuando se demuestre que esa vulneración afecta directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante; es decir, cuando el procesamiento indebido constituya la causa directa para la restricción o supresión de los antes citados derechos, previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones.

En el caso, se determina que el supuesto acto vulneratorio de los derechos del accionante, citado en párrafos precedentes, no constituyen la causa directa de restricción de libertad alguna, por cuanto, como se estableció en la Conclusión II.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el Juez Octavo de Instrucción en lo penal del departamento de La Paz, ahora demandado, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 22 de septiembre de 2012, mediante Resolución 565/2012, dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva en favor accionante, librando luego el correspondiente mandamiento de libertad el 24 del mismo mes y año.

Consecuentemente, al estar el accionante gozando de su libertad y no  ser el supuesto acto vulneratorio, la causa directa de ninguna restricción de ese derecho de libertad, este Tribunal se encuentra impedido de analizar el caso a través del presente medio de defensa.

Por los razonamientos expuestos, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis del fondo de la causa.

Consiguientemente la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela, aunque con otros fundamentos actuó correctamente, por lo que corresponde aplicar el art. 44.1 del CPCo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el  art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 029/2015 de 2 de abril, cursante de      fs. 52 a 53 vta., pronunciada por el Juez Primero de Sentencia Penal del departamento de La Paz, y, en consecuencia DENEGAR la tutela sin haber ingresado al análisis del fondo de la causa.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Tata Efren Choque Capuma

MAGISTRADO

Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chavez

MAGISTRADO