Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1221/2006-R

Sucre, 1 de diciembre  de 2006

Expediente:                       2006-13484-27-RAC

Distrito:                              Santa Cruz

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El recurrente acusa que las autoridades recurridas vulneraron sus derechos a la seguridad jurídica, a la locomoción, a la defensa y la garantía del debido proceso, al haber revocado sin fundamento legal alguno la Resolución de 3 de mayo de 2005, dictada por el Juez Quinto de Partido en lo Penal Liquidador,  por la que se extinguió la acción penal en su favor y de todos los imputados, vulnerando flagrantemente sus derechos fundamentales. En ese sentido corresponde, en revisión, analizar si en la especie se debe otorgar o no la tutela pretendida.

III.1. El amparo constitucional ha sido instituido como un recurso extraordinario que otorga protección inmediata contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de funcionarios o particulares que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes, siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de esos derechos y garantías.

III.2. Empero, en el caso presente, previamente es necesario hacer referencia a la  jurisprudencia constitucional en cuanto a la notificación del tercero interesado, al evidenciarse en autos la falta de la misma.  Así, la SC 1351/2003-R,  de 16 de septiembre estableció lo siguiente: “… en todo proceso judicial o administrativo en el que la decisión final del mismo pudiera afectar los derechos o intereses legítimos de terceras personas, éstas deben ser citadas o notificadas, según el caso, a los fines de que puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho a la defensa, ofreciendo las pruebas que consideren pertinentes y controvirtiendo las que se presenten en su contra dentro del proceso, de acuerdo con las formas propias de cada juicio y conforme a la normativa procesal pertinente” luego agregó que dicho razonamiento también es aplicable “…a los recursos de amparo constitucional en los que, para proteger los derechos constitucionales suprimidos, restringidos o amenazados, se enjuician actos jurídicos, resoluciones judiciales o actos administrativos del proceso principal del cual deriva el recurso, por lo que la notificación a la otra parte de la litis es de rigor procesal, así no figuren como recurridos; dado que sus derechos pueden resultar afectados con la Resolución del recurso” (las negrillas son nuestras).

La finalidad de la notificación al tercero, conforme lo señaló la SC 0814/2006-R, de 21 de agosto es que: “…éste pueda asumir su derecho a la defensa; por lo que este requisito, se torna en un requisito formal imprescindible para la admisión del recurso de amparo constitucional…” (Las negrillas son nuestras).

La misma SC 0814/2006-R, modulando la SC 1315/2003-R aludida, ha determinado, en cuanto al señalamiento de domicilio y forma de notificación al tercero interesado las siguientes subreglas:

“…la citación o notificación al sujeto procesal interviniente en el recurso de amparo constitucional en calidad de tercero interesado, puede ser personal o por cédula; y en cuanto al lugar o domicilio donde deba practicarse la misma, se debe tener en cuenta que, esta exigencia se da cuando el recurso de amparo constitucional es emergente de un proceso judicial o administrativo, donde una de las partes podría ser afectada; entonces, a objeto de encontrar un equilibrio entre el derecho a la defensa y el principio de celeridad procesal, la notificación al tercero interesado, en los casos que no sea posible hacerlo personalmente, será válida mediante cédula en el último domicilio procesal que -el tercero- hubiera señalado en el proceso principal, el cual deberá ser consignado por el recurrente en la demanda de amparo constitucional; aún en el caso de que el tercero interesado haya abandonado tal domicilio, o hubiese cesado el patrocinio del abogado; puesto que la exigencia se reduce al señalamiento del domicilio y la citación o notificación respectiva con la admisión de la demanda, debido a que el ejercicio del derecho a la defensa del tercero interesado, una vez notificado, es potestativo y no imperativo; empero, si comparece será debidamente escuchado.

En cuanto a los efectos del incumplimiento de este requisito de admisibilidad formal, -es decir el señalamiento de domicilio del tercero interesado para efectos de la notificación-, si es advertida tal omisión por este Tribunal en grado de revisión, y pese a ello ya se hubiese admitido el recurso, tramitado y llevado a cabo la audiencia pública de consideración; corresponde declarar la improcedencia del recurso, y no así la nulidad de obrados como expuso la SC 1351/2003-R, de 16 de septiembre.

En consecuencia, en el futuro deberán aplicarse las siguientes subreglas:

a) Es exigible el señalamiento del domicilio cuando el recurso de amparo constitucional emerge de un proceso judicial o administrativo.

b) La notificación puede ser personal o por cédula.

c) En caso de desconocerse el domicilio real o actual, deberá señalarse el último domicilio procesal del proceso principal.

d) Efectivizada la notificación, su participación en el recurso de amparo es potestativa.

e) En etapa de admisión, si se advierte esta omisión, corresponde aplicar el art. 98 de la LTC, concediendo plazo para su subsanación, y en caso de ser incumplido, da lugar al rechazo del recurso; y

f) En etapa de revisión, si se advierte que el recurso fue admitido, tramitado y se ha llevado a cabo la audiencia de consideración, pese a no cumplir con este requisito, da lugar a la improcedencia del amparo, sin ingresarse al análisis de fondo del asunto”.

III.3. En el presente caso, el recurrente señaló concretamente el domicilio de la tercera interesada (Cooperativa San José Obrero Ltda.) y si bien el Tribunal  de amparo a tiempo de admitir el recurso mediante el Auto de 14 de enero de 2006  (fs. 149 vta.) ordenó se notifique al tercero interesado con la demanda, no es menos evidente que el Oficial de Diligencias, Marcelo García Reyner, no realizó dicho actuado procesal, pues no cursa en obrados tal diligencia,  omitiendo de ese modo la notificación a la Cooperativa “San José Obrero” Ltda., en calidad de querellante y tercera interesada, impidiéndole su derecho a la defensa, y aunque como refiere la jurisprudencia señalada, su concurrencia sea potestativa y no imperativa, no es posible dejar de cumplir la notificación con el recurso de amparo constitucional, dado que lo que se dilucida en el presente  recurso  es  la extinción de la acción penal y de ello dependerá la prosecución o no de la causa; caso contrario se vulneraría el derecho a la defensa previsto en el art. 16.II de la CPE.

         Por consiguiente, tratándose de una omisión atribuible a las autoridades jurisdiccionales que conocieron el recurso de amparo constitucional y no al recurrente, se anula todo lo obrado hasta que el Oficial de Diligencias, realice la notificación con el recurso de amparo constitucional interpuesto, a la tercera interesada y querellante con las formalidades expresadas en la citada jurisprudencia.

Por lo expuesto, el Tribunal de amparo al haber concedido el recurso, sin haber advertido la falta de legal notificación a la tercera interesada para que asuma defensa en el recurso, no ha comprendido los alcances del art. 19 de la CPE.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 19.IV y 120.7ª de la CPE; arts. 7 inc. 8) y 102.V de la Ley del Tribunal Constitucional, con los fundamentos expuestos, en revisión REVOCA la Sentencia 15, de 22 de febrero de 2006, cursante de fs. 178 vta. a 179 vta., pronunciada por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz y ANULA obrados, hasta que se notifique a la tercera interesada con el recurso de amparo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

No interviene el Magistrado, Dr. Artemio Arias Romano, por encontrarse haciendo uso de su vacación anual.

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas

PRESIDENTA

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez

DECANA

Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Walter Raña Arana

MAGISTRADO