Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1012/2023-S4

Sucre, 28 de diciembre de 2023

SALA CUARTA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:    René Yván Espada Navía

Acción de amparo constitucional

Expediente:                 57501-2023-116-AAC

Departamento:            Santa Cruz

III.       FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes, denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, verdad material, a la aplicación objetiva de las leyes, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y a la defensa; en virtud a que, las autoridades demandadas en cumplimiento a una decisión constitucional, pronunciaron arbitraria e ilegalmente el AS 399/2022, por el que resolvieron declarar infundado los recursos de casación interpuestos en contra del Auto de Vista 150; y, casó en parte el señalado fallo únicamente en cuanto al pago de costas y costos, determinando que corresponde su calificación en ambas instancias, manteniendo firme y subsistente el citado Auto de Vista. Auto Supremo que fue pronunciado con ausencia de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que: i) No respondieron a los agravios expuestos en el recurso de casación presentado por sus personas, al resolver de manera conjunta dos recursos de casación distintos, incumpliendo el deber de responder de forma ordenada, individualizada los referidos recursos; ii) En cuanto a la excepción de impersonería, se limitaron a indicar que la misma ya fue resuelta por la Jueza de la causa y que al no haber sido apelada, adquirió calidad de cosa juzgada, concluyendo que sus personas al tener condición de herederos debían responder por los resultados del proceso; y, iii) Se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad, omitiendo la consideración y análisis probatorio; por cuanto, no se analizó la confesión provocada de los demandantes que de forma inequívoca mencionaron que trabajaron para la “MAESTRANZA ANGLARILL S.R.L” y no para sus personas; asimismo, no consideraron las planillas y anticipos que tienen el rótulo de la citada Maestranza, y que el Auto de Vista 150 reconoció que Aida Arenales Vda. de Anglarill es administradora y apoderada de la mencionada empresa.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1.  La improcedencia de activar acción de amparo constitucional contra una resolución emergente del cumplimiento de otra acción de defensa

La SCP 0571/2021-S4 de 20 de septiembre, citando a su vez la SCP 0034/2019-S4 de 1 de abril, oportunidad en la que se refirió acerca de la improcedencia de activar otra acción de amparo constitucional contra una resolución que emerge de una primera acción de defensa, pues es una causal en este caso de denegatoria de tutela; al respecto, analizó y entendió lo siguiente: ‷«La SCP 0419/2018-S4 de 15 de agosto, citando a su vez a la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, se pronunció respecto a: ‘La improcedencia de activar otra acción de amparo constitucional cuando existe sentencia constitucional de un primer amparo del cual emerge el que se interpone, es otra causal de improcedencia de esta acción tutelar que se suma a las previstas en el art. 53 del CPCo, cuyo origen tiene construcción jurisprudencial, con dos subreglas relevantes sistematizadas en la SCP 0157/2015-S3 de 20 de febrero, como son:

i) Es improcedente peticionar a través de otra acción de amparo constitucional u otra acción de defensa, el cumplimiento de una resolución constitucional de amparo o de otra acción de defensa -incluye la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional- o en su caso denunciar su incumplimiento; y,

ii) Es improcedente, a través de otra acción de amparo u otra acción de defensa, impugnar o cuestionar total o parcialmente decisiones o resoluciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento -parcial, distorsionado o tardío- de las resoluciones constitucionales -incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional-.

En ambos supuestos, las partes accionante o demandada, aún ya exista sentencia constitucional pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional deben acudir ante el mismo juez o tribunal de garantías que emitió la resolución constitucional inicial, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 40.II del CPCo, que señala: ‘«La Jueza, Juez o Tribunal en Acciones de Defensa, para el cumplimiento de sus resoluciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal, adoptará las medidas que sean necesarias, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública y la imposición de multas progresivas a la autoridad o particular renuente»; y, lo indicado en el art. 16 del mismo cuerpo normativo, que cita: «La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción; II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida…»ʼ” (las negrillas son añadidas).

De la precitada jurisprudencia, se concluye que una causal de denegatoria de la tutela de una acción de defensa sin ingresar al fondo de la problemática, en el caso de autos, una acción de amparo constitucional, se da cuando se pretende activar otra acción tutelar a objeto de cuestionar una resolución emergente del cumplimiento de un fallo determinado en una anterior acción tutelar; ello con la finalidad de dar eficacia al cumplimiento de resoluciones constitucionales y que no se convierta el proceso en una tramitación interminable de acciones constitucionales, correspondiendo en su caso como un medio idóneo, la formulación del recurso de queja a los fines de que prevalezca y se efectivice la protección de los derechos y garantías constitucionales que se creyeran vulnerados.

III.2.  Sobre el recurso de queja por incumplimiento

Al respecto, el art. 16 del CPCo, referido a la ejecución de los fallos constitucionales, estableció que:

“I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción.

II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo le corresponde la ejecución en los procesos que directamente se presenten ante el mismo”

Del contenido de la referida normativa y de la citada SCP 0034/2019-S4, se concluye que dicha previsión: “…-posibilita a las partes accionante, demandada y terceros interesados, en el supuesto señalado anteriormente- a exigir el cumplimiento de una sentencia constitucional en la fase de ejecución de la misma, a través de una solicitud de cumplimiento ante el juez o tribunal de garantías que conoció y resolvió la acción primariamente; o en su caso, una denuncia de incumplimiento, total, parcial, distorsionada o tardía de la sentencia constitucional plurinacional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo la denominación de queja por incumplimiento, caso en el cual puede hacer materializar sus sentencias directamente, cuando los jueces y tribunales de garantías no pudieron hacerlas cumplir, o sus medidas a ese efecto fueron insuficientes o ineficaces, supuesto en el cual puede tomar una decisión complementaria de oficio o a pedido de parte, que haga cesar la violación del derecho protegido.

En razón a los remedios procesales idóneos que existen, esta línea jurisprudencial impide abrir una cadena interminable de acciones de defensa, porque desde el punto de vista práctico, una concesión de tutela perdería su efectividad en su cumplimiento, pues quedaría indefinidamente postergada hasta que la parte demandada convertida eventualmente en accionante presente otra acción de defensa contra la sentencia constitucional que le fue adversa, buscando que la justicia constitucional le otorgue razón, eventualidad, en la que el accionante original continuaría con la misma cadena de tutela hasta volver a obtenerla.

(…)

Con relación al derecho a la eficacia de las resoluciones judiciales, la SC 1206/2010-R de 6 de septiembre, fue enfática en señalar que éste se vulnera, cuando se produce un incumplimiento total o parcial de los mismos, o cuando pretendiendo cumplirlos se da un alcance diferente o distorsionado al establecido en el fallo, señalando que: «…se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada consagrados en el art. 115.I de la CPE, cuando los mismos no son acatados, y si son cumplidos parcialmente, se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, es decir, no son concretados en la medida de lo determinado, o cuando su cumplimiento es tardío (…) Es decir, la inejecución de sentencias, su ejecución parcial, distorsionada o tardía, acarrea la violación de derechos fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, y dentro de éste a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada y la protección judicial por parte del Estado»’»ʼ” (las negrillas son nuestras).

Ahora bien, respecto al procedimiento que siguen las denuncias de incumplimiento referidas al exordio, el ACP 0006/2012-O, al establecer el procedimiento de las quejas, determina que: “…frente a un eventual incumplimiento o demora en la ejecución de una decisión constitucional, el legislador ha dispuesto para la etapa de ejecución de fallos, un mecanismo procesal idóneo para la denuncia por incumplimiento de decisiones emergentes de acciones tutelares, destinado a consolidar una real materialización y por ende un efectivo cumplimiento a sentencias constitucionales con calidad de cosa juzgada.

Siguiendo tales razonamientos, el ACP 0019/2014-O de 14 de mayo, señala que: “…la resolución que defina una problemática en la vía constitucional, en atención al derecho de tutela judicial efectiva y al debido proceso que hace al proceso constitucional debe ser cumplida a cabalidad; es decir, sin que el resultado de su cumplimiento sea inferior a lo determinado por la justicia constitucional pero que tampoco se produzca un sobrecumplimiento de lo ordenado, ello en atención a que la autoridad judicial está obligada a resolver el cumplimiento respecto a lo debatido y dispuesto por la justicia constitucional” (las negrillas y subrayado fueron añadidos).

En ese razonamiento, se tiene que, tanto las partes accionante, demandada y los terceros interesados, se encuentran posibilitados para poder exigir el cumplimiento o solicitar el incumplimiento o sobrecumplimiento de los fallos constitucionales, para lo cual se deberá presentar la correspondiente solicitud de cumplimiento ante el juez o tribunal de garantías o en este caso a la Sala Constitucional que conoció y resolvió la acción primigenia.

III.3.  Análisis del caso concreto

A través de la presente acción de amparo constitucional, los accionantes, denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, verdad material, a la aplicación objetiva de las leyes, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y a la defensa; en virtud a que, las autoridades demandadas en cumplimiento a una decisión constitucional, pronunciaron arbitraria e ilegalmente el AS 399/2022; por el que, resolvieron declarar infundado los recursos de casación interpuesto en contra del Auto de Vista 150; y, casó en parte el señalado fallo únicamente en cuanto al pago de costas y costos, determinando que corresponde su calificación en ambas instancias, manteniendo firme y subsistente el citado Auto de Vista, Auto Supremo que fue pronunciado con ausencia de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que: a) No respondieron a los agravios expuestos en el recurso de casación presentado por sus personas, al resolver de manera conjunta dos recursos de casación distintos, incumpliendo el deber de responder de forma ordenada, individualizada los referidos recursos; b) En cuanto a la excepción de impersonería, se limitaron a indicar que la misma ya fue resuelta por la Jueza de la causa y que al no haber sido apelada, adquirió calidad de cosa juzgada, concluyendo que sus personas al tener condición de herederos debían responder por los resultados del proceso; y, c) Se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad, omitiendo la consideración y análisis probatorio; por cuanto, no se analizó la confesión provocada de los demandantes que de forma inequívoca mencionaron que trabajaron para la “MAESTRANZA ANGLARILL S.R.L” y no para sus personas; asimismo, no consideraron las planillas y anticipos que tienen el rótulo de la citada Maestranza, y que el Auto de Vista 150 reconoció que Aida Arenales Vda. de Anglarill es administradora y apoderada de la mencionada empresa.

De los antecedentes arrimados a la presente acción tutelar; se tiene que, dentro del proceso laboral seguido por Eliseo Ayala Tórrez, Yamil Ayala Soleto, Carlos, Germán, ambos Flores Moscoso, Vicente Huaristy Urucubi, Maximiliano Lobos Moreno, Luis Morales Baigorria, Ángel Barrientos Gonzales y Pedro Flores Castillo –ahora terceros interesados– en contra de Williams Henry, Richard Erlan, Hermán Waldo y María Eugenia, todos Anglarill Arenales –hoy accionantes– y de la que en vida fue Aida Arenales Vda. de Anglarill, en su calidad de responsables y propietarios de la empresa “MAESTRANZA ANGLARILL S.R.L”, por el pago de beneficios sociales y sueldos devengados, la Jueza de partido del Trabajo y Seguridad Social Primera del departamento de Santa Cruz, emitió la Sentencia 16 de 26 de agosto de 2020, por la que declaró probada la señalada demanda, más la multa del 30% y la actualización en UFV, emergentes del despido forzoso por la falta de pago de salarios; sea con costas y costos; ordenando que los demandados, paguen al tercer día, a favor de sus ex trabajadores los sueldos devengados y beneficios sociales correspondientes. Sentencia que, al haber sido apelada por la parte demandada –hoy impetrantes de tutela–, mereció el Auto de Vista 150 de 8 de enero de 2021; por el cual, los Vocales de la Sala Social Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Tributaria Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmaron la Sentencia 16, sin costas en ambas instancias (Conclusiones II.1 y 2).

Contra el señalado Auto de Vista, la que en vida fue Aida Arenales Vda. de Anglarill y los ahora accionantes, así como los hoy terceros interesados interpusieron recurso de casación; por lo que, resolviendo los señalados recursos, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia –ahora demandada–, por AS 350/2021 de 9 de junio: 1) Casó en parte los recursos de casación de “fojas 328 a 330 y de 332 a 334 de obrados”, únicamente respecto a que Aida Arenales Vda. de Anglarill, es la representante legal de la “MAESTRANZA ANGLARILL S.R.L”, y por ende se constituye en la única demandada del proceso, excluyendo del proceso a los demás codemandados; y, 2) Con relación al recurso de casación de “fs. 340 a 341 vlta”, casó en parte el Auto de Vista 150, solo en cuanto corresponde al pago de costas y costos, determinando que concierne su calificación en ambas instancias. Manteniendo firme y subsistente el Auto de Vista recurrido en todo lo demás (Conclusiones II.3 y 4).

Contra el mencionado AS 350/2021, los ahora terceros interesados Eliseo Ayala Tórrez, Yamil Ayala Soleto, Carlos, Germán, ambos Flores Moscoso, Vicente Huaristy Urucubi, Maximiliano Lobos Moreno, Luis Morales Baigorria, Ángel Barrientos Gonzales y Pedro Flores Castillo interpusieron acción de amparo constitucional en contra de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia – ahora también demandada en la presente acción de defensa–, estando en dicha acción de defensa como terceros interesados Williams Henry, Richard Erlan, Hermán Waldo y María Eugenia, todos Anglarill Arenales –hoy accionantes–; la acción de amparo constitucional, mereció la Resolución 156 de 7 de diciembre de 2021, por la que Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, determinó conceder la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el AS 350/2021, ordenando que las autoridades demandadas emitan un nuevo fallo debidamente fundamentado y motivado; por lo que, ante dicha determinación, mediante proveído de 16 de febrero de 2022, la Jueza de la causa, ordenó la remisión del expediente a la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia (Conclusión II.5).

Por lo que, en cumplimiento a la mencionada Resolución Constitucional, Carlos Alberto Egüez Añez y María Cristina Díaz Sosa, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia –hoy demandados–, emitieron el AS 399/2022 de 17 de agosto (objeto de la presente acción tutelar), por el que determinaron declarar: i) Infundado los recursos de casación interpuestos por Williams Henry, Richard Erlan, Hermán Waldo y María Eugenia, todos Anglarill Arenales –hoy accionantes– y por la que en vida fue Aida Arenales Vda. de Anglarill, en representación de la “MAESTRANZA ANGLARILL S.R.L” contra el Auto de Vista 150; y, ii) Casó en parte el Auto de Vista 150, únicamente en cuanto corresponde al pago de costas y costos, determinando que concierne su calificación en ambas instancias (Conclusión II.6).

Finalmente, de la revisión de la página oficial del Tribunal Constitucional Plurinacional, se advierte que, en revisión la Resolución Constitucional 156 (emitida en la primera acción de amparo constitucional), la misma por SCP 1365/2022-S3 de 4 de octubre, fue confirmada en parte; y en consecuencia, se resolvió conceder en parte la tutela, respecto a la lesión al debido proceso en sus elementos motivación y valoración de la prueba; y, denegó la tutela impetrada, en cuanto a la denuncia de infracción del derecho al debido proceso en sus elementos de cosa juzgada y “preclusión de las etapas procesales”, y a la seguridad jurídica; así como, a los principios de imparcialidad y legalidad (Conclusión II.7).

Ahora bien, con base a los antecedentes referidos en el presente caso, con carácter previo a efectuar el análisis de fondo de la problemática planteada, resulta pertinente establecer si la acción de amparo constitucional interpuesta superó los requisitos de improcedencia, a efectos de viabilizar el análisis de fondo del caso concreto; en cuya virtud, el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, establece que: a) Es improcedente peticionar a través de otra acción de amparo constitucional u otra acción de defensa, el cumplimiento de una resolución constitucional de amparo o de otra acción de defensa –incluye la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional–; y, b) Es improcedente, a través de otra acción de amparo u otra acción de defensa, impugnar o cuestionar total o parcialmente decisiones o resoluciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento –parcial, distorsionado o tardío– de las resoluciones constitucionales –incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional–.

En consecuencia, resulta aplicable al presente caso, la segunda sub regla, de cuyo entendimiento se establece, que no es posible impugnar o cuestionar mediante otro amparo constitucional determinaciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento de resoluciones constitucionales –incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional–; toda vez que, conforme se determinó supra, de manera inequívoca, se concluye que el AS 399/2022 de 17 de agosto, denunciado en la presente acción de amparo constitucional de haber sido emitido sin una debida fundamentación, motivación y congruencia, es emergente del cumplimiento de la Resolución Constitucional 156 de 7 de diciembre de 2021, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en una anterior acción de amparo constitucional interpuesto por los ahora terceros interesados, por la que se dispuso dejar sin efecto el AS 350/2021, ordenando que las autoridades demandadas emitan un nuevo fallo debidamente fundamentado y motivado; Resolución que habiendo sido remitida en grado de revisión a este Tribunal, de acuerdo a la página oficial del Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene que la misma mediante SCP 1365/2022-S3 de 4 de octubre, fue confirmada (Conclusión II.7); en cuya razón, como se señaló precedentemente, y por la propia aseveración de los accionantes, se dictó el AS 399/2022 (objeto de la presente acción de defensa); por lo que, la activación de esta nueva acción de defensa, no constituye la vía idónea para reclamar los impetrantes de tutela la presunta vulneración de sus derechos, siendo lo adecuado para ello, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional y el ACP 0006/2012-O de 5 de noviembre, la interposición del recurso de queja, acudiendo para ello a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que conoció la primera acción de defensa; mecanismo procesal idóneo en etapa de ejecución de fallos constitucionales, para efectivizar la materialización de la misma, conforme lo señalado en el citado Fundamento Jurídico, concordante con lo estipulado en el art. 40.II del CPCo; y no así, presentar directamente una acción de amparo constitucional, como ocurrió en el presente caso, impidiendo de esta manera, que la justicia constitucional pueda ingresar a considerar el fondo de la problemática demandada, siendo que el recurso de queja en la vía constitucional puede ser planteado por cualquiera de las partes que intervinieron en el proceso laboral o por otros afectados con el fallo que pudiera emerger de dicho proceso. Por lo tanto, si los impetrantes de tutela, consideraban que el AS 399/2022 emitido en cumplimiento de una Resolución Constitucional pronunciada en una primera acción de defensa donde incluso se constituyeron como terceros interesados, era lesiva a sus derechos fundamentales, correspondía en defensa de sus derechos presuntamente lesionados, presentar el correspondiente recurso de queja ante la autoridad constitucional que dictó la Resolución Constitucional 156; es decir, ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Por lo expresado, se concluye que, no es posible cuestionar a través de la interposición de una nueva demanda de acción de amparo constitucional la Resolución que deviene o emerge en cumplimiento de un pronunciamiento ya emitido por la Sala Constitucional, lo contrario implicaría lesionar el principio de seguridad jurídica, con el riesgo de emitir fallos contradictorios, generando incertidumbre para los sujetos procesales, debiendo por ello los accionantes activar el mecanismo procesal de queja por incumplimiento, de conformidad a los alcances establecidos en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional.

Es así que, sobre la base de los fundamentos expuestos precedentemente, corresponde denegar la tutela impetrada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática expuesta.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, efectuó una incorrecta compulsa de los antecedentes y de los alcances de la presente acción de defensa.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 1 de agosto de 2023, cursante de fs. 652 a 660 vta., pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO