Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0031/2016-S3

Sucre, 4 de enero de 2016

SALA TERCERA

Magistrada Relatora:  Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

Acción de libertad

Expediente:                 11968-2015-24-AL

Departamento:           Cochabamba

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante considera vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, la Jueza demandada, rechazó el incidente de actividad procesal defectuosa que interpuso, denunciando la aprehensión indebida sufrida por parte de policías.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Respecto a la apelación en los incidentes de actividad procesal defectuosa.

A efectos de resolver la problemática planteada es preciso tomar en cuenta la SCP 0482/2013 DE 12 de abril reiterada por la SCP 0461/2015-S1 de 12 de mayo, que señaló lo siguiente: «Conforme a lo señalado, según la SCP 0185/2012, el Juez cautelar no tiene competencia al no haber conocido siquiera el inicio de investigación y bien podría tratarse de una indebida privación de libertad originada en una cuestión ajena a un delito; sin embargo, e independientemente a este argumento, se debe considerar lo siguiente:

La SCP 01907/2012 de 12 de octubre, entre otras cosas, precisó que la o el imputado puede reclamar ante el Juez que conoce la investigación -antes o a momento de la audiencia de medidas cautelares- actos vulneratorios a su derecho a la libertad cometidos por actuaciones del Ministerio Público o de la Policía Nacional, diferenciándose dos aspectos:

Primero.- Cuando la denuncia se realiza ante el Juez cautelar antes o al momento de realizarse la audiencia de medidas cautelares, la autoridad que ejerce el control jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada sin que dicha resolución sea susceptible de apelación incidental, otorgando la posibilidad de activar directamente acción constitucional; pero,

Segundo.- Cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente, o sea, suscitado mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez cautelar tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto de apelación incidental; así la Sentencia referida, señaló que: “Cabe precisar que, en caso de activarse este tipo de incidente, impugnando una aprehensión supuestamente ilegal, dicho trámite debe ser concluido en todas sus instancias, y cuando se hubiere obtenido una resolución final, si aún se constatan vulneraciones al derecho a la libertad o de locomoción no reparadas, entonces corresponderá recién acudir a la jurisdicción constitucional mediante el presente mecanismo de defensa.

(…)

'De lo anterior es posible concluir, que ante el rechazo de un incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto durante la etapa preparatoria, corresponderá a los litigantes, por mandato constitucional, en uso de su derecho a impugnación, interponer apelación incidental…'”.

Consiguientemente y a la luz de la jurisprudencia citada y contrastando con la competencia que en su caso podría tener el Juez de Instrucción de turno, si esta autoridad conociera la denuncia de vulneración a derechos y garantías constitucionales cometidas por el representante del Ministerio Público y/o la Policía Nacional, estaría obligado a emitir una resolución fundamentada, misma que en su caso podría favorecer al presunto afectado o no; resolución que conforme a la jurisprudencia constitucional citada si es interpuesta como un incidente, efectivamente podrá ser susceptible de apelación incidental activándose de esta manera un procedimiento 'paralelo y simultáneo' en una instancia donde no se encuentra aperturada ni siquiera una investigación; con la posibilidad de un conflicto procesal contrario al sistema penal y a los propios derechos de las partes (inseguridad jurídica, confusión procesal, resoluciones contradictorias, recursos de apelación simultáneos etc.)» (las negrillas son nuestras).

III.2.  Análisis del caso concreto

           La accionante, impugna a través de la presente acción tutelar, que supuestamente fue aprehendida en flagrancia, por policías y trasladada a la FELCC, sin una orden de autoridad competente, después de más de nueve horas de su detención, fue notificada con el requerimiento de aprehensión, atribuyéndole el delito de robo agravado y al día siguiente se ejecutó la orden de aprehensión; asimismo, fue notificada con el requerimiento de imputación y en la audiencia de determinación de medidas cautelares, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa, reclamando su ilegal aprehensión, el mismo que fue rechazado por la Jueza hoy demandada y que posteriormente determinó su detención preventiva.

           Ahora bien, conforme lo señalado en la Conclusión II.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de César Iván Morales Salazar en contra de Tatiana Trujillo Guzmán -ahora accionante-, por la presunta comisión del ilícito de robo agravado, se celebró la audiencia de medidas cautelares el 28 de julio de 2015, en la cual el abogado de la hoy accionante planteó el incidente de nulidad de aprehensión, cuestionando la intervención policial registrada en el informe de acción policial directa y solicitando se determine la libertad pura y simple de su defendida; toda vez que, después de haber sido arrestada bajo esas circunstancias el Fiscal de Materia habría emitido resolución de aprehensión; y, respecto del incidente de nulidad de imputación formal, argumentó que ese requerimiento en relación al ilícito de robo agravado que se le atribuyó a su defendida no correspondía a la realidad de los hechos; por lo que, se solicitó la redacción de un nuevo requerimiento de imputación formal; los incidentes de nulidad de aprehensión e imputación formal, fueron rechazados por la Jueza ahora demandada, quien advirtió a las partes que esa resolución es recurrible en el término de tres días a partir de su notificación conforme al art. 403 del CPP; y finalmente, la citada Jueza, ordenó la detención preventiva de la entonces imputada Tatiana Trujillo Guzmán, advirtiendo que la mencionada Resolución puede ser objeto de apelación en el término de setenta y dos horas; sin embargo, la accionante, no apeló ninguno de los incidentes, es decir, que los actos que ahora se reclaman fueron puestos a conocimiento de la Jueza demandada, encargada del control jurisdiccional y al ser rechazados debieron interponer el recurso de apelación contra dicho rechazo y no lo hicieron, por lo que no se tiene por agotada la jurisdicción ordinaria penal; por cuanto, se debió plantear la correspondiente apelación incidental y sólo en caso de persistir la lesión, agotada esa vía de impugnación, recién acudir ante la justicia constitucional a través de la acción idónea, conforme al Fundamento Jurídico III.1. de este fallo Constitucional.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otro fundamento, actuó correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14 de 6 de agosto de 2015, cursante de fs. 71 a 75, pronunciada por el Juez Primero de  Sentencia Penal del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.