Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1002/2023-S4

Sucre, 5 de diciembre de 2023

SALA CUARTA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:    René Yván Espada Navía

Acción de amparo constitucional

Expediente:                  37499-2021-75-AAC

Departamento:            La Paz

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La entidad accionante denuncio la vulneración del debido proceso en su elemento de motivación; así como, la seguridad jurídica y la predictibilidad de las resoluciones; puesto que, los Magistrados hoy demandados no justificaron debidamente las razones por las cuales se apartaron de los precedentes jurisprudenciales asumidos por el Tribunal Supremo de Justicia en caso similar, exponiendo sin justificación un entendimiento contrario al señalado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del mencionado Tribunal, en las Sentencias 104 de 24 de noviembre de 2016, 111 y 112, estas últimas de 5 de diciembre de igual año.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

         Con relación a estos elementos integrantes del debido proceso, la SCP 0280/2019-S2 señala que, el derecho a una resolución fundamentada y motivada, fue desarrollado en reiteradas oportunidades por la jurisprudencia constitucional; así uno de sus antecedentes se sienta en el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclaró que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada; y, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, se precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, fue complementada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación; previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional, por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, indicó que la jurisprudencia (…) debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

III.2. Sobre el precedente jurisprudencial vinculante

 

Conforme a lo señalado por la SCP 0907/2019-S4 de 16 de octubre: “…Debemos partir señalando que, en el marco del Estado legislado de derecho, este es válido solo por haber sido establecido por la autoridad que tiene competencia normativa, concretamente el Órgano legislativo, por ello es que solo las leyes que emanaban de dicho órgano podían ser consideradas como fuente del derecho; así, bajo el positivismo jurídico una regla jurídica es derecho positivo aunque la misma resulte incompatible con el valor justicia y la moral, no obstante debía cumplirse con la regla jurídica, cualquiera sea su contenido, dado que se trataba del carácter del Estado, y el derecho, al ser voluntad del Estado, era concebido como un todo coherente, unitario y pleno; en ese marco, la labor del juez se encontraba legitimada solo a partir de la aplicación exacta de la ley, cuyo método básico era el silogismo jurídico, es decir que el Juez no interpretaba la ley.

 

Por el contrario, en el Estado constitucional de derecho, este se encuentra estructurado sobre valores supremos, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales, donde además rige el principio de supremacía constitucional, en virtud al cual, cambian las condiciones de validez de las leyes, dado que ya no dependen solamente de su forma de producción, sino principalmente de su coherencia con los valores y principios consagrados en la Norma Suprema, de manera que, es la Constitución Política del Estado la fuente de legitimación del poder político, fuente y fundamento de todo el ordenamiento jurídico; en ese sentido, cambia el papel del Juez, de simple aplicador de la ley, a su aplicación solo cuando la misma se encuentra en coherencia con Ley Fundamental, de manera que, nos encontramos frente a una constitucionalización del ordenamiento jurídico.

 

 La indicada constitucionalización del ordenamiento jurídico, a decir de Riccardo Guastini, tiene como característica fundamental, la invasión de la Norma Suprema en todo el sistema de normas existentes, así como en la jurisprudencia y la misma doctrina, cuyas condiciones son: la existencia de una Constitución rígida, la garantía jurisdiccional de la Constitución, la fuerza vinculante de la Constitución, la sobreinterpretación de la Constitución, la interpretación conforme de las leyes, y el valor de la jurisprudencia como fuente directa del Derecho en el Estado constitucional.

 

En cuanto a la última característica anotada, es decir, el valor de la jurisprudencia como fuente directa del Derecho en el Estado constitucional, se aplica en el ámbito de la jurisdicción constitucional, por expresa previsión del art. 203 de la CPE, que establece, que las decisiones y Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y desarrollada por el art. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo), cuando señala el carácter obligatorio de las resoluciones constitucionales para las partes intervinientes en el proceso constitucional, excepto las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos, que tienen efecto erga omnes, y el efecto vinculante para todos los órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares, de las razones jurídicas de la decisión.

 

Entonces, el precedente vinculante no es sino aquel que la jurisdicción constitucional, a través del desarrollo interpretativo de las normas jurídicas en cada resolución, extrae de las normas implícitas de la Constitución, subreglas concretas derivadas de los derechos abstractos, otorgando a través de estas (subreglas) un contenido normativo concreto a las cláusulas abstractas comprendidas en la Ley Fundamental, las que tienen sustento en los valores, principios, derechos y garantías constitucionales, que se constituyen en las bases esenciales del Estado constitucional de derecho; de manera que, la indicada jurisdicción realiza una labor creadora del Derecho, por lo tanto, se constituye ciertamente en una fuente directa del mismo. Razonamiento que también es aplicable al ámbito de la jurisdicción ordinaria, dado que, los jueces y tribunales de la indicada jurisdicción, tienen la función de aplicar la ley, empero –como quedó establecido precedentemente–, en el cumplimiento de dicha labor –por la necesaria coherencia que debe existir de la ley con los valores, principios, derechos y garantías constitucionales–, debe realizar la interpretación de la ley, estableciendo de esa manera la jurisprudencia vinculante, la misma que tiene sustento en los arts. 38 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, que señala que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia tiene, entre otras atribuciones, la de “Sentar y uniformar jurisprudencia”, 42 de la misma Ley, que establece que las Salas Especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia tienen la atribución de “Sentar y uniformar jurisprudencia”, y 420 del Código de Procedimiento Pena (CPP), que establece el carácter obligatorio para los Tribunales y Jueces inferiores, de la doctrina legal establecida por la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia. 

Los precedentes vinculantes tienen una labor importante en el ordenamiento jurídico, así: i) Preservan la seguridad jurídica y la coherencia del orden jurídico, lo que obliga a los Jueces y Tribunales a otorgar un significado estable a las normas jurídicas, con la finalidad que sus resoluciones sean previsibles; ii) Protegen los derechos fundamentales y las libertades, evitando variaciones en los criterios de interpretación; iii) Preservan la igualdad, evitando que casos similares sean resueltos de manera distinta; y, iv) Ejercen el control sobre la actividad judicial, imponiendo a los Jueces y Tribunales una mínima racionalidad y universalidad, porque deben decidir el problema planteado a partir de razonamientos utilizados en anteriores supuestos (resoluciones). Al respecto, la SC 0493/2004-R de 31 de marzo, se refirió a la importancia de uniformar la jurisprudencia y la aplicación del precedente en la jurisdicción ordinaria, al sostener que está vinculada al derecho a la igualdad y al principio de seguridad jurídica, y a la predictibilidad de las resoluciones; lo que no significa que el precedente no pueda ser modificado, cambiado o mutado, empero con la motivación suficiente. 

Por lo anotado se concluye que, los precedentes vinculantes son aquellas subreglas creadas a partir de la interpretación normativa por la autoridad jurisdiccional competente, la misma que se constituye en el fundamento jurídico de la decisión; por lo que, no hace precedente, la conclusión de los hechos de una determinada problemática jurídica; toda vez que, estos están sujetos a la actividad cognoscitiva del juzgador, utilizando a tal efecto los distintos métodos de valoración regulados en la norma procesal pertinente…”

En conclusión, tal precedente vinculante, emerge del desarrollo interpretativo de las normas jurídicas efectuado en general, por los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, quienes tienen la función de aplicar la ley en coherencia con los valores, principios, derechos y garantías constitucionales, sentando así entendimientos jurisprudenciales, que en el caso específico del Tribunal Supremo, se encuentra previsto en los arts. 38 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, que señala que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia tiene, entre otras atribuciones, la de “Sentar y uniformar jurisprudencia”, 42 de la misma Ley, que establece que las Salas Especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia tienen la atribución de “Sentar y uniformar jurisprudencia”, y 420 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece el carácter obligatorio para los Tribunales y Jueces inferiores, de la doctrina legal establecida por la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia.

Los precedentes vinculantes tienen una labor importante en el ordenamiento jurídico, así: i) Preservan la seguridad jurídica y la coherencia del orden jurídico, lo que obliga a los Jueces y Tribunales a otorgar un significado estable a las normas jurídicas, con la finalidad que sus resoluciones sean previsibles; ii) Protegen los derechos fundamentales y las libertades, evitando variaciones en los criterios de interpretación; iii) Preservan la igualdad, evitando que casos similares sean resueltos de manera distinta; y, iv) Ejercen el control sobre la actividad judicial, imponiendo a los Jueces y Tribunales una mínima racionalidad y universalidad, porque deben decidir el problema planteado a partir de razonamientos utilizados en anteriores supuestos (resoluciones). Al respecto, la SC 0493/2004-R de 31 de marzo, se refirió a la importancia de uniformar la jurisprudencia y la aplicación del precedente en la jurisdicción ordinaria, al sostener que está vinculada al derecho a la igualdad y al principio de seguridad jurídica, y a la predictibilidad de las resoluciones; lo que no significa que el precedente no pueda ser modificado, cambiado o mutado, empero con la motivación suficiente.

III.3. Análisis del caso concreto

La lectura de los antecedentes que cursan en el expediente, informa que la administración tributaria emitió la Resolución Determinativa 17-1587-14, estableciendo un adeudo tributario en contra de la Policía Boliviana correspondiente al  IT , por el periodo fiscal febrero de 2009, importe al que se adicionó una multa por Omisión de Pago haciendo un total de 2980 UFV, motivando que el Comando General de la Policía Boliviana interpusiera recurso de alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, que a su turno, pronunció la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ 0406/2015, revocando totalmente la señalada Resolución Determinativa al considerar que los Servicios de Seguridad dependientes de la Policía Boliviana, forman parte de una entidad del Estado, que se encuentra exento del pago del IT.

Contra lo resuelto, el SIN planteó recurso jerárquico que fue resuelto por la AGIT, a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1402/2015, confirmando el criterio de la Regional La Paz.

A instancia de la misma administración tributaria, se tramitó el proceso contencioso administrativo en el que se impugnó la citada Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1402/2015, mediante demanda en la que se denunció la errónea aplicación del art. 76.d) de la Ley 843; así como el derecho a la defensa y el debido proceso por ausencia de motivación de la Resolución jerárquica impugnada.

Tramitada la causa y sorteada para resolución, las autoridades demandadas emitieron la Sentencia 218/2018, señalando lo que sigue:

1)  El art. 76 inc. d) de la Ley 843 establece claramente quienes están exentos de este gravamen: Los servicios prestados por el Estado Nacional, los departamentos, las municipalidades, sus dependencias, reparticiones descentralizadas y desconcentradas con la excepción de las empresas públicas(El resaltado y las cursivas corresponden al texto original).

2)  Sobre este punto es importante complementar que contrariamente a lo manifestado por la demandante, el hecho generador tiene como consecuencia el nacimiento de la obligación tributaria; empero, la doctrina tributaria nos enseña que a pesar de configurarse el hecho imponible, existen condiciones peculiares que neutralizan la consecuencia jurídica;  es decir que aun perfeccionándose el hecho generador del tributo a pagar, la norma tributaria prevé la existencia de dispensa de la obligación tributaria material como es la denominada EXENCION prevista en el precitado artículo de la Ley 843, enmarcándose la Autoridad de Impugnación Tributaria, a emitir la resolución en base a los hechos, antecedentes y en el derecho aplicable conforme establece el art. 211.II del Código Tributario Boliviano (CTB) –Ley 2492 de 2 de agosto de 2003–que para el presente caso no es otra cosa que la imposibilidad de apartarse en el art. 8.I del citado Código, que expresa que en el caso de las exenciones tributarias, la interpretación será de acuerdo al método literal.

3)  Los recursos económicos provenientes del Batallón de Seguridad Privada, emergen de una actividad económica que supuestamente es una venta de servicios que deberían generar el IT, es importante precisar que la misma es una repartición dependiente y que forma parte del COMANDO NACIONAL DE LA POLICIA que es una dependencia del ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, entendiéndose que el servicio prestado es del Estado Nacional, en este entendido a fin de aplicar la exención corresponde revisar la naturaleza del sujeto pasivo, considerando que en virtud de los art. 252 de la CPE, 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y el Art. Único del DS 2225; establece que, de este modo el Comando General de la Policía Boliviana es una instancia dependiente del Estado por lo tanto se encuentra exenta de pago del IT.

En la presente acción de amparo constitucional, la entidad accionante denuncio que los Magistrados hoy demandados vulneraron el debido proceso en su elemento de motivación; así como, la seguridad jurídica y la predictibilidad de las resoluciones; puesto que, no justificaron debidamente las razones por las cuales se apartaron de los precedentes jurisprudenciales asumidos por el Tribunal Supremo de Justicia en caso similar, exponiendo sin justificación un entendimiento contrario al señalado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del citado Tribunal en las Sentencias 104 de 24 de noviembre de 2016, 111 y 112, estas últimas de 5 de diciembre de igual año.

Al respecto, la Sentencia confutada en la presente acción de defensa, al declarar improcedente la demanda planteada por la hoy accionante, exterioriza en su fundamentación que, su decisión de denegar la pretensión deducida por la administración tributaria, se basa en la aplicación de lo dispuesto por el art. 76.d) de la Ley 843, que exime del Impuesto a las Transacciones, a los servicios prestados por el Estado Nacional, los departamentos, las municipalidades, sus dependencias, reparticiones descentralizadas y desconcentradas con la excepción de las empresas públicas; en ese comprendido, señala que el Batallón de Seguridad Privada, es una repartición dependiente y que forma parte del Comando Nacional de la Policía, que a su vez, es una dependencia del Estado Plurinacional de Bolivia, entendiendo que el servicio prestado es del Estado Nacional conforme previenen los arts. 252 CPE, 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y el Artículo Único del DS 2225.

Prosiguiendo, se tiene también que, en los fallos pronunciados por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del prenombrado Tribunal, se expuso un criterio disímil al precedentemente mencionado; puesto que, en las Sentencias: 104, 111 y, 112, los Magistrados que conformaban la indicada Sala hasta la gestión 2017; consideraron que, no era aplicable tal exención tributaria a la Policía Nacional y por ende, a los Batallones de Seguridad Física, en aplicación del método de interpretación literal aplicable al análisis de las exenciones tributarias, concluyéndose que tal precedente es consecuencia del desarrollo interpretativo de las normas jurídicas efectuado en general, por los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, quienes tienen la función de aplicar la ley en coherencia con los valores, principios, derechos y garantías constitucionales, sentando así entendimientos jurisprudenciales, que en el caso específico del Tribunal Supremo, se encuentra previsto en los arts. 38 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, que señala que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia tiene, entre otras atribuciones, la de “Sentar y uniformar jurisprudencia”, 42 de la misma Ley, que establece que las Salas Especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia tienen la atribución de “Sentar y uniformar jurisprudencia”, y 420 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece el carácter obligatorio para los Tribunales y Jueces inferiores, de la doctrina legal establecida por la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia. 

Conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.4, los precedentes vinculantes tienen una labor importante en el ordenamiento jurídico, así: i) Preservan la seguridad jurídica y la coherencia del orden jurídico, lo que obliga a los Jueces y Tribunales a otorgar un significado estable a las normas jurídicas, con la finalidad que sus resoluciones sean previsibles; ii) Protegen los derechos fundamentales y las libertades, evitando variaciones en los criterios de interpretación; iii) Preservan la igualdad, evitando que casos similares sean resueltos de manera distinta; y, iv) Ejercen el control sobre la actividad judicial, imponiendo a los Jueces y Tribunales una mínima racionalidad y universalidad, porque deben decidir el problema planteado a partir de razonamientos utilizados en anteriores supuestos (resoluciones).

La importancia de uniformar la jurisprudencia y la aplicación del precedente en la jurisdicción ordinaria, está vinculada al derecho a la igualdad y al principio de seguridad jurídica, y a la predictibilidad de las resoluciones; lo que no significa que el precedente no pueda ser modificado, cambiado o mutado, empero con la motivación suficiente que en el caso venido en revisión, resulta evidente al haberse explicado de manera suficiente; es decir, bastante, las razones por las que los Magistrados demandados consideran aplicable la exención tributaria en el caso de los Batallones de Seguridad, justificando su criterio en una nueva lectura e interpretación literal de la previsión contenida en el art. 76 inc. d) de la Ley 843, que señala que, están exentos del pago del gravamen del IT,  los servicios prestados por el Estado Nacional, los departamentos, las municipalidades, sus dependencias, reparticiones descentralizadas y desconcentradas con la con la excepción de las empresas públicas; exponiendo así mismo, un análisis de la naturaleza jurídica del Batallón de Seguridad Privada, como  repartición dependiente y que forma parte del Comando Nacional de la Policía, que a su vez, es una dependencia del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco de los preceptos contenidos en los arts. 252 de la CPE, 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y el Artículo Único del DS 2225; consecuentemente, en el contenido de la Sentencia 218/2018, resulta evidente que expone una motivación y fundamentación clara que responde de manera congruente a lo solicitado en la demanda contencioso administrativa interpuesta por la administración tributaria, aunque evidentemente en forma contraria a sus intereses, resultando necesario resaltar que la entidad solicitante de tutela no expuso ningún razonamiento que permita a este Tribunal Constitucional Plurinacional, revisar, en el fondo, lo resuelto por las autoridades hoy demandadas.

Ahora bien, en la acción de amparo constitucional se ha mencionado igualmente, el entendimiento expuesto en la SCP 0380/2018-S3 de 30 de julio, en el que, se expone que si bien está permitido que las autoridades jurisdiccionales, se aparten de sus propios precedentes o de aquellos expuestos por sus similares, deben expresar con claridad las razones que justifiquen su decisión de cambiar el precedente jurisprudencial, criterio que si bien no fue expuesto en el caso en análisis, al no haberse mencionado las Sentencias mencionadas precedentemente u otras que podrían existir y la necesidad de cambiar dicho entendimiento, no se justifica la nulidad formal de la Sentencia 218/2018; puesto que, la misma tendría como efecto que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; así corresponde en el marco del análisis expuesto en la parte in fine del Fundamento Jurídico III.1, denegar la tutela impetrada por carecer de relevancia constitucional.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 13/2020 de 10 de enero, cursante de fs. 592 a 594, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía                    Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

MAGISTRADO

Navegador
Reiterados
I

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