Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1018/2023-S4

Sucre, 29 de diciembre de 2023

SALA CUARTA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:    René Yván Espada Navía

Acción de libertad

Expediente:                  39191-2021-79-AL

Departamento:            La Paz

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela, por medio de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso vinculado a sus derechos a la impugnación, a la libertad física y de locomoción; debido a que, los Vocales demandados, determinaron en alzada declarar inadmisible el recurso de apelación incidental que interpuso contra el fallo que dispuso su rebeldía; y en consecuencia, ordenó mandamiento de aprehensión en su contra y otras medidas, que a su entender, se constituyen en medidas cautelares; a partir de lo cual, dicha decisión judicial era recurrible conforme lo previsto por el art. 251 y 403 ambos del CPP.

En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  Naturaleza y alcance de la declaratoria de rebeldía. Jurisprudencia reiterada

           La jurisprudencia desarrollada por este Tribunal sobre la temática de exordio, es uniforme, dentro de la cual, la SCP 0621/2018-S4 de 9 de octubre, citando a la SCP 0950/2016-S1 de 19 de octubre, al respecto concluyo que: “‘El art. 89 del CPP, en el caso de la declaratoria de rebeldía dispone que «El juez o tribunal del proceso, previa constatación de la incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia, declarará la rebeldía mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión o ratificando el expedido».

           En virtud a la disposición señalada, se tiene que la declaratoria de rebeldía tiene como presupuesto la ausencia del imputado a los actuados señalados por el juez de la causa, con la finalidad de garantizar la presencia del mismo, como el cumplimiento de los principios constitucionales establecidos en el art. 178 de la CPE, es decir, efectivizando la celeridad de todos los actos procesales dentro del proceso penal, por ello se emite como una de las medidas el mandamiento de aprehensión, que permita asegurar su presencia; sin embargo, esta medida es momentánea y cesa también cuando el rebelde se apersona voluntariamente ante el juez de la causa. En consecuencia, el rebelde puede apersonarse ante la autoridad jurisdiccional que así lo declaró, justificando su inasistencia al actuado respectivo, solicitando su revocatoria, tal cual establece el art. 91 del CPP.

           La SCP 0811/2012 de 20 de agosto, sobre la naturaleza de la rebeldía señaló que: «El derecho procesal penal boliviano, determina una serie de medidas destinadas a efectivizar el cumplimiento del principio de celeridad evitando dilaciones innecesarias que a la postre generen no sólo retardación de justicia sino también denegación de la misma con el efecto inmediato de vulnerar los derechos de la víctima y que pudieran emerger tanto de las actuaciones de los administradores de justicia como de los procesados a raíz de posibles incomparecencias de los ajusticiados a las distintas audiencias que emergen de la persecución penal; en este sentido, el ordenamiento jurídico, tratándose del imputado, ha previsto en el art. 87 del CPP, un medio compulsivo a efectos de garantizar el ejercicio de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa del encausado, cual es la declaratoria de rebeldía, que debe ser entendida como la consecuencia que genera la incomparecencia de la parte en la fecha o en el plazo señalado en la citación o emplazamiento, sea desde el inicio del proceso o en determinado momento del mismo; pues su presencia permite la consecución de los fines jurisdiccionales del Estado respecto a la administración de justicia; en consecuencia, su ausencia, entendida como la negatoria de prestar ayuda, merece una sanción»‛.

           Consiguientemente de la jurisprudencia que antecede, y en el marco del alcance del art. 91 del CPP, se debe realizar la siguiente precisión:

           1) Cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad competente, el Juez o Tribunal debe dejar sin efecto las órdenes dispuestas, a efectos de su comparecencia, entre ellas el mandamiento de aprehensión; lo que significa que, con el simple apersonamiento ante el Juez o Tribunal del rebelde, el mandamiento de aprehensión debe quedar sin validez, manteniéndose latentes los resultados de la rebeldía, conforme a lo previsto por el art. 90 de la norma procesal penal.

           2) Cuando el rebelde comparece y justifica que no concurrió al llamado de la autoridad debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y por tanto, los efectos de la misma (art. 90 del CPP).

           3) Cuando el Juez o Tribunal –una vez analizados los descargos de la o el imputado que compareció− emite una resolución argumentando que el rebelde no justificó su incomparecencia y por tanto quedan latentes los efectos de dicho instituto, corresponde a la jurisdicción constitucional verificar si la resolución judicial se encuentra en el marco del principio de razonabilidad(las negrillas son nuestras).

III.2.  Análisis del caso concreto

           Precisada que fue la problemática traída en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Alberto Aguilar Flores y otros, en contra de Martín Vargas Choque –hoy accionante–, y de otros, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado, Yván Noel Córdova Castillo y Grover Jhonn Cori Paz, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –ahora demandados–, dictaron el Auto de Vista 51-A/2021 de 25 de febrero; por medio del cual, determinaron declarar inadmisible el recurso de apelación planteado por el hoy accionante y Edwin García Honorio en contra del Auto Interlocutorio 04/2021 (Conclusión II.1.).

           En ese contexto, el impetrante de tutela identificó al fallo de alzada precitado como el actuado lesivo de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales hoy reclamados de tutela; alegando que, los Vocales demandados, determinaron en alzada declarar inadmisible el recurso de apelación incidental que interpuso contra el fallo que dispuso su rebeldía; y, en consecuencia, ordenó mandamiento de aprehensión en su contra y otras medidas, que a su entender, se constituyen en medidas cautelares; a partir de lo cual, dicha decisión judicial era recurrible conforme lo previsto por el art. 251 y 403 ambos del CPP.

           Ahora bien, para efectuar el estudio que nos atañe, debemos remitirnos inicialmente al Auto Interlocutorio 04/2021, cuyo recurso de apelación planteado en su contra fue declarado inadmisible, mediante el Auto de Vista hoy cuestionado; fallo, que aunque no cursa en el legajo constitucional, se encuentra detallado en la referida resolución de alzada (Conclusión II.1.); de cuya parte dispositiva desglosada, se tiene lo siguiente: “…DISPONE (…) en cuanto, al señor Martin Vargas Choque, y al señor Panfilo Garcia Honorio la autoridad jurisdiccional dispone declaratoria de rebeldía conforme al Art. 87 y 89 del Código de Procedimiento Penal vigente…” (sic.); concluyendo más adelante, el Tribunal de alzada después de desglosar fundamentos jurídicos y doctrinales aplicables al caso de análisis, que el Auto Interlocutorio 04/2021, resolvió la declaratoria de rebeldía de los recurrentes; por lo que, el mismo no se encontraba dentro de los fallos sujetos a recurso de apelación según lo previsto por el art. 403 del adjetivo penal.

           En ese marco, habiéndose ya establecido que el fallo recurrido dispuso la declaratoria de rebeldía del hoy solicitante de tutela y no así ninguna medida cautelar, conforme fue denunciado, debemos remitirnos a la jurisprudencia y normativa desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, donde se determinó que la declaratoria de rebeldía es un medio compulsivo previsto por el ordenamiento jurídico penal vigente, previsto a efectos de garantizar el ejercicio de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa del encausado, que debe ser entendida como la consecuencia que genera la incomparecencia de la parte en la fecha o en el plazo señalado en la citación o emplazamiento, sea desde el inicio del proceso o en determinado momento del mismo; pues, su presencia permite la consecución de los fines jurisdiccionales del Estado, respecto a la administración de justicia; en consecuencia, su ausencia, entendida como la negatoria de prestar ayuda, merece una sanción materializada, entre otras, mediante mandamiento de aprehensión; decisión, que si bien es revisable, el legislador a previsto al efecto, un procedimiento especial y específico que se sustenta en la naturaleza de dicho instituto, que como ya se estableció simplemente busca la comparecencia del procesado ante el llamado de autoridad competente, procedimiento estipulado por los arts. 87, 88, 89, 90 y 91 del CPP, preceptos que claramente determinan que las medidas son momentáneas y desaparecen ante la sola comparecencia del rebelde; además que, sus efectos podrán ser dejados sin efecto cuando esté a tiempo de comparecer, justifique que no concurrió al llamado de la autoridad debido a un grave y legítimo impedimento.

           Por consiguiente, a partir del marco normativo y jurisprudencial desglosado supra; se advierte que, si bien los fallos que dispongan la declaratoria de rebeldía y sus medidas emergentes, son revisables; empero, al efecto el adjetivo penal ha previsto un procedimiento especial y específico que debe tramitarse ante la misma autoridad que emitió dicha determinación y de persistir una supuesta transgresión a los derechos fundamentales y garantías constitucionales del rebelde, se activa la tutela constitucional, para la revisión de aquéllo; empero, en el caso de análisis, dicho procedimiento no fue observado por el accionante, activando erróneamente el recurso de apelación previsto para medidas cautelares de distinta naturaleza al instituto de la rebeldía; a partir de lo cual, este Tribunal concluye que al haber los Vocales hoy demandados declarado inadmisible el recurso de apelación planteado por el hoy impetrante de tutela, contra el fallo que dispuso declararlo rebelde, mediante el Auto de Vista ahora cuestionado, obraron correctamente, en el marco del procedimiento penal vigente, sin advertirse lesión alguna al debido proceso vinculado a los derechos a la impugnación, a la libertad física y de locomoción; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad, que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2021 de 5 de marzo, cursante de fs. 15 a 17; pronunciada, por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO