Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PlurinacionaL 0022/2016-s2

Sucre, 29 de enero de 2016

SALA SEGUNDA

Magistrada Relatora:  Dra. Mirtha Camacho Quiroga

Acción de libertad

Expediente:                 12495-2015-25-AL

Departamento:            La Paz

III.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante por intermedio de su abogado, denuncia vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de motivación, y a la presunción de inocencia; toda vez que, habiendo sido imputada formalmente por parte del Ministerio Público y posteriormente, presentada la acusación por la presunta comisión de los ilícitos de peligro de estrago, amenazas y coacción, en audiencia cautelar, se determinó la imposición de medidas sustitutivas a la detención preventiva, la Resolución referida no fue objeto de apelación por la parte acusada; sin embargo, la querellante planteó apelación incidental solicitando la aplicación de medidas cautelares, entonces la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió en parte la apelación solicitada, y aplicó medidas más gravosas para la ahora accionante, quien se encuentra cumpliendo detención domiciliaria y otras medidas sustitutivas, sin considerar la documentación de trabajo que fue presentada y valorada por el Juez, así como la constitución de familia, denotando una actitud por demás parcializada.

En revisión, corresponde establecer si es evidente la vulneración de los derechos del accionante a efectos de otorgar o denegar la tutela impetrada.

III.1.  De la acción de libertad y su naturaleza jurídica

La Constitución Política del Estado, en la Sección I, del Capítulo Segundo (Acciones de Defensa) del Título IV (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) de la Primera Parte (Bases fundamentales del Estado - derechos, deberes y garantías) ha instituido la acción de libertad. En ese marco, el art. 125 establece que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

La acción de libertad, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Norma Suprema del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección inmediata tanto del derecho a la vida, así como de aquellas situaciones en las que el derecho a la libertad física de las personas se encuentra lesionada por causa de una ilegal persecución, indebido procesamiento o indebida privación de libertad; en este último caso, siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida, pues, de existir dicho medio, deberá hacerse uso de éste (las negrillas son nuestras).

El Código Procesal Constitucional, en su Título II (Acciones de Defensa), Capítulo Segundo (De la acción de libertad), en su art. 46 establece como objeto de esta acción tutelar: “el garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”. Por otra parte, el art. 47 del citado Código, señala que: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal”.

III.2.  Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

La SCP 1242/2015-S3 de 2 de diciembre, sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, recoge los razonamientos expuestos en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció la subsidiariedad excepcional del hábeas corpus, actualmente acción de libertad, en razón a que: “…como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus.

Consecuente con el entendimiento jurisprudencial supra señalado, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, referido a la acción de libertad determinó que: ‘...esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’ (las negrillas nos pertenecen).

Por su parte, en resguardo del equilibrio y complementariedad entre la justicia constitucional y la pluralidad de jurisdicciones, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló como causales de denegatoria de la acción de libertad, tres supuestos de subsidiariedad excepcional, señalando como primer supuesto: ‘Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el juez cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal; es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación’”.

III.3.  Análisis del caso concreto

La problemática que plantea la presente acción de libertad está principalmente referida a que el accionante denuncia vulneración a su derecho al debido proceso en su vertiente de motivación, y a la presunción de inocencia; toda vez que, habiendo sido imputada formalmente por parte del Ministerio Público y posteriormente presentada la acusación por la presunta comisión de los ilícitos de peligro de estrago, amenazas y coacción, en audiencia cautelar se determinó la imposición de medidas sustitutivas a la detención preventiva, la Resolución referida no fue objeto de apelación por la parte acusada; sin embargo, la parte querellante planteó apelación incidental solicitando la aplicación de medidas cautelares. La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió en parte la apelación solicitada, y aplicó medidas más gravosas para la ahora accionante quien se encuentra cumpliendo detención domiciliaria y otras medidas sustitutivas, sin considerar la documentación de trabajo que fue presentada y valorada por el Juez, así como la constitución de familia, denotando una actitud por demás parcializada.

Con relación al caso que nos ocupa y lo que se tiene reclamado u observado por la ahora accionante, conforme la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no correspondía que la accionante acuda directamente a la jurisdicción constitucional para denunciar una supuesta ilegal y arbitraria detención domiciliaria, o un indebido proceso por parte de las autoridades jurisdiccionales que conocieron el proceso; toda vez que, con carácter previo se debió haber agotado todos los mecanismos y recursos procesales existentes en la vía procesal penal ordinaria, acudiendo con su reclamo previamente ante la autoridad que ejerce control jurisdiccional en el caso que nos ocupa, correspondiendo remitirse obrados ante el superior jerárquico a efectos de que en alzada se pronuncie sobre la legalidad o no de la detención domiciliaria, así como las demás medidas sustitutivas impuestas en su contra, al presuntamente concurrir el riesgo procesal previsto en el art. 235.5 del CPP, así como las demás instancias procesales, y solamente en caso de persistir la vulneración de derechos identificados y reclamados por la accionante, recién activar la jurisdicción constitucional; en el caso presente, no se agotó previamente los mecanismos procesales específicos de defensa que son los más idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad, la persecución o procesamiento indebido; por lo que la acción tutelar operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas, permitiendo que concurra la excepcional subsidiariedad en la acción de libertad.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la acción de libertad, evaluó en forma correcta los datos del proceso, así como las normas aplicables al mismo.

Corresponde a la SCP 0022/2016-S2 (viene de la pág. 8).

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 64/2015 de 10 de septiembre, cursante de fs. 124 a 125 vta., dictada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada en los términos dispuestos por el Tribunal de garantías.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Juan Oswaldo Valencia Alvarado

MAGISTRADO