Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1017/2023-S4

Sucre, 29 de diciembre de 2023

SALA CUARTA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:    René Yván Espada Navía

Acción de libertad

Expediente:                  40880-2021-82-AL

Departamento:            La Paz

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, por medio de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba; debido a que, la Vocal demandada: i) Bajo fundamentos aditivos y arbitrarios, no valoró adecuadamente el elemento domicilio vinculado al peligro procesal previsto por el art. 234.1 del CPP; y, ii) No valoró la prueba que propuso en alzada, relativa al riesgo procesal establecido en el art. 235.1 del mismo Código.

En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  La fundamentación y motivación de las resoluciones de medidas cautelares. Jurisprudencia reiterada

           Sobre el particular, la SCP 0621/2020-S4 de 20 de octubre, reiterando a la SCP 0584/2019-S4 de 29 de julio; estableció que: “‘Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por específicos requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de dichas autoridades, de fundamentar y motivar, suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar.

Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces y tribunales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus determinaciones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: «…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión.

En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió.

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R…’

(…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas», (SC 1365/2005-R de 31 de octubre).

Del referido desglose jurisprudencial, es posible concluir que las autoridades judiciales a quienes les corresponda conocer y resolver la situación jurídica del procesado, deberán efectuar una fundamentación y motivación clara, debida y suficiente, en base a la compulsa de las pruebas y de las normas jurídicas aplicables al caso’(las negrillas son nuestras).

III.2.  De la valoración de la prueba en sede constitucional

           Con relación a la temática de exordio, la precitada SCP 0621/2020-S4, reiterando la línea jurisprudencial emanada al respecto; sostuvo que: “‘por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente’(las negrillas y subrayado fueron añadidos).

III.3.  Sobre el alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y los límites de los tribunales de apelación de circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados

           Al respecto, la SCP 0738/2020-S4 de 12 de noviembre; afirmó que: “En cuanto a los términos que deben observar los Tribunales ad quem, a momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, el art. 398 de la ley adjetiva penal, establece lo siguiente: ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’.

Al efecto, la SCP 0077/2012 de 16 de abril expresó lo siguiente: ‘…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir.

(…)

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva (…).

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP’ (las negrillas y subrayado nos corresponden).

III.4.  Análisis del caso concreto

           Precisada que fue la problemática traída en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de COFADENA, en contra de Franz Roger Cardozo Rojas –hoy solicitante de tutela–, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, por Auto de Vista 334/2021, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –ahora demandada–, determinó declarar la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el sindicado y procedente en parte las cuestiones planteadas, confirmando el Auto Interlocutorio 86/2021 (Conclusión II.1.).

           En ese contexto, el accionante, identificó al fallo de alzada precitado como el actuado lesivo de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales hoy reclamados de tutela; alegando que, en el mismo la Vocal demandada: a) Bajo fundamentos aditivos y arbitrarios, no valoró adecuadamente el elemento domicilio vinculado al peligro procesal previsto por el art. 234.1 del CPP; y, b) No valoró la prueba que propuso en alzada, relativa al riesgo procesal establecido en el art. 235.1 del mismo Código.

Así, conviene precisar inicialmente que tratándose el Auto de Vista ahora cuestionado, de un fallo emitido en alzada, la Vocal demandada debía circunscribirse al alcance de lo estipulado por el art. 398 del CPP; es decir, resolviendo y pronunciándose sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte recurrente no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, lo que no implica que se encuentre eximida de la obligación de motivar y fundamentar su determinación (Fundamento Jurídico III.3.); en ese entendido, a efecto del estudio que nos atañe, corresponde inicialmente desglosar tales agravios, plasmados en el Auto de Vista 334/2021 (Conclusión II.1.); detallados a continuación: 1) La defensa del procesado Franz Roger Cardozo Rojas; manifestó que, el Auto Interlocutorio 86/2021, le causa agravios con relación a lo previsto por los arts. 234.1 y 2; y, 235.1 –se entiende del CPP–, respecto al primer precepto, en cuanto se refiere al elemento domicilio, al momento de hacer conocer documentación mediante sistema “CISCO WEBEX”, esta no hubiese sido considerada; aspecto por el cual, refiere que en la declaración informativa policial el imputado señaló que su domicilio se encontraría en la ciudad de Potosí en la calle Nogales 180; asimismo, tendría su actividad lícita en el Regimiento 10, encontrándose en servicio activo; por lo que, se ha demostrado tener su domicilio y actividad; por el cual, al no haber considerado la autoridad de primera instancia la documentación acreditada vulnera el derecho al debido proceso por falta de valoración; y, 2) Con relación al peligro procesal estipulado por el art. 235.1 –se entiende del adjetivo penal–, el Juez de primera instancia hubiera señalado en el Auto Interlocutorio 86/2021, que la movilidad no fue devuelta por parte del investigado, desconociéndose su paradero; sin embargo, al momento de la fundamentación oral en audiencia de medidas cautelares, se le hizo conocer a dicha autoridad jurisdiccional, que se hubiese presentado un memorial ante COFADENA; a través del que, se solicitó día y hora para la verificación de la movilidad objeto del proceso, documento que no hubiera sido plenamente considerado por el Juez inferior.

Ahora bien, de la revisión de los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista 334/2021, al respecto; se evidencia lo siguiente: i) En cuanto a lo previsto por el art. 234.1 del CPP, bajo los fundamentos señalados por la autoridad a quo; se tiene que, el imputado no tendría un domicilio conocido; toda vez que, del informe de SEGIP el mismo estaría ubicado en el departamento de Chuquisaca en la localidad de Sopachuy; de acuerdo al informe del Servicio de Registro Cívico (SERECI), se hubiese verificado que tendría otro domicilio, en su declaración informativa el imputado señala tener su domicilio en la ciudad de Potosí calle Nogales 180; y, en la cédula de identidad de este se establece su domicilio en la ciudad de Sucre Calle San Alberto 718; en virtud de lo cual, el Ministerio Público ha observado que no se tiene certeza del paradero del domicilio real del sindicado, lo que dificulta los actos investigativos; al respecto, se debe tomar en cuenta que en una audiencia de medida cautelar la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público, en el presente caso se tiene que dicha autoridad fiscal, acreditó mediante documentación idónea la existencia de contradicción al haberse acreditado diferentes domicilios sin haberse demostrado un domicilio con habitabilidad y habitualidad; razón por la cual, el elemento domicilio del peligro inserto en el art. 234.1 del aludido cuerpo legal, aún estaría latente, fundamentos fácticos expuestos por parte de la autoridad a quo que tienen la suficiente logicidad jurídica; ii) Con relación a la actividad lícita; se tiene que, el Ministerio Público ha señalado que el encausado si bien pertenece a las Fuerzas Armadas (FF.AA.), no se tendría certeza si es de servicio activo o pasivo en la entidad castrense; además que, en su cédula de identidad el imputado figura como estudiante; en cuanto a tales extremos, de la revisión de la imputación formal, se observa que en los datos de identificación de las partes se tiene como ocupación del imputado, militar de la reserva activa, elemento que se encontraba en pleno conocimiento del Ministerio Público, sin haberse desacreditado aquello, con alguna documentación idónea como ser una certificación de que el imputado se encontraría en reserva pasiva; por lo que, se estableció que el riesgo previsto por el art. 234.1 del Código indicado, en cuanto se refiere al elemento de la actividad lícita, se encontraría desvirtuado, aspecto que, de igual modo repercute en el peligro contenido en el art. 234.2 del CPP, al concluir que el imputado tiene arraigo social; y, iii) Sobre el riesgo inserto en el art. 235.1 del adjetivo penal, los fundamentos expuestos por la autoridad a quo se refirieron a que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba; al respecto, se tiene que, en el presente caso estaría investigándose un vehículo que no fue devuelto por parte del imputado a COFADENA; del cual, se desconoce su paradero; por consiguiente, concurre el citado riesgo procesal; y, si bien la defensa técnica de la parte procesada en alzada presentó documentación relativa a un acuerdo de conciliación que se hubiese suscitado entre COFADENA y el procesado, solicitando día y hora para la entrega de la camioneta objeto del proceso; sin embargo, bajo los alcances del art. 398 del adjetivo penal, el Tribunal de alzada únicamente debe circunscribirse a los fundamentos expuestos en la resolución venida en grado de apelación; en virtud de lo cual, al no haber sido dicha documentación objeto de debate, se suscita la imposibilidad de considerar la misma.

           En ese contexto, del contraste de lo denunciado por el impetrante de tutela y los fundamentos contenidos en el fallo de alzada, en cuanto al primer punto de la problemática planteada; se advierte que, la Vocal demandada, en el Auto de Vista cuestionado, no omitió valorar los argumentos y documentación referida al domicilio señalado en la ciudad de Potosí por el sindicado; sino que, de manera correcta estableció que existía duda razonable sobre el domicilio real del sindicado; a partir, de la prueba idónea presentada por el Ministerio Público que acreditó que el mismo tenía más de un domicilio registrado por distintas instancias; por lo que, no se tenía certeza del indicado elemento; en virtud de lo cual, en este punto, no se advierte lesión alguna a los derechos fundamentales o garantías constitucionales del solicitante de tutela; correspondiendo por ello, denegar la tutela impetrada, al respecto.

           Por otro lado, sobre el segundo punto de la problemática planteada, concerniente a valoración probatoria, aportada con relación al riesgo procesal inserto en el art. 235.1 del CPP, del contenido del Auto de Vista cuestionado, y de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia desglosada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional; se advierte que, que la Vocal demandada: a) No se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad; al establecer que, al no haber sido la documentación presentada en alzada, objeto de debate en el fallo recurrido, se suscitaba la imposibilidad de considerar la misma; ahora bien, en este punto, cabe aclarar que, de los fallos constitucionales citados por el accionante, sobre la posibilidad de producir prueba en apelación; se tiene lo siguiente, la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio; señaló que: “…el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamentan el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a consideración del tribunal de apelación, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir fundadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican se mantenga la detención preventiva, no es posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga” (las negrillas son añadidas); y, a su vez, la SCP 0420/2019-S3 de 12 de agosto; refirió que: “…no se le puede exigir al apelante que haga conocer previamente a la autoridad a quo dichas pruebas, correspondiendo al Tribunal ad quem, valorar la prueba exhibida en la audiencia de apelación”; sin embargo, primero, ninguno especifica o da a entender de modo alguno que la posibilidad de producir nueva prueba en alzada, sea para desvirtuar riesgos procesales; sino que, tales razonamientos deben ser comprendidos conforme lo previsto por el art. 404 del CPP, que al respecto estipula: “Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la ofrecerá en audiencia de fundamentación ante el tribunal de apelación o por escrito cuando corresponda, señalando concretamente el agravio que pretende probar” (las negrillas y el subrayado fueron agregados); disposición a partir de la cual, se observa que la posibilidad de producir prueba en segunda instancia está reservada para demostrar los agravios que le causa al recurrente el fallo apelado; no así, para desvirtuar en este caso, peligros procesales, bajo elementos que no fueron valorados por el a quo; lo cual, evidentemente contravendría lo estipulado por el art. 398 del adjetivo penal, vinculado a la competencia de los Tribunales de alzada; b) Conforme lo precisado en el punto primero, no se observa arbitrariedad en la omisión de consideración de la documental referida, pronunciándose sobre el por qué no era posible realizar aquello; y, c) Tampoco basó su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento, respaldando su decisión en el marco normativo vigente, conforme lo detallado supra; por lo que, este Tribunal no evidencia ninguna lesión a los derechos fundamentales y garantías constitucionales hoy denunciados, con relación a la valoración probatoria, correspondiendo por ello, también denegar la tutela solicitada sobre este punto.

           Por todo ello; se evidencia que, el Auto de Vista cuestionado, contiene una estructura de forma y fondo, que expresó las convicciones determinativas que justifican razonablemente su decisión, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional; por lo que, las normas del debido proceso se tienen por fielmente cumplidas; por consiguiente, corresponde denegar en todo la tutela impetrada.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley

del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2021 de 8 de junio, cursante de fs. 62 a 65, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO