Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1001/2023-S4

Sucre, 5 de diciembre de 2023

SALA CUARTA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:    Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

Acción de amparo constitucional

Expediente:                  58401-2023-117-AAC

Departamento:            Santa Cruz

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, a la defensa y al debido proceso, debido a que el 30 de agosto de 2023, los demandados ejecutaron un violento avasallamiento contra los predios de su propiedad que se encontraban en plena actividad productiva, denominados “Nueva Toledo”, “Nueva Toledo I”, “Garza Blanca”, “Fuji” y “Monte Verde”; en ese propósito, tomaron los diferentes campamentos, sustrayendo herramientas y procedieron a ejecutar un ilegal parcelamiento de cada predio, cerraron el camino principal de ingreso con la instalación de una tranca precaria sin permitirles el paso, arriesgando con ello la pérdida de su maquinaria, vehículos, herramientas de trabajo, así como del ganado vacuno y los cultivos que requieren de su atención (para el deshierbe, fumigación, etc.) manteniéndose en el lugar de manera hostil, amenazante, y sin resolución judicial que respalde su ilícito accionar.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  La acción de amparo constitucional frente a las vías de hecho. Jurisprudencia reiterada

De acuerdo a la  SCP 1013/2014 de 6 de junio, “…las denominadas medidas de hecho o vías de hecho tutelables a través de la vía constitucional, forman parte de la tradición jurisprudencial de la justicia constitucional en Bolivia, pues desde el primer tiempo de ejercicio del Tribunal Constitucional en 1999, se ha asumido una protección de los seres humanos ante la violación de derechos fundamentales cuando éstos han sido cometidos a través de medidas de hecho; es decir, acudiendo a mecanismos no institucionales de resolución de sus conflictos y más bien apelando a la fuerza o a determinaciones lesivas de la integridad física, propiedad y otras (SCP 1144/2013 de 23 de julio).

Ahora bien la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, procedió al tomar lo desarrollado en la SC 1592/2003-R de 10 de noviembre, entre otras, sobre la no necesidad de agotar la subsidiariedad frente a vías de hecho y a adoptar de la SCP 0489/2012 de 6 de julio, la flexibilidad del acerbo probatorio así de manera general estableció: “…1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas…”.

 

(...)

En este marco, en lo referente a los elementos probatorios la SCP 0489/2012 de 6 de julio, que a su vez a partir de la jurisprudencia existente flexibilizó la prueba lo hizo en los siguientes términos:

“a) Que las medidas de hecho denunciadas por lo general deben ser probadas por el o los accionantes; ya que debe demostrarse con certeza que indudablemente se han suscitado los actos que lesionaron los derechos y/o garantías denunciados.

b) Para invocar la excepción de la prueba y conceder la tutela solicitada, tendrán que concurrir dos requisitos: i) La imposibilidad de obtener y presentar la prueba correspondiente; y, ii) La aceptación de los hechos acusados o que no se desvirtúen los mismos por parte de los demandados.

c) En virtud al principio favor debilis y considerando los supuesto del caso concreto es posible efectuar la inversión de la presentación de la prueba cuando precisamente son los demandados poseedores de los elementos probatorios que acreditan la legalidad o ilegalidad de los actos acusados”

Asimismo la citada Sentencia analizó la problemática de las medidas de hecho, vinculada al ejercicio del derecho propietario y la existencia de procesos penales pendientes anteriores a la presentación de la acción de amparo constitucional, concluyendo: “…las autoridades llamadas a salvaguardar a los ciudadanos de las vías o medidas de hecho son: las jurisdicciones ordinaria, agroambiental e indígena originaria campesinas, debiendo los jueces naturales, adoptar las medidas jurisdiccionales pertinentes para el resguardo de los derechos fundamentales salvo se demuestre necesidad de tutela inmediata ante la justicia constitucional(las negrillas son nuestras).

III.2.  Análisis del caso concreto

          

           De la revisión de antecedentes, se advierte que Paulo Sergio Gibrin, Gerson De Oliveira Gouvea, Nereida Baldiviezo Flores de Domínguez y Clovis Wazilewski, son propietarios de los predios “Nueva Toledo”, “Nueva Toledo I”, “Fuji” y “Monte Verde” respectivamente. En el caso de Jair Jorge Mezzomo, quien se presentó en esta acción como representante legal de los propietarios –sin identificarlos– del predio “Garza Blanca”, si bien no se acompañó un documento que acredite dicha representación; de los antecedentes cursantes en obrados se advierte que los actuales propietarios serían sus hijos Julio César Mezzomo, Thaysa Luana Mezzomo y Samuel Augusto Mezzomo, con relación a los cuales el prenombrado coaccionante junto con su esposa Nair Terezinha De Matia Mezzomo, efectuaron la cesión del citado predio “Garza Blanca” en anticipo de legítima (Conclusión II.3.4); no obstante lo cual, entre otras cosas, tanto el proceso de saneamiento agrario –que al momento de la interposición de esta acción se halla inconcluso–, como prácticamente la totalidad de las actividades productivas desplegadas en dicho predio –sobre las cuales se considerará más adelante–, se encuentran a nombre de Jair Jorge Mezzomo. De ahí que, a los fines de tramitación de esta acción y en el marco del principio pro actione, se considerará a este último como accionante titular de los derechos subjetivos invocados en esta acción en todo lo que pudiera favorecerle, sin perjuicio de los derechos transmitidos a favor de sus tres hijos.

Siguiendo con el presente análisis, de los antecedentes cursantes en obrados y ampliamente detallados en el acápite precedente de “Conclusiones”; también se advierte y comprueba la existencia de una continua actividad productiva en los citados predios, bastante anterior a la fecha en que se habría producido el avasallamiento aquí denunciado, y que es desplegada coincidentemente en los rubros agrícolas y pecuarios, especialmente de ganado vacuno en todos los citados predios, lo que corrobora la afirmación de la parte accionante acerca de la legitimidad de su posesión pacífica y continuada, generando una convicción razonable en este Tribunal acerca de la legitimidad de la posesión y/o derecho propietario ostentado por los ahora accionantes, en base al cual ostentan su pedido de tutela constitucional. 

Sumado a lo anterior, las declaraciones brindadas de manera voluntaria por diferentes testigos ante Notario de Fe Pública (Véase Conclusiones II.1.9, II.3.10 y II.5.3), acerca de los hechos suscitados el 30 de agosto de 2023, junto con el reporte policial que, con un muestrario fotográfico certificado, corroboran no únicamente el avasallamiento violento denunciado en la presente demanda de amparo constitucional sobre los mencionados predios, sino también la interrupción de la actividad productiva anteriormente mencionada, y aún más, el riesgo de un daño inminente e irreparable con relación a los frutos de dicha actividad, de los cuales depende tanto los ingresos legítimos de sus propietarios, como la subsistencia de fuentes de empleo vinculadas de manera directa. Extremos que se corroboran de la amplia documentación por la cual los accionantes demostraron su condición de empleadores y generadores de fuentes de empleo (Véase Conclusiones II.1.4, II.2.7, II.3.7, II.4.3 y 4).

En ese contexto, se colige que en aplicación de la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se ha demostrado la necesidad de tutelar de manera inmediata y provisional el derecho a la propiedad privada vinculado con el derecho al ejercicio de una actividad productiva lícita que por su naturaleza vinculada a la actividad agropecuaria se encuentran en riesgo de perderse producto de las medidas de hecho acreditadas, y respecto de las cuales, no hubo pronunciamiento alguno por parte de los demandados.

En ese sentido, la tutela constitucional es dispuesta de manera provisional para la restitución de los predios “Nueva Toledo”, “Nueva Toledo I”, “Garza Blanca”, “Fuji” y “Monte Verde” a sus legítimos propietarios y poseedores, al estado anterior en que se produjeron los hechos objeto de la presente demanda de amparo constitucional y de manera provisional, a cuyo efecto se dispone el auxilio de la fuerza Pública.

Se hace notar que la finalidad de la tutela constitucional aquí dispuesta se da con el fin de garantizar que ninguna de las actividades productivas allí desarrolladas se vea afectada de una manera significativa de modo que se pueda producir un daño irreparable, y con ello se arriesgue otros derechos fundamentales vinculados con el derecho a la propiedad privada tales como el ejercicio de una actividad productiva lícita, el derecho al trabajo, entre otros. Por lo cual, en lo concerniente a la custodia de los predios solicitada, la parte accionante deberá acudir a las vías llamadas por ley, y activar la jurisdicción que a su juicio considere legítima y eficaz a los fines de prevenir, nuevas circunstancias como las que motivaron la interposición de la presente acción.

Por consiguiente, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, adoptó la decisión correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 160 de 12 de septiembre de 2023, cursante de fs. 310 vta. a 313, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en base a los fundamentos constitucionales aquí desarrollados.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO