Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0026/2014-S1

Sucre, 6 de noviembre de 2014

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator: Dr. Macario Lahor Cortez Chávez

Acción de libertad

Expediente:               06882-2014-14-AL

Departamento:         Santa Cruz 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

La parte accionante refirió que la autoridad demandada en repetidas oportunidades de forma indebida vulneró sus derechos a la libertad, al debido proceso a la petición y a la defensa, al no haber dado la celeridad necesaria a la tramitación de diferentes solicitudes de cesación de la detención preventiva, así a pesar de haber pedido el 17 de marzo de 2014, se fije audiencia de la referida cesación de la detención; la autoridad accionada omitió pronunciarse, alegando que el expediente fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal de turno; aseveración que fue desmentida por la Secretaria del Tribunal Departamental de Justicia, y por el responsable de plataforma del mismo Tribunal; siendo enviado recién, el 18 del referido mes y año.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuesto de activación

La acción de libertad, en el marco del art. 125 de la CPE, puede ser activada por: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas son nuestras).

Es en este sentido que la SCP 1352/2014 de 7 de julio, estableció que: “La acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad (las negrillas son añadidas).

Conforme expresó la jurisprudencia constitucional a través de las SSCC 1642/2014, 1354/2014, 1181/2014 y 0965/2014 entre otras, la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal que establece una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación, cuya procedencia se activa sin fueros ni privilegios contra cualquier servidor público o persona particular; y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido fundamental de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal; y el segundo que estructura el contenido esencial de esta garantía constitucional, configurado por sus presupuestos de activación, que en el marco del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: i) Atentados contra el derecho a la vida; ii) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; iii) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, iv) Acto u omisión que implique persecución indebida.

Por cuanto la acción de libertad se constituye en el medio de defensa extraordinario, preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física, locomoción, y el derecho a la vida, en pos del restablecimiento de la afectación, ya sea cuando la vida se encuentre en peligro, exista persecución ilegal o indebida, se encuentre con un procesamiento ilegal o indebido, o cuando se halle con privación de libertad indebida, activándose de forma especial y sumarísima, sobre la base de la inmediatez, informalismo, generalidad e inmediación. 

III.2. La acción de libertad como medio de defensa constitucional idóneo ante la dilación indebida en vulneración del debido proceso

El debido proceso es un derecho fundamental reconocido en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y por los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que es tutelado a través de la acción de libertad de acuerdo al entendimiento, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, cuando:“...a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”.

Uno de los fundamentos esenciales del debido proceso es el derecho a ser juzgado sin dilaciones, conforme lo establece la SC 0531/2011-R de 25 de abril, reconoce que: los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; el principio del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones”.

La Constitución Política del Estado en su art. 178.I determina que: “la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en la principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, estipulado concordante con el art. 180.I de la misma Norma Fundamental, que reconoce que entre los principios procesales que sustentan a la jurisdicción ordinaria se encuentran la celeridad, probidad y debido proceso, reconociendo estos principios como parte inherente a la administración de justicia, “De donde se concluye, 'que el principio de celeridad procesal, impone a quienes imparten justicia, actuar con diligencia despachando los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, aun cuando no exista una norma que establezca un plazo mínimo'.

De modo tal, que cuando se provoca una dilación injustificada al margen de lo prescrito en la normativa legal y ello repercute directamente con la libertad física o de locomoción, corresponde conceder la tutela solicitada mediante la presente acción”  (SCP 1287/2013 de 2 de agosto)(las negrillas fueron añadidas).

En este entendido el art. 180.I de la CPE, establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”, así la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 1743/2013 de 21 de octubre citando a la SCP 1349/2013 de 15 de agosto, precisó que: 'En el Estado Plurinacional de Bolivia, al configurarse la acción de libertad como una garantía constitucional de naturaleza adjetiva, inequívocamente en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, se evidencia que ésta tiene una naturaleza jurídica progresiva, por cuanto, debe ser interpretada a la luz de una pauta hermenéutica evolutiva, en mérito de la cual, su contenido esencial no puede mantenerse estático en el tiempo con un reconocimiento limitado únicamente al tenor literal del art. 125 de la CPE, sino por el contrario, su activación, en una interpretación extensiva, debe comprender también supuestos que en una interpretación sistémica, tutelen de manera eficaz tanto el derecho a la vida como a la libertad en una comprensión amplia de supuestos que pudieran afectarlos.

En ese contexto y con la finalidad de cumplir en su real magnitud el mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y para consagrar en el Estado Plurinacional de Bolivia una garantía jurisdiccional efectiva, la jurisprudencia emanada del máximo contralor de derechos fundamentales, en una interpretación extensiva del citado art. 125 de la CPE, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, tipificó las diversas modalidades de la acción de libertad, disciplinando de manera específica la acción de libertad expeditiva o de pronto despacho.

En este marco, se tiene que la acción de libertad expeditiva o de pronto despacho, en una interpretación evolutiva del art. 125 de la CPE, tiene la finalidad de tutelar una garantía sustantiva esencial: La celeridad Procesal vinculada a la libertad física o de locomoción.

En este orden, en una interpretación acorde con el bloque de constitucionalidad imperante y en el marco del objeto de protección de la denominada acción de libertad expeditiva o de pronto despacho, es preciso establecer que la activación de este mecanismo tutelar, para su eficacia, no necesita el agotamiento previo de mecanismos intra- Procesal es de defensa y puede ser interpuesta de manera directa por los afectados o cualquier persona a su nombre cuando su libertad física o de locomoción se encuentre afectada por dilaciones indebidas provocadas por autoridades públicas o particulares'”.

III.3. La audiencia conclusiva y su tramitación

La SCP 1755/2012 de 1 de octubre, estableció que: “…la jurisprudencia del Tribunal Constitucional emitida en la SC 1036/2002-R de 29 de agosto, estableció un primer acercamiento a la estructura del nuevo sistema procesal penal reflejada en el Código de Procedimiento Penal -en ese entonces, recién promulgado-, se identificaron tres partes, como se cita a continuación: “El proceso consiste en una progresiva y continuada secuencia de actos. Así, el Código procesal vigente, al igual que sus similares aludidos, con diversos matices configuran el procedimiento ordinario del juicio penal en tres partes, a saber: 1) La Etapa Preparatoria; 2) La Etapa Intermedia y 3) El juicio propiamente dicho (oral y público)” (las negrillas fueron añadidas); esta distinción básica sobre el camino del proceso penal desde el primer acto hasta la emisión de sentencia, nos indica la primera aproximación sobre la posición de la etapa intermedia, la que mereciendo su nombre, se ubica entre dos etapas procesales; y a pesar de que el Código de Procedimiento Penal, no identificaba -y aún no lo hace- clara y expresamente la etapa intermedia, esta se encontraba y se encuentra definitivamente prevista en la normativa adjetiva penal entre los art. 325 al 328 del referido procedimiento; o visto de otra forma, se encuentra ubicada de forma posterior a la etapa preparatoria, a la finalización de su fase conclusiva (secuencialmente prevista desde el art. 277 hasta el art. 324 del citado procedimiento); y, antes de que el proceso ingrese a la etapa de juicio oral y público (a partir del art. 329 y ss. del CPP).

Ahora bien, por definición, la etapa intermedia del proceso penal es aquella parte del procedimiento en la que se examina el resultado de la instrucción o investigación previa (etapa preparatoria) de un suceso penal; este resultado bien puede tomar la forma de un sobreseimiento o una acusación; y es en este último caso, en que se materializa el objetivo principal de la etapa intermedia, cual es el de verificar que aquella acusación cumpla con los requisitos mínimos de forma y contenido, prácticos y razonables para llevar la causa a un juicio oral y público, momento esencial del proceso penal” (las negrillas son añadidas).

En este sentido la audiencia conclusiva resulta ser la fase previa al juicio oral, que debe concluir necesariamente una resolución expresa y debidamente fundamentada, sobre cada una de las cuestiones debatidas y resueltas en esta audiencia, resolución que será notificada en este mismo acto por su lectura, conforme lo determina el art. 328 del CPP, correspondiendo únicamente la notificación dentro de las veinticuatro horas de los demás sujetos procesales que no participaron de dicha audiencia, de acuerdo al art. 160 del CPP, término que podrá reducirse por disposición de la autoridad jurisdiccional; diligencias que permiten el cómputo del plazo de tres días para la apelación incidental, conforme a lo dispuesto por el art. 403 del CPP; plazo después del cual: “…es obligación de las autoridades públicas, velar por el cumplimiento de los principios rectores de la función de impartir justicia, como son la seguridad jurídica, la legalidad y la celeridad, así como el subprincipio de oportunidad; y continuar con la tramitación de la causa dentro los plazos mínimos, o al menos razonables, desde que asumen conocimiento de la causa hasta su conclusión, lo que implica sin duda, que tienen el deber de controlar que sus determinaciones sean cumplidas por el personal a su cargo; siendo que, desde el punto de vista constitucional, no es admisible la demora en la tramitación de un proceso penal, por inactividad del aparato judicial y menos aun cuando se verifica que durante ese tiempo, el cuaderno procesal no fue sometido a ningún tipo de movimiento procesal, y tan sólo quedó rezagado por negligencia de los operadores de justicia en las notificaciones y demás trámites administrativos que permiten su remisión a la instancia competente.

En virtud a lo señalado, corresponderá a los jueces cautelares a cargo de los procesos penales, velar porque el cuaderno procesal, una vez concluida la audiencia conclusiva y emitida la resolución correspondiente, debidamente notificada dentro los plazos legales a las partes y terceros interesados, una vez ejecutoriada la misma, dependiendo de la eventual presentación de impugnaciones, luego de transcurridos tres días a partir de la notificación con el fallo, si no se hubiera planteado apelación alguna, cuando corresponda, remitir de inmediato física y electrónicamente los antecedentes del proceso ante el Tribunal de Sentencia de turno, para el inicio del juicio oral.

Al respecto, cabe puntualizar que en la SCP 0110/2012 de 27 de abril, el Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció lo siguiente: “…una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del proceso penal, implica el desconocimiento de la garantía del debido proceso y la violación del principio de celeridad procesal, que puede dar lugar incluso, a la conclusión del proceso cuando los jueces y tribunales de justicia no dirigen e impulsan su tramitación hacia su conclusión dentro de un plazo razonable; toda vez que ellos tienen la obligación de dirigir el proceso y concluir el mismo en tiempo oportuno y conforme a ley, pues obrar en forma tardía o lenta en contra de las normas estatuidas no es administrar justicia; por lo que el impulso procesal, entendido como la acción de llevar adelante el proceso hacia la sentencia definitiva, no es de responsabilidad exclusiva de las partes litigantes, sino principalmente de los propios órganos jurisdiccionales, cuyo incumplimiento da lugar a la retardación de justicia, lo cual amerita se adopten las medidas necesarias encaminadas a evitar la paralización del proceso o su dilación indebida a través de la ejecución de actuados procesales en plazos demasiado prolongados, cuando, por ejemplo, no están expresamente normados en nuestra economía procesal…”, tal como ocurre en los plazos para la remisión de antecedentes ante el tribunal de sentencia, una vez emitida la resolución final de la audiencia conclusiva” (SCP 1473/2014 de 16 de julio) (las negrillas fueron añadidas).

III.4. Análisis del caso concreto 

Conforme a los antecedentes expuestos la parte accionante denunció  la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso a la petición y a la defensa, considerando que la Jueza ahora demandada no obró con la debida diligencia en la resolución de la solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva, formulada el 17 de marzo de 2014, al no haber emitido criterio alguno, situación que de acuerdo al informe presentado por la autoridad demandada obedeció a que en el proceso penal que el Ministerio Público sigue contra el ahora accionante por la presunta comisión del delito de robo agravado al contar con audiencia conclusiva fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal de turno para su conocimiento.

Si bien no refieren las partes en qué fecha se realizó la audiencia conclusiva, está claro que el cuaderno procesal fue remitido a conocimiento del Tribunal de Sentencia Penal de turno recién el 18 de marzo de 2014, un día después de la solicitud de cesación de la detención preventiva, mediante oficio 101/14, de 24 de febrero de 2014, evidenciándose que la autoridad demandada a momento de la petición tenía en su poder el expediente; situación que justificó bajo el argumento de que: a) Es responsabilidad del Actuario la remisión de oficios y expedientes; b) El Centro Integrado de Justicia del Plan Tres Mil se encuentra alejado del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, c) Nadie preguntó por el referido proceso penal por bastante tiempo; deslindándose de esta forma cualquier responsabilidad, desconociendo que el principio de celeridad procesal, impone a las autoridades jurisdiccionales la obligación de actuar con diligencia, despachando los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, asumiendo cuando corresponda las medidas disciplinarias necesarias en forma oportuna, a pesar que las partes no hagan el seguimiento respectivo.

En consecuencia la autoridad demandada en su condición de directora funcional del proceso debe garantizar a las partes el ejercicio del derecho al debido proceso, de hacer uso del conjunto de facultades y garantías que el ordenamiento jurídico les otorga, efectivizando sus derechos y garantías constitucionales  dentro del proceso penal; derecho que es imposible ejercer cuando no existe  este control jurisdiccional, considerando que la falta de remisión del cuaderno procesal al Tribunal de Sentencia Penal de turno, genera estado de indefensión de las partes; así considerando el Fundamento Jurídico III.3 del la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la demora injustificada o carente de fundamentos legales implica el desconocimiento de la garantía del debido proceso y la violación del principio de celeridad procesal, siendo responsabilidad de las autoridades a cargo del control jurisdiccional la dirección del proceso, respetando los procedimientos y plazos legales.

En este sentido constatándose que la Jueza ahora demandada según su informe reconoce que hubo demora en la remisión del cuaderno procesal; aunque no se advierta el período de tiempo que este permaneció sin control jurisdiccional, desde la celebración de la audiencia conclusiva hasta su envío al Tribunal Departamental de Justicia, evidenciándose la dilación indebida, dado que correspondía que a la culminación de la audiencia conclusiva y la emisión de la Resolución correspondiente  se deba remitir los antecedentes al Tribunal de Sentencia Penal de turno, dentro de los plazos previstos para el efecto en el citado Fundamento Jurídico III.3, por lo que al no haberlo hecho, incurrió en vulneración de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la libertad por omisión, correspondiendo al efecto otorgar la tutela; sin emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de providencia inmediata de todos los puntos de los diferentes petitorios efectuados por el accionante; toda vez que los mismos no cursan en el expediente y no han sido objeto del presente análisis.

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada,  no  evaluó correctamente los alcances de la presente acción tutelar.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 17 de 20 de marzo de 2014, cursante de fs. 17 a 19, pronunciada por el La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, debiendo la autoridad competente en caso de no haberse resuelto su situación jurídica, señalar audiencia de consideración de cesación de medidas cautelares, si hasta la fecha no lo hizo, sin retrotraer el procedimiento.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chávez

MAGISTRADO

Fdo. Dr. Juan Oswaldo Valencia Alvarado

MAGISTRADO

Navegador