Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0016/2024-S3

Sucre, 7 de febrero de 2024

SALA TERCERA

Magistrado Relator:    Dr. Petronilo Flores Condori

Acción de libertad

Expediente:                 60834-2024-122-AL

Departamento:            Santa Cruz

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud y a la vejez digna; puesto que, el Juez ahora accionado dentro del proceso ejecutivo seguido por la empresa AXS Bolivia S.A. contra COTAS R.L., dispuso la medida cautelar de retención de fondos de la entidad demandada, y al encontrarse congeladas las cuentas de dicha Cooperativa, le impide cobrar su salario y aguinaldo al ser trabajador de la misma, no pudiendo seguir sus tratamientos médicos ni comprar medicamentos al encontrarse delicado de salud; por lo que, su vida corre peligro.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad

La SCP 0349/2021-S4 de 26 de julio, citando a la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, estableció que: “‘…la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida’”.

III.2. La acción de libertad y el derecho a la vida

La SCP 0025/2022-S4 de 4 de abril, indicó que: «…la acción de libertad, por expreso reconocimiento, extendió el ámbito de su protección al derecho a la vida e integridad personal, sin previa exigencia de vinculación alguna con los derechos de libertad personal o de locomoción del agraviado.

Esta nueva configuración otorgada a la acción de libertad, se encuentra explicada y desarrollada en la SCP 2150/2013 de 21 de noviembre, en la que se desarrolló el siguiente entendimiento: “…el habeas corpus, en nuestro caso acción de libertad, es la garantía jurisdiccional idónea para controlar el respeto a la vida e integridad del detenido, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, y para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; ámbito de protección que; sin embargo, en el caso boliviano, no abarca únicamente a los supuestos de detención, sino también en los casos en los cuales exista amenaza al derecho a la vida, conforme lo establece el art. 125 de la CPE, que asume, en este punto un criterio más favorable para la efectiva protección de este derecho que, conforme se tiene señalado es considerado por la jurisprudencia constitucional como el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional”.

En ese mismo sentido, la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, reflexionó sobre el nuevo alcance de la acción de libertad con relación al derecho a la vida: …en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se dé la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva.

Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona ‘que considere que su vida está en peligro’, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea quesu vida está en peligro’.

Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal.

Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción […].

Conforme a ello, la acción de libertad en su modalidad de instructiva, se activa ante cualquier amenaza que ponga en riesgo el derecho a la vida, para ello, las acciones y omisiones de servidores públicos y personas particulares, que de alguna manera pongan en peligro la eficacia y la integridad de dicho derecho, deben ser analizadas por la justicia constitucional, a través de este mecanismo de defensa, lo contrario implicaría inobservar el mandato constitucional, quebrantándose con ello la Norma Suprema del Estado”.

En ese mismo sentido, la SC 0320/2010-R de 15 de junio, precisó que la naturaleza de aplicación del principio de informalismo en esta acción tutelar, responde a efectivizar la acción de defensa en forma oportuna y eficaz en atención a los derechos fundamentales protegidos, vida y libertad, prescindiendo de formalidades procesales referidas a necesaria presentación escrita, por el agraviado o con mandato expreso, con precisión del derecho conculcado, su relación con los hechos y todos aquellos elementos de derecho que hacen a un medio o recurso de defensa; no obstante ello no implica que puede prescindirse la presentación de prueba mínima que acredite los hechos denunciados, en razón a que al sustanciar y resolver la acción tutelar, la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre sobre la vulneración del o los derechos invocados para tutelar y protegerlos, compulsando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve impedida de otorgar la tutela solicitada.

De dichos entendimientos, es posible concluir que el derecho a la vida e integridad física puede ser tutelado tanto por la acción de libertad como por el amparo constitucional, pues al tratarse de un bien supremo necesario para la concreción de los demás derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, requiere de una protección inmediata libre de formalismos; sin embargo, a afecto de su tutela vía acción de libertad, el peligro que se alega con respecto a la vida no debe limitarse a una simple enunciación, sino corresponde que se guarden las características de ser real, directo e inminente. Similar entendimiento se desarrolló en la SCP 0784/2020-S4 de 1 de diciembre» (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud y a la vejez digna; puesto que, el Juez ahora accionado dentro del proceso ejecutivo seguido por la empresa AXS Bolivia S.A. contra COTAS R.L., dispuso la medida cautelar de retención de fondos de la entidad demandada, y al encontrarse congeladas las cuentas de dicha Cooperativa, le impide cobrar su salario y aguinaldo al ser trabajador de la misma, no pudiendo seguir sus tratamientos médicos ni comprar medicamentos al encontrarse delicado de salud; por lo que, su vida corre peligro.

Identificada la problemática expuesta a través de la acción de libertad, y al haberse denunciado la vulneración del derecho a la vida, corresponde señalar que de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, es procedente la tutela del citado derecho vía acción de libertad por su carácter primario dentro de los derechos fundamentales; sin embargo, para que la lesión denunciada sea objeto de análisis mediante dicha acción de defensa, la misma debe ser real y no constituirse en una simple enunciación o suposición sin sustento; en razón a que la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre sobre la vulneración del derecho invocado para tutelarlo y protegerlo, contrastando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida.

Bajo ese contexto jurisprudencial, de la revisión de antecedentes, se advierte que el accionante con la finalidad de acreditar la vulneración del derecho a la vida, presentó un Certificado Médico de 19 de diciembre de 2023, donde se diagnosticó que el mismo padece de diabetes mellitus tipo 2 descompensada, hipertensión arterial no controlada y cáncer de próstata en tratamiento; asimismo, que por su avanzada edad y el cuadro clínico que atraviesa, debe realizar un tratamiento médico tomando sus medicamentos recetados de manera diaria e ininterrumpida, ya que al no seguir las indicaciones médicas podría poner en riesgo su vida (Conclusión II.4.).

En ese sentido, el accionante denuncia que debido a la medida cautelar de retención de fondos dispuesta por el Juez hoy accionado, en el proceso ejecutivo seguido por la empresa AXS Bolivia S.A. contra COTAS R.L., esta última entidad que se constituye en su empleadora, no canceló su salario ni aguinaldo, lo que le impediría seguir sus tratamientos médicos y acceder a la compra de sus medicamentos, poniendo en riesgo su vida, la cual correría peligro al encontrarse delicado de salud.

Sin embargo, en sus alegaciones el accionante no demostró cuáles son los tratamientos médicos que requiere para el restablecimiento de su salud, tampoco los medicamentos que le fueron recetados para precautelar su vida, y que debe tomarlos de manera diaria e ininterrumpida; y principalmente, no acreditó si el seguro de salud al cual se encuentra afiliado como trabajador de COTAS R.L., incumplió con dichos tratamientos médicos y que no le provee oportunamente los medicamentos requeridos, o resulta insuficiente en cuanto a los servicios que presta, lo que haría necesario e indispensable el uso adicional de su salario para cubrir esas necesidades que por ley está obligada a cumplir la institución de salud que cubre las prestaciones contratadas.

Además, debe tenerse en cuenta que este Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la SCP 0185/2023-S2, en favor del accionante, producto de la acción de amparo constitucional que interpuso como emergencia del proceso ejecutivo seguido por el Banco Fassil S.A. contra COTAS R.L., disponiendo que la Jueza Pública Civil y Comercial Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, libere la cuenta bancaria de la mencionada Cooperativa, a efectos de que se restituya al accionante los salarios que no percibió, emergente de la retención de fondos ordenada por la citada autoridad judicial (Conclusión II.1.); en ese sentido, se tiene que, como consecuencia de dicho fallo constitucional, el accionante contaba con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades, en caso de que el seguro de salud era insuficiente en la prestación de sus servicios hasta el momento en que fue dispuesta la medida cautelar de retención de fondo por el Juez ahora accionado, acaecido recién el 4 de diciembre de 2023, mediante Oficio “387” (Conclusión II.2.); es decir, quince días antes del planteamiento de la presente acción de amparo constitucional y de la Certificación de 19 de igual mes y año, emitida por la Gerente de Administración de la referida Cooperativa (Conclusión II.3.), no siendo en tal sentido, evidente ni comprobable que no podía acceder a la compra de medicamentos para precautelar su salud y vida, cuando interpuso la acción de defensa.

Por lo expuesto corresponde, denegar la tutela solicitada con relación al derecho a la vida, al no comprobarse su vulneración por los actos denunciados, así como tampoco respecto al derecho a la salud que le es conexo.

En cuanto al derecho a la vejez digna, no corresponde emitir un pronunciamiento alguno, ya que el mismo no se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad, cuyos presupuestos de activación, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se reducen a los siguientes: i) Atentados contra el derecho a la vida; ii) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; iii) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, iv) Acto u omisión que implique persecución indebida motivo por el cual debe denegarse la tutela solicitada respecto al mencionado derecho a la vejez digna.

En esa misma lógica no corresponde asumir los razonamientos expresados en la SCP 0185/2023-S2, debido a que la misma se desarrolló tomando en cuenta los derechos al salario y a la vejez digna, que como se tiene señalado, no son tutelables a través de la acción de libertad.

Finalmente es necesario, hacer notar que si bien el accionante alega su condición de persona adulta mayor, lo que conllevaría a una protección reforzada y a la atención preferente por parte de los Órganos del Estado; sin embargo, aún frente a la eventualidad de que la acción de libertad podría reconducirse a la acción de amparo constitucional, tomando en cuenta la jurisprudencia relacionada a derechos y garantías de grupos vulnerables, a los cuales pertenece el accionante, de todas formas se haría previsible la denegatoria de la tutela solicitada, por cuanto concurriría en el presente caso, el incumplimiento del requisito de procedencia previsto por el art. 33.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), relativo a la exigencia de presentación de la documentación que acredite la personería del representante legal que interpuso la acción de defensa.

Ello debido a que la acción de libertad fue interpuesta por Luis Andrés Ritter Zamora en representación sin mandato de Hugo Alberto Ojopi Ali, considerando el informalismo que caracteriza a dicha acción de defensa; sin embargo, para ser viable la reconducción a la acción de amparo constitucional, es imprescindible que la persona que actúa en representación de la persona vulnerada en sus derechos y garantías, cuente con poder suficiente para consolidar la legitimación activa, situación que no ocurre en el presente caso, lo que impide la reconducción de acciones, siendo por esa razón, previsible la denegatoria de la tutela solicitada.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, no obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 29/2023 de 20 de diciembre, cursante de fs. 52 vta. a 55, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO