Corte Interamericana de Derechos Humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO VALENCIA CAMPOS Y OTROS VS. BOLIVIA 

SENTENCIA DE 18 DE OCTUBRE DE 2022

(Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

 

En el caso Valencia Campos y otros Vs. Bolivia,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces y juezas:

Ricardo C. Pérez Manrique, Presidente; Humberto Antonio Sierra Porto, Vicepresidente; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez;

Nancy Hernández López, Jueza; Verónica Gómez, Jueza;

Patricia Pérez Goldberg, Jueza, y Rodrigo Mudrovitsch, Juez;

presentes, además,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Romina I. Sijniensky, Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento” o “Reglamento de la Corte”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:

 

TABLA DE CONTENIDO

 

I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA...4

II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE...5

III COMPETENCIA...7

IV EXCEPCIÓN PRELIMINAR...7

A. Alegatos del Estado y observaciones de la Comisión y de los representantes...7

B. Consideraciones de la Corte...8

V CONSIDERACIONES PREVIAS...9

A. Respecto a la inclusión de víctimas ausentes...9

B. Sobre la inclusión de A.A.D.P. como presunta víctima...10

VI PRUEBA...11

A. Admisibilidad de la prueba documental...11

B. Admisibilidad de la prueba testimonial y pericial...13

VII HECHOS...14

A. Marco Normativo Relevante...14

B. El asalto a la furgoneta de Prosegur y los posteriores allanamientos y detención de los sospechosos...16

B.1. El asalto a la furgoneta de Prosegur...16

B.2. Los allanamientos...16

B.3. Las detenciones y la exhibición a los medios de prensa...21

B.4. La muerte de María Fernanda Peña Gallardo...27

C. El proceso penal en contra de las presuntas víctimas, condenas y ejecución de la pena...27

C.1. El proceso penal contra las presuntas víctimas...27

C.2. Ejecución de las penas...32

D. La investigación sobre las denuncias de vejaciones y tortura...33

VIII FONDO...37

VIII-1 DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL, A LA VIDA PRIVADA, AL DOMICILIO, A LA PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y DERECHO A LA PROPIEDAD...37

A. Alegatos de las partes y de la Comisión...37

B. Consideraciones de la Corte...39

B.1. Derecho a la libertad personal...39

B.2. Derecho a la vida privada, al domicilio y a la vida familiar...46

B.3. Derecho a la propiedad...50

VIII-2  51

DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y DERECHO DE LA MUJER A VIVIR LIBRE DE VIOLENCIA...51

A. Alegatos de las partes y de la Comisión...51

B. Consideraciones de la Corte...53

B.1. Pautas generales sobre el derecho a la integridad personal y la prohibición de tortura y malos tratos y los medios de prueba...53

B.2. Los hechos de tortura y malos tratos durante los allanamientos y las detenciones...54

B.3. En particular sobre la violencia y tortura sexual sufrida por las mujeres...58

B.4. Las medidas de incomunicación...60

B.5. Las condiciones de los centros de detención...61

B.6. La alegada afectación a la integridad personal de María Fernanda Peña Gallardo...62

B.7. Conclusiones...62

VIII-3...63

AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL, A LA INTERGRIDAD PERSONAL Y A LOS DERECHOS A LA NIÑEZ EN EL CASO DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS NIÑOS Y ADOLESCENTES...63

A. Alegatos de las partes y de la Comisión...63

B. Consideraciones de la Corte...64

VIII-4 ...67

DERECHO A LA VIDA EN PERJUICIO DE GENARO AHUACHO LUNA...67

A. Alegatos de las partes y de la Comisión...67

B. Consideraciones de la Corte...67

VIII-5 ...69

DERECHO A LA SALUD...69

A. Alegatos de las partes y de la Comisión...69

B. Consideraciones de la Corte...69

VIII-6 ...73

GARANTÍAS JUDICIALES, PROTECCIÓN JUDICIAL, DERECHO A LA HONRA Y A LA DIGNIDAD, DEBER DE INVESTIGAR Y SANCIONAR ACTOS DE TORTURA y DEBER DE INVESTIGAR Y SANCIONAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER...73

A. Alegatos de las partes y de la Comisión...73

B. Consideraciones de la Corte...75

B.1. Alegada violación al derecho a la presunción de inocencia y a la protección de la honra y dignidad...75

B.2. Alegada violación al derecho de defensa...77

B.3. La investigación de los actos de tortura...79

IX REPARACIONES...82

A. Parte lesionada...82

B. Medidas de restitución...83

C. Obligación de investigar...84

D. Medidas de rehabilitación...85

E. Medidas de satisfacción...87

F. Garantías de no repetición...88

F.1. Planes de capacitación y protocolos de actuación...89

F.3. Mecanismo para reapertura de procesos judiciales...90

G. Indemnizaciones compensatorias...90

H. Costas y gastos...94

I. Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas...95

J. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados...96

X PUNTOS RESOLUTIVOS...97

 

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

 

1. El caso sometido a la Corte. - El 22 de febrero de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte el caso Blas Valencia Campos y otros respecto del Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante también “el Estado” o “Bolivia”). La Comisión señaló que el caso se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado por el allanamiento ilegal de los domicilios de las presuntas víctimas y actos de violencia excesiva por parte de agentes estatales – incluyendo tortura, violencia sexual e incomunicación- durante su arresto y posterior detención.

2. Trámite ante la Comisión. - El trámite ante la Comisión fue el siguiente:

a) Petición. – El 8 de enero de 2003 la Comisión recibió una petición presentada por Blas Valencia Campos y otras 25 personas1 contra el Estado de Bolivia.

b) Informe de Admisibilidad. – El 30 de octubre de 2008 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 84/08. Dicho Informe fue notificado a las partes el 11 de noviembre de 2008.

c) Informe de Fondo. – El 4 de mayo de 2019 la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 54/19. En él llegó a una serie de conclusiones y formuló distintas recomendaciones al Estado.

d) Notificación al Estado. - El Informe de Fondo fue notificado al Estado el 22 de julio de 2019.

3. Sometimiento a la Corte. – El 22 de febrero de 2021, luego de haberle concedido seis prórrogas al Estado para el cumplimiento de las recomendaciones, la Comisión3 decidió someter a la jurisdicción de la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo No. 54/19, tomando en cuenta que algunas de las presuntas víctimas están privadas de libertad y “la necesidad de obtención de justicia y reparación para las [presuntas] víctimas”. Este Tribunal nota con preocupación que, entre la presentación de la petición inicial ante la Comisión y el sometimiento del caso ante la Corte, han transcurrido más de 18 años.

4. Solicitudes de la Comisión. – Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por las mismas violaciones señaladas en su Informe de Fondo (supra párr. 2.c) y nota 2). Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado, como medidas de reparación, aquellas incluidas en dicho Informe.

 

II 

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

 

5. Notificación al Estado y a los representantes. - El sometimiento del caso fue notificado al Estado y a los representantes de las presuntas víctimas4 el 17 de junio de 2021.

6. Escritos de solicitudes, argumentos y pruebas. – Los Defensores Públicos Interamericanos presentaron su escrito de solicitudes argumentos y pruebas (en adelante “escrito de argumentos y pruebas”) el 14 de agosto de 2021. Para el efecto, coincidieron con el contenido del Informe de Fondo, agregando la solicitud que se declare la responsabilidad estatal por violación al derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de sus representados y solicitaron medidas de reparación complementarias a las solicitadas por la Comisión. El representante Carlos Eduardo Gómez Rojas presentó su escrito de argumentos y pruebas el 15 de agosto de 2021. También coincidió en esencia con el contenido del Informe de Fondo y solicitó medidas de reparación complementarias a las solicitadas por la Comisión. Sin embargo, no solicitó que se declarara la violación de la Convención de Belém do Pará, ni de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Agregó la supuesta violación al derecho a la familia, consagrado por el artículo 17.1 de la Convención Americana. Los representantes Jemio Mendoza y Machicao Hidalgo5 presentaron su escrito de argumentos y pruebas el 16 de agosto de 2021. Al igual que los otros representantes, coincidieron con el contenido del Informe de Fondo y solicitaron medidas de reparación específicas para sus representadas. Agregaron la alegada vulneración al derecho a la salud, consagrado por el artículo 26 de la Convención Americana.

7. Escrito de excepciones preliminares y contestación6. – El 16 de diciembre de 2021 el Estado presentó ante la Corte su escrito de contestación al sometimiento del caso por parte de la Comisión, así como sus observaciones a los escritos de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación”). En dicho escrito, el Estado interpuso dos excepciones preliminares. Además, negó las violaciones alegadas y la procedencia de las medidas de reparación solicitadas.

8. Observaciones a las excepciones preliminares. – El 23 de febrero de 2022 los Defensores Públicos Interamericanos presentaron sus observaciones a las excepciones preliminares. De la misma manera, el 24 y 28 de febrero de 2022, el representante Jemio Mendoza y la Comisión presentaron, respectivamente, sus observaciones a las excepciones preliminares. El representante Gómez Rojas no presentó observaciones.

9. Fondo de Asistencia Legal. – Mediante nota de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de octubre de 2019 y siguiendo instrucciones de la Presidencia del Tribunal, se declararon procedentes las solicitudes de los Defensores Públicos Interamericanos y del representante Jemio Mendoza para acogerse al Fondo de Asistencia Legal a las víctimas.

10. Audiencia Pública. – Mediante Resolución de 25 de mayo de 2022, la Presidencia de la Corte convocó a las partes y a la Comisión a una audiencia pública sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas7. La audiencia pública se llevó a cabo el 21 de junio de 2022 en el marco del 149° Período Ordinario de Sesiones8. En el curso de la audiencia se recibieron las declaraciones de dos presuntas víctimas9 y de una perita ofrecida por los Defensores Públicos Interamericanos, asimismo los Jueces y Juezas de la Corte solicitaron cierta información y explicaciones a las partes y a la Comisión.

11. Alegatos y observaciones finales escritos. – El 21 de julio de 2022 los Defensores Públicos Interamericanos y el representante Jemio Mendoza presentaron, respectivamente, sus alegatos finales escritos. Asimismo, el 22 de julio de 2022, el representante Gómez Rojas, el Estado y la Comisión, remitieron, respectivamente, sus alegatos y observaciones finales escritas. Los representantes Jemio Mendoza y Gómez Rojas, y el Estado acompañaron sus escritos de anexos.

12. Observaciones a los anexos a los alegatos finales escritos. - El 8 de agosto de 2022, los Defensores Públicos indicaron no tener observaciones a los anexos presentados por los representantes Jemio Mendoza y Gómez Rojas, y el Estado, en ocasión de sus alegatos finales escritos. El 9 de agosto de 2022, la Comisión indicó también no tener observaciones a los anexos presentados. En esa misma fecha, el representante Jemio Mendoza y el Estado presentaron sus observaciones a los anexos incluidos en los alegatos finales escritos. No se recibieron observaciones por parte del representante Gómez Rojas.

13. Solicitud de reserva de nombre. - Por medio de escrito presentado el 16 de septiembre de 2022, los Defensores Públicos Interamericanos solicitaron que se reservara el nombre de una de las presuntas víctimas para evitar su revictimización. La Corte accedió a esta solicitud por lo que en esta sentencia se utilizarán las siglas F.E.P.M. para referirse a esta presunta víctima.

14. Erogaciones en aplicación del Fondo de Asistencia. – El 6 de octubre de 2022 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, remitió información al Estado sobre las erogaciones efectuadas en aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas en el presente caso y, según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del referido Fondo, le otorgó un plazo para presentar las observaciones que estimara pertinentes. El Estado indicó no tener observaciones.

15. Deliberación del presente caso. - La Corte deliberó la presente Sentencia durante los días 17 y 18 de octubre de 2022 en Maldonado, Uruguay, durante el 153° Periodo Ordinario de Sesiones.

 

III

 COMPETENCIA

 

16. La Corte Interamericana es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana, debido a que Bolivia es Estado Parte de dicho instrumento desde el 19 de julio de 1979, y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 27 de julio de 1993. Asimismo, Bolivia depositó el instrumento de ratificación a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 21 de noviembre de 2006, así como el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belem do Pará”, el 5 de diciembre de 1994.

 

IV 

EXCEPCIÓN PRELIMINAR

 

17. El Estado interpuso dos excepciones preliminares. En primer lugar, interpuso la excepción de incompetencia ratione temporis por la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante también “CIPST”). En segundo lugar, interpuso la excepción de incompetencia ratione persona por la inclusión en el Informe de Fondo de seis nombres que no se apersonaron en el proceso como presuntas víctimas. Sin embargo, los alegatos presentados en este segundo apartado no corresponden a los de una excepción preliminar, por lo que serán analizados en las consideraciones previas (infra párrs. 24 a 31).

 

A. Alegatos del Estado y observaciones de la Comisión y de los representantes

 

18. El Estado alegó que la CIPST fue ratificada por Bolivia el 27 de junio de 200610, por lo que no se encontraba vigente al momento de los hechos del caso, teniendo éstos además un carácter de ejecución instantánea. Agregó que, durante las investigaciones de los hechos del caso, no se vulneraron las garantías del debido proceso, por lo que tampoco violó su obligación de investigación. De esta forma consideró que la Corte no tiene competencia para pronunciarse sobre las obligaciones estatales respecto a la CIPST.

19. Los Defensores Públicos Interamericanos subrayaron que, de conformidad con lo establecido por el propio Estado, la CIPST, como cualquier otro tratado internacional, no tiene una aplicación retroactiva. Sin embargo, consideraron que existen violaciones a la CIPST posteriores a su entrada en vigor, en particular, relacionadas al hecho que el Estado no obró con la debida diligencia a la hora de investigar las torturas denunciadas. Agregaron que la Corte tiene competencia para conocer eventuales violaciones al deber de debida diligencia en el proceso de investigación interno de los actos de tortura denunciadas, aun cuando las alegadas torturas ocurrieron antes de la entrada en vigor del tratado. Destacaron que la compatibilidad de la investigación desplegada por el Estado con los estándares que surgen de la CIPST constituye una cuestión de fondo ajena por su naturaleza a una cuestión de carácter preliminar. Finalmente, solicitaron que se rechace la excepción preliminar ratione temporis.

20. Los representantes Jemio Mendoza y Machicao Hidalgo indicaron que el proceso por el cual se estarían investigando los hechos de tortura ocurridos a partir del 21 de diciembre de 2001, fue iniciado en el año 2010, cuatro años después de la entrada en vigor del CIPST para Bolivia, por lo que consideró que no habría una aplicación retroactiva de la Convención. Subrayaron que el Estado reconoció que, a más de 11 años de haber iniciado la investigación, el proceso penal continua sin sentencia. En consecuencia, solicitó desestimar la excepción.

21. La Comisión aclaró que, en el presente caso, no se está solicitando a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado con base en la CIPST respecto de actos que tuvieron una naturaleza instantánea y que ocurrieron antes de que el Estado fuera parte de ese Tratado. Subrayó que la Comisión consideró que el Estado violó los artículos 1,6 y 8 de la CIPST únicamente desde la vigencia de dicho instrumento para el Estado, exclusivamente en lo referente a la obligación de investigar y sancionar los hechos denunciados de tortura. De esta forma, consideró que la excepción preliminar presentada por el Estado era improcedente y que los argumentos señalados por el Estado conforme a los cuales habría investigado debidamente las denuncias de tortura corresponden al fondo del asunto, por lo que no tienen un carácter preliminar.

 

B. Consideraciones de la Corte

 

22. El Estado ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 26 de agosto de 2006 y depositó el instrumento de ratificación el 21 de noviembre de 2006. El tratado entró en vigor para Bolivia, en los términos del artículo 22, el 21 de diciembre de 2006. Con base en lo anterior y en el principio de irretroactividad, codificado en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 196911, la Corte no puede ejercer su competencia contenciosa respecto de actos o hechos que hayan tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor, para el Estado, de los tratados cuya violación se alega.

23. Teniendo en cuenta lo anterior, este Tribunal considera que no tiene competencia para pronunciarse sobre las alegadas torturas de las que habrían sido objeto las presuntas víctimas con fundamento en la CIPST sino como una posible violación del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, como lo ha hecho en otros casos13, la Corte determina que sí tiene competencia temporal para analizar la alegada violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura respecto a la supuesta omisión de investigar los hechos con posterioridad al 21 de diciembre de 2006, lo que constituye el alegato tanto de la Comisión como de los representantes en el presente caso. En atención a todo lo anterior, la Corte desestima la excepción preliminar interpuesta por el Estado.

 

CONSIDERACIONES PREVIAS

 

A. Respecto a la inclusión de presuntas víctimas ausentes

 

24. El Estado alegó que la inclusión de seis presuntas víctimas14 en la lista presentada en el Informe de Fondo de la Comisión sería contraria a los principios de igualdad de armas y de contradicción. Al efecto, explicó que la petición inicial ante la Comisión fue presentada a nombre de 26 personas, pero que solo fue firmada por 12 personas. Indicó, además, que durante el trámite ante la Comisión únicamente participaron directamente en el proceso los representantes de cuatro presuntas víctimas. Agregó que, a partir de los escritos de argumentos y pruebas, el Estado pudo conocer la posición y criterio de la mayoría de las presuntas víctimas excepto de seis de entre ellas que no pudieron ser contactadas. Indicó, además, que con respecto a dos de estas presuntas víctimas existen imprecisiones con respecto a su identificación15. Consideró, asimismo, que la figura del Defensor Público Interamericano puede asumir la representación de presuntas víctimas sin representación legal debidamente acreditada, mas no de aquellas ausentes en el proceso. Por todo lo anterior, solicitó que la Corte se declare incompetente en razón de la persona en relación con las seis personas identificadas como ausentes en el trámite internacional.

25. Los Defensores Públicos Interamericanos indicaron que todas las presuntas víctimas se encontraban debidamente individualizadas en el Informe de Fondo y que, durante el proceso ante la Corte, los Defensores Públicos Interamericanos representaron los intereses de las presuntas víctimas ausentes. Agregaron que el Estado no interpuso esta excepción en la etapa procesal correspondiente. Alegaron, además, que los esfuerzos del Estado para la ubicación de las presuntas víctimas no han sido efectivos, sobre todo tomando en cuenta que se trata en varios casos de personas privadas de libertad y que deberían estar a la disposición del Estado. Finalmente, aclararon que sí se cuenta con datos para individualizar al señor Alfredo Bazán y Rosas. De esta forma, solicitaron que se rechace la excepción presentada por el Estado.

26. La Comisión alegó que las cuestiones relacionadas al ejercicio de sus derechos procesales en el trámite ante la Comisión o precisiones respecto de la identificación y representación de las presuntas víctimas no cuestionan la competencia de la Corte, por lo que consideró que los argumentos del Estado debían ser desechados. Adicionalmente, subrayó que las 26 presuntas víctimas fueron debidamente individualizadas en el Informe de Fondo. Agregó que el Estado no acreditó en modo alguno la manera en la cual no pudo ejercer sus derechos procesales en relación con las seis presuntas víctimas presuntamente ausentes del proceso.

27. La Corte considera pertinente señalar que el artículo 35.1 de su Reglamento establece que, para que pueda examinar un caso, el informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención debe contener la identificación de todas las presuntas víctimas. En ese sentido, el Tribunal advierte que, en el presente caso, todas las presuntas víctimas fueron claramente individualizadas por la Comisión en su Informe de Fondo.

28. El Estado alegó que no se cumplió con este deber de individualización respecto a dos de las presuntas víctimas: Julia Mamanu Mamami y Alfredo Bazán y Rosas. Respecto a la primera, indicó que durante el proceso también ha sido referida como Julia Mamani Mamani y que no se consignó su número de identificación. Respecto del segundo, el Estado alegó que se le contempló también con el nombre alterno de José Miguel Abildo Díaz.

29. Sobre el primer punto, este Tribunal considera que la existencia de dos ortografías para el nombre de la señora Julia Mamanu Mamani no es una razón para considerar que no fue debidamente individualizada. Esta Corte subraya, además, que la señora Julia Mamanu Mamani fue examinada médicamente a pedido de un Fiscal de la Nación en el marco de los hechos del caso, según lo establecido por el propio Estado en su escrito de contestación. En efecto, en el expediente de prueba consta un certificado médico forense realizado a esta presunta víctima, por lo que el Estado no puede alegar que no ha sido identificada17.

30. De la misma manera, el nombre alterno de Alfredo Bazán y Rosas constituye un alias utilizado por la persona, lo cual es un elemento que podría coadyuvar a su identificación, por lo que tampoco puede ser considerado como un obstáculo a la identificación de las presuntas víctimas. Por otra parte, el señor Alfredo Bazán y Rosas fue objeto de una condena por parte del Tribunal de Sentencia Segundo de la ciudad de El Alto, en donde se estableció claramente su fecha de nacimiento, domicilio, filiación y número de Libreta Electoral18. Por lo anterior, el Estado no puede alegar que no cuenta con elementos para identificar a esta presunta víctima.

31. Respecto a la representación de las presuntas víctimas ausentes del proceso, este Tribunal advierte que, efectivamente, al momento de someter el caso ante la Corte, la Comisión no acreditó la representación de todas las presuntas víctimas. A pesar de los esfuerzos realizados tanto por el Tribunal como por los Defensores Públicos Interamericanos, no fue posible contactar a las presuntas víctimas Edwin Rodríguez Alarcón, Elacio Peña Córdoba, Alfredo Bazán y Rosas (también conocido José Miguel Abildo Díaz), Julia Mamanu Mamani, Carlos Enrique Castro Ramírez y Freddy Cáceres Castro. Sin embargo, estas seis personas figuran como presuntas víctimas desde el escrito de petición inicial presentado ante la Comisión y forman parte de la lista de presuntas víctimas identificadas por la Comisión en su Informe de Fondo. Al no poder ser contactadas, por medio de comunicación de Secretaría de 9 de junio de 2021, siguiendo instrucciones de la Presidencia, se solicitó a la AIDEF que fueran representadas por los Defensores Públicos Interamericanos intervinientes en el caso. De esta forma se considera que, dadas las particularidades del caso, los intereses de estas presuntas víctimas ausentes fueron representados por los Defensores Públicos Interamericanos.

 

B. Sobre la inclusión de A.A.D.P. como presunta víctima

 

32. La Comisión determinó, en el Informe de Fondo, como víctimas a 26 personas (supra nota 16).

33. El representante Jemio Mendoza, en su escrito de solicitudes y argumentos, integró alegatos sobre la vulneración de los artículos 19 y 17 de la Convención respecto a A.A.D.P., hijo de la presunta víctima María Fernanda Peña Gallardo19. Asimismo, indicó que “el hijo de María Fernanda Peña Gallardo también fue víctima de la violación al derecho tutelado por el art[ículo] 5 de la [Convención], en conexión con los art[ículos] 19 y 1.1 del mismo tratado”, por lo que solicitó que “sea igualmente declarado beneficiario de las reparaciones que le ordene cumplir al Estado boliviano”. De la misma manera, en el petitorio de sus alegatos finales solicitó expresamente que se “declare en sentencia la responsabilidad internacional del Estado boliviano por la vulneración en perjuicio de A.A.D.P. hijo [de] María Fernanda Peña Gallardo de los derechos consagrados en los artículos 17.1 y 19 de la Convención Americana, todos ellos en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento”.

34. Como se indicó anteriormente (supra párr. 27), el artículo 35.1 del Reglamento dispone que el caso será sometido a la Corte mediante la presentación del Informe de Fondo de la Comisión, el cual deberá contener “la identificación de las presuntas víctimas”. De conformidad con dicha norma, corresponde a la Comisión y no a este Tribunal identificar con precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas víctimas en un caso ante la Corte. La seguridad jurídica exige, como regla general, que todas las presuntas víctimas estén debidamente identificadas en el Informe de Fondo, no siendo posible añadir nuevas presuntas víctimas luego del mismo, salvo en la circunstancia excepcional contemplada en el artículo 35.2 del Reglamento de la Corte, referido a violaciones masivas o colectivas.

35. El artículo 35.2 no resulta aplicable al caso, que no refiere a hechos masivos o colectivos. Por ende, la Corte no considerará como presunta víctima ni, en su caso, como beneficiario de medidas de reparación a A.A.D.P., hijo de María Fernanda Peña Gallardo, ya que no fue indicado por la Comisión en su Informe de Fondo como presunta víctima.

 

VI 

PRUEBA

 

A. Admisibilidad de la prueba documental

 

36. La Corte recibió diversos documentos presentados como prueba por la Comisión y las partes junto con sus escritos principales (supra párrs. 1, 6 y 7), los cuales, como en otros casos, se admiten en el entendido de que fueron presentados en la debida oportunidad procesal (artículo 57 del Reglamento) y su admisibilidad no fue controvertida ni objetada.

37. La Corte también recibió documentos adjuntos a los alegatos finales escritos presentados por el Estado y por los representantes Jemio Mendoza y Gómez Rojas21. Por escritos de 8 y 9 de agosto de 2022, los Defensores Públicos Interamericanos y la Comisión, respectivamente, indicaron no tener observaciones a los documentos presentados. Por otra parte, por escritos de 9 de agosto de 2022, el representante Jemio Mendoza y el Estado, respectivamente, remitieron sus observaciones sobre los anexos presentados.

38. El Estado presentó, entre los documentos anexos a sus alegatos finales, una carta de la presunta víctima Patricia Gallardo Ardúz de 17 de mayo de 2021 dirigida al Procurador General del Estado en donde aceptó la propuesta del Estado de brindarle atención médica a través del Seguro Universal de Salud, indicando que lo anterior no implicaba que renunciara a su solicitud ante la Corte Interamericana de solicitar mejores condiciones de prestaciones de salud. El representante Jemio Mendoza se opuso a la integración de este documento al expediente, alegando su presentación extemporánea.

39. En tal sentido, la Corte recuerda que, en lo que se refiere a la oportunidad procesal para la presentación de prueba documental, de conformidad con el artículo 57.1 del Reglamento, esta debe ser presentada, en general, junto con los escritos de sometimiento del caso, de solicitudes y argumentos o de contestación, según corresponda. Sin embargo, durante la audiencia pública los Jueces y las Juezas consultaron a las partes sobre las conversaciones y eventuales acuerdos que se habían llevado a cabo entre el Estado y algunas de las presuntas víctimas. El documento puede entonces servir de apoyo para dar respuesta a las interrogantes planteadas por la Corte, por lo que se considera admisible.

40. Por su parte, el representante Jemio Mendoza presentó entre los documentos anexos a sus alegatos finales, un Informe Médico del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI) sobre la señora Patricia Gallardo, realizado el 14 de febrero de 2022. El Estado se opuso a la incorporación de esta prueba, indicando que el informe no reunía las formalidades necesarias, que no fue emitido por un centro de salud con el equipamiento para realizar este tipo de dictámenes.

41. Sobre este punto, la Corte considera que los argumentos presentados por el Estado no se refieren a la admisibilidad de la prueba, sino a su valor probatorio. En efecto, el documento fue presentado en respuesta a un requerimiento por parte de los Jueces y las Juezas durante la audiencia pública, por lo que su admisibilidad se encuentra respaldada por el artículo 58 b. del Reglamento. Las consideraciones sobre su contenido y valor probatorio realizadas por el Estado serán tomadas en cuenta, junto con el demás acervo de pruebas, al momento de analizar el fondo del caso.

42. La Corte constata que los demás documentos anexos a los alegatos finales del Estado y de los representantes fueron remitidos en atención a los requerimientos efectuados por los Jueces y Juezas durante la audiencia pública, con fundamento en el artículo 58.b del Reglamento, y su admisibilidad no fue controvertida ni objetada, por lo que los admite. Asimismo, respecto al Informe Defensorial “Límites en la Implementación del Sistema único de Salud”, remitido por el representante Jemio Mendoza, esta Corte considera que se trata de un documento con fecha posterior a la presentación del escrito de solicitudes y argumentos, por lo que, sobre la base del artículo 57.2 del Reglamento lo admite.

 

B. Admisibilidad de la prueba testimonial y pericial

 

43. La Corte estima pertinente admitir las declaraciones rendidas en audiencia22, así como las declaraciones rendidas ante fedatario público en cuanto se ajustan al objeto definido por la Presidencia en la Resolución que ordenó recibirlas.

44. Por medio de comunicaciones remitidas el 13 y 14 de junio de 2022, el representante Jemio Mendoza y los Defensores Públicos Interamericanos informaron de las dificultades para encontrar fedatarios públicos que accedieran a formalizar las declaraciones de varios de los declarantes ofrecidos, en particular de aquellos que se encontraban cumpliendo penas en prisión. Por medio de nota de la Secretaría de 15 de junio de 2022, se informó que “en caso de que los representantes se vieran imposibilitados de conseguir que las declaraciones de las presuntas víctimas y de los testigos sean rendidas ante notario u otro fedatario público, podrán remitir declaraciones juradas simples, firmadas por sus declarantes y acompañadas de copia del respectivo documento de identidad, así como exponer las razones por las que no se pudo obtener los affidávits”.

45. De esta forma, los respectivos representantes presentaron las declaraciones de las presuntas víctimas Víctor Manuel Boggiano Bruzzón, Eladio Cruz Añez, y Blas Valencia Campos con simple firma, acompañadas del documento de identidad del declarante. La declaración de Luis Fernando Lulleman Gutiérrez fue primeramente remitida con firma simple, sin embargo, los representantes presentaron posteriormente una versión notarizada de la misma declaración. La Corte, teniendo en cuenta la razonabilidad de las justificaciones expresadas por los representantes respecto a las dificultades para encontrar notarios dispuestos a recabar las declaraciones y los obstáculos para acceder a los declarantes que se encuentran privados de libertad, admite estas declaraciones.

46. Por otra parte, respecto a la declaración conjunta de los testigos Pablo García Nava y Marcelo Flores Torrico, el objeto definido por la Resolución era “la evaluación física y psicológica de las presuntas víctimas Víctor Manuel Boggiano Bruzzón, F.E.P.M., Victoria Gutiérrez de Lulleman, Luis Fernando Lulleman Gutiérrez, Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez y Jenny Paola Lulleman a raíz de las alegadas torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes de las cuales fueron víctimas, así como las consecuencias de lo anterior en sus vidas personales y laborales”. Sin embargo, esta Corte constata que los testimonios fueron presentados a título individual y que conciernen únicamente a las presuntas víctimas F.E.P.M. y Víctor Boggiano Bruzzón. Los Defensores Públicos Interamericanos indicaron que la fedataria pública que accedió a tomar las declaraciones exigió que las mismas se hicieran de forma individual. Asimismo, indicaron que los declarantes solo tuvieron la oportunidad de entrevistar a las presuntas víctimas F.E.P.M. y Víctor Boggiano Bruzzón, por lo que su declaración sólo pudo referirse a estos dos casos.

47. Respecto a lo anterior, este Tribunal considera que las declaraciones presentadas corresponden al objeto determinado en la Resolución de Presidencia de 25 de mayo de 2022, aunque sea de manera parcial al no cubrir a todas las presuntas víctimas anunciadas. Asimismo, la razón para su presentación individual responde a factores ajenos a la voluntad de los Defensores Públicos. Esta Corte constata, además, que la admisibilidad de estas declaraciones no fue controvertida ni objetada. Por todo lo anterior, el Tribunal considera que estas declaraciones son admisibles.

 

VII 

HECHOS

 

48. En este capítulo, la Corte establecerá los hechos del caso con base en el marco fáctico sometido a su conocimiento por la Comisión Interamericana, la prueba que obra en el expediente y los alegatos de las partes, en relación con los siguientes aspectos: (A) Marco normativo relevante; (B) El asalto a la furgoneta de Prosegur y los posteriores allanamientos y detención de los sospechosos; (C) El proceso penal en contra de las presuntas víctimas, condenas y ejecución de la pena y (D) La investigación sobre las denuncias de vejaciones y tortura.

 

A. Marco normativo relevante

 

49. La posibilidad de realizar allanamientos y de aprehensión policial por flagrancia se encontraban reguladas a la fecha de los hechos tanto por la Constitución Política del Estado de Bolivia, como por el Código de Procedimiento Penal. Se transcriben a continuación los principales elementos normativos vigentes al momento de los hechos. La Constitución establecía:

Artículo 9. I. Nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por Ley, requiriéndose para la ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito.

II. La incomunicación no podrá imponerse, sino en casos de notoria gravedad y de ningún modo por más de veinticuatro horas.

Artículo 10.- Todo delincuente infraganti puede ser aprehendido, aun sin mandamiento, por cualquier persona, para el único objeto de ser conducido ante la autoridad o el juez competente, quien deberá tomarle su declaración en el plazo máximo de veinticuatro horas.

Artículo 21.- Toda casa es un asilo inviolable; de noche no se podrá entrar en ella sin consentimiento del que la habita y de día sólo se franqueará la entrada a requisición escrita y motivada de autoridad competente, salvo el caso de delito in fraganti.

50. Por su parte, el Código de Procedimiento Penal vigente al momento de los hechos26 en Bolivia establecía:

Artículo 118 (Día y hora de cumplimiento). Los actos procesales se cumplirán en días y horas hábiles, sin perjuicio de las habilitaciones que señale el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, cuando lo estime necesario. A solicitud fundamentada del fiscal, el juez de la instrucción podrá expedir mandamientos en días feriados y horas extraordinarias.

Artículo 180 (Allanamiento de domicilio). Cuando el registro deba realizarse en un domicilio se requerirá resolución fundada del juez y la participación obligatoria del fiscal. Queda prohibido el allanamiento de domicilio o residencia particular en horas de la noche, éste únicamente podrá efectuarse durante las horas hábiles del día, salvo el caso de delito flagrante. Se entiende por horas de la noche el tiempo comprendido entre las diecinueve horas y las siete del día siguiente.

Artículo 181 (Facultades coercitivas). Para realizar el registro, la autoridad podrá ordenar que durante la diligencia no se ausenten las personas encontradas en el lugar o que comparezca inmediatamente cualquier otra. Los que desobedezcan serán compelidos por la fuerza pública, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda. La restricción de la libertad no durará más de ocho horas; pasado este término, necesariamente deberá recabarse orden del juez de la instrucción.

Artículo 182 (Mandamiento y contenido). El mandamiento de allanamiento contendrá los siguientes requisitos: 1. El nombre y cargo del juez o tribunal que ordena el allanamiento y una breve identificación del proceso; 2. La indicación precisa del lugar o lugares por ser allanados; 3. La autoridad designada para el allanamiento; 4. El motivo específico del allanamiento, su respectiva fundamentación, las diligencias por practicar y, en lo posible, la individualización de las personas u objetos buscados; y, 5. La fecha y la firma del juez. El mandamiento tendrá una vigencia máxima de noventa y seis horas, después de las cuales caduca. El fiscal que concurra al allanamiento tendrá a su cargo la dirección de la diligencia.

Artículo 183 (Procedimiento y formalidades). La resolución que disponga el allanamiento será puesta en conocimiento del que habite o se encuentre en posesión o custodia del lugar, que sea mayor de catorce años de edad, para que presencie el registro entregándole una copia del mandamiento. En ausencia de estas personas se fijará copia del mandamiento en la puerta del inmueble allanado. Practicado el registro se consignará en acta su resultado, cuidando que el lugar quede cerrado y resguardado de otras personas, si hay razones fundadas para ello. El acta será firmada por todos los intervinientes en el acto y el que presenció el registro, si esto no lo hace se consignará la causa.

Artículo 227 (Aprehensión por la policía). La Policía Nacional podrá aprehender a toda persona en los siguientes casos: 1. Cuando haya sido sorprendida en flagrancia; 2. En cumplimiento de mandamiento de aprehensión librado por juez o tribunal competente; 3. En cumplimiento de una orden emanada del fiscal, y, 4. Cuando se haya fugado estando legalmente detenida. La autoridad policial que haya aprehendido a alguna persona deberá comunicar y ponerla a disposición de la Fiscalía en el plazo máximo de ocho horas.

Artículo 230 (Flagrancia). Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de intentarlo, de cometerlo o inmediatamente después mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o los testigos presenciales del hecho.

Artículo 296 (Aprehensión). En los casos que este Código autoriza aprehender a los imputados, los miembros de la Policía deberán cumplir con los siguientes principios básicos de actuación:

1) Hacer uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario;

2) No utilizar armas, excepto cuando:

a. Haya resistencia que ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas; y,

b. En caso de fuga resultan insuficientes, medidas menos extremas para lograr la aprehensión del imputado, previa advertencia sobre su utilización.

3) No infligir, instigar o tolerar ningún acto de vejación, tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, tanto en el momento de la aprehensión como durante el tiempo de la detención.

4) No permitir que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social, sin su expreso consentimiento, el que se otorgará en presencia del defensor y se hará constar en las diligencias respectivas;

5) Identificarse, a través de credencial en el momento de la aprehensión como autoridad policial indicando su nombre y apellido y cerciorarse de la identidad de la persona o personas contra quienes proceda;

6) Informar a la persona, en el momento de la aprehensión, el motivo de esta, que tiene derecho a guardar silencio sin que ello le perjudique y a designar un abogado defensor;

7) Comunicar la detención y el establecimiento donde será conducido, a los parientes u otras personas relacionadas con el imputado; y,

8) Consignar en un registro inalterable el lugar, día y hora de la detención.

La inobservancia de las normas contenidas en el presente artículo dará lugar a la responsabilidad administrativa y penal que corresponda27.

 

B. El asalto a la furgoneta de Prosegur y los posteriores allanamientos y detención de los sospechosos

B.1. El asalto a la furgoneta de Prosegur

 

51. El 14 de diciembre de 2001, aproximadamente a las 8:15 horas, un grupo organizado de personas atracó una furgoneta Combi de color blanco con placa No. 916-YEP de la empresa privada de seguridad Prosegur en la Avenida Kantutani en la ciudad de La Paz. En el vehículo viajaban siete personas: un chofer, tres policías, y tres porta valores y cajeros. Durante el atraco murieron tres personas: el chofer, un policía y un porta valores, producto de una balacera con armas de grueso calibre.

52. Durante el asalto, uno de los atracadores, Elacio Peña Córdova, fue herido en el brazo izquierdo, mientras que Genaro Ahuacho Luna y Patricia Gallardo Ardúz, se habrían encargado de obstruir el tráfico vehicular con una vagoneta de color blanco. El hecho fue supervisado por Blas Valencia Campos, excoronel de Policía, Norma Lupe Alarcón de Valencia, Mercedes Valencia Chuquimia, Freddy Cáceres Castro, exoficial de la Policía y Raúl Oswaldo Lulleman Antezana, quiénes se encontraban en cercanías del lugar.

B.2. Los allanamientos

53. El mismo día del atraco, el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal Cautelar dictó la resolución No. 180/2001 por medio de la cual ordenó el allanamiento con facultades de requisa en los inmuebles situados calle Virgen de Rosario No. 55 y Calle 11 No. 120, con el fin de “buscar a los autores y proceder al arresto de los sospechosos, secuestrar armas, vestimenta militar o policial, secuestrar documentación relacionada con los hechos, así como objetos e instrumentos relacionados con los delitos mencionados”29. La resolución fue ampliada el 17 de diciembre de 2001 para incluir otros seis inmuebles30, autorizando expresamente la realización de los operativos durante la noche, habilitando horas extraordinarias y días feriados, sobre la base del artículo 118 del Código Procesal Penal31.

54. En la madrugada del 18 de diciembre de 2001 – cuatro días después del asalto-, numerosos agentes del Estado armados allanaron seis inmuebles como parte del operativo sobre el atraco a la furgoneta de Prosegur32. A continuación, se detallan los operativos en cada uno de los inmuebles. De acuerdo con las declaraciones de las presuntas víctimas, en ninguno de los allanamientos se les mostró una orden judicial33.

B.2.1. Allanamiento del domicilio sito en el Pasaje Las Rosas No. 2319

55. Aproximadamente a las 2:45 horas de la madrugada del 18 de diciembre de 2001, decenas de policías fuertemente armados irrumpieron en el domicilio ubicado en Calle Las Rosas No. 2319. En ese sitio se encontraba Blas Valencia Campos, su esposa Norma Alarcón de Valencia, sus hijos, Edwin, Claudia, Gabriel y Alexis y su nieto Claudio, éstos dos últimos de 11 y 3 años respectivamente al momento de los hechos. Elacio Peña Córdova también se encontraba en ese mismo domicilio. De acuerdo con las declaraciones presentadas por las presuntas víctimas, todas las personas presentes en el domicilio fueron golpeadas por el personal policial, maniatadas y colocadas boca abajo con sus rostros cubiertos.

56. Los declarantes también informaron que los policías golpearon a las mujeres en sus partes íntimas y amenazaron a hijos e hijas frente a sus parientes para forzar a éstos últimos a confesar. Gabriel Blas Valencia Alarcón sufrió un ataque de epilepsia mientras era golpeado por los oficiales. Los policías no lo auxiliaron ni le brindaron atención médica, sino que continuaron golpeándolo.

57. Durante el allanamiento, los policías sustrajeron de la vivienda dinero, joyas y electrodomésticos. Posteriormente, se alegó que las joyas, a pesar de no estar relacionadas con el caso investigado, nunca fueron devueltas, lo que motivó a Norma Alarcón Valencia a realizar una solicitud de devolución a la Fiscal de Distrito, el 1 de septiembre de 2004.

58. Alexis Eduardo Valencia Alarcón, quien al momento de los hechos tenía 11 años, indicó que, durante el allanamiento, lo sacaron del domicilio en pijamas y sin solicitar el permiso de sus padres, lo introdujeron en la parte trasera de una patrulla y lo llevaron a la casa de Eladio Cruz y al domicilio de Patricia Gallardo Ardúz.

B.2.2. Allanamiento de los domicilios situados en Presbítero Medina No. 2523/2525

59. En el domicilio calle Presbítero Medina No. 2525 se encontraban Víctor Manuel Boggiano Bruzzón (también conocido como Juan Ramírez Ortega); Genaro Ahuacho Luna (también conocido como Walter Herrera Flores o Walter Herrera Ríos); Alfredo Bazán y Rosas (también conocido como José Miguel Abildo Díaz o Alberto Farfán), Mercedes Valencia Chuquimia y Mauricio Valenzuela Valencia. Éste último tenía 16 años al momento de los hechos.

60. A las 3:00 horas de la madrugada del 18 de diciembre de 2001, la policía irrumpió en el domicilio y abrió fuego con armas de grueso calibre. Al oír los disparos, Víctor Manuel Boggiano Bruzzón huyó a una vivienda vecina, situada en el No. 2523. Los policías ingresaron también a esta vivienda y aprehendieron al señor Boggiano Bruzzón, para llevarlo de vuelta al domicilio situado en el No. 2525 . Allí, la policía capturó a todas las personas que se encontraban en el lugar, las enmanillaron, las pusieron boca abajo sobre el piso y luego las golpearon. Víctor Manuel Boggiano Bruzzón fue pateado en el rostro, aun cuando se encontraba reducido en el piso, y recibió un culetazo del arma de un policía en el rostro, dejándole lesiones que aún son visibles en la actualidad.

61. Mercedes Valencia Chuquimia fue violentamente golpeada por la policía con sus armas de fuego y la amenazaron para que brindara información relativa al atraco. A pesar de que su madre indicó a los policías de que se trataba de un niño, su hijo Mauricio Valenzuela Valencia fue interrogado en una pieza aislada y fue golpeado. Posteriormente lo llevaron a la pieza en donde estaba su madre, en donde pudo presenciar cómo los policías la golpeaban, la desvistieron y le metían sus armas entre las piernas.

62. Genaro Ahuacho Luna fue interrogado por la Policía mientras se encontraba en el piso. Los policías usaron sus botas para subyugarlo y lo tomaron violentamente del cabello para exhibir su cara en el vídeo grabado durante el operativo policial. En este mismo video se puede apreciar a Alfredo Bazán y Rosas recostado sobre el piso, con lesiones y sangre en el rostro.

B.2.3. Allanamiento del domicilio en Avenida Cívica No. 75, ciudad de El Alto de la Paz

63. La Policía allanó este domicilio el 18 de diciembre de 2001 aproximadamente a las 01:00 horas, en él se encontraba Victoria Gutiérrez de Lulleman junto con sus hijos Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez, Jenny Paola Lulleman de Zaconeta, Maribel Lulleman Gutiérrez y su nieto Daniel Zaconeta, de cuatro años al momento de los hechos. También se encontraba Julia Mamanu Mamani, entonces empleada doméstica de la familia y su hija de ocho años.

64. La policía entró en el domicilio de forma violenta sacando de sus habitaciones a todos los habitantes, sin darles siquiera la posibilidad de vestirse. Raúl Oswaldo Lulleman fue maniatado y posteriormente arrojado por las escaleras desde el primer piso de la casa. Posteriormente, fue llevado nuevamente a su habitación en donde fue golpeado con la parte trasera de los fusiles de los agentes policiales para forzarlo a dar información sobre el atraco. Victoria Lulleman Gutiérrez declaró que, durante el operativo, la amenazaron y que tuvo que presenciar como maltrataban a su hijo48. Julia Mamanu Mamani fue también golpeada durante el allanamiento. Del video del operativo se puede observar cómo el personal policial interrogó también a la niña presente, hija de Julia Mamanu Mamani, durante varios minutos.

65. Luis Fernando Lulleman Gutiérrez llegó a su domicilio a las 7:00 horas después de trabajar toda la noche. Al llegar, fue sorprendido por agentes policiales que habían permanecido esperándolo desde el inicio del allanamiento, quienes procedieron a detenerlo de forma violenta50. Una situación similar se dio con Oswaldo Lulleman Antezana, quien llegó al domicilio aproximadamente a las 8:00 horas51.

B.2.4. Allanamiento del domicilio sito en Pasaje Juan Manuel Cáceres No. 1365

66. Entre las 4:00 y 5:00 horas, varias decenas de policías irrumpieron en el inmueble situado en Pasaje Juan Manuel Cáceres No. 136552. En este inmueble se encontraban Eladio Cruz Añez, F.E.P.M. y Carlos Enrique Castro Ramírez. Este inmueble no formaba parte de los domicilios enumerados en las resoluciones 180/2001 y 186/2001 que ordenaron los allanamientos relativos al caso del atraco a la camioneta de Prosegur.

67. Eladio Cruz Añez manifestó que los policías lo golpearon con sus fusiles, que lo patearon al punto de que perdió el conocimiento. Indicó que los oficiales trataban de asfixiarlo con una bolsa, y que llegó al extremo de vomitar sangre. Indicó, además, que Carlos Enrique Castro Ramírez también fue fuertemente golpeado por los policías, y que fue torturado con una bolsa llena de gas.

68. En su declaración en audiencia privada, F.E.P.M. señaló que los policías, al entrar a su domicilio, procedieron a pegarle con sus armas. Indicó que Eladio Cruz Añez, quien era entonces su marido, le gritó a los policías que ella estaba embarazada, y que frente a esto los agentes procedieron a golpearla en el estómago y a ponerle una bolsa negra en la cabeza.

B.2.5. Allanamiento del domicilio de Patricia Catalina Gallardo Ardúz

69. Entre las 6:00 y las 6:30 horas del 18 de diciembre de 2001, una treintena de policías encapuchados ingresaron en el domicilio de Patricia Catalina Gallardo Ardúz, situado en la Zona de Iparvi, en La Paz.

70. Patricia Gallardo Ardúz indicó que los policías la golpearon en el estómago y en la espalda, que la esposaron y que continuaron golpeándola fuertemente e insultándola. Señaló que en domicilio se encontraban también su madre, su hija y su nieto menor de edad al momento de los hechos.

B.2.6. Otros allanamientos y detenciones

71. El 18 de diciembre de 2001, aproximadamente a las 8:30 horas, varios policías allanaron un domicilio en la Av. Simón López en la Ciudad de Cochabamba en donde se encontraba Carlos Álvaro Taboada Valencia. Después de haber sido interrogado por los policías, fue trasladado a una oficina a realizar un reconocimiento en un desfile identificativo en donde identificó a su tío Blas Valencia y a su hermano Mauricio Valenzuela. Luego lo llevaron a un lugar no identificado, en donde lo esposaron a una cama de metal y lo empezaron a patear en la espalda mientras lo interrogaban.

72. Freddy Cáceres fue detenido el 18 de diciembre de 2001 en horas de la madrugada en la habitación 111 del Hotel Tropical Inn en donde se encontraba con su pareja M.G. No surge de las constancias del caso ninguna orden judicial que haya dispuesto el allanamiento del hotel. Su detención fue producto de una instrucción dada por el Comandante General de la Policía Nacional W.O. al Coronel O.T., Comandante Departamental de Santa Cruz.

B.3. Las detenciones y la exhibición a los medios de prensa

B.3.1. Las detenciones en los locales de la Policía Técnica Judicial

73. Posterior a los allanamientos, las presuntas víctimas Eladio Cruz Añez, F.E.P.M., Carlos Enrique Castro Ramírez, Víctor Boggiano Bruzzón, Genaro Ahuacho Luna, Alfredo Bazán y Rosas, Mercedes Valencia Chuquimia, Mauricio Valenzuela Valencia, Patricia Gallardo Ardúz, Blas Valencia Campos, Norma Alarcón de Valencia, Edwin Rodríguez Alarcón, Claudia Valencia Alarcón, Gabriel Valencia Alarcón, Claudio Centeno Valencia, Elacio Peña Córdoba, Oswaldo Lulleman Antezana, Victoria Gutiérrez de Lulleman, Luis Lulleman Gutiérrez, Jenny Paola Lulleman de Zaconeta, Julia Mamanu Mamani y su hija, así como Freddy Cáceres Castro fueron llevados a los locales de la Policía Técnica Judicial (en adelante también “PTJ”).

74. Durante su detención, las presuntas víctimas fueron privadas de libertad en pequeñas celdas, sin camas ni acceso a baños65. Fueron objeto de violencia física y verbal por parte de los agentes policiales. Las mujeres declararon haber sido víctimas de violaciones y otros actos de violencia sexual67. Asimismo, no se les permitió el ingreso de abogados defensores68 y se les obligó a aceptar la defensa de oficio, con la cual no tuvieron contacto alguno69. Bajo estas condiciones, les fueron tomadas sus declaraciones antes de cualquier intervención por parte de un juez o fiscal.

75. En la PTJ, el Fiscal E.M.V. solicitó la realización de evaluaciones médico-forenses a algunas de las personas detenidas, especificando los siguientes hallazgos:

- Respecto de Claudia Valencia Alarcón: dolor en región occipital por contusión simple; herida contusa superficial de 1 cm en el labio inferior; dolor leve en región posterior de tórax y dorso de la nariz y escoriaciones superficiales de 0.5 centímetros en dorso de los dedos anular y medio de la mano de derecha. Se estableció impedimento de dos días.

- Respecto de Norma Alarcón Castillo: contusión simple en dorso de la nariz, sin lesiones externas. Refiere dolor en glúteo y pierna izquierdos. Contusión simple en tórax lateral derecho posterior. Se estableció impedimento de dos días.

- Respecto de F.E.P.M.: equimosis difusa lineal de 5x5 cm en región frontal media con otras pequeñas periféricamente. Equimosis de seis centímetros en región escapular derecha. Contusión simple tórax anterior y región inguinal derecha. Equimosis superficiales de cuatro, tres y dos centímetros en caras externas de ambas piernas. Refiera amenorrea de diez días por presunto embarazo incipiente que clínicamente no se detecta. Calostro negativo. Impedimento de cuatro días.

- Respecto de Victoria Gutiérrez Aguilar: no refiere ni presenta signos de lesiones.

- Respecto de Jenny Paola Lulleman Gutiérrez: no refiere ni presenta signos de lesiones.

- Respecto de Enrique Castro Ramírez: edema trifuso de ocho centímetros en mejilla derecha con herida superficial de dos centímetros en cara interna de la misma mejilla. Herida contusa superficial de dos centímetros en región parietal derecha. Equimosis difusas varias en tórax con dolor difuso cuando adopta posición sentada. Igualmente se aprecia dolor a palpación en la región saco coxígea. Edema superficial en cara externa de tobillo izquierdo. Se estableció impedimento de siete días.

- Respecto de Mercedes Valencia Chuquimia: dolor por contusiones simples en región costal lateral. Refiere dolor en región glútea.

- Respecto de Julia Mamanu Mamani: no refiere ni presenta signos de lesiones.

- Respecto de Víctor Manuel Boggiano Bruzzón (Juan Ramírez Ortega): contusiones simples en región parietal izquierda y occipital derecha. Herida contusa de un centímero en párpado superior derecho, que involucra cara externa y cara interna del mismo. Equimosis superficial periférica. Equimosis difusa en región palpebral inferior y malar izquierdas. Herida contusa superficial de un centímetro con fractura de huesos propios, excoriación contusa en ala izquierda de la nariz. Heridas contuso-cortantes de cinco y tres centímetros en región naso geniana derecha. Equimosis escoriativas superficiales en ambas mejillas. Equimosis escoriativas superficiales en región escapular y paravertebral izquierdas de cinco y siete centímetros. Contusiones simples en tórax posterior, brazo derecho, con tenues equimosis. Contusiones simples tórax anterior. Escoriaciones lineales de cinco y siete centímetros en pared anterior de abdomen. Escoriaciones por roce de cinco centímetros en cara anterior de rodilla izquierda y derecha con equimosis superficiales periféricas. Equimosis y edema superficial en cara anterior de la pierna izquierda. Pérdida traumática de la uña del dedo gordo del pie izquierdo secundaria a caída, igualmente refiere dolor difuso en el tobillo por distensión leve ligamentaria. Se estableció impedimento por quince días.

76. F.E.P.M. indicó, por su parte, que al momento de su detención estaba embarazada con aproximadamente dos meses y medio de gestación. Producto de los golpes y de las violaciones múltiples de las cuáles fue víctima en los locales de la PTJ por parte de agentes policiales, sufrió un aborto. A pesar de presentar un cuadro de sangrado, no tuvo acceso a atención médica.

77. Raul Oswaldo Lulleman Gutiérrez, luego del allanamiento, fue conducido a una dependencia policial en donde lo encerraron en una habitación para posteriormente golpearlo hasta que se desmayara. A la mañana siguiente fue trasladado a una segunda dependencia en la calle Sucre, donde siguió siendo víctima de violencia. En este segundo lugar estuvo un período de entre dos a cinco días. Posteriormente, fue trasladado a la PTJ en donde permaneció mes y medio totalmente incomunicado. El 14 de febrero de 2002 fue trasladado a la cárcel de San Pedro, en donde estuvo detenido por dos años, sin haber participado en ninguna audiencia de control de medidas cautelares. Luego fue trasladado al Penal de Chonchocoro.

78. La familia de Raúl Oswaldo Lulleman presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, por la alegada desaparición de éste. Ante esta denuncia, una funcionaria de esta Comisión se apersonó a los locales de la PTJ, en donde pudo verificar que las celdas eran pequeñas y constatar que algunas de las personas detenidas presentaban signos de violencia física. Indicó, además, que las personas estaban incomunicadas y que no dejaban entrar a abogados.

79. Carlos Álvaro Taboada, luego del allanamiento en su domicilio, fue llevado a la división de homicidios de la PTJ en donde prestó su declaración. Estuvo detenido en esas oficinas, en donde no le dieron comida y únicamente le permitían beber agua del baño. De acuerdo con su declaración estuvo detenido dos días, antes de que lo dejaran en libertad. Alexis Valencia Alarcón, por su parte, fue también llevado a los locales de la PTJ en donde pudo reunirse con su sobrino Claudio Centeno Valencia, quien en ese entonces tenía tres años de edad. Estuvieron en los locales de la PTJ hasta aproximadamente al medio día del 19 de diciembre de 2001, cuando fueron puestos en libertad y se dio su custodia a una persona únicamente identificada como “Marcia”. Gabriel Blas Valencia indicó que lo dejaron salir de la PTJ luego de varios días, pero que no tenía a donde ir, hasta que lo recibió una señora que no identificó en su declaración. Mauricio Valenzuela Valencia, por su parte, estuvo detenido en los locales de la PTJ por siete días, para luego ser liberado. El 20 de diciembre de 2001, fueron liberadas Jenny Paola Lulleman Gutiérrez y Julia Mamanu Mamani. Al día siguiente fue liberado Luis Fernando Lulleman Gutiérrez.

80. Las restantes presuntas víctimas estuvieron detenidas en los locales de la PTJ hasta el 24 de diciembre de 2001. En esa fecha, Genaro Ahuacho Luna, Alfredo Bazán y Rosas, Víctor Manuel Boggiano Bruzzón, Freddy Cáceres Castro, Carlos Enrique Castro Ramírez, Carlos Eladio Cruz Añez, Oswaldo Lulleman Antezana, Elacio Peña Córdova, Edwin Rodríguez Alarcón y Blas Valencia Campos fueron trasladados al Penal de Chonchocoro, mientras que Victoria Gutiérrez de Lulleman, Claudia Valencia Alarcón, Norma Alarcón de Valencia, Mercedes Valencia Chuquimia, Patricia Catalina Gallardo Ardúz y F.E.P.M. fueron trasladadas al Penal de Miraflores.

B.3.2. La conferencia de prensa y la exhibición a los medios de las presuntas víctimas

81. El 19 de diciembre de 2001, el Poder Ejecutivo dispuso que se llevara a cabo una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Gobierno. En ella fueron exhibidas a los medios como responsables del atraco las presuntas víctimas Blas Valencia Campos, Norma Alarcón de Valencia, Gabriel Valencia Alarcón, Claudia Valencia Alarcón, Edwin Rodríguez Alarcón, Luis Fernando Lulleman Gutiérrez, Oswaldo Lulleman Antezana, Victoria Gutiérrez de Lulleman, Jenny Paola Lulleman de Zaconeta, Víctor Boggiano, Elacio Peña Córdova, Genaro Ahuacho, Alfredo Bazán y Rosas, Mercedes Valencia Chuquimia, Julia Mamanu Mamani, F.E.P.M., Eladio Cruz Añez, Carlos Enrique Castro Ramírez, Patricia Gallardo, Freddy Cáceres Castro y el adolescente Mauricio Valenzuela Valencia. En esta conferencia de prensa también estuvieron presentes los niños Claudio Centeno Valencia y Alexis Valencia Alarcón, aunque no se cuenta con evidencia de que fueran exhibidos ante periodistas. Las imágenes de esta conferencia de prensa fueron difundidas por varios medios de comunicación.

82. Carlos Álvaro Taboada Valencia indicó que, luego de su detención, lo llevaron a un patio en un lugar no identificado en donde había medios de comunicación y fue presentado como el cabecilla de la banda en la ciudad de Cochabamba; sin embargo, no se cuenta con elementos de prueba que acrediten que esta información fue hecha pública.

B.3.3. Las detenciones en los centros penales de Chonchocoro y Miraflores y la muerte de Genaro Ahuacho Luna

83. En el Penal de Chonchocoro, las presuntas víctimas continuaron sufriendo de actos de violencia física y verbal91. Carlos Eladio Cruz Añez, Víctor Boggiano Bruzzón, Carlos Enrique Castro Ramírez, Alfredo Bazán y Rosas, Genaro Ahuacho Luna, Elacio Peña Córdova, Oswaldo Lulleman Antezana y Blas Valencia Campos estuvieron 70 días en régimen cerrado, sin comunicación ni luz solar.

84. El 6 de marzo de 2002, Blas Valencia Campos presentó queja ante el Defensor del Pueblo en contra del Gobernador del Penal de San Pedro de Chonchocoro, por aislamiento ilegal. En dicha queja denunciaba que junto con Oswaldo Lulleman, Carlos Cruz Añez, Enrique Castro Ramírez, Genaro Ahuacho Luna, Alfredo Bazán y Rosas y otros detenidos, se encontraba por más de 60 días en régimen cerrado. Por gestiones de la oficina del Defensor del Pueblo, fueron trasladados a celdas abiertas, situación que fue comprobada por esta misma oficina el 5 de marzo de 2002.

85. Las mujeres, a su llegada al Centro Penal de Miraflores, fueron enviadas a una misma celda y no les dieron frazadas ni comida94. Durante su estadía en el Centro Penal de Miraflores, no contaron con asistencia médica. Únicamente fueron visitadas por un médico forense que ni siquiera las auscultó.

86. El 12 de abril de 2002, Genaro Ahuacho Luna (también conocido como Walter Herrera Ríos) tuvo una pérdida de conocimiento momentáneo. El médico de la Penitenciaria de Chonchocoro lo diagnosticó con un Accidente Cerebrovascular y sugirió su traslado a un centro hospitalario96. De acuerdo con Víctor Boggiano Bruzzón, quien compartía celda con Genaro Ahuacho Luna, tardaron más de cuatro horas en trasladarlo a un centro hospitalario, dejándolo sin atención médica97. Finalmente, fue trasladado al Hospital Corazón de Jesús en donde fue internado con un diagnóstico presuntivo de accidente vascular cerebral isquémico en territorio de arteria cerebral media izquierda, síndrome coronario agudo con probable infarto agudo de miocardio. Se inició su tratamiento. Sin embargo, el 14 de abril de 2002, a las 1:15 horas presentó de forma súbita un paro respiratorio, por lo que fue intubado y conectado a un ventilador mecánico. A las 18:50 horas presentó un paro cardio respiratorio irreversible y falleció.

B.4. La muerte de María Fernanda Peña Gallardo

87. Luego de la detención de su madre, Patricia Gallardo, María Fernanda Peña Gallardo sufrió una afectación en su situación emocional. En la acusación presentada por el Ministerio Público por el delito de asesinato y robo agravado en el caso Prosegur, María Fernanda Peña Gallardo figuraba como imputada, de esta forma había sido convocada a dar una declaración informativa ante el Ministerio Público el 6 de junio de 2002. El 5 de junio de 2002 María Fernanda Peña Gallardo realizó un intento de suicidio por intoxicación medicamentosa lo que ocasionó su muerte el 14 de julio de 2002.

 

C. El proceso penal en contra de las presuntas víctimas, condenas y ejecución de la pena

C.1. El proceso penal contra las presuntas víctimas

88. El 19 de diciembre de 2001 a las 16:00 horas, el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal Cautelar dio inicio a la audiencia pública de medidas cautelares dentro de las diligencias de Policía Judicial seguidas a instancia del Ministerio Público contra Carlos Enrique Castro Ramírez, Alfredo Bazán y Rosas, Víctor Manuel Boggiano Bruzzón, Genaro Ahuacho Luna, Mercedes Valencia Chuquimia, Victoria Gutiérrez Aguilar, Blas Valencia Campos, Oswaldo Lulleman Antezana, Claudia Valencia Alarcón, F.E.P.M., Norma de Valencia, Carlos Cruz Añez, Elacio Peña Córdova, Freddy Cáceres, Patricia Gallardo Ardúz y Raul Lulleman Gutiérrez por los supuestos delitos de asesinato, robo agravado, asociación delictuosa y fabricación de sustancias explosivas. Los imputados fueron representados por la Defensa Pública, sin embargo, se indicó que no tuvieron contacto previo a la audiencia con los defensores públicos designados.

89. Durante la audiencia, los defensores alegaron la ilegalidad de las detenciones y que la policía había ejercido fuerza excesiva e innecesaria108. Frente a los alegatos presentados por la defensa, el Juez respondió “[l]e voy a rogar al señor abogado se remita a hacer la defensa en cuanto se refiere a las Medidas Cautelares”. Por medio del auto motivado No. 189/2011 de 19 de diciembre de 2001, el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal dispuso la detención preventiva de todos los imputados en las dependencias de la Policía Técnica Judicial. En dicho auto, el Juzgado hizo referencia a los alegatos de los abogados de la defensa sobre la violación de los derechos y garantías constitucionales de sus defendidos, pero no tomó ninguna disposición al respecto.

90. El 25 de junio de 2002, el Ministerio Público presentó acusación por los delitos de asesinato, asociación delictuosa, fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas, coacción, robo agravado y daño calificado en contra de Patricia Catalina Gallardo Ardúz, Freddy Cáceres Castro, Blas Valencia Campos, Mercedes Valencia Chuquimia, Norma Lupe Alarcón Castillo de Valencia, Oswaldo Lulleman Antezana, Carlos Eladio Cruz Añez, Carlos Enrique Castro Ramírez, Alfredo Bazán y Rosas (José Miguel Abildo Díaz), Víctor Manuel Boggiano Bruzzón (Juan Ramírez Ortega), Elacio Peña Córdoba, Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez, F.E.P.M.111. Asimismo, se presentó acusación por complicidad y receptación en contra de María Fernanda Peña Gallardo y Claudia Mariela Valencia Alarcón.

91. El juicio oral empezó el 10 de enero de 2003. Durante el juicio, la mayoría de los imputados se abstuvo de declarar113. Sin embargo, F.E.P.M. declaró haciendo constar las vejaciones sufridas durante su detención:

[F]ui sorprendida cuando me detuvieron, me golpearon me humillaron física y moralmente y cuando ingresaron al domicilio me golpearon y me hicieron perder a mi bebé ya que me encontraba embarazada […] quiero decirles que cuando me detuvieron el policía a cargo de la investigación […] me humilló y me pateó y golpeó tanto que me hizo perder a mi bebé, tenía 2 meses y medio de embarazo, y cuando llegamos a la PTJ nos hicieron desnudar, y nos hacían abrir las piernas, nos gritaban perras, putas, toda mi declaración ha sido bajo amenazas de armas y golpes. […] Nos metían los dedos en nuestra partes íntimas, nos decían muéranse como si fuéramos unos animales, a mis compañeras les apretaban los senos, cuando estábamos en las celdas de la Policía Técnica Judicial los policías nos echaron agua, dormimos en el piso, no había una sola cama, hemos pasado las inclemencias del tiempo, nos sacaban a las 5 de la mañana nos echaban agua fría, y en las noches juntamente con Claudia Valencia intentaron sacarnos y cuando yo pedí que me atendiera el médico forense porque ya estaba desangrándome, este se negó asistirme.

92. Por su parte, Claudia Valencia Alarcón declaró:

[E]l día 18 [de diciembre] es cuando a horas 03:00 am vi que un hombre trepaba hacia mi casa y en segundos ingresaron más de 100 policías, luego escuché gritos y llantos eran los de mis padres, cuando logré bajar para ver qué es lo que pasaba vi a mis 2 hermanos menores tendidos en el piso, luego veía como a mi madre le metían un fusil entre las nalgas, ella estaba ensangrentada, luego empezaron a golpearme, me pusieron una bolsa de nylon en mi cabeza, lo trajeron a mi hijo frente a mí y me desnudaron, escucho llorar a mi hermano de 11 años y es el día que lo secuestran, no supimos nada de él, en medio de todo esto empiezan a decirle a mi hermano que está temblando, que tenía miedo y era tanta la ignorancia de los policías que ni siquiera se daban cuenta que mi hermano estaba botando espumo de la boca, era mi hermano epiléptico y le estaba dando un ataque, no tenían un poco de compasión […] Durante 3 horas nos golpearon, nos manoseaban, unas manos tocaban mi cuerpo […]

En la PTJ seguían los malos tratos, ese día nos hicieron dormir en celdas ófricas, sin derecho a nada no teníamos baño, al día siguiente nos llevaron al Ministerio de Gobierno para presentarnos a los medios de prensa, nos llevaron a todos incluidos niños menores que eran los hijos de los imputados aquí presentes, nos exhibían a la gente dejaban que nos insulten y hasta nos escupían, todas nuestras declaraciones fueron bajo torturas y bajo amenazas, nos obligaban hablar, todos los días nos sacaban afuera para tocarnos nuestros cuerpos, sus dedos nos metían a la boca y a la vagina, delante de todos los hombres esos hacían 4 veces al día, estábamos incomunicados teníamos derecho a salir al baño solo 2 minutos por día, he visto como la Sra. [F.E.P.M] se desangraba porque ella estaba embarazada y le hicieron perder a su bebé, nadie nos defendía, cuando lleguemos a los distintos penales nos incomunicaron no pude comunicarme con mi padre durante 3 meses, me decían que se estaba muriendo no pude ver a mi hijo, me lo quitaron.

93. Asimismo, varios de los abogados defensores expusieron la ilegalidad de los allanamientos, las vejaciones y actos de tortura sufridos durante éstos y detenciones ante el Juzgado durante el juicio oral y en sus conclusiones finales orales. De la misma manera, al momento de los interrogatorios a los testigos, varios de los imputados hicieron referencia a lo sufrido durante los allanamientos y las detenciones. De esta forma, frente al testimonio de W.O., Comandante General de la Policía, Raul Oswaldo Lulleman Gutiérrez pidió la palabra y expresó: “Yo fui agredido, me metieron al turril a mi madre le han pegado, a mis hermanas le han tratado mal, he sido incomunicado dos meses, han violado todos mis derechos, a mi hermano lo presentaron en la televisión”118. Victoria Gutiérrez de Lulleman, en calidad de testigo de descargo, indicó que, durante el allanamiento a su casa, recibieron un trato inhumano. Que su nieto de cuatro años fue apuntado con un arma, y que todos los habitantes de la vivienda fueron arrestados. En las celdas 

los trataron muy mal, no podrían ir al baño, ni tenían comida. A las mujeres las sacaban al pasillo y las hacían desnudarse y abrirse de piernas.

94. El 16 de mayo de 2003 se procedió a dar lectura a la parte dispositiva de la sentencia. En su fallo, el Tribunal declaró a Blas Valencia Campos, Patricia Gallardo Ardúz, Carlos Eladio Cruz Añez, Elacio Peña Córdova, Carlos Enrique Castro Ramírez, Alfredo Bazán y Rosas, Víctor Manuel Boggiano Bruzzón como autores de los delitos de asesinato, robo agravado, asociación delictuosa y daño calificado, condenándolos a cada uno a una pena privativa de libertad de treinta años en presidio sin derecho a indulto. Por otra parte, a los imputados Freddy Cáceres Castro y Norma Lupe Alarcón Castillo de Valencia se les declaró autores de la comisión de los delitos de robo agravado, asociación delictuosa, así como culpables de asesinato y daño calificado en el grado de complicidad condenándolos a una pena privativa de libertad de veintidós años en presidio. Los imputados Mercedes Valencia Chuquimia, Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez y Oswaldo Lulleman Antezana fueron declarados autores de la comisión de los delitos de robo agravado, asociación delictuosa, así como culpables de asesinato y daño calificado en el grado de complicidad y se les condeno a sufrir una pena privativa de libertad de dieciocho años. F.E.P.M. fue declarada autora de la comisión del delito de robo agravado en grado de complicidad condenándola a sufrir una pena privativa de libertad de siete años de reclusión. Claudia Mariela Valencia Alarcón fue considerada autora del delito de robo agravado en grado de complicidad y fue condenada a tres años de reclusión. Se le concedió la suspensión condicional de la pena, sujeto a un período de prueba de un año.

95. La sentencia No. 12/2003 de 16 de mayo de 2003 se fundó exclusivamente en la prueba documental, material y testifical presentada durante el juicio oral, así como en la audiencia de inspección seguida de reconstrucción de los hechos llevada a cabo por el Tribunal en presencia de los imputados y defensores. Solo se tomaron en cuenta las declaraciones realizadas por los imputados durante el juicio oral. Sobre las pretensiones presentadas por los abogados acerca de la irregularidad de las detenciones, el Tribunal consideró conveniente realizar un análisis doctrinal sobre las garantías constitucionales y la seguridad jurídica. Sin embargo, el Tribunal concluyó que:

[A]unque de manera indirecta, se ha insinuado que la aprehensión de algunos de los imputados se habría realizado en forma irregular, de ser así, los abogados de los mismos debieron haber denunciado tales hechos en forma oportuna por ante el Juez de la Instrucción Penal (Cautelar), que es precisamente la autoridad encargada del control de tales garantías. De no haber ocurrido así, y al haber dicha autoridad ordenado con facultad propia la detención preventiva de los imputados se ha regularizado tales supuestas anormalidades. Por lo que, en la presente etapa de juicio, carecen de todo sustento legal las pretensiones de que los imputados estarían ilegalmente detenidos.

96. Sin embargo, teniendo en cuenta que durante el juicio se denunció que se habían cometido violaciones a los derechos humanos de los imputados por funcionarios públicos, el Tribunal dispuso remitir los antecedentes al Ministerio Público para una investigación. No se cuenta con elementos de prueba que permitan demostrar que, efectivamente, se haya realizado tal remisión.

97. Los condenados presentaron recurso de apelación, reiterando las alegaciones de violaciones a sus derechos humanos durante la detención e investigación. El 21 de agosto de 2003 la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia declaró improcedente el recurso, sin pronunciarse sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos. Los condenados presentaron recurso de casación, el cual fue declarado inadmisible por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 29 de octubre de 2003.

C.2. Ejecución de las penas

98. Claudia Mariela Valencia Alarcón salió de detención penitenciaria el 6 de febrero de 2002 con un mandamiento de libertad. El 10 de mayo de 2008, se emitió mandamiento de libertad definitiva respecto de F.E.P.M. El 7 de octubre de 2010, se emitió mandamiento de libertad condicional en beneficio de Mercedes Valencia Chuquimia. Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez salió con mandamiento de libertad bajo la modalidad extramuros el 18 de mayo de 2009, sin embargo, registró un nuevo ingreso en el Centro de Custodia de Patacamaya el 9 de agosto de 2016 por la comisión de otro delito. El 1 de diciembre de 2010 se emitió el mandamiento de libertad condicional de Oswaldo Lulleman Antezana, quien falleció el 5 de julio de 2011. Por otra parte, el 30 de agosto de 2013 se dictó mandamiento de libertad condicional a favor de Norma Lupe Alarcón Castillo. El 20 de febrero de 2018 Elacio Peña Córdova salió del recinto penitenciario con mandamiento de detención domiciliaria, al igual que Carlos Enrique Castro Ramírez el 24 de diciembre de 2018. Freddy Cáceres Castro se encontraba al momento de redacción de esta sentencia con mandamiento de libertad con beneficio extramuros. Blas Valencia Campos, Carlos Eladio Cruz Añez y Alfredo Bazán y Rosas se encontraban cumpliendo todavía sus condenas de privación de libertad a la fecha de emisión de la presente sentencia.

99. En el mes de noviembre de 2021, se ordenó la detención domiciliaria temporal por el plazo de seis meses debido a problemas de salud de Víctor Manuel Boggiano Bruzzón134. Sin embargo, el 4 de mayo de 2022 se ordenó al señor Boggiano presentarse en el recinto penitenciario de San Pedro, a efectos de cumplir el resto de la condena. Contra esta resolución, el señor Boggiano Bruzzón presentó recurso de apelación el 12 de mayo de 2022. Asimismo, el 17 de mayo de 2022, solicitó ampliación de la medida de detención domiciliaria.

100. Finalmente, el 31 de julio de 2018 Patricia Catalina Gallardo Ardúz salió con mandamiento de detención domiciliaria temporal, el cual fue ampliado en cuatro ocasiones el 1 de marzo de 2019, el 12 de septiembre de 2019, 26 de junio de 2020 y el 13 de mayo de 2021. La Señora Gallardo Ardúz presentó incidente de libertad condicional el 25 de noviembre de 2021. El 3 de mayo de 2022, se declaró cumplida la detención domiciliaria y se expidió mandamiento de captura. El Juzgado fijó la audiencia sobre la solicitud de libertad condicional para el 24 de mayo de 2022. La audiencia se llevó a cabo el 30 de mayo de 2022 y se determinó no conceder el beneficio de libertad condicional.

 

D. La investigación sobre las denuncias de vejaciones y tortura

 

101. Por medio del Instructivo No. 467/2010 de 23 de junio de 2010, el Fiscal General del Ministerio Público instruyó al Fiscal de Distrito a.i. de la Paz para que dispusiera la apertura de la investigación penal correspondiente contra los autores de los supuestos actos de torturas y actos inhumanos en contra de las 26 presuntas víctimas del presente caso142. El 7 de julio de 2010, el Fiscal Director Funcional de los casos denunciados en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen informó del inicio de oficio de investigaciones por el delito de vejaciones y torturas. Dicha apertura respondió a la constatación por parte de la Comisión Interamericana de la falta de investigación de los hechos, consignada en el Informe de Admisibilidad No. 84/08 del Presente Caso.

102. De esta forma, se inició el caso identificado con el No. 6147/10. En el marco de esta investigación se emitieron citaciones a Mercedes Valencia Chuquimia, Mauricio Valenzuela Valencia, Álvaro Taboada Valencia, Freddy Cáceres Castro, Oswaldo Lulleman Antezana, Claudia Valencia Alarcón, Raul Oswaldo Lulleman Gutiérrez, Victoria Gutiérrez de Lulleman, Carlos Eladio Cruz Añez, Norma Lupe Alarcón de Valencia, Patricia Catalina Gallardo Ardúz y Blas Valencia Campos. Únicamente se recibieron las declaraciones de Patricia Catalina Gallardo Ardúz, Mercedes Valencia Chuquimia146, Blas Valencia Campos y Elacio Peña Córdoba. Asimismo, se hicieron requerimientos a varias instituciones y se recibió información del Comandante de la Policía Boliviana, de la Fiscalía del Distrito de la Paz y del Instituto de Investigaciones Forenses.

103. El 8 de abril de 2014, por medio de la Resolución No. 023/2013, el Fiscal de Materia asignado a la División de Delitos Contra las Personas presentó ante el Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal Cautelar una resolución de rechazo. En dicha resolución se consideró que no se habían aportado elementos de convicción para el esclarecimiento del hecho denunciado con la investigación realizada, por lo que se consideró que no se contaba con suficientes elementos e indicios que demostraran efectivamente que hubiera ocurrido el hecho denunciado.

104. El 23 de octubre de 2014, el Viceministro interino de Justicia y Derechos Fundamentales interpuso una objeción a la resolución de rechazo, considerando que no se había realizado una investigación diligente. De esta forma, solicitó que se remitiera la resolución de rechazo para su consideración por parte del Fiscal Departamental, al objeto de control jerárquico para que procediera su revocatoria. Posteriormente, se registraron algunos requerimientos con el fin de poder notificar la decisión de rechazo155. El 12 de septiembre de 2019, la Fiscalía General del Estado resolvió la objeción de rechazo y revocó la Resolución de Rechazo No. 023/2013 de 8 de abril de 2013, ordenando la continuación de la investigación156. Previo a la notificación de esta resolución, el Servicio para la Prevención de la Tortura (en adelante también “SEPRET”) presentó una objeción al rechazo de la denuncia por escrito de fecha 16 de septiembre de 2019.

105. En el marco de la continuación de la investigación, se emitieron requerimientos al Instituto de Investigaciones Forenses (en adelante también “IDIF”) para que remitiera las valoraciones realizadas en el mes de diciembre de 2001 y enero de 2002 a las presuntas víctimas del presente caso; al Director Nacional de Régimen Penitenciario sobre la situación actual de las presuntas víctimas; al Servicio General de Identificación Personal para que remitiera fotocopias legalizadas de la tarjeta prontuaria y ficha Kardex de las presuntas víctimas; al Servicio de Registro Cívico requiriendo el último domicilio real de las presuntas víctimas. El Servicio General de Identificación de Personas remitió las fotocopias solicitadas el 6 de diciembre de 2019. Por su parte, el Registro Cívico remitió la información solicitada el 9 de diciembre de 2019.

106. El 20 de diciembre de 2019, el SEPRET reiteró su apersonamiento en el proceso de investigación y propuso que se realizaran diligencias164. El Ministerio de Gobierno remitió la información sobre la reclusión de las presuntas víctimas el 9 de enero de 2020165. El 23 de enero de 2020, el señor Víctor Manuel Boggiano prestó declaración en el marco de las investigaciones desarrolladas por la denuncia de vejámenes y torturas.

107. Por medio de escrito de 2 de febrero de 2020, la Fiscal encargada de la investigación solicitó al Juez Séptimo de Instrucción Penal y Cautelar la ampliación de la investigación en contra de nueve personas por la presunta comisión del delito de vejaciones y torturas. Por medio de requerimiento de 11 de febrero de 2020, se solicitó al Comandante General de la Policía Boliviana información sobre las nueve personas investigadas. Esta información fue remitida el 17 de febrero de 2020. Asimismo, se emitieron citaciones en contra de cinco sindicados a efectos de prestar su declaración170. El 17 de febrero de 2020 se recibió la declaración del sindicado J.V.V., asimismo, el 13 de marzo de 2020 se recibió la declaración de los sindicados A.R.P.A.172 y de D.G.U.M. El 20 de agosto de 2020 se recibió la declaración del sindicado E.I.R.C. Posteriormente, se continuaron realizando actos de investigación como requerimientos y citaciones de comparecencia a las presuntas víctimas.

108. El 20 de agosto de 2020, el Fiscal de Materia asignado presentó al Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal Cautelar una resolución de imputación y solicitud de audiencia de medidas cautelares de carácter personal en contra de J.V.V. por el delito de vejámenes y tortura en contra de las 26 presuntas víctimas del presente caso. El 10 de septiembre de 2021, se dictaron medidas cautelares personales en contra de J.V.V.. El 19 de mayo de 2022 el Ministerio Público presentó acusación formal en contra de J.V.V. por el delito de vejaciones y torturas. El 19 de mayo de 2022, el Ministerio Público presentó imputación formal contra G.S.H. por los delitos de vejaciones y torturas.

 

VIII 

FONDO

 

109. El presente caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado boliviano respecto a los alegados actos cometidos por agentes estatales, incluyendo violencia sexual y tortura, durante los allanamientos, arrestos y posteriores detenciones de las presuntas víctimas en el marco de la investigación de un atraco a un camión de transporte de valores, así como la supuesta falta de investigación de estos alegados hechos. Para desarrollar el análisis de fondo, la Corte procederá en el siguiente orden: 1) análisis de las alegadas violaciones a la libertad personal, a la vida privada, al domicilio, a la protección a la familia, al derecho a la propiedad en relación con los allanamientos y detenciones; 2) análisis de las alegadas violaciones a los derechos a la integridad personal y de la mujer a vivir libre de violencia; 3) el caso específico de las violaciones a la libertad personal y a la integridad personal de las presuntas víctimas niños y adolescentes; 4) análisis de la alegada violación al derecho a la vida en perjuicio de Genaro Ahuacho; 5) análisis de las alegadas violaciones al derecho a la salud, y 6) análisis de las alegadas violaciones a las garantías judiciales, protección judicial, derecho a la honra y dignidad, el deber de investigar y sancionar actos de tortura y el deber de investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

 

VIII-1

DERECHOS A LA LIBERTAD PERSONAL, A LA VIDA PRIVADA, AL DOMICILIO, A LA PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y A LA PROPIEDAD

 

A. Alegatos de las partes y de la Comisión

 

110. La Comisión consideró que, conforme al ordenamiento vigente en Bolivia en la época de los hechos, los allanamientos y arrestos de individuos en sus hogares entre las 19h y las 7h se encontraban prohibidos, salvo casos de consentimiento o flagrancia. Indicó que no hubo consentimiento y que no podía considerarse que el presente caso pudiese subsumirse en una situación de flagrancia. En consecuencia, estimó que los allanamientos y arrestos practicados en el presente caso fueron ilegales. Asimismo, agregó que como los allanamientos y las detenciones se hicieron con violencia, los mismos fueron arbitrarios y que afectaron de forma desproporcionada a mujeres y niños. Alegó, además, que las presuntas víctimas no contaron con un recurso efectivo para controlar la legalidad de sus detenciones. En consecuencia, concluyó que Bolivia violó los derechos a la libertad personal de 16 presuntas víctimas182, y el derecho a no ser sometido a injerencias arbitrarias en la vida privada y domicilio en perjuicio de 22 presuntas víctimas.

111. Los Defensores Públicos Interamericanos, respecto a la libertad personal, coincidieron con los alegatos presentados por la Comisión. Especificaron que, respecto del caso de Oswaldo Lulleman Antezana y Luis Fernando Lulleman Gutiérrez, si bien su detención se hizo en horario diurno, ya que no se encontraban presentes en el momento en que se inició el allanamiento en su domicilio, los agentes policiales permanecieron en este domicilio desde que habían ingresado ilegalmente, por lo que alegaron que la ilegalidad inicial tiñó necesariamente todo el procedimiento hasta su culminación con las detenciones. Respecto al allanamiento, en la Calle Juan Manuel Cáceres, indicaron que ni siquiera obra copia del mandamiento de allanamiento, por lo que consideraron que las detenciones de F.E.P.M., Eladio Cruz Añez y Carlos Enrique Castro Ramírez no solo se produjeron en el marco de un allanamiento nocturno prohibido, sino que no fueron siquiera habilitadas por un juez. Argumentaron que la detención de Freddy Cáceres Castro, en el Hotel Tropical Inn, se realizó sin que mediara una orden judicial, en un horario nocturno, por lo que consideraron que también sería una detención ilegal. Agregaron, que Edwin Rodríguez Alarcón, Julia Mamanu Mamani, Jenny Paola Lulleman de Zaconeta y Raul Oswaldo Lulleman, a pesar de haber sido arrestados, nunca fueron conducidos ante el juez de instrucción, por lo que tampoco contaron con la posibilidad de que un magistrado revisase la legalidad de sus detenciones. Respecto al derecho a la vida privada y domicilio y del derecho a la honra y al honor, alegaron que todos los allanamientos practicados fueron ilegales, y que, por lo tanto, también fueron violatorios del artículo 11 de la Convención.

112. El representante Jemio Mendoza alegó que, desde el momento de su detención, hasta el momento en que se declaró ejecutoriada la sentencia en su contra, el 30 de enero de 2004, la señora Gallardo Ardúz fue privada de su libertad de forma arbitraria y abusiva. Indicó que los funcionarios policiales no enseñaron los mandamientos de allanamiento, ni tampoco le fueron manifestados sus derechos como detenida, de esta forma consideró que el Estado violó el artículo 7 en perjuicio de Patricia Catalina Gallardo Ardúz. Asimismo, consideró que el Estado violó el artículo 17.1 en perjuicio de María Fernanda Peña Gallardo por los supuestos hechos cometidos en contra de su hijo A.A.D.P.

113. El representante Gómez Rojas alegó que los allanamientos y detenciones en contra de las presuntas víctimas se realizaron sin base normativa, por lo que fueron ilegales y contrarios a los derechos de libertad personal y vida privada. Agregó que el Estado violentó el derecho a la familia ya que los miembros de la familia Valencia Alarcón fueron testigos directos de las agresiones y violaciones sufridas. Asimismo, alegó que la ausencia de medidas de protección efectivas núcleo familiar de Blas Valencia Campos por parte del Estado se tradujo en ruptura de la unidad familiar, afectando el derecho a la familia. Agregó que, durante el allanamiento de la vivienda de Blas Valencia Campos, los agentes policiales sustrajeron dinero y artículos de valor como joyas sin autorización, los cuales no fueron devueltos, a pesar de que no tenían relación con el caso investigado. Indicó que el Estado no controvirtió específicamente estos hechos, ni proveyó explicaciones sobre lo ocurrido. De esta forma, consideró que el Estado violó el derecho a la propiedad privada en perjuicio de Blas Valencia Campos y de los familiares que residían en su domicilio.

114. El Estado argumentó que la estrategia policial, frente a las circunstancias del caso, no podría ser anunciada, para evitar la fuga de los implicados en el atraco. Asimismo, insistió en que se debía tomar en cuenta las particulares características de la organización que llevó a cabo el atraco que cobró la vida de tres personas y afectó a la integridad personal de otras cuatro. Alegó que los allanamientos se realizaron respetando la normativa, en apego a lo establecido por la Constitución y el Código Procesal Penal. Explicó que en el presente caso los imputados se encontraban en situación de flagrancia, por lo que aplicaban las excepciones que permiten obviar las formalidades para la aprehensión previstas en la Constitución y en el Código Procesal Penal. Agregó que, cuando se realizaron los allanamientos, estaba presente el fiscal, el cual mostró un legajo de allanamientos con la firma del juez. De esta forma, consideró que las órdenes de allanamiento fueron mandamientos emanados con carácter previo por una autoridad competente, documentos que al tratarse de un hecho cometido por una organización criminal que detentaba en su poder los elemento del iter criminis fueron considerados en flagrancia. Subrayó que todas las actuaciones policiales fueron parte de un Plan de Reacción Inmediata coordinado por las instituciones competentes y bajos los parámetros de la normativa constitucional y penal vigente. Agregó que la habilitación de días y horas extraordinarios por la autoridad judicial competente para el allanamiento era una medida necesaria y razonable, tomando en cuenta que se trataba de una organización que contaba con componentes que eran exmilitares extranjeros, con peligro de fuga. Asimismo, que el uso de la fuerza durante los allanamientos y aprehensiones fue proporcional. De esta forma concluyó que se cumplió con el deber de respeto a los derechos a la libertad personal, vida privada y domicilio invocados en los artículos 7 y 11 de la Convención.

 

B. Consideraciones de la Corte

B.1. Derecho a la libertad personal

115. De forma preliminar, corresponde recordar que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio, y que, en esa medida, deben emplear los medios necesarios para enfrentar la delincuencia y criminalidad organizada incluyendo medidas que impliquen restricciones o incluso privaciones a la libertad personal. Sin perjuicio de lo anterior, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines, independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus presuntos autores. En particular, las autoridades no pueden vulnerar los derechos reconocidos en la Convención Americana tales como los derechos a la presunción de inocencia, a la libertad personal, al debido proceso y no pueden llevar a cabo detenciones ilegales o arbitrarias, entre otros.

116. La Corte ha señalado que el contenido esencial del artículo 7 de la Convención es la protección de la libertad del individuo contra toda interferencia arbitraria o ilegal del Estado185. A su vez, la Corte ha señalado que este artículo tiene dos tipos de regulaciones, una general y una específica. La general se encuentra en el numeral 1, mientras que la específica en los numerales del 2 al 7. Cualquier violación a estos numerales acarreará necesariamente la violación al artículo 7.1 de la Convención Americana.

117. Una privación de libertad ilegal contraviene el artículo 7.2 de la Convención, y se presenta cuando no se observa la normativa interna aplicable187. La Corte ha explicado que la restricción del derecho a la libertad personal “únicamente es viable cuando se produce por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas (aspecto material), y, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en las mismas (aspecto formal)”. En relación con el requisito de legalidad y las facultades policiales para la detención de personas, la Corte entiende pertinente recordar que un incorrecto actuar de fuerzas policiales representa “una de las principales amenazas al derecho a la libertad personal”. Es preciso, entonces, que las regulaciones que determinen facultades de los funcionarios policiales relacionadas con la prevención e investigación de delitos incluyan referencias específicas y claras a parámetros que eviten detenciones arbitrarias o contrarias a mandatos constitucionales.

118. Es preciso hacer notar, por otra parte, que la arbitrariedad de una privación de libertad, vedada por el artículo 7.3 de la Convención, no se identifica con la contradicción con la ley, sino que resulta más amplia, en tanto que incluye elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad. De ese modo, resulta arbitraria la privación de libertad ejecutada por “causas y métodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad”.

119. Resulta relevante considerar, asimismo, la garantía del control judicial prevista por el artículo 7.5 de la Convención, que, para constituir una salvaguarda efectiva contra las detenciones ilegales o arbitrarias, debe darse “sin demora”193. La misma disposición, además, establece que una persona detenida debe ser “juzgada dentro de un plazo razonable” o “puesta en libertad” aun si continúa el proceso. El sentido de esta norma indica que las medidas privativas de la libertad durante el proceso penal son convencionales, siempre que tengan un propósito cautelar, es decir, que sean un medio para la neutralización de riesgos procesales; en particular, la norma se refiere al de no comparecencia al juicio.

120. Además de lo anterior, el artículo 7.6 de la Convención tutela el derecho de toda persona privada de la libertad a recurrir la legalidad de su detención ante un juez o tribunal competente, con el objeto de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de la privación de libertad y, en su caso, decrete su libertad. La Corte ha precisado que los recursos disponibles para el cumplimiento de esta garantía “no sólo deben existir formalmente en la legislación, sino que deben ser efectivos, esto es, cumplir con el objetivo de obtener sin demora una decisión sobre la legalidad del arresto o de la detención”.

121. Con base en lo anterior, y en pautas más específicas que se expresan más adelante, este Tribunal examinará los hechos del caso y los alegatos de las partes y la Comisión respecto a la libertad personal. Así analizará: 1) la legalidad de los allanamientos y de las detenciones realizadas en el marco de dichos allanamientos; 2) la arbitrariedad de los allanamientos y de las detenciones realizadas en el marco de los allanamientos; 3) la falta de control judicial de la detención de algunas de las presuntas víctimas; 4) la ausencia de un recurso efectivo; para finalmente llegar a las 5) conclusiones.

B.1.1. Análisis de la legalidad de los allanamientos y de las detenciones realizadas en el marco de dichos allanamientos (art. 7.2 de la Convención)

122. La Constitución vigente al momento de los hechos establecía en su artículo 9.I. que “Nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por Ley, requiriéndose para la ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito”. Las únicas excepciones a este principio general son el consentimiento y la flagrancia, de acuerdo con el artículo 10. De la misma manera, el artículo 21 establecía “[t]oda casa es un asilo inviolable; de noche no se podrá entrar en ella sin consentimiento del que la habita y de día sólo se franqueará la entrada a requisición escrita y motivada de autoridad competente, salvo el caso de delito in fraganti”.

123. De esta forma, de acuerdo con la legislación boliviana vigente al momento de los hechos, toda detención debía realizarse sobre la base de un mandamiento emitido por autoridad competente. Asimismo, la Constitución prohibía los allanamientos nocturnos salvo en caso de consentimiento o de delito flagrante.

124. El Estado alegó, que las detenciones realizadas durante los allanamientos nocturnos se justificaban debido a que se realizaron en flagrancia. En efecto, la flagrancia era la única excepción que contemplaba la Constitución boliviana a las prohibiciones de detención sin mandamiento y de los allanamientos nocturnos. De acuerdo con la perita María Luisa Piqué:

En general, se reconocen tres tipos de flagrancia. La “flagrancia en sentido estricto” (cuando tiene lugar la detección del autor en el mismo momento de la comisión o inmediatamente después de ella), la “cuasi flagrancia” (cuando se produce la detección del autor de la conducta delictiva en ocasión de ser perseguido) o la flagrancia “ficta” o “presunta” (en los que se pierde la visualización misma del hecho y en cambio aparecen objetos o rastros que generan una presunción vehemente de que esa persona acaba de participar de un delito).

125. Sin embargo, la legislación boliviana al momento de los hechos era particularmente restrictiva al momento de definir la flagrancia, considerando que la misma se da “cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de intentarlo, de cometerlo o inmediatamente después mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o los testigos presenciales del hecho”198. De esta forma, el ordenamiento boliviano al momento de los hechos únicamente contemplaba las figuras de la flagrancia y la cuasi flagrancia.

126. En el caso de marras se tiene por probado que el hecho delictivo que motivó los allanamientos y las detenciones de las presuntas víctimas, el atraco a la vagoneta de Prosegur se realizó el 14 de diciembre de 2001 aproximadamente a las 8:15 horas (supra párr. 51). De la misma manera, se tiene también probado que los allanamientos y las detenciones se realizaron a partir de la madrugada del 18 de diciembre de 2001, es decir cuatro días después del hecho delictivo (supra párr. 54). Asimismo, al momento en que se realizaron, ya existía una investigación penal en curso, con un fiscal y un juez interviniendo, puesto que se habían emitido mandatos de allanamiento. De esta forma, y tal como lo afirma la perita Piqué, “no es posible subsumir la situación bajo ningún concepto plausible de flagrancia y menos aun tomando en cuenta la legislación boliviana vigente al momento de los hechos, la más restrictiva de la región”.

127. En consecuencia, las detenciones realizadas en: 1) el domicilio sito Pasaje Las Rosas No. 2319 a las 2:45 horas del 18 de diciembre de 2001 donde se encontraban, entre otros Elacio Peña Córdova, Blas Valencia Campos, su esposa Norma Alarcón de Valencia, sus hijos, Edwin, Claudia y Gabriel; 2) los domicilios situados en Presbítero Medina No. 2523/2525 a las 3:00 horas del 18 de diciembre donde se encontraban Víctor Manuel Boggiano Bruzzón; Genaro Ahuacho Luna; Alfredo Bazán y Rosas y Mercedes Valencia Chuquimia; 3) el domicilio situado en Avenida Cívica No. 75 a la 01:00 hora del 18 de diciembre de 2001 en donde se encontraban Victoria Gutiérrez de Lulleman junto con sus hijos Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez y Jenny Paola Lulleman de Zaconeta así como Julia Mamanu Mamani y 4) el domicilio situado en la Zona de Iparvi en donde se encontraba Patricia Gallardo Ardúz tuvieron lugar en el marco de allanamientos nocturnos, los cuales se llevaron a cabo en contravención de una expresa prohibición constitucional, por lo que violaron el artículo 7.2 de la Convención Americana.

128. Asimismo, las detenciones de Luis Fernando Lulleman y Oswaldo Lulleman Antezana, realizadas en el domicilio situado en Avenida Cívica No. 75, respectivamente a las 7:00 y 8:00 horas del 18 de diciembre de 2001, si bien se realizaron en horas ordinarias, tuvieron su origen en un allanamiento que empezó en horas nocturnas, por lo que también son contrarias al artículo 7.2 de la Convención.

129. Sobre el allanamiento en el domicilio situado en el Pasaje Juan Manuel Cáceres No. 1365 el 18 de diciembre de 2001 entre las 04:00 y las 05:00 horas (donde se encontraban presentes Eladio Cruz Añez, F.E.P.M. y Carlos Enrique Castro Ramírez) y la detención de Freddy Cáceres en el Hotel Tropical Inn, esta Corte constata que estos inmuebles no formaban parte de los domicilios enumerados en las resoluciones de mandamiento de allanamiento, por consiguiente las detenciones ahí realizadas se hicieron sin un mandamiento válido, en horas extraordinarias y sin que mediara una situación de flagrancia, por lo que se consideran violatorias del artículo 7.2 de la Convención.

130. Finalmente, el 18 de diciembre de 2001 a las 08:30 horas se allanó el domicilio de Carlos Álvaro Taboada Valencia en la av. Simón López en la ciudad de Cochabamba. De acuerdo con el cuadro fáctico (supra párr. 71) esta detención también se realizó sin que existiera un mandato de allanamiento válido y sin que mediara una situación de flagrancia, por lo que también violentó el artículo 7.2 de la Convención, a pesar de haberse realizado en horario diurno.

B.1.2. Arbitrariedad de los allanamientos y de las detenciones (art. 7.3 de la Convención)

131. Sin perjuicio de que la Corte ya consideró que las detenciones de las presuntas víctimas fueron ilegales, en el presente caso estima necesario analizar la alegada arbitrariedad de las detenciones. En efecto, como se desarrollará en el capítulo VIII-2 (infra párrs. 170 a 207), durante la ejecución de los mandamientos de allanamiento y en las capturas llevadas a cabo sin mandamiento se produjeron actos vejatorios e incluso de tortura sobre las personas que se detuvieron.

132. En virtud de tales consideraciones, este Tribunal considera que el Estado violó el artículo 7.3 de la Convención, en prejuicio de las presuntas víctimas que fueron privadas de libertad en el marco de los allanamientos y detenciones ocurridas el 18 de diciembre de 2021.

B.1.3. Falta de control judicial de las detenciones (art. 7.5 de la Convención)

133. De acuerdo con el inciso 5 del artículo 7 de la Convención Americana, toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales.

134. Posteriormente al allanamiento, las presuntas víctimas Eladio Cruz Añez, F.E.P.M., Carlos Enrique Castro Ramírez, Víctor Boggiano Bruzzón, Genaro Ahuacho Luna, Alfredo Bazán y Rosas, Mercedes Valencia Chuquimia, Mauricio Valenzuela Valencia, Patricia Gallardo Ardúz, Blas Valencia Campos, Norma Alarcón de Valencia, Edwin Rodríguez Alarcón, Freddy Cáceres, Claudia Valencia Alarcón, Gabriel Valencia Alarcón, Alexis Eduardo Valencia Alarcón, Claudio Centeno Valencia, Elacio Peña Córdoba, Oswaldo Lulleman Antezana, Victoria Gutiérrez de Lulleman, Luis Lulleman Gutiérrez, Jenny Paola Lulleman de Zaconeta y Julia Mamanu Mamani fueron llevadas a los locales de la PTJ.

135. Asimismo, de los hechos del caso se desprende que Carlos Álvaro Taboada, luego del allanamiento en su domicilio, fue llevado a la división de homicidios de la PTJ en donde estuvo detenido dos días, antes de que lo dejaran en libertad. Gabriel Blas Valencia indicó que lo dejaron salir de la PTJ luego de varios días. El 20 de diciembre de 2001, fueron liberadas Jenny Paola Lulleman y Julia Mamanu Mamani. Al día siguiente fue liberado Luis Fernando Lulleman.

136. Entre las personas detenidas en los locales de la PTJ, únicamente fueron presentadas ante un juez Carlos Enrique Castro Ramírez, Alfredo Bazán y Rosas, Víctor Manuel Boggiano Bruzzón, Genaro Ahuacho Luna, Mercedes Valencia Chuquimia, Victoria Gutiérrez Aguilar, Blas Valencia Campos, Oswaldo Lulleman Antezana, Claudia Valencia Alarcón, F.E.P.M., Norma Lupe Alarcón de Valencia, Carlos Eladio Cruz Añez, Elacio Peña Córdova, Freddy Cáceres y Patricia Gallardo Ardúz durante la audiencia pública de medidas cautelares celebrada el 19 de diciembre de 2001.

137. De esta forma, a pesar de haber sufrido una detención en los locales de la PTJ, Edwin Rodríguez Alarcón, Gabriel Valencia Alarcón, Luis Fernando Lulleman Gutiérrez, Jenny Paola Lulleman de Zaconeta, Julia Mamanu Mamani y Carlos Álvaro Taboada nunca fueron conducidos ante un juez u otra autoridad, por lo que la Corte considera que se violentó el artículo 7.5 de la Convención Americana en su perjuicio.

138. Respecto de Raúl Oswaldo Lulleman, si bien se encuentra nombrado entre los asistentes en la Audiencia Pública del 19 de diciembre, de la declaración de la funcionaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y que acudió a los locales de la PTJ para responder a una denuncia de la familia Lulleman frente a la desaparición de Raúl Oswaldo, se desprende que el mismo se encontraba en los locales de la PTJ de la calle Sucre y por tanto no pudo haber participado en dicha audiencia208. Asimismo, se desprende de los hechos del caso que el señor Raúl Oswaldo Lulleman estuvo privado de libertad por dos años sin haber participado en ninguna audiencia de control de medidas cautelares. De esta forma, esta Corte considera también responsable al Estado de la violación del artículo 7.5 de la Convención Americana, en perjuicio de Raúl Oswaldo Lulleman.

B.1.4. Ausencia de un recurso efectivo (art. 7.6 de la Convención)

139. En este acápite, este Tribunal analizará si el Estado otorgó a las presuntas víctimas que efectivamente fueron presentadas ante un juez, la posibilidad de recurrir ante él, a fin de que decidiera sin demora, sobre la legalidad de su detención y, si fuera ilegal, ordenara su libertad, conforme el artículo 7.6 de la Convención.

140. El artículo 7.6 de la Convención tiene un contenido jurídico propio, que consiste en tutelar de manera directa la libertad personal o física, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha referido que estos recursos no solo deben existir formalmente en la legislación, sino que deben ser efectivos, esto es, cumplir con el objetivo de obtener sin demora una decisión sobre la legalidad del arresto o de la detención. De lo contrario, la actividad judicial no significaría un verdadero control, sino un mero trámite formal, o incluso simbólico, que generaría un menoscabo de la libertad del individuo. Más aún, el análisis de la legalidad de una privación de libertad “debe examinar las razones invocadas por el demandante y manifestarse expresamente sobre ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Convención Americana”.

141. Conforme lo descrito (supra párr. 88), el 19 de diciembre de 2001 el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal realizó una audiencia pública de medidas cautelares dentro de las diligencias seguidas en contra de Carlos Enrique Castro Ramírez, Alfredo Bazán y Rosas, Víctor Manuel Boggiano Bruzzón, Genaro Ahuacho Luna, Mercedes Valencia Chuquimia, Victoria Gutiérrez Aguilar de Lulleman, Blas Valencia Campos, Oswaldo Lulleman Antezana, Claudia Valencia Alarcón, F.E.P.M., Norma Lupe Alarcón de Valencia, Carlos Cruz Añez, Elacio Peña Córdova, Freddy Cáceres y Patricia Gallardo Ardúz por los supuestos delitos de asesinato, robo agravado, asociación delictuosa y fabricación de sustancias explosivas.

142. Del acta elaborada de la audiencia, puede constatarse que por lo menos tres defensores públicos alegaron la ilegalidad de los allanamientos y que la policía había ejercido fuerza excesiva e innecesaria. Frente a estos alegatos, el Juez respondió “[l]e voy a rogar al señor abogado se remita a hacer la defensa en cuanto se refiere a las Medidas Cautelares. Asimismo, en el auto motivado que dispuso la detención preventiva, si bien el Juzgado hizo referencia a los alegatos de los abogados de la defensa sobre la violación de los derechos y garantías constitucionales de sus defendidos, no tomó ninguna disposición al respecto.

143. De lo expuesto, este Tribunal considera que, en el presente caso, el recurso existente para verificar la legalidad de la medida cautelar no fue idóneo ni efectivo, ya que el juez no analizó la legalidad de los allanamientos, no se pronunció sobre los alegatos sobre su arbitrariedad ni sobre las alegadas actuaciones de las fuerzas de policía. De esta forma, esta Corte concluye que el Estado violó el artículo 7.6 de la Convención, en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna, Norma Lupe Alarcón de Valencia, Alfredo Bazán y Rosas, Víctor Manuel Boggiano Bruzzón, Freddy Cáceres, Carlos Enrique Castro Ramírez, Carlos Cruz Añez, Patricia Gallardo Ardúz, Victoria Gutiérrez Aguilar de Lulleman, Oswaldo Lulleman Antezana, Elacio Peña Córdova, F.E.P.M., Claudia Valencia Alarcón, Blas Valencia Campos y Mercedes Valencia Chuquimia.

B.1.5. Conclusiones respecto al derecho a la libertad personal

144. De conformidad a todo lo antes expuesto, esta Corte declara que el Estado violó el derecho a la libertad personal, reconocido en el artículo 7 de la Convención Americana, en sus numerales 1, 2 y 3 en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna; Norma Lupe Alarcón Castillo; Alfredo Bazán y Rosas; Víctor Manuel Boggiano Bruzzón; Freddy Cáceres Castro; Carlos Enrique Castro Ramírez; Carlos Eladio Cruz Añez; Patricia Catalina Gallardo Ardúz; Victoria Gutiérrez Aguilar; Oswaldo Lulleman Antezana; Jenny Paola Lulleman Gutiérrez; Luis Fernando Lulleman Gutiérrez; Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez; Julia Mamanu Mamani; Elacio Peña Córdova; F.E.P.M; Edwin Rodríguez Alarcón; Carlos Álvaro Taboada Valencia; Claudia Valencia Alarcón; Gabriel Valencia Alarcón; Blas Valencia Campos y Mercedes Valencia Chuquimia.

145. Asimismo, el Estado violó el derecho a la libertad personal, respecto al derecho a ser llevado ante un juez o autoridad competente sin demora dispuesto en el artículo 7. 5 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Jenny Paola Lulleman Gutiérrez, Luis Fernando Lulleman Gutiérrez, Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez, Julia Mamanu Mamani, Edwin Rodríguez Alarcón, Carlos Álvaro Taboada y Gabriel Valencia Alarcón.

146. Por otra parte, el Estado violó el derecho a la libertad personal, respecto al derecho a recurrir las detenciones para que se decida sobre su legalidad, dispuesto en el artículo 7.6 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna, Norma Lupe Alarcón de Valencia, Alfredo Bazán y Rosas, Víctor Manuel Boggiano Bruzzón, Freddy Cáceres, Carlos Enrique Castro Ramírez, Carlos Cruz Añez, Patricia Gallardo Ardúz, Victoria Gutiérrez Aguilar, Oswaldo Lulleman Antezana, Elacio Peña Córdova, F.E.P.M., Claudia Valencia Alarcón, Blas Valencia Campos y Mercedes Valencia Chuquimia.

B.2. Derechos a la vida privada, al domicilio y a la vida familiar

147. El Tribunal ha establecido que la protección de la vida privada, la vida familiar y el domicilio implica el reconocimiento de que existe un ámbito personal que debe estar exento e inmune a las invasiones o injerencias abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. En este sentido, el domicilio y la vida privada y familiar se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada y la vida familiar. Asimismo, la Corte ha considerado que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. En este orden de ideas, el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada.

148. Asimismo, la Corte ha valorado que la familia, sin establecer que sea un modelo específico, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección por parte de la sociedad y el Estado. Dada la importancia de ese derecho, reconocido en el artículo 17 de la Convención, la Corte ha establecido que el Estado se encuentra obligado a favorecer el desarrollo y fortaleza del núcleo familiar. Así, está obligado a realizar acciones positivas y negativas para proteger a las personas contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia y favorecer el respeto efectivo de la vida familiar. Además, la Corte recuerda que las injerencias al derecho a la vida familiar revisten mayor gravedad cuando afectan los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la separación de niños y niñas de sus padres, puede en ciertos contextos poner en riesgo la supervivencia y desarrollo de sus derechos, los cuales deben ser garantizados por el Estado según lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención y en el artículo 6 de la Convención sobre Derechos del Niño, especialmente a través de la protección a la familia y la no injerencia ilegal o arbitraria en la vida familiar de los niños y niñas, pues la familia tiene un rol esencial en su desarrollo.

149. De esta forma, la Corte ha considerado que, a la luz del artículo 11.2 de la Convención, la obtención de la debida autorización o de una orden judicial para realizar un registro o allanamiento domiciliario debe ser entendida como la regla general y sus excepciones, tales como la flagrancia, son válidas sólo en las circunstancias establecidas en la ley, las cuales, precisamente en tanto excepciones, deben ser estrictamente interpretadas.

150. En el presente caso, se tiene por demostrado que se llevaron a cabo allanamientos nocturnos, los cuales estaban expresamente prohibidos por la legislación boliviana vigente al momento en que ocurrieron los hechos (supra párrs. 122 a 130). Asimismo, de las circunstancias del caso, se puede deducir que la presencia de niños, niñas y adolescentes era una situación esperable y previsible para los agentes policiales al ordenar allanamientos en domicilios en horas de la noche. No obstante, las fuerzas policiacas no tomaron medidas especiales con el fin de proteger los niños, niñas y adolescentes presentes durante los allanamientos, así, estos fueron testigos de los hechos (supra párrs. 55 a 70). De la misma manera, como se expondrá más adelante (infra párrs. 185 a 191), durante la ejecución de los allanamientos, las fuerzas policiales realizaron actos de violencia y de violencia sexual en contra de las mujeres presentes, aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, al encontrarse en sus hogares, en horas de la noche y en ropa de dormir.

151. La limitación de los allanamientos nocturnos es una forma de garantizar el derecho a la vida privada, a la protección familiar y al domicilio, en el marco de las competencias estatales para realizar detenciones en el ejercicio del poder punitivo. De esta forma, distintos ordenamientos de la región contemplan la prohibición o la restricción de los allanamientos nocturnos.

152. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido la oportunidad de analizar el impacto de los allanamientos nocturnos en la vida privada y familiar garantizada por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En el caso Gutsanovi Vs. Bulgaria se analizó la validez de un allanamiento que se había practicado durante el crepúsculo en un lugar en donde se sabía que había presencia de niños. De esta forma, el Tribunal estableció:

Por supuesto, la Corte no puede ir tan lejos como para exigir a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que no arresten a las personas sospechosas de delitos en sus hogares cuando sus hijos o cónyuges estén presentes. No obstante, considera que la posible presencia de familiares en el lugar de la detención es una circunstancia que debe ser tenida en cuenta en la planificación y ejecución de este tipo de operativos policiales. Esto no se hizo en el presente caso y los organismos encargados de hacer cumplir la ley no contemplaron ningún medio alternativo para llevar a cabo la operación en el domicilio de los demandantes, como organizar la operación en una hora posterior o incluso desplegar un tipo diferente de agente en la operación. La consideración de los intereses legítimos de la Sra. Gutsanova y sus hijas era especialmente necesaria dado que la primera no estaba bajo sospecha de participación en los delitos de los que se sospechaba su esposo, y sus dos hijas eran psicológicamente vulnerables porque eran muy jóvenes (cinco y siete años de edad).

153. Asimismo, se debe tomar en cuenta, como lo explicó la perita Piqué, que “la injerencia en domicilios en horario nocturno impacta de manera desproporcionada en las mujeres y en los/as niños/as. El hogar es el lugar donde se ejercen los roles de cuidado por antonomasia y esos roles han estado históricamente a cargo sobre todo de las mujeres. La esfera doméstica es una esfera especialmente femenina”225. De esta forma, se torna necesario que en la ejecución de los allanamientos se incorpore un enfoque de género. Como lo explicó la perita Diana Guzmán:

[U]n enfoque de género resulta útil y pertinente como un elemento específico y transversal de las actuaciones de los Estados, entre otros, en las investigaciones penales, pues ofrece herramientas analísticas para entender la forma como el género contribuye a crear riesgos específicos y diferenciados para las mujeres y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no heteronormativas. Esto puede contribuir a luchar más efectivamente contra las diversas formas de discriminación y violencia basada en género.

154. Por otra parte, las medidas ilegales y arbitrarias de privación de libertad implicaron una afectación del núcleo familiar. En efecto, en varios de los domicilios allanados, además de las personas señaladas como sospechosas del asalto a la vagoneta de Prosegur, se encontraban miembros de su familia, incluyendo niños y adolescentes, como es el caso de Alexis Eduardo Valencia Alarcón (hijo de Blas Valencia Campos y Norma Lupe Alarcón de Valencia) y Claudio Tito Centeno Valencia (nieto de Blas Valencia Campos y Norma Lupe Alarcón de Valencia), presentes en el allanamiento de la vivienda de la Calle Las Rosas y de Mauricio Valenzuela Valencia (hijo de Mercedes Valencia Chuquimia) presente en el allanamiento de la calle presbítero Medina. Cómo se indicó anteriormente (supra párrs. 55 a 62), los niños y adolescentes fueron testigos de las vejaciones y torturas infringidas a sus familiares. Por la gravedad de estos actos, se afectó no solamente a las personas que estaban presentes en el allanamiento de forma individual, si no a los núcleos familiares en su conjunto.

155. Asimismo, con la privación de libertad de sus familiares, los niños y adolescentes quedaron en una situación de desamparo que no fue atendida por el Estado. En efecto, el Estado no ofreció explicaciones y no se probó de qué forma llegó a los locales de la PTJ Claudio Centeno Valencia, un niño de 3 años de edad al momento de los hechos. Alexis Valencia Alarcón declaró que, luego de permanecer medio día en los locales de la PTJ, fue liberado junto con su sobrino Claudio Centeno Valencia, pero que no tenían a donde ir porque ningún familiar los podía recibir, por lo que se dio su custodia a una persona únicamente identificada como “Marcia”. Asimismo, indicó que “desde el día en que mis padres entraron presos he vivido en diferentes casas, nunca más tuve un juguete, fui a diferentes colegios porque ya no podía pagar el que antes tenía”. Gabriel Blas Valencia indicó, asimismo, que lo dejaron salir de la PTJ luego de varios días, pero que no tenía a donde ir, hasta que lo recibió una señora que no identificó en su declaración. Por su parte, Mauricio Valenzuela Alarcón, en su declaración durante la audiencia pública, señaló que, luego de que lo liberaran de la PTJ, el Estado no tomó ninguna medida para garantizar que tuviera donde ir. Lo dejaron fuera de la estación donde una amiga de su madre lo vino a recoger y le ofreció alojarlo.

156. Con base en lo anterior, la Corte considera que el ingreso de funcionarios policiales en las viviendas situadas en Pasaje Las Rosas No. 2319, Presbítero Medina No. 2523/2525, Avenida Cívica No. 75, Pasaje Juan Manuel Cáceres No. 1365, en horario nocturno y sin que mediara ni consentimiento ni flagrancia, así como los allanamientos en la Zona de Iparvi, en la Av. Simón López de la ciudad de Cochabamba, y en la habitación de Hotel Tropical Inn que se realizaron sin una orden judicial legal ni con el consentimiento de sus moradores, constituyeron una injerencia arbitraria y abusiva en estos domicilios. Asimismo, las privaciones de libertad arbitrarias e ilegales, implicaron un rompimiento de los núcleos familiares, exponiendo a niños y adolescentes a escenas de extrema violencia y de tortura en contra de sus familiares y a una situación de abandono, ya que el Estado no tomó medidas para asegurarse que los niños y adolescentes que fueron detenidos durante el allanamiento fueran recibidos por familiares o personas aptas para garantizar su protección luego de su liberación, tomando en cuenta que sus padres se encontraban privados de libertad.

157. Por lo tanto, el Estado violó el derecho a la vida privada y familiar, consagrado en los artículos 11.2 y 17 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las personas que se encontraban y habitaban en dichos lugares, a saber: Genaro Ahuacho Luna; Norma Lupe Alarcón de Valencia; Alfredo Bazán y Rosas; Víctor Manuel Boggiano Bruzzón; Freddy Cáceres Castro; Carlos Enrique Castro Ramírez; Claudio Tito Centeno Valencia; Carlos Eladio Cruz Añez; Patricia Catalina Gallardo Ardúz; Victoria Gutiérrez Aguilar de Lulleman; Oswaldo Lulleman Antezana; Jenny Paola Lulleman Gutiérrez de Zaconeta; Luis Fernando Lulleman Gutiérrez; Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez; Julia Mamanu Mamani; Elacio Peña Córdova; María Fernanda Peña Gallardo; F.E.P.M.; Edwin Rodríguez Alarcón; Álvaro Taboada Valencia; Alexis Valencia Alarcón; Claudia Valencia Alarcón; Gabriel Valencia Alarcón; Blas Valencia Campos; Mercedes Valencia Chuquimia; Mauricio Valenzuela Valencia.

B.3. Derecho a la propiedad

158. Este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia un concepto amplio de propiedad que abarca el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. Resulta necesario reiterar que el derecho a la propiedad no es absoluto y, en ese sentido, puede ser objeto de restricciones y limitaciones, siempre y cuando éstas se realicen por la vía legal adecuada y de conformidad con los parámetros establecidos en dicho artículo 21. En este sentido, es necesario analizar, a la luz de este derecho, el secuestro de una serie de joyas de Norma Lupe Alarcón de Valencia durante el allanamiento de la vivienda situada en Pasaje/Calle Las Rosas No. 2319. Es importante resaltar que estas no tenían relación con el caso investigado.

159. Esta Corte ha establecido que la adopción de medidas cautelares (como la confiscación de bienes) en la jurisdicción interna no constituye per se una violación del derecho a la propiedad, aun cuando sí constituyan una limitación a dicho derecho, en la medida que afectan la facultad de las personas de disponer libremente de sus bienes, puesto que no significan un traslado de la titularidad del derecho de dominio. Sin embargo, la Corte considera que la disposición de los bienes no puede efectuarse en forma definitiva y debe restringirse exclusivamente a su administración y conservación.

160. En el caso en concreto, a pesar de que las joyas no formaban parte de los bienes relacionados con el atraco de la camioneta de Prosegur y, no obstante, los pedidos realizados por la señora Norma Lupe Alarcón de Valencia, no consta que las joyas fueran objeto de una orden de incautación ni que fueran devueltas posteriormente al juicio. En efecto, por medio del oficio No. RQ/LPZ/00818/2004/AP del 11 de octubre de 2004, el Defensor del Pueblo presentó un requerimiento de informe escrito en donde solicitaba que se informara sobre el trámite a las solicitudes de devolución de la señora Norma Alarcón. No consta en el expediente, ni fue probado por el Estado que se respondiera a este requerimiento.

161. En conclusión, la Corte considera que el Estado violó el derecho a la propiedad privada establecido en el artículo 21.1 y 21.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Norma Lupe Alarcón de Valencia.

 

VIII-2

DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y DE LA MUJER A VIVIR LIBRE DE VIOLENCIA

 

A. Alegatos de las partes y de la Comisión

 

162. La Comisión consideró que se encuentra suficientemente acreditado que, durante el allanamiento a los inmuebles, agentes del Estado fuertemente armados ejercieron un alto grado de violencia física y psíquica, violando la integridad personal de todas las personas que allí se encontraban. Subrayó que el Estado no argumentó ni demostró que la fuerza utilizada al momento del allanamiento fuera racional ni necesaria.

163. Respecto a los alegatos de tortura, argumentó que también se encuentra probado que 16 personas240 fueron trasladadas a las dependencias de la PTJ donde fueron interrogadas en un contexto de violencia, sin asistencia legal efectiva y quedando detenidas en condición insalubres, sin poder ser visitados ni por familiares ni por abogados y continuaron siendo agredidos y golpeados. Una vez trasladados a las diversas penitenciarías, ocho personas241 estuvieron en régimen de aislamiento e incomunicación por más de 60 días. De esta forma consideró que todos ellos fueron víctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de manos de agentes del Estado. Subrayó que todos estos hechos cumplen con los parámetros de severidad, intencionalidad y haber sido perpetrados con determinado fin y propósito, de manera que alcanzan el nivel para ser calificados como actos de tortura.

164. La Comisión recordó también que las mujeres capturadas y detenidas fueron víctimas de particulares insultos, fueron obligadas a desnudarse y a abrirse de piernas, siendo además víctimas de tocamientos e introducción de dedos y armas en sus genitales. Además, subrayó que F.E.P.M. perdió un embarazo y no recibió atención médica oportuna. Tales actos fueron realizados cuando las mujeres se encontraban sujetas al completo control del poder de agentes del Estado. De esta forma, consideró que dichos actos atentaron directamente en contra de la dignidad de esas mujeres y constituyeron graves actos de tortura y de violencia contra la mujer.

165. Los Defensores Públicos Interamericanos coincidieron con los alegatos presentados por la Comisión. Indicaron que estas vejaciones tuvieron como fin la autoincriminación o cuanto menos suministrar información para esclarecer un hecho delictivo. Argumentaron entonces que los requisitos para la configuración de una tortura se cumplieron. Alegaron que, aun en aquellos casos en que no se propinaron golpes, las presiones, insultos y amenazas sufridos durante los allanamientos y detenciones constituyeron “verdaderas torturas psicológicas”. Agregaron que la mayoría de las presuntas víctimas sufrieron, además, de una incomunicación que duró más de 60 días. En particular, respecto al caso de F.E.P.M., quién estaba embarazada al momento de su detención y sufrió un aborto producto de la violencia sufrida durante el allanamiento, la detención y la falta de asistencia médica, alegaron que se trató de un caso de violencia basada en género.

166. El representante Jemio Mendoza alegó que la señora Patricia Catalina Gallardo Ardúz en reiteradas oportunidades fue víctima de una serie de malos tratos, torturas y violación sexual por parte de agentes policiales. Respecto a María Fernanda Peña Gallardo, consideró que fue víctima de tortura psicológica, y que, en todo caso fue amenazada de forma tal que se configuró una violación del artículo 5 de la Convención, ya que la amenaza fue tan suficientemente real e inminente que la motivó a quitarse la vida. Asimismo, alegó que los fiscales e investigadores, se valieron de su condición de mujer y de su quebranto anímico para coaccionarla con amenazas de implicarla en el caso de Prosegur. Consideró que lo anterior puede interpretarse como una manifestación de violencia contra la mujer.

167. El representante Gómez Rojas alegó que se tuvo por demostrado que las presuntas víctimas fueron sujetas a tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes, tanto al momento de ser arrestadas como en los centros de detención. Indicó que el impacto desproporcionado que generó el operativo de allanamiento se debió a una falta de enfoque de género para prevenir las múltiples afectaciones perpetradas contra las mujeres. Además, alegó que las condiciones y circunstancias en que fueron detenidas las señoras Norma Alarcón de Valencia y Claudia Valencia Alarcón violentaron no solo el derecho a la integridad personal, sino el derecho a las mujeres a vivir libres de violencia consagrado por la Convención de Belem do Pará. Consideró que estos actos de violencia sexual fueron actos de violencia basada en género que tuvieron por finalidad someter a las presuntas víctimas, agredirlas y denigrarlas en su condición de mujeres.

168. El Estado argumentó que la Comisión no individualizó con precisión la afectación a al derecho a la integridad personal de las 26 presuntas víctimas, ya que para probar esta afectación únicamente hizo referencia a las declaraciones de cinco personas242 y registros fotográficos de la prensa respecto de ocho personas243. Asimismo, alegó que la Comisión consideró como probado que 16 personas que fueron trasladadas a las dependencias de la Policía Técnica Judicial fueron objeto de violencia y agresión, sin embargo, únicamente sustentó esta afirmación en declaraciones de las presuntas víctimas, no existiendo evidencia individualizada de tales hechos. Indicó que las certificaciones médico forenses solicitadas por el Fiscal en el caso, sólo detallan lesiones menores en el caso de 9 de las presuntas víctimas.

169. Sobre el caso de María Fernanda Peña Gallardo, el Estado alegó que no existe elemento alguno que permitiera corroborar que se diera tortura psicológica por parte del Estado. Subrayó que ni el Estado ni sus agentes realizaron actos preparados deliberadamente para suprimir su resistencia psíquica y forzarla a auto inculparse, confesar determinadas conductas delictivas o ser expuesta a un contexto de angustia o sufrimiento intenso de modo intencional. Agregó que la alegada angustia sufrida por la emisión de reportajes y/o fotografías por parte de los medios de comunicación, no pueden ser considerados como actos estatales atentatorios a su dignidad, toda vez que los mismos se relacionaban con un hecho delictivo de gran trascendencia, lo cual generó un interés legítimo de la prensa por reportar sobre el mismo. Indicó que, al haber estado vinculada al atraco, se convirtió en una persona de interés público.

 

B. Consideraciones de la Corte

 

170. En este acápite, la Corte procederá, en primer lugar, a establecer 1) pautas generales sobre el derecho a la integridad personal, la prohibición de tortura y malos tratos y los medios de prueba, para luego analizar 2) los hechos que se vinculan con las torturas y malos tratos sufridos durante los allanamientos y las detenciones; 3) en particular sobre la violencia sexual sufrida en contra de las mujeres; 4) la determinación de los maltratos ocurridos y su clasificación jurídica como tortura;

5) las medidas de incomunicación; 6) las condiciones de los centros de detención; para finalmente analizar el caso particular de 7) la alegada afectación a la integridad personal de María Peña Gallardo.

B.1. Pautas generales sobre el derecho a la integridad personal y la prohibición de tortura y malos tratos y los medios de prueba

171. El artículo 5.1 de la Convención consagra en términos generales el derecho a la integridad personal, tanto física y psíquica como moral. Por su parte, el artículo 5.2 establece, de manera más específica, la prohibición absoluta de someter a alguien a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La Corte entiende que cualquier violación del artículo 5.2 de la Convención Americana acarreará necesariamente la violación del artículo 5.1 de la misma. Además, la Corte ha establecido que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están absoluta y estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de forma absoluta e inderogable, y pertenecen hoy día al dominio del jus cogens internacional.

172. Este Tribunal recuerda también que el artículo 5.1 de la Convención Americana prevé que quien sea privado de su libertad “tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal”.

173. Respecto a la valoración de la prueba, este Tribunal subraya que los criterios son menos rígidos que en los sistemas legales internos248. La Corte debe aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta la gravedad de la atribución de responsabilidad internacional a un Estado y que, sin perjuicio de ello, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados. En casos como el presente, no es necesario que se pruebe la responsabilidad del Estado más allá de toda duda razonable ni que se identifique individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios, sino que es suficiente demostrar que se han verificado acciones u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones o que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por éste.

174. Además, la Corte recuerda que es legítimo el uso de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones para fundar una sentencia, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos252. Al respecto, este Tribunal ha señalado que corresponde a la parte demandante, en principio, la carga de la prueba de los hechos en que se funda su alegato; no obstante, ha destacado que, a diferencia del derecho penal interno, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio.

B.2. Los hechos de tortura y malos tratos durante los allanamientos y las detenciones

B.2.1. Hechos sucedidos durante los allanamientos

175. Se desprende de los hechos del caso (supra párrs. 53 a 70), que durante los allanamientos en los domicilios situados Pasaje Las Rosas No.2319, Presbítero Medina No. 2523/2525, Avenida Cívica No. 75, Pasaje Juan Manuel Cáceres No. 1365 y en el domicilio de Patricia Gallardo Cruz, los agentes policiales actuaron con violencia. Sin hacer distingo entre imputados y familiares, entre niños, adolescentes y mujeres en situación de embarazo, los agentes policiales procedieron a golpear, insultar e interrogar a todas las personas presentes en los domicilios, haciendo un uso de la fuerza desproporcionada.

B.2.2. Los exámenes médico forenses practicados en la PTJ

176. En los locales de la PTJ, a petición de un fiscal, se realizaron evaluaciones médico-forenses a Claudia Valencia Alarcón, Norma Alarcón Castillo, F.E.P.M., Victoria Gutiérrez Aguilar, Jenny Paola Lulleman, Carlos Enrique Castro Ramírez, Mercedes Valencia Chuquimia, Julia Mamanu Mamani y Víctor Manuel Boggiano Bruzzón. De acuerdo con estas evaluaciones, se determinó que Victoria Gutiérrez Aguilar, Jenny Paola Lulleman Gutiérrez y Julia Mamanu Mamani no presentaban signos de lesiones. En las evaluaciones de Claudia Valencia Alarcón y Norma Alarcón se indicó que presentaba lesiones que ameritaban un impedimento de dos días. Por su parte, para el caso de F.E.P.M se indicó impedimento de cuatro días, para Enrique Castro Ramírez de siete días y para Víctor Manuel Boggiano Bruzzón de quince días. Respecto de Mercedes Valencia Chuquimia, se consignaron algunas lesiones mas no se indicó un período de impedimento.

177. Adicionalmente, es necesario señalar que la ausencia de señales físicas no implica que no se han producido maltratos, ya que es frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices permanentes. Lo mismo es cierto para los casos de violencia y violación sexual, en los cuales no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de estas en un examen médico, ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de un examen médico.

B.2.3. Hechos sucedidos durante las detenciones

178. De acuerdo con las declaraciones de las presuntas víctimas que fueron trasladadas a los locales de la PTJ, durante su detención fueron objeto de violencia física y verbal por parte de los agentes policiales257. Las mujeres declararon ser víctimas de violaciones y otros actos de violencia sexual258, las cuales serán analizadas en el siguiente acápite.

B.2.4. Valoraciones médicas posteriores

179. Los representantes de las presuntas víctimas presentaron certificados médicos que acreditan las secuelas dejadas por los actos de violencia sufridas. De esta forma, se acreditó que Víctor Manuel Boggiano sufre actualmente de epilepsia generalizada y de un trastorno ansioso depresivo. Asimismo, respecto de esta misma persona, se presentó un peritaje psicológico elaborado por el ITEI en donde se establecen las secuelas psicosociales sufridas por el señor Boggiano Bruzzón por las alegadas torturas y los malos tratos sufridos durante el allanamiento y posterior detención. En particular, se hizo referencia a las torturas físicas y psicológicas sufridas y se le diagnosticó trastorno de estrés postraumático. Estos hallazgos fueron reiterados por el testimonio rendido ante fedatario público por el psicólogo Pablo García Nava, quien concluyó que “toda la evidencia que se recopiló en la evaluación a que vengo haciendo referencia es plenamente consistente, llevándome a la conclusión que Víctor Manuel Boggiano Bruzzón fue víctima de tortura y tratos crueles o degradantes durante el tiempo que estuvo detenido en celdas de la Policía Técnica Judicial en la calle Landaeta”.

180. Respecto de F.E.P.M. se presentó certificado médico que acredita cicatrices en codo izquierdo y rigidez y artrosis, producto de una agresión física sufrida hace veinte años. Por medio de declaración ante fedatario público el Médico Forense del ITEI Marcelo Flores Torrico indicó que “toda la evidencia recopilada en el caso es plenamente consistente llevándonos, junto con mi colega Lic. Pablo Gabriel García- la conclusión de que [F.E.P.M] fue víctima de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes durante su aprehensión y el tiempo que estuvo detenida en celdas de la Policía Técnica Judicial en la calle Landaeta”.

181. Respecto de Patricia Gallardo Ardúz, se presentó un peritaje médico social a cargo del ITEI en donde se llegó a la conclusión que “toda la evidencia que se recopiló en el presente dictamen es plenamente consistente, llevándonos a la conclusión que Patricia Catalina Gallardo Ardúz, fue víctima de torturas y malos tratos incluyendo la tortura sexual, durante el tiempo que estuvo detenida en celdas de la Policía Técnica Judicial en la calle Landaeta”.

B.2.5. Calificación jurídica de tortura

182. De lo expuesto hasta ahora, no cabe duda para la Corte que las presuntas víctimas fueron objeto de malos tratos y vejaciones durante los allanamientos y posteriores detenciones, los cuales implican una violación a la integridad personal por parte de los agentes policiales en perjuicio de las presuntas víctimas. No obstante, la Corte ha explicado que la violación al derecho a la integridad personal puede tener distinta intensidad y producirse mediante la comisión de distintos tipos de vejámenes, que abarcan desde la tortura hasta otro tipo de actos o tratos, que pueden resultar crueles, inhumanos o degradantes.

183. También ha entendido que es con el “máximo rigor” que debe efectuarse la “categorización” de un acto como tortura, en tanto que ésta resulta “particularmente grave y reprochable” y presenta especificidades propias, pues la persona que la perpetra, en forma “deliberada[,] inflige un dolor o sufrimiento severo, o ejerce un método tendiente a anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental, en una víctima que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, haciéndolo para lograr, de ese modo, un propósito específico”. El entendimiento del artículo 5.2 de la Convención, en cuanto a su concepto de “tortura”, debe efectuarse de modo acorde con lo dicho, y debe colegirse que el mismo abarca actos de maltrato que: i) sean intencionales; ii) causen severos sufrimientos físicos o mentales, y iii) se cometan con cualquier fin o propósito.

184. Debido a su severidad, esta Corte destaca los actos de tortura cometidos por los agentes policiales en contra de Víctor Manuel Boggiano Bruzzón. Asimismo, en el marco del allanamiento en el domicilio en Pasaje Juan Manuel Cáceres, se acreditó que Carlos Enrique Castro Ramírez, Eladio Cruz Añez y F.P.E.M. fueron golpeados y les pusieron una bolsa plástica con un gas. En efecto, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, está práctica es catalogada como una tortura. De la misma manera, de acuerdo con su declaración, Raúl Oswaldo Lulleman sufrió de golpes en los pies, lastimándole severamente los dedos y provocando que perdiera varias uñas, lo cual es consistente con el método de tortura de falanga, igualmente catalogado por el Protocolo de Estambul269. En estos casos, es evidente que la intencionalidad de los vejámenes, ya que las fuerzas policiales actuaron con una finalidad o propósito específico, que era que las presuntas víctimas confesaran su alegada implicación en el atraco a la camioneta de Prosegur. De esta forma, esta Corte considera que, por los actos cometidos por las fuerzas policiales durante los allanamientos Víctor Manuel Boggiano Bruzzón, Carlos Enrique Castro Ramírez, Eladio Cruz Añez, F.P.E.M. y Raúl Oswaldo Lulleman fueron sometidos a torturas.

B.3. En particular sobre la violencia y tortura sexual sufrida por las mujeres

185. La Corte entiende que debe integrarse la perspectiva de género en el análisis de hechos que podrían configurar malos tratos, pues ello permite analizar de un modo más preciso su carácter, gravedad e implicancias, así como, según el caso, su arraigo en pautas discriminatorias. En ese sentido, actos de violencia sexual pueden presentar una especificidad propia respecto a mujeres y niñas.

186. En lo que respecta a la violencia sexual y la violación, la jurisprudencia de esta Corte ha reconocido que estas formas de violencia sexual pueden configurar tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso actos de tortura si se satisfacen los elementos de la definición. De igual forma se ha expedido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura275, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y el Relator de Naciones Unidas contra la Tortura.

187. En el presente caso se ha acreditado que, durante los allanamientos, los policías golpearon en sus partes íntimas a Norma Lupe Alarcón Valencia y a Claudia Valencia Alarcón (supra párr. 56). De la misma manera, a Mercedes Valencia Chuquimia, durante el allanamiento, la desvistieron frente a su hijo y le introdujeron un arma entre las piernas (supra párr. 61).

188. Respecto de Norma Lupe Alarcón de Valencia, Claudia Valencia Alarcón, Mercedes Valencia Chuquimia y Julia Mamanu Mamani, se tiene establecido por las diferentes declaraciones que durante el allanamiento fueron golpeadas frente a sus familiares y, en particular, amenazaron a sus hijos/nietos frente a ellas con el fin de que confesaran (supra párrs. 55 a 65). Estos actos intencionales por parte de las fuerzas policiales pueden caracterizarse como actos de tortura psicológica, agravados en este caso por un sesgo basado en un estereotipo de género, aprovechándose de la condición de madres y/o abuelas de las presuntas víctimas. En efecto, este Tribunal ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a graves lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada “tortura psicológica”. En este sentido, la Corte ha establecido que un acto de tortura puede ser perpetrado tanto mediante actos de violencia física, como a través de actos que produzcan en la víctima un sufrimiento psíquico o moral agudo. La gravedad del acto y su intencionalidad se encuentran entonces probadas. Los efectos y la severidad de la angustia resentida pueden ser comprobada gracias a las declaraciones dadas por Norma Lupe Alarcón y Claudia Valencia280. Sin embargo, en este caso, al no contar con una declaración por parte de Julia Mamanu Mamani y de Mercedes Valencia Chuquimia, esta Corte no puede evaluar el impacto y la severidad de los sufrimientos en estos dos casos. De esta forma se considera que Norma Lupe Alarcón y Claudia Valencia fueron víctimas de actos de tortura, los cuales, además, al estar motivados por un estereotipo de género, serían contrarios al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.

189. F.E.P.M. y Patricia Gallardo Ardúz fueron violadas varias veces por agentes policiales durante su detención. Asimismo, Claudia Valencia Alarcón declaró que todas las mujeres que fueron recluidas en los locales de la PTJ fueron varias veces sacadas a un pasillo, en donde eran desnudadas y los policías las requisaban, introduciendo sus dedos sin guantes en sus vaginas (supra párr. 74). De esta forma, siguiendo el criterio jurisprudencial y normativo que impera tanto en el ámbito del derecho penal internacional como en el derecho penal comparado, este Tribunal considera que lo anterior constituyó un acto de violación colectiva en contra de Norma Lupe Alarcón de Valencia, Claudia Valencia Alarcón, Mercedes Valencia Chuquimia, Victoria Gutiérrez, Jenny Paola Lulleman y Julia Mamanu Mamani. En efecto, para este Tribunal la violación sexual es cualquier acto de penetración vaginal o anal, sin consentimiento de la víctima, mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril. Para que un acto sea considerado violación sexual, es suficiente que se produzca una penetración, por superficial que sea, en los términos antes descritos. Además, se debe entender que la penetración vaginal se refiere a la penetración, con cualquier parte del cuerpo del agresor u objetos, de cualquier orificio genital, incluyendo los labios mayores y menores, así como el orificio vaginal. Esta interpretación es acorde a la concepción de que cualquier tipo de penetración, es suficiente para que un acto sea considerado violación sexual.

190. La Corte entiende que la violación sexual es una forma de violencia sexual. En particular, la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la víctima. En el presente caso, es claro que los agentes policiales actuaron deliberadamente en contra de las mujeres. Por otra parte, en cuanto a la severidad del sufrimiento, este Tribunal ha reconocido que la violencia sexual cometida por agentes estatales, mientras las víctimas se encuentran bajo su custodia, es un acto grave y reprobable, en el cual el agente abusa de su poder y se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima, por lo que puede causar consecuencias psicológicas severas para las víctimas. Estas consecuencias pueden presumirse, a pesar de no contar con declaraciones al respecto. En efecto, se debe tomar en cuenta que, en materia de violencia sexual, las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar, por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente. De esta forma, en muchos casos las propias víctimas deciden guardar silencio, por lo que es posible recurrir a presunciones e indicios. Por último, en cuanto al propósito, la Corte constata que se desprende de los hechos del caso que la violencia sexual tenía un fin intimidatorio, de amenaza y de humillación, para hacerles confesar y cooperar en el marco de la investigación del caso Prosegur.

191. Por todo lo anterior, esta Corte considera que F.E.P.M., Patricia Gallardo Ardúz, Norma Lupe Alarcón de Valencia, Claudia Valencia Alarcón, Mercedes Valencia Chuquimia, Victoria Gutiérrez, Jenny Paola Lulleman y Julia Mamanu Mamani fueron víctimas de tortura sexual, la cual, además es una forma de violencia contra la mujer.

B.4. Las medidas de incomunicación

192. La incomunicación es una medida de carácter excepcional que tiene como propósito impedir que se entorpezca la investigación de los hechos. De acuerdo con la Constitución vigente al momento de los hechos, la incomunicación no podía imponerse sino en casos de notoria gravedad y de ningún modo por más de veinticuatro horas (artículo 9.I.). Por su parte, la versión actualizada de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, establecen en su regla 43 la prohibición del aislamiento prolongado, es decir, de acuerdo con la regla 44, el que se extienda durante un período superior a 15 días consecutivos.

193. Esta Corte ya ha establecido que la incomunicación debe ser excepcional, dado que el aislamiento del mundo exterior puede generar una situación de extremo sufrimiento psicológico y moral y perturbaciones psíquicas para el detenido y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en las cárceles. El aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano. Las personas privadas de la libertad tienen derecho a contactar a sus familiares.

194. De los hechos del caso se tiene por demostrado que Genaro Ahuacho Luna, Alfredo Bazán y Rosas, Víctor Boggiano Bruzzón, Carlos Enrique Castro Ramírez, Carlos Eladio Cruz Añez, Oswaldo Lulleman Antezana, Elacio Peña Córdova y Blas Valencia Campos estuvieron 70 días en régimen cerrado, sin comunicación ni luz solar (supra párrs. 83 y 84). Lo anterior constituye en sí mismo una forma de tratamiento cruel e inhumano.

B.5. Las condiciones de los centros de detención

195. Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger el derecho a la integridad de las personas privadas de libertad es la de procurar a éstas, condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención. En ese mismo sentido, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos establecen criterios básicos para interpretar el contenido del derecho de las personas privadas de la libertad a un trato digno y humano. Esas reglas incluyen, entre otras, la prohibición estricta de las penas corporales, de los encierros en celdas oscuras, así como las normas básicas respecto al alojamiento e higiene.

196. De la misma manera, este Tribunal ha señalado que mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para su reposo ni condiciones adecuadas de higiene constituye una violación a su integridad personal.

197. Esta Corte tiene por acreditado que las presuntas víctimas que fueron trasladadas a la PTJ fueron detenidas en celdas pequeñas, que no contaban con camas lo que los obligó a dormir en el piso y no tenían acceso a baños (supra párr. 74), por lo que se constata una situación de hacinamiento contraria a la integridad personal de las personas detenidas en la PTJ.

B.6. La alegada afectación a la integridad personal de María Fernanda Peña Gallardo

198. Respecto de María Fernanda Peña Gallardo, esta Corte considera que no es posible encontrar un vínculo directo entre la actuación estatal y su suicidio. En efecto, no se presentaron elementos de prueba que acreditaran el uso de tortura psicológica en su contra, ni tampoco de las supuestas coacciones y amenazas por parte de miembros de la Fiscalía y de la Policía. Únicamente se tiene probado que la señora Peña Gallardo figuraba entre los imputados del caso y que había sido convocada a dar una declaración informativa ante el Ministerio Público el 6 de junio de 2002.

199. Por otra parte, este Tribunal ha entendido que corresponde presumir la violación del derecho a la integridad personal, aplicando una presunción iuris tantum, respecto a familiares tales como madres y padres, hijas e hijos, esposas y esposos, y compañeras y compañeros permanentes y hermanas y hermanos de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos, siempre que ello responda a las circunstancias particulares en el caso. También se ha declarado la violación de este derecho por el sufrimiento generado a partir de los hechos perpetrados en contra de sus seres queridos.

200. En el caso de marras, de acuerdo con la declaración jurada de Patricia Gallardo, su hija María Fernanda estuvo presente al momento del allanamiento de su domicilio, por lo que fue testigo de la violencia policial a la cual fue sometida su madre. Esta situación pudo generar angustia, estrés y dolor en María Fernanda Peña Gallardo, lo cual pudo tener un impacto sobre su situación anímica.

201. En consecuencia, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación al artículo

5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio de María Fernanda Peña Gallardo.

B.7. Conclusiones

202. En virtud de todo lo anterior, esta Corte considera que el Estado Plurinacional de Bolivia es responsable de la violación a la integridad personal reconocida por los artículos 5.1 y 5.2, en relación con la obligación general establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, por los actos de tortura cometidos en contra de Víctor Manuel Boggiano Bruzzón, Carlos Enrique Castro Ramírez, Eladio Cruz Añez, F.E.P.M. y Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez.

203. De la misma manera, por actos de tortura sexual, es responsable de la violación de los artículos 5.1 y 5.2 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana y el artículo 7.a. de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en perjuicio de F.E.P.M., Patricia Gallardo Ardúz, Norma Lupe Alarcón de Valencia, Claudia Valencia Alarcón, Mercedes Valencia Chuquimia, Victoria Gutiérrez, Jenny Paola Lulleman y Julia Mamanu Mamani.

204. Por los actos de violencia policial durante los allanamientos y detenciones, el Estado es responsable de la violación al derecho a la integridad personal consagrado en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con la obligación general establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna; Norma Lupe Alarcón Castillo; Alfredo Bazán y Rosas; Víctor Manuel Boggiano Bruzzón; Freddy Cáceres Castro; Carlos Enrique Castro Ramírez; Carlos Eladio Cruz Añez; Patricia Catalina Gallardo Ardúz; Victoria Gutiérrez Aguilar; Oswaldo Lulleman Antezana; Jenny Paola Lulleman Gutiérrez; Luis Lulleman Gutiérrez; Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez; Julia Mamanu Mamani; Elacio Peña Córdova; F.E.P.M; Edwin Rodríguez Alarcón; Carlos Álvaro Taboada Valencia; Claudia Valencia Alarcón; Gabriel Valencia Alarcón; Blas Valencia Campos y Mercedes Valencia Chuquimia.

205. Por la incomunicación prolongada, el Estado es responsable de someter a Genaro Ahuacho Luna, Alfredo Bazán y Rosas, Víctor Boggiano Bruzzón, Carlos Enrique Castro Ramírez, Eladio Cruz Añez, Oswaldo Lulleman, Elacio Peña Córdova y Blas Valencia Campos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, por lo que violó los artículos 5.1 y 5.2 en relación con el artículo 1.1 de la Convención en su perjuicio.

206. Por las malas condiciones de detención, el Estado sometió a tratos crueles, inhumanos y degradantes a Genaro Ahuacho Luna; Norma Lupe Alarcón de Valencia; Alfredo Bazán y Rosas; Víctor Manuel Boggiano Bruzzón; Freddy Cáceres Castro; Carlos Enrique Castro Ramírez; Carlos Eladio Cruz Añez; Patricia Catalina Gallardo Ardúz; Victoria Gutiérrez Aguilar de Lulleman; Oswaldo Lulleman Antezana; Jenny Paola Lulleman Gutiérrez de Zaconeta; Luis Fernando Lulleman Gutiérrez; Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez; Julia Mamanu Mamani; Elacio Peña Córdova; F.E.P.M.; Edwin Rodríguez Alarcón; Álvaro Taboada Valencia; Claudia Valencia Alarcón; Gabriel Valencia Alarcón, Blas Valencia Campos y Mercedes Valencia Chuquimia, en violación de los artículos 5.1 y 5.2. en relación con el artículo 1.1 de la Convención en su perjuicio.

207. Por la afectación a su integridad personal, el Estado es responsable de la afectación al artículo 5.1 en relación con el 1.1 de la Convención, en perjuicio de María Fernanda Peña Gallardo.

 

VIII-3

AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL, A LA INTERGRIDAD PERSONAL Y A LOS DERECHOS A LA NIÑEZ EN EL CASO DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

 

A. Alegatos de las partes y de la Comisión

 

208. Respecto a los niños y adolescentes, la Comisión consideró que, aunque no existía suficiente prueba de que las presuntas víctimas niños y adolescentes hayan sido objeto directo de violencia física, sí se demostró que se encontraban en los inmuebles al momento de los allanamientos, por lo que se podía inferir el temor y la angustia que sufrieron al ver a sus familiares sufrir vejaciones. En ese sentido, estimó que los niños y adolescentes presentes sufrieron, al menos, afectaciones a su integridad psicológica en incumplimiento de la especial protección que éstos merecían por su edad.

209. El representante Gómez Rojas alegó que Alexis Eduardo Valencia Alarcón, de 11 años al momento de los hechos, fue secuestrado durante varias horas, golpeado y obligado a denunciar e incriminar a sus padres. Asimismo, indicó que Claudio Tito Centeno Valencia, de 3 años de edad al momento de los hechos fue igualmente objeto de atropellos y abusos y presenció de manera directa la tortura que recibió su madre. Agregó que Mauricio Marcelo Valenzuela Valencia, de 16 años de edad en la época de los hechos, se encontraba en el domicilio de la calle Presbítero Medina al momento del allanamiento, fue igualmente torturado y presentado al público como delincuente. De esta forma consideró que el Estado es responsable de una violación al derecho de la niñez.

210. El Estado alegó, por su parte, una carencia de elementos probatorios sobre el uso excesivo de fuerza en contra de niños, niñas y adolescentes por parte de los agentes policiales. En particular, manifestó que, del video utilizado como elemento probatorio, se desprende que ningún niño se encontraba golpeado, maniatado ni boca abajo, así como tampoco se distingue alguna muestra de llanto o dolor que pueda atestiguar su afectación física o psicológica. Agregó que no se puede justificar una violación al artículo 19 por la sola presencia de los niños en el lugar en que se habrían efectuado los allanamientos. Asimismo, indicó que no existían elementos probatorios que demostraran la exhibición de niñas, niños y adolescentes desarrollados por agentes estatales ante los medios de comunicación social.

 

B. Consideraciones de la Corte

 

211. Se desprende de los hechos probados que, al momento de los allanamientos, estaban presentes en los domicilios los niños Alexis Valencia Alarcón de 12 años, Claudio Centeno Valencia de 3 años y el adolescente Mauricio Valenzuela Valencia de 16 años. Esta Corte ya ha establecido que el hecho que las presuntas víctimas fueran niños y adolescentes obliga a la aplicación de un estándar más alto para la calificación de acciones que atenten contra su integridad personal.

212. El artículo 19 de la Convención Americana impone a los Estados la obligación de adoptar “medidas de protección” requeridas por su condición de niños, niñas y adolescentes. El concepto “medidas de protección” puede ser analizado tomando en cuenta otras disposiciones, especialmente considerando que, conforme el artículo 31 de la Convención de Viena, al dar interpretación a un tratado, se toman en cuenta los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con éste y el sistema dentro del cual se inscribe”. En ese sentido, tanto las demás provisiones de la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño sirven a esta Corte para fijar el contenido y los alcances del artículo 19 de la Convención Americana.

213. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada de forma prácticamente universal, contiene diversas disposiciones que se refieren a las obligaciones de los Estados en relación con los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en supuestos fácticos similares a los que se examinan en este caso y pueden arrojar luz sobre la conducta que Bolivia debió haber observado ante la misma. Entre ellas, merecen ser destacadas las referentes a la no discriminación (art. 2)298, a la prohibición de la tortura (art. 37.a)299 y a las condiciones que deben observarse en casos de privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes (art. 37. b, c y d)300. En este sentido, la Corte afirma que, desde los primeros momentos del allanamiento, se debió brindar a los niños, niñas y adolescentes presentes en los domicilios, el trato y los derechos que le correspondían como tales.

214. Asimismo, la Corte ha sostenido respecto de casos donde niños, niñas y adolescentes se encuentren involucrados, que el contenido del derecho a la libertad personal no puede deslindarse del interés superior de la niñez y del carácter que reviste la posición de garante del Estado respecto de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Bolivia desde 1990 establece, en el artículo 37.b), que “los Estados Parte velarán porque: […] b) ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda”.

215. Por otra parte, como ya ha sostenido anteriormente esta Corte, otros instrumentos internacionales son relevantes al propósito de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes sometidas a diferentes actuaciones por parte del Estado. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) establecen en sus puntos 10.1 y 10.2 que “[c]ada vez que un menor sea detenido, la detención se notificará inmediatamente a sus padres o su tutor, y cuando no sea posible dicha notificación inmediata, se notificará a los padres o al tutor en el más breve plazo posible” y “[e]l juez, funcionario u organismo competente examinará sin demora la posibilidad de poner en libertad al menor”.

216. De las declaraciones rendidas en el presente proceso se desprende que Alexis Valencia Alarcón, mientras su domicilio era objeto de allanamiento, fue introducido en la parte trasera de una patrulla y cubierto con una manta, al punto que se le dificultaba la respiración. Lo sacaron de su casa sin avisar a sus padres y lo retuvieron dentro de la patrulla durante más de tres horas, llevándolo a los demás allanamientos305. Por su parte, Mauricio Valenzuela Valencia relató durante la audiencia pública que lo tuvieron detenido en los locales de la Policía Judicial por más de siete días. En ningún momento lo llevaron ante un juez, sino que declaró que, al cabo de siete días, mientras los demás detenidos subían a los buses que los llevarían al centro penitenciario, él fue separado de la fila y lo sacaron de la PTJ, donde lo dejaron solo. No consta del expediente que el Estado tomara alguna medida para que el adolescente fuera recogido o albergado por algún familiar o puesto bajo el cuidado de una institución estatal. Sobre el niño Claudio Centeno Valencia, no se cuentan con elementos de prueba que expliquen las condiciones de su traslado a los locales de la PTJ. Consta de las declaraciones de Alexis Valencia, que una vez conducido a estos locales se pudo reunir con el niño y que posteriormente, al salir de la PTJ tampoco se tomó ninguna medida para que los niños fueran puestos en custodia de un familiar o de una institución estatal.

217. Por lo anterior, se considera que el Estado violó los derechos a la libertad personal consagrados en los artículos 7.1, 7.2, 7.3 y 19 de la Convención Americana en perjuicio de Alexis Valencia Alarcón y Mauricio Valenzuela Valencia, así como la violación de los artículos 7.4 y 19 de la Convención Americana en perjuicio de Mauricio Valenzuela Valencia.

218. Por otra parte, respecto a los alegatos de malos tratos y vejaciones, Alexis Valencia Alarcón relató que durante el allanamiento y cuando fue llevado dentro de la patrulla le pegaron en la cabeza con la culata de las metralletas, que lo insultaban y que le decían que su padre era un maleante. Por su parte, en la audiencia pública, Mauricio Valenzuela Valencia declaró que durante el allanamiento recibió golpes por parte de los policías, y que le pisaban la cabeza contra el piso, al punto de perder conocimiento.

219. Estos hechos, efectuados de manera intencional, además, infligieron graves sufrimientos físicos y mentales a las presuntas víctimas quiénes además eran niños y/o adolescentes al momento de los hechos. De esta manera, la Corte considera que Alexis Valencia Alarcón y Mauricio Valenzuela Valencia fueron víctimas de tratos crueles y degradantes por agentes policiales. Sobre Claudio Centeno Valencia, otro niño parte en el proceso, no se tienen pruebas de que los agentes policiales cometieren actos de violencia en su contra. Por lo anterior, la Corte concluye que el Estado violentó los artículos 5.1, 5.2 y 19 de la Convención Americana, en perjuicio de Alexis Valencia Alarcón y Mauricio Valenzuela Valencia.

220. Es claro entonces que, a la luz de las disposiciones antes expuestas los agentes estatales, en el caso concreto, no respetaron sus obligaciones reforzadas de proteger a los niños, niñas y adolescentes que estaban presentes en el momento del allanamiento, y que, por el contrario, cometieron conductas que violentaron sus derechos y, en el caso de Claudio Centeno Valencia, no garantizaron un mínimo de protección para un niño de 3 años de edad, al no garantizar que fuera puesto para la guarda o protección de un familiar o una institución estatal. De esta forma, la Corte considera que el Estado violó el artículo 19 de la Convención Americana, en perjuicio de Alexis Valencia Alarcón, Mauricio Valenzuela Valencia y Claudio Centeno Valencia.

 

VIII-4

DERECHO A LA VIDA309 EN PERJUICIO DE GENARO AHUACHO LUNA

 

A. Alegatos de las partes y de la Comisión

 

221. La Comisión indicó que Genaro Ahuacho Luna (Walter Herrera Flores o Walter Herrera Ríos), falleció mientras se encontraba recluido en el penal de Chonchocoro. Recordó que el Estado es responsable de asegurar el respeto a la vida de toda persona bajo su custodia, y que no consta que el Estado hubiese dado atención en salud a esta persona ni que otorgó una explicación satisfactoria ni convincente de lo sucedido, por lo que resulta responsable de una violación al derecho a la vida.

222. Los Defensores Públicos Interamericanos, alegaron que Genaro Ahuacho Luna recibió severos maltratos físicos y psíquicos durante su detención y que falleció mientras se encontraba detenido en el establecimiento penitenciario de Chonchocoro. Indicaron que hubo una demora en procurarle atención médica adecuada frente al accidente cerebro vascular que sufrió. Agregaron que el Estado no brindó una explicación satisfactoria de lo sucedido, por lo que consideran que se violentó el artículo 4 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna.

223. El Estado argumentó que no privó de la vida a la presunta víctima, sino que tomó todas las medidas apropiadas para proteger y preservar su salud mientras se encontraba privado de libertad. Subrayó que el señor Ahuacho Luna murió en el hospital y no en el centro penal. Alegó que no existió elemento alguno que permitiera al Estado conocer el riesgo de salud que padecía el señor Ahuacho Luna, en tanto se trataría de un padecimiento ocasionado por presión arterial, tabaquismo, diabetes, ingesta de alcohol y perfil lipídico. De esta forma concluyó que no existe elemento probatorio que refiera que la muerte del señor Ahuacho Luna se haya debido al uso de la fuerza de los agentes estatales, sino que la causa de fallecimiento fue el ACV sufrido el 12 de abril de 2004, frente al cual el Estado activó todos los mecanismos apropiados para proteger y preservar su salud.

 

B. Consideraciones de la Corte

 

224. Esta Corte ya ha señalado que el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia. Así, este Tribunal reitera que, como responsable de los establecimientos de detención y reclusión, el Estado tiene el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad, y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención. En este sentido, existe una presunción por la cual el Estado es responsable por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales. Recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados.

225. En primer lugar, la Corte observa que en el presente caso ya se determinó que el señor Genaro Ahuacho Luna fue víctima de tratos crueles y degradantes durante el allanamiento del domicilio situado en Presbítero Merina No. 2525 y su detención en los locales de la PTJ (supra párrs. 175 y 204). A pesar de tener lesiones visibles, como se demuestra en el video del operativo policial PTJ (supra párr. 62), no fue sometido a un examen ante un médico forense al llegar a la PTJ. El 12 de abril de 2002, mientras se encontraba en el Centro Penitenciario de Chonchocoro, sufrió una pérdida de conocimiento. El médico del penitenciario indicó que debía ser trasladado a un centro hospitalario, no obstante, dicho traslado no se realizó sino cuatro horas después. Finalmente, el señor Genaro Ahuacho Luna murió el 14 de abril de 2022, en el Hospital Corazón de Jesús producto de un infarto de la arteria cerebral media izquierda y un paro respiratorio.

226. El Estado alegó que no existen pruebas que permitan ligar la muerte del señor Ahuacho Luna a una actuación estatal y que esta se debió a condiciones preexistentes. Sin embargo, se puede comprobar que la presunta víctima no recibió atención médica al momento de ingresar al centro de detención, por lo que no existe forma de comprobar la extensión de los daños a consecuencia de los malos tratos sufridos y sus posibles secuelas. Por otra parte, quedó comprobado que los agentes estatales a cargo del centro penitenciario tardaron cuatro horas en trasladar al señor Ahuacho a un centro hospitalario luego de que sufriera un accidente cerebral que lo dejara inconsciente, tiempo durante el cual no recibió atención médica adecuada de acuerdo con las declaraciones de su compañero de celda (supra párr. 86).

227. A la luz de estas consideraciones, la Corte observa que las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, además de exigir la realización de exámenes médicos tan a menudo como sea necesario (infra párr. 239), también señalan que:

[s]e dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesarios para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional.

228. En definitiva, el Tribunal observa que, en este caso, el Estado no brindó atención médica adecuada y oportuna al señor Ahuacho, lo anterior al no haber sido sometido a exámenes médicos al momento de su ingreso al centro penal para poder evaluar su situación de salud y al no haber sido remitido de forma rápida y oportuna a un centro médico luego de sufrir un ataque en el centro penitenciario y haber perdido el conocimiento. Asimismo, el Estado no proveyó una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido para desvirtuar la presunción de responsabilidad por la falta de una atención médica adecuada del señor Genaro Ahuacho Luna, quien se encontraba bajo su custodia.

229. Por tanto, esta Corte concluye que el Estado es responsable de la violación al artículo 4.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna.

 

VIII-5 

DERECHO A LA SALUD

 

A. Alegatos de las partes y de la Comisión

 

230. El representante Jemio Mendoza alegó que la señora Patricia Catalina Gallardo, a consecuencia de los malos tratos, tortura y violencia sexual, sufrió una seria afectación tanto a su salud física como psicológica. Alegó que desde que le fue concedida la detención domiciliaria, ya no cuenta con tratamiento y medicación por parte del Estado. De esta forma consideró que, el Estado ha vulnerado el derecho a la salud de la señora Gallardo Ardúz, consagrado por el artículo 26 de la Convención.

231. Las demás representaciones, la Comisión y el Estado no se refirieron a este punto.

 

B. Consideraciones de la Corte

 

232. La Corte recuerda que, tomando en cuenta que de los artículos 34.i, 34. l316 y 45.h317 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “Carta de la OEA”) se deriva la inclusión en dicha Carta del derecho a la salud, este Tribunal en diferentes precedentes ha reconocido el derecho a la salud como un derecho protegido a través del artículo 26 de la Convención. Respecto a la consolidación de dicho derecho existe además un amplio consenso regional, ya que se encuentra reconocido explícitamente en diversas constituciones y leyes internas de los Estados de la región. En este sentido, se resalta que el derecho a la salud estaba reconocido a nivel constitucional en Bolivia al momento de los hechos.

233. La Corte, además, ha señalado que los derechos a la vida y a la integridad se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana, y que la falta de atención médica adecuada puede también conllevar la vulneración de los artículos 5.1 y 4 de la Convención.

234. La obligación general de protección a la salud se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, garantizando una prestación médica de calidad y eficaz, así como de impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población. Este derecho abarca la atención de salud oportuna y apropiada conforme a los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, cuya aplicación dependerá de las condiciones prevalecientes en cada Estado. El cumplimiento de la obligación estatal de respetar y garantizar este derecho deberá dar especial cuidado a los grupos vulnerables y marginados, y deberá realizarse de conformidad con los recursos disponibles de manera progresiva y de la legislación nacional aplicable.

235. Tal y como lo ha reiterado en su jurisprudencia reciente, la Corte considera que la naturaleza y alcance de las obligaciones que derivan de la protección del derecho a la salud incluyen aspectos que tienen una exigibilidad inmediata, así como aspectos que tienen un carácter progresivo. Al respecto, la Corte recuerda que, en relación con las primeras (obligaciones de exigibilidad inmediata), los Estados deberán adoptar medidas eficaces a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas para el derecho a la salud, garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y en general avanzar hacia la plena efectividad de los DESCA. Respecto a las segundas (obligaciones de carácter progresivo), la realización progresiva significa que los Estados parte tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad de dicho derecho, en la medida de sus recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. Asimismo, se impone la obligación de no regresividad frente a la realización de los derechos alcanzados. En virtud de lo anterior, las obligaciones convencionales de respeto y garantía, así como de adopción de medidas de derecho interno (artículos 1.1 y 2), resultan fundamentales para alcanzar su efectividad.

236. Este Tribunal considera fundados los señalamientos del representante Jemio Mendoza respecto a la afectación al derecho a la salud de la señora Patricia Gallardo, la cual se agravó durante su detención domiciliaria ya que el Estado dejó de suministrarle sus tratamientos. Al respecto, esta Corte constató (supra párr. 189) que la señora Gallardo Ardúz fue víctima de actos de tortura y que estos actos le provocaron secuelas físicas y psicológicas que afectaron su derecho a la salud. Asimismo, de acuerdo con el Informe Médico realizado por el ITEI el 14 de julio de 2021, se determinó que “la señora Patricia Gallardo es portadora de enfermedades de naturaleza irreversible y tratamiento permanente; necesita de condiciones especiales de alimentación, medicación y sobre todo fisioterapia de manera diaria para complementar el tratamiento medicamentoso”. La señora Gallardo Ardúz presentó en varias ocasiones sus pretensiones respecto a la atención en la salud para poder hacer frente a las secuelas dejadas por las torturas y malos tratados vividos, las cuales no han sido atendidas por el Estado. De esta forma, se considera que el Estado violó el derecho a la salud de la señora Patricia Gallardo Ardúz.

237. Este Tribunal considera, además, que de los hechos probados se desprende que varias actuaciones del Estado a lo largo de los hechos de este caso implicaron una afectación al derecho a la salud de las presuntas víctimas. Por lo anterior, en aplicación del principio iura novit curia del cual se ha valido reiteradamente la jurisprudencia internacional en el sentido de que el juzgador posee la facultad, e inclusive el deber, de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente, corresponde analizar estos hechos a la luz del derecho a la salud respecto de las demás presuntas víctimas del presente caso.

238. En primer lugar, cómo se estableció supra (párrs. 224 a 229), se pudo acreditar una falta de atención médica adecuada del señor Genaro Ahuacho Luna, el cual fue llevado a un hospital cuatro horas después de que sufriera un ACV, sin que se le otorgara durante ese lapso ningún tipo de atención.

239. Asimismo, esta Corte ha establecido que el Estado tiene el deber, como garante de la salud de las personas bajo su custodia, de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento médicos adecuados cuando así se requiera. La Corte así recuerda que numerosas decisiones de organismos internacionales invocan las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos a fin de interpretar el contenido del derecho de las personas privadas de la libertad a un trato digno y humano332. En cuanto a los servicios médicos que se les deben prestar, dichas Reglas señalan, inter alia, que “[e]l médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, [y] tomar en su caso las medidas necesarias”. Por su parte, el Principio 24 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión determina que “[s]e ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos”.

240. De forma reciente, esta Corte ha reconocido que determinadas condiciones especiales, como encontrarse embarazada, en período de parto, posparto y lactancia, colocan a la mujer en una situación agravada de vulnerabilidad en el contexto carcelario, dado que su vida e integridad pueden correr un riesgo mayor. Así, esta Corte ya ha reconocido la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres embarazadas, más aún cuando se encuentran privadas de libertad. Frente a esta situación, la Corte considera que, en atención al principio de igualdad y no discriminación, la atención prenatal, durante el parto y post natal, así como cualquier emergencia obstétrica, proporcionada a las mujeres detenidas en el sistema penitenciario debe ser equivalente a la disponible fuera de la prisión. Más aún, toda vez que las mujeres se encuentran bajo el total dominio de las autoridades penitenciarias, es obligación del Estado prevenir daños irreparables sobre los derechos a la salud física y mental, integridad personal y a la vida de las mujeres embarazadas, así como durante el parto, postparto o en el marco de cualquier emergencia obstétrica. Resulta, por tanto, esencial la provisión de atención a la salud mental por parte de médicos especializados.

241. De los hechos del caso se desprende que, del grupo de presuntas víctimas que fueron trasladadas a la PTJ, solo Claudia Valencia Alarcón, Norma Alarcón Castillo, F.E.P.M., Victoria Gutiérrez Aguilar, Jenny Paola Lulleman, Carlos Enrique Castro Ramírez, Mercedes Valencia Chuquimia, Julia Mamanu Mamani y Víctor Manuel Boggiano Bruzzón fueron sometidas a un examen médico forense (supra párr. 75). Por consiguiente, se violentó el derecho a la salud de todas aquellas personas detenidas que no fueron objeto de un control médico al momento de su detención, a saber, Blas Valencia Campos, Edwin Rodríguez Alarcón, Gabriel Valencia Alarcón, Elacio Peña Córdoba, Genaro Ahuacho Luna, Alfredo Bazán y Rosas, Mauricio Valenzuela Valencia, Oswaldo Lulleman Antezana, Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez, Luis Lulleman Gutiérrez, Carlos Eladio Cruz Añez, Freddy Cáceres Castroy Patricia Catalina Gallardo Ardúz.

242. Por otra parte, le consta a este Tribunal que la señora F.E.P.M. tuvo un aborto producto de los golpes sufridos a manos de agentes policiales (supra párr. 76). Asimismo, se desprende de los hechos del caso que no recibió atención médica a pesar de sufrir de sangrados y que no se le brindó ninguna atención especializada tomando en cuenta su situación de especial vulnerabilidad, por lo que también se vulneró su derecho a la salud ya que el Estado no cumplió con su deber de protección reforzada a una persona en condición de vulnerabilidad.

243. Por lo anterior, la Corte considera que el Estado violó el derecho a la salud consagrado en el artículo 26 de la Convención Americana, en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna, Alfredo Bazán y Rosas, Carlos Eladio Cruz Añez, Freddy Cáceres Castro, Patricia Gallardo Ardúz, Oswaldo Lulleman Antezana, Luis Lulleman Gutiérrez, Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez, Elacio Peña Córdova, F.E.P.M., Edwin Rodríguez Alarcón, Gabriel Valencia Alarcón, Blas Valencia Campos y Mauricio Valenzuela Valencia.

 

VIII-6

GARANTÍAS JUDICIALES, PROTECCIÓN JUDICIAL, DERECHO A LA HONRA Y A LA DIGNIDAD, DEBER DE INVESTIGAR Y SANCIONAR ACTOS DE TORTURA Y DEBER DE INVESTIGAR Y SANCIONAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

 

A. Alegatos de las partes y de la Comisión

 

244. La Comisión alegó que las presuntas víctimas denunciaron en repetidas oportunidades que habían sido víctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes y que sus declaraciones habían sido obtenidas bajo coacción. Subrayó que el Estado no probó que estos hechos hayan sido investigados. Indicó que la ausencia de investigación diligente y efectiva se ha prolongado en el tiempo, y que no se ha abordado desde una perspectiva de género y de niñez. De esta forma consideró que se violentaron los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Asimismo, al tratarse de denuncias de tortura, también se constituyó una violación de las obligaciones contenidos en los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST.

245. Agregó que luego de su captura, las presuntas víctimas, incluyendo niños y adolescentes, fueron presentados a la prensa como los responsables del atraco a Prosegur, antes de haber sido procesados o condenados. Algunos de ellos, no fueron siquiera acusados posteriormente por el Ministerio Público y fueron liberados en el curso de la investigación, por lo que se consideró que también se violentó la presunción de inocencia.

246. Los Defensores Públicos Interamericanos, consideraron que la exposición pública de las presuntas víctimas por parte de los agentes policiales fue una violación al derecho a la presunción de inocencia. En efecto, subrayaron que las personas detenidas en los allanamientos fueron expuestas en una conferencia de prensa, estando presentes personas que ni siquiera fueron imputadas. Consideraron que esos ataques mediáticos fueron propiciados por el Estado y crearon un efecto estigmatizante. Sobre el derecho a la defensa, subrayaron que las personas imputadas fueron encarceladas por más de 60 días en régimen de aislamiento, lo que les impidió acceder a sus abogados defensores. Inclusive, alegaron que, en un principio, no dejaron a los imputados elegir su propio abogado, sino que les impusieron la asistencia de un defensor público oficial. Alegaron, además, que los defensores no actuaron con la debida diligencia ya que, al tomar conocimiento de los actos de tortura, o bien no hicieron nada al respecto o se limitaron a denunciarlo sin tomar acción alguna frente a la indiferencia de los jueces. De esta forma, consideraron que el Estado violó el derecho a ser oído con las debidas garantías y el derecho de defensa garantizados por los artículos 8.1, 8.2.d) y 8.2.e) de la Convención.

247. Respecto al deber reforzado de investigar en materia de tortura, alegaron que, durante la audiencia de medidas cautelares, al menos dos de las defensas públicas intervinientes alegaron las vejaciones que habían sufrido los detenidos. Sin embargo, el Juez Instructor no tomó ninguna medida al respecto. Más adelante, al dictarse la sentencia condenatoria, nuevamente se desoyeron las alegaciones de tortura y malos tratos de las personas sometidas al proceso penal. Únicamente se ordenó remitir antecedentes al Ministerio Público para que iniciara una investigación por actos atentatorios a los Derechos Humanos por parte de funcionarios públicos, pero indicaron que desconocían la suerte de ese proceso. No fue sino hasta en 2010, luego de que la Comisión Interamericana dictase el Informe de Admisibilidad en este caso, que se inició un proceso de oficio. En este proceso, se produjeron varias irregularidades, respecto a los plazos y a la forma de recabar declaraciones, y no fue sino hasta 10 años después, que se imputó formalmente a un sospechoso. De esta forma consideran que la investigación no cumple con los estándares de debida diligencia. En conclusión, alegaron que el Estado violó el derecho a la protección judicial y su deber de debida diligencia en materia de investigación de tortura y trato cruel que surge de los artículos 8.1 y 25 de la Convención y de los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST. Agregaron que, al no investigar diligentemente los hechos de violencia sexual en contra de las mujeres presuntas víctimas, también surge una violación al artículo 7.b. de la Convención de Belem do Pará.

248. El representante Jemio Mendoza alegó que, dentro del proceso iniciado en el 2010 por el tipo penal de Vejaciones y Torturas, se debió incluir a María Fernanda Peña Gallardo como víctima de estos crímenes, por la tortura psicológica sufrida, sin embargo, no aparece dentro de las víctimas en la investigación que se desarrolla bajo el expediente No. 6147/2010. Además, argumentan que ni sus familiares ni su representación legal han sido informados sobre el estado procedimental de esta causa. De esta forma consideró violado el deber reforzado de investigar la tortura y la necesidad de debida diligencia y perspectiva de género en casos de violencia contra la mujer.

249. El representante Gómez Rojas alegó que en este caso se produjeron graves violaciones de derechos humanos, por lo que el Estado tiene una obligación reforzada de investigar, llevar a juicio y sancionar a todos los responsables, incluyendo los mandos jerárquicos. Consideró que, durante los allanamientos y, posteriormente, en las dependencias de la Policía Técnica Judicial, policías que actuaron coordinadamente bajo el mando de sus superiores, cometieron actos de violencia, violación y tortura, de manera pública masiva y reiterada, sin que los superiores intervinieran para prevenir o evitar que estos actos se cometieran. De esta forma, consideró que, para cumplir con los estándares de investigación establecidos, el Estado debió investigar no solo a los autores materiales, sino también a los mandos o superiores en la cadena jerárquica de la Policía Técnica Judicial.

250. El Estado argumentó que se cumplió con el deber de investigación y sanción respecto a los hechos que afectaron la vida e integridad de las siete personas que resultaron afectadas por el atraco a la vagoneta de Prosegur. En el marco de ese proceso, al tener indicios de posibles actos atentatorios a los derechos humanos de las presuntas víctimas, indicó que la autoridad jurisdiccional encargada del caso solicitó que se iniciara una investigación, disponiendo en la sentencia que se remitieran antecedentes al Ministerio Público. Asimismo, alegó que se respetó el derecho de defensa, al procurarle a las personas imputadas defensa pública a la cual renunciaron posteriormente para contar con sus abogados particulares. Señaló que no existe constancia de alguna denuncia formal de parte de los imputados con relación a torturas, tratos crueles e inhumanos, degradantes y tortura sexual. Sobre las medidas cautelares que ordenaron la detención preventiva, indicó que la misma se dio en estricto apego a la normativa vigente y con el fin de que la investigación no se viera obstaculizada. Agregó que no se violentó el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo. En efecto, argumentó que la sentencia no se sustentó en declaraciones de los inculpados al momento de su detención, sino sólo en prueba documental, pericial, testifical y material legalmente obtenida, y que los inculpados ejercieron su derecho de recurrir la condena mediante recursos de apelación y casación.

251. Sobre la alegada exposición en los medios de comunicación, el Estado reiteró que, debido a la naturaleza del atraco a la vagoneta de Prosegur, existieron repercusiones mediáticas. Alegaron que este caso fue un hecho de interés público, en donde participaron agentes policiales de alto rango y funcionarios de gobierno, lo cual generó mucho interés mediático. De esta forma, el Estado no puede ser considerado responsable por la cobertura que dieron los medios, ejerciendo su derecho a la información y a la libertad de prensa. Sobre la supuesta exhibición de los niños a los medios de comunicación, alegó que los registros fotográficos y de video presentados como prueba por la Comisión y los representantes, no se demuestra ningún tipo de exhibición de niños por agentes estatales ante los medios de comunicación.

252. Indicó que por medio de la Investigación LPZ 10006147 se ha cumplido con el deber de investigar los alegados actos de tortura. Alegó que, a pesar de la falta de declaraciones por parte de las presuntas víctimas, el Estado ha realizado una labor investigativa de oficio que desembocó en una imputación formal de J.J.V. De esta forma, alega que han existido avances en el proceso penal y que el Estado ha demostrado fehacientemente su disposición para que la investigación prosiga. Respecto a la duración del procedimiento, alegó que las presuntas víctimas no demostraron en qué medida ésta les causó un agravio. Agregó que, de la descripción del desarrollo del proceso, se evidenció la voluntad de todas las autoridades jurisdiccionales para aportar al esclarecimiento del proceso y así sancionar a los responsables. De esta forma concluyó que no se vulneró el derecho a la protección judicial.

 

B. Consideraciones de la Corte

 

253. En este capítulo, la Corte analizará las presuntas violaciones de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de las presuntas víctimas por la exhibición ante los medios de prensa, la falta de acceso a sus abogados y la falta de investigación de las torturas infligidas. En atención a lo alegado por las partes y la Comisión, esta Corte analizará en primer lugar 1) la alegada violación al derecho a la presunción de inocencia y a la protección de la honra y dignidad, para luego analizar 2) la alegada violación al derecho de defensa y, finalmente, 3) la supuesta falta de investigación de las torturas infligidas.

B.1. Alegada violación al derecho a la presunción de inocencia y a la protección de la honra y dignidad

254. El artículo 8.2 de la Convención dispone que “[t]oda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”, lo que, constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica, entre otros, que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite su responsabilidad penal conforme a la ley. Por ello, ese derecho puede ser violado tanto por los jueces a cargo del proceso, como por otras autoridades públicas, por lo cual éstas deben ser discretas y prudentes al realizar declaraciones públicas sobre un proceso penal, antes de que la persona haya sido juzgada y condenada.

255. Por otra parte, el artículo 11 de la Convención establece que toda persona tiene derecho a la protección de su honra y al reconocimiento de su dignidad. La Corte ha señalado que el derecho a la honra “reconoce que toda persona tiene derecho al respeto de esta, prohíbe todo ataque ilegal contra la honra o reputación e impone a los Estados el deber de brindar la protección de la ley contra tales ataques. En términos generales, este Tribunal ha indicado que el derecho a la honra se relaciona con la estima y valía propia, mientras que la reputación se refiere a la opinión que otros tienen de una persona”. El Tribunal ha declarado violado ese derecho en casos donde se probó que el Estado había sometido a personas o grupos de personas al odio, estigmatización, desprecio público, persecución o discriminación por medio de declaraciones públicas por parte de funcionarios públicos.

256. De los hechos del caso se desprende que el 19 de diciembre de 2001, el Poder Ejecutivo dispuso que se llevara a cabo una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Gobierno, en que fueron exhibidas a los medios como responsables del atraco las presuntas víctimas Blas Valencia Campos, Norma Alarcón de Valencia, Gabriel Valencia Alarcón, Claudia Valencia Alarcón, Edwin Rodríguez Alarcón, Luis Fernando Lulleman Gutiérrez, Oswaldo Lulleman Antezana, Victoria Gutiérrez de Lulleman, Jenny Paola Lulleman de Zaconeta, Víctor Boggiano, Elacio Peña Córdova, Genaro Ahuacho, Alfredo Bazán y Rosas, Mercedes Valencia Chuquimia, Julia Mamanu Mamani, F.E.P.M., Eladio Cruz Añez, Carlos Enrique Castro Ramírez, Patricia Gallardo, Mauricio Valenzuela y Freddy Cáceres345. Las imágenes de esta conferencia de prensa fueron difundidas por varios medios de comunicación (supra párr. 81). En esta conferencia de prensa, autoridades gubernamentales presentaron a las presuntas víctimas como los responsables del atraco a la camioneta Prosegur, aunque todavía no se había realizado una imputación formal contra ellos, antes de que se realizara la audiencia de medidas cautelares.

257. Estas conferencias de prensa tuvieron un impacto mediático que afectó negativamente la honra de las presuntas víctimas que fueron presentadas como culpables, aún antes de que se realizara cualquier imputación formal en su contra. Asimismo, impactó de especial forma la honra y la reputación de Gabriel Valencia Alarcón, Edwin Rodríguez Alarcón, Luis Fernando Lulleman Gutiérrez, Victoria Gutiérrez de Lulleman, Jenny Paola Lulleman de Zaconeta, Julia Mamanu Mamani y Mauricio Valenzuela Valencia que fueron presentadas como miembros de la banda criminal y que posteriormente fueron absueltos o ni siquiera fueron objeto de una imputación de cargo. De esta forma, durante la audiencia pública, Mauricio Valenzuela declaró respecto a la exposición a los medios que “la gente me juzga cuando me apunta con el dedo, que soy un criminal maleante y todo eso me dicen”. Por otra parte, Alexis Eduardo Valencia relató en su declaración que “en el colegio por mi apellido todos se enteraban que era hijo de Blas Valencia y me rechazaban, los niños me pegaban, me decían que vieron a mi papá en la tele que era el policía con el ojo en tinta”. De esta forma se demuestra la estigmatización a la que fueron sometidas por haber sido presentadas como culpables en la conferencia de prensa, la cual afectó su derecho a la dignidad y a la honra.

258. Además de las víctimas listadas (supra párr. 256), durante la conferencia de prensa, también estuvieron presentes los niños Alexis Valencia Alarcón y Claudio Centeno Valencia, así como Mauricio Valenzuela Valencia. Únicamente éste último fue presentado ante la prensa, con su nombre, como miembro de la banda de asaltantes. No obstante, respecto de niños, niñas y adolescentes detenidos, el Estado está obligado a ejercer su función de garante adoptando todos los cuidados que reclama la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. De esta forma, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores (Reglas de Beijing) establecen en su regla 8 la protección de la intimidad de los menores de edad, indicando que “8.1. Para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, se respetará en todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad. 8.2. En principio, no se publicará ninguna información que pueda dar lugar a la individualización de un menor delincuente”. Considerando la vulnerabilidad específica de los menores de edad y la posición del Estado como garante de estos, su sola presencia en la conferencia donde sus familiares fueron presentados como culpables es suficiente para considerar un perjuicio a su privacidad y su individualización como delincuentes, por lo que también se afectó su derecho a la honra y a la dignidad.

259. En razón de todo lo anterior, esta Corte considera que el Estado violó los artículos 8.2 y 11 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Blas Valencia Campos, Norma Alarcón de Valencia, Gabriel Valencia Alarcón, Claudia Valencia Alarcón, Edwin Rodríguez Alarcón, Luis Fernando Lulleman Gutiérrez, Oswaldo Lulleman Antezana, Victoria Gutiérrez de Lulleman, Jenny Paola Lulleman de Zaconeta, Víctor Boggiano, Elacio Peña Córdova, Genaro Ahuacho, Alfredo Bazán y Rosas, Mercedes Valencia Chuquimia, Julia Mamanu Mamani, F.E.P.M., Eladio Cruz Añez, Carlos Enrique Castro Ramírez, Patricia Gallardo y Freddy Cáceres Castro. Asimismo, al haber exhibido ante los medios de prensa a un adolescente como miembro de una banda criminal y al haber mantenido en el mismo recinto a dos niños familiares de los presuntos imputados, el Estado violó el artículo 8.2 de la Convención, en relación con los artículos 11, 19 y 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Mauricio Valenzuela Valencia, Alexis Valencia Alarcón y Claudio Centeno Valencia.

B.2. Alegada violación al derecho de defensa

260. El derecho de defensa es un componente central del debido proceso que obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo. El derecho a la defensa se proyecta en dos facetas dentro del proceso penal: por un lado, a través de los propios actos del inculpado, siendo su exponente central la posibilidad de rendir una declaración libre sobre los hechos que se le atribuyen y, por el otro, por medio de la defensa técnica, ejercida por un profesional del Derecho, quien cumple la función de asesorar al investigado sobre sus deberes y derechos y ejecuta, inter alia, un control crítico y de legalidad en la producción de pruebas.

261. Esta Corte resalta que de la lectura literal del artículo 8.2.d de la Convención se desprende que “toda persona tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defensor”. Asimismo, esta Corte ha resaltado que no basta que el procesado cuente con un abogado defensor para garantizar su derecho a la defensa, sino que se debe garantizar el ejercicio efectivo de dicha defensa, proporcionando el tiempo y los medios adecuados para preparar la misma.

262. En el presente caso se tiene por probado que las presuntas víctimas que fueron imputadas en el caso de Prosegur tuvieron dificultades para ejercer su defensa técnica. En primer lugar, indicaron que, para la audiencia de medidas cautelares, les asignaron defensores públicos con los cuales no tuvieron contacto previo. Esta falta de acceso de los abogados defensores fue parte de los hechos denunciados que motivó la intervención de la representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Asimismo, debido al régimen de incomunicación al que fueron sometidos algunos de los imputados al inicio de su detención, no podían reunirse con sus abogados (supra párrs. 83 y 84).

263. De esta forma, la Corte considera que el Estado violó el derecho a la defensa consagrado en el artículo 8.2.d de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna, Norma Lupe Alarcón de Valencia, Alfredo Bazán y Rosas, Víctor Manuel Boggiano Bruzzón, Freddy Cáceres Castro, Carlos Enrique Castro Ramírez, Carlos Eladio Cruz Añez, Patricia Catalina Gallardo Ardúz, Victoria Gutiérrez de Lulleman, Oswaldo Lulleman Antezana, Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez, Elacio Peña Córdoba, F.E.P.M., Edwin Rodríguez Alarcón, Claudia Valencia Alarcón, Blas Valencia Campos y Mercedes Valencia Chuquimia.

264. Además, este Tribunal ha señalado que una garantía al ejercicio material del derecho de defensa es la prohibición de que una persona sea obligada a declarar contra sí misma (artículo 8.2.g). Dicho artículo implica el derecho de participación activa del imputado en los medios probatorios, el derecho a no declarar contra sí mismo y más específico, el derecho a guardar silencio. En ese sentido, utilizar la tortura para obtener una confesión por parte del imputado sería completamente contraria a lo establecido por este derecho. Al respecto, la Corte ha señalado que, "[l]a exclusión de pruebas obtenidas mediante coacción ostenta un carácter absoluto e inderogable".

265. Por lo tanto, cualquier declaración obtenida bajo tortura, sea auto inculpatoria o que inculpe a terceros, es absolutamente inválida como medio de prueba. En este caso, los actos de tortura fueron cometidos con la intención de obligar a las presuntas víctimas a declarar en su contra o a dar alguna otra información, a pesar de lo cual no llegaron a hacerlo. Sin perjuicio de ello, el artículo 8.2.g) de la Convención, que implica el derecho de participación activa del imputado en los medios probatorios, reconoce el derecho a no declarar contra sí mismo y, más específicamente, el derecho de abstenerse a declarar en una investigación o proceso penal en que la persona es señalada como autor probable o sospechosa de la comisión de un hecho ilícito. Puesto que la administración de justicia penal debe partir del análisis de pruebas legalmente obtenidas, un medio de investigación que implique el uso de coacción para doblegar la voluntad del imputado deja de ser válido, pues implica una instrumentalización de la persona y una violación per se de aquel derecho, independientemente del grado de coacción (ya fuere desde una amenaza, otros tratos, crueles inhumanos o degradantes o tortura) y del resultado (es decir, de que se obtenga efectivamente una confesión o información)350. En consecuencia, no cabe duda de que en el presente caso el Estado es responsable por la violación del derecho reconocido en el artículo 8.2.g) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de todas aquellas presuntas víctimas que fueron objeto de tortura y sometidas al procedimiento penal. De esta forma, el Estado violó el artículo 8.2.g) de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Víctor Manuel Boggiano Bruzzón, Carlos Enrique Castro Ramírez, Eladio Cruz Añez, Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez, F.E.P.M., Patricia Gallardo Ardúz, Norma Lupe Alarcón de Valencia, Claudia Valencia Alarcón y Mercedes Valencia Chuquimia.

B.3. La investigación de los actos de tortura

266. De conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, la obligación de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 del mismo instrumento implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes351. Esta obligación de investigar se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura que obligan al Estado a “toma[r] medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción”, así como a “prevenir y sancionar […] otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de dicha Convención, los Estados partes garantizarán:

a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.

267. El juez encargado de resolver sobre la situación jurídica del detenido o imputado, ya sea para dejarlo en libertad o dictar medidas cautelares -al ser la primera autoridad imparcial con la que tienen contacto las personas detenidas-, debe ser garante de que se cumpla el deber de investigar, contenido en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y en consecuencia en casos de que exista denuncia o sospecha de que una persona detenida ha sido sometida a actos de tortura, debe remitir de inmediato a la persona detenida a la autoridad competente para que se lleve a cabo un examen médico que sirva para recabar las evidencias necesarias para el proceso que, de oficio, deberá iniciarse, para lo cual deberá remitir a la autoridad competente las evidencias recabadas a efectos de que inicie una investigación de oficio. Asimismo, deberá asegurarse que la persona detenida sea evaluada por un médico que le pueda dar atención inmediata a su salud. El examen para efectos de documentación de las lesiones a la integridad física debe ser realizado por parte de un médico que no tenga vínculos con las autoridades penitenciarias o de detención.

268. Paralelamente, la Convención de Belém do Pará prevé que el Estado está obligado a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Así, las disposiciones del artículo 7.b de dicho instrumento especifican y complementan tales obligaciones. En estos casos las autoridades estatales deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva una vez que tomen conocimiento de posibles hechos que constituyan violencia contra la mujer354, incluyendo la violencia sexual. Esta obligación de investigar debe tomar en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección.

269. En otras oportunidades esta Corte ha especificado los principios rectores que es preciso observar en investigaciones penales relativas a violaciones de derechos humanos356. En casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investigarlos con la debida diligencia. Entre otros, en una investigación penal por violencia sexual es necesario que: i) la declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición; ii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación; iii) se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea; entre otros.

270. En el presente caso, algunos de los abogados de las presuntas víctimas, desde la audiencia de medidas cautelares, expusieron las vejaciones de las cuales fueron objeto las presuntas víctimas durante los allanamientos, sin embargo, dichas denuncias no fueron tomadas en cuenta por el Juzgado ni al momento de la audiencia, ni al momento de emitir el auto que dictaba la prisión preventiva. De la misma manera, durante el juicio oral, por lo menos tres imputados y un testigo hicieron referencia en sus declaraciones a los vejámenes sufridos durante los allanamientos y detenciones (supra párrs. 91 a 93). Asimismo, varios de los abogados defensores expusieron las vejaciones y actos de tortura sufridos durante los allanamientos y detenciones ante el Juzgado durante el juicio oral y en sus conclusiones finales orales (supra párr. 93). En la sentencia No. 12/2003 si bien el Tribunal hizo referencia a las denuncias de que se habían cometido violaciones de derechos humanos, únicamente dispuso remitir los antecedentes al Ministerio Público para una investigación. No consta, sin embargo, que esta remisión se haya realizado.

271. La investigación de oficio sobre la supuesta comisión de actos de tortura no fue iniciada sino hasta el 23 de junio de 2010, casi nueve años después de la primera denuncia y de los hechos denunciados. Si bien se desarrollaron diligencias investigativas, el 8 de abril del 2014 el Fiscal a cargo de la investigación presentó una resolución de rechazo, considerando que no se contaba con suficientes elementos e indicios que demostraran lo ocurrido. Frente a esta solicitud, el Viceministro de Justicia y Derechos Humanos interpuso una objeción el 23 de octubre de 2014, la cual no fue resuelta sino hasta el 12 de septiembre de 2019, fecha en que se ordenó la continuación de la investigación. Desde entonces, se realizaron diligencias y requerimientos que llevaron, a la imputación formal de dos personas y a la acusación de una de ellas por los delitos de vejaciones y torturas.

272. Este Tribunal ha evaluado que una demora prolongada en el proceso puede llegar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales. La evaluación del plazo razonable se debe analizar en cada caso concreto, en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse. En el presente caso pasaron nueve años para que Bolivia iniciara de oficio la investigación por los alegados actos de tortura. Una vez iniciados, se pudo observar una falta de impulso por parte del Estado que llevó a que el proceso estuviera interrumpido por más de cinco años. Asimismo, la reactivación de la investigación se dio como respuesta a la notificación del Informe de Admisibilidad de la Comisión en el presente caso. De esta forma se demuestra una falta de diligencia por parte del Estado en el cumplimiento de su obligación de investigar.

273. El Estado justificó los atrasos en la investigación debido a la falta de cooperación por parte de las presuntas víctimas. Al respecto, la Corte advierte que para que surja la obligación de investigar no es necesaria la participación de las presuntas víctimas. En efecto, es deber del Estado iniciar de oficio estas investigaciones. Asimismo, al tratarse también de casos de tortura sexual, la investigación debe intentar evitar en lo posible la revictimización o reexperimentación de la experiencia traumática cada vez que la víctima recuerda o declara sobre lo ocurrido361. Por tanto, no resulta razonable exigir que las víctimas deban reiterar en cada una de sus declaraciones o cada vez que se dirijan a las autoridades los mencionados maltratos de naturaleza sexual. No resulta del examen del expediente de esta investigación que se hayan tomado medidas especiales para facilitar y proteger a las presuntas víctimas de violencia sexual para evitar su revictimización.

274. De esta forma, debido a la falta de diligencia en la investigación de los actos de tortura sufridos por las presuntas víctimas se considera que el Estado no respetó la obligación de investigar los actos de tortura que se deriva del artículo 5 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y según corresponda el artículo 7 b. de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna; Norma Lupe Alarcón de Valencia; Alfredo Bazán y Rosas; Víctor Manuel Boggiano Bruzzón; Freddy Cáceres Castro; Carlos Enrique Castro Ramírez; Claudio Tito Centeno Valencia; Carlos Eladio Cruz Añez; Patricia Catalina Gallardo Ardúz; Victoria Gutiérrez Aguilar de Lulleman; Oswaldo Lulleman Antezana; Jenny Paola Lulleman Gutiérrez de Zaconeta; Luis Fernando Lulleman Gutiérrez; Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez; Julia Mamanu Mamani; Elacio Peña Córdova; María Fernanda Peña Gallardo; F.E.P.M.; Edwin Rodríguez Alarcón; Álvaro Taboada Valencia; Alexis Valencia Alarcón; Claudia Valencia Alarcón; Gabriel Valencia Alarcón; Blas Valencia Campos; Mercedes Valencia Chuquimia y Mauricio Valenzuela Valencia.

 

IX 

REPARACIONES

 

275. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado.

276. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a derechos humanos, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación a fin de resarcir los daños de manera integral por lo que, además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados.

277. La Corte ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Por lo tanto, la Corte deberá observar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho.

278. Tomando en cuenta las violaciones a la Convención Americana declaradas en los capítulos anteriores, a la luz de los criterios fijados en la jurisprudencia del Tribunal en relación con la naturaleza y alcances de la obligación de reparar, la Corte analizará las pretensiones presentadas por la Comisión y los representantes, así como los argumentos del Estado al respecto, con el objeto de disponer a continuación las medidas tendientes a reparar dichas violaciones.

 

A. Parte lesionada

 

279. Este Tribunal considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la Convención, a quienes han sido declaradas víctimas de la violación de algún derecho reconocido en la misma.

Por lo tanto, esta Corte considera como “parte lesionada” a Genaro Ahuacho Luna (también conocido como Walter Herrera Flores o Walter Herrera Ríos); Norma Lupe Alarcón Castillo de Valencia; Alfredo Bazán y Rosas (también conocido como José Miguel Abildo Díaz o Alberto Farfán); Víctor Manuel Boggiano Bruzzón (también conocido como Juan Ramírez Ortega); Freddy Cáceres Castro; Carlos Enrique Castro Ramírez; Claudio Centeno Valencia; Carlos Eladio Cruz Añez; Patricia Catalina Gallardo Ardúz; Victoria Gutiérrez Aguilar; Oswaldo Lulleman Antezana; Jenny Paola Lulleman Gutiérrez; Luis Lulleman Gutiérrez; Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez; Julia Mamanu Mamani (también conocida como Julia Mamani Mamani); Elacio Peña Córdova (también conocido como Elacio Peña Córdoba); María Fernanda Peña Gallardo; F.E.P.M; Edwin Rodríguez Alarcón; Carlos Álvaro Taboada Valencia; Claudia Valencia Alarcón; Gabriel Valencia Alarcón; Alexis Valencia Alarcón; Blas Valencia Campos; Mercedes Valencia Chuquimia y Mauricio Valenzuela Valencia, quienes, en su carácter de víctimas de las violaciones declaradas en el Capítulo VIII serán beneficiarios de las reparaciones que la Corte ordene.

 

B. Medidas de restitución

 

280. Los Defensores Públicos Interamericanos solicitaron que se “deje sin efecto la sentencia condenatoria dictada respecto de [sus] representados que resultaron sancionados penalmente, otorgando en consecuencia la libertad inmediata de los señores Víctor Manuel Boggiano Bruzzón (o Juan Ramírez Ortega) y Eladio Cruz Añez (o Carlos Eladio Cruz Añez), así como de cualquier otra de las presuntas víctimas no halladas que se encuentren privadas de libertad por estos hechos”. Alternativamente, solicitaron que “se disponga la revisión de la sentencia en cuestión a la luz de las violaciones que se declaren en este proceso internacional. En particular, [...] que se revisen la validez de los allanamientos practicados en el marco de este caso y de las detenciones que fueron su consecuencia”. Asimismo, solicitaron que “se verifique el proceso a la luz de las afectaciones al derecho de defensa y al principio de inocencia”. Por último, solicitaron que “se disponga que el Estado de Bolivia elimine el nombre de todas las presuntas víctimas de sus registros públicos y bases de datos en los que consten con antecedentes penales relacionados con este caso”.

281. El Estado alegó que esta medida “no sólo contradice el principio de subsidiariedad, [...] sino que afecta a los derechos de las (7) víctimas del asalto a mano armada de Prosegur”. Asimismo, argumentó “la existencia de un recurso de revisión condenatoria, expuesto en los escritos remitidos a la CIDH, toda vez que una vez concluido el proceso [penal], podría aportar elementos que fundamenten dicha revisión”.

282. En el presente caso, el Tribunal concluyó que el Estado es responsable por tratos crueles y degradantes incluyendo actos de tortura, cometidos en el marco de los allanamientos y detenciones ordenadas en el caso del atraco de Prosegur (supra párrs. 202 a 207). Asimismo, determinó que se violentó el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de las víctimas que fueron imputadas en el caso de Prosegur (supra párrs. 259 y 263), violaciones que pudieron haber tenido una repercusión en la sentencia condenatoria. De esta forma, el Tribunal ordena al Estado que, en un plazo de seis meses, adopte las medidas necesarias para que el juez competente tramite la revisión de la sentencia No. 12/2003 de 16 de mayo de 2003, en aplicación del artículo 421 del Código de Procedimiento Penal con el fin de que se valoren los efectos de las violaciones al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia determinados por este Tribunal respecto a Blas Valencia Campos, Patricia Gallardo Ardúz, Carlos Eladio Cruz Añez, Elacio Peña Córdova, Carlos Enrique Castro Ramírez, Alfredo Bazán y Rosas, Víctor Manuel Boggiano Bruzzón, Freddy Cáceres Castro, Norma Lupe Alarcón Castillo de Valencia, Mercedes Valencia Chuquimia, Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez, Oswaldo Lulleman Antezana, F.E.P.M. y Claudia Mariela Valencia Alarcón, si así lo solicitan las víctimas.

 

C. Obligación de investigar

 

283. La Comisión solicitó “iniciar una investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las graves violaciones de derechos humanos reconocidas”. Añadió que, por “tratarse de graves violaciones de derechos humanos, el Estado no podrá oponer prescripción u otras eximentes de responsabilidad penal”. Asimismo, estimó que “la investigación de los actos de tortura deberá cumplir con los parámetros de debida diligencia establecidos en el presente informe, incluyendo los del Protocolo de Estambul y la perspectiva de género en el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual”.

284. Los Defensores Públicos Interamericanos solicitaron se ordene al Estado a “emprender en un plazo razonable y seriamente, todas las acciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas a través de un proceso penal a cargo de los tribunales ordinarios competentes en el que se observen adecuadamente las salvaguardas necesarias para minimizar la revictimización de las víctimas de tortura”. Asimismo, consideran que las “víctimas, sus familiares o sus representantes deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de los procesos penales internos instaurados como consecuencia del presente caso”. Adicionalmente, solicitaron que “se disponga que las autoridades divulguen públicamente los resultados de esa investigación de manera que los ciudadanos puedan conocer la verdad de lo sucedido”.

285. El representante Jemio Mendoza, solicitó que se ordene que el proceso penal por los hechos del caso “se desarrolle de manera efectiva e independiente, dentro de plazo razonable, [y] que dicha investigación conduzca a la individualización de los verdaderos autores y responsables, hasta que los mismos sean sancionados y condenados”. Específicamente, solicitó que, se “incluya como víctima dentro de dicho proceso a María Fernanda Peña Gallardo, quien [...] sufrió el hostigamiento, malos tratos y tortura psicológica”.

286. El representante Gómez Rojas, solicitó que se ordene “investigar los hechos a través de los órganos de justicia competentes, de manera efectiva e independiente dentro de un plazo razonable y que dicha investigación conduzca a la individualización de los autores materiales e intelectuales de los vejámenes, torturas y violaciones cometidas por funcionarios policiales”, para lo cual “el Estado debe poner al alcance de las autoridades encargadas de la investigación todos los medios necesarios para realizarla”. Asimismo, solicitó que los resultados de la investigación sean “divulgados de manera pública a toda la sociedad Boliviana”. Por último, solicitó que se ordene al Estado “realizar inmediatamente las diligencias necesarias para identificar, procesar y sancionar a todos los funcionarios responsables de la obstrucción de la investigación, así como iniciar una investigación seria y efectiva sobre los hechos denunciados”.

287. El Estado, en su contestación, señaló que “a la fecha continúa realizando las investigaciones penales correspondientes a objeto de determinar y sancionar a los responsables por las alegadas vejaciones y torturas; así como, su voluntad de formular protección estatal en calidad de víctimas y testigos”, pero que “no se ha efectivizado por la falta de intervención de las presuntas víctimas”.

288. La Corte valora que, desde el 2019, el Estado haya retomado la investigación en el marco del Proceso No. 6147/10 por supuestos actos de torturas y vejaciones en perjuicio de las 26 víctimas del presente caso368. Asimismo, toma nota que, desde el 2019, se han llevado a cabo diligencias que han permitido que se presente una imputación en contra de dos personas y el acta de acusación en contra de uno de los imputados (supra párr. 108).

289. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte dispone que el Estado debe, dentro de un plazo razonable, continuar eficazmente la sustanciación de dicho proceso penal en curso en el ámbito interno y, en su caso, sancionar a los responsables por los hechos de tortura sufridos por las víctimas en este caso. La sustanciación de este proceso deberá ajustarse a los lineamientos establecidos en el Protocolo de Estambul. Asimismo, y tomando en cuenta que entre las víctimas hay personas que sufrieron violencia sexual, la investigación y el proceso deberán evitar la realización de cualquier acto que pueda resultar revictimizante. Todas las víctimas deben tener pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de la investigación y en el juicio correspondiente, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana. El resultado del proceso deberá ser públicamente divulgado.

 

D. Medidas de rehabilitación

 

290. La Comisión solicitó que se dispongan “las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de las víctimas del presente caso, de ser su voluntad y de manera concertada”.

291. Los Defensores Públicos Interamericanos estimaron como “fundamental que el Estado […] brinde tratamiento psicológico y psiquiátrico de calidad y gratuito a las víctimas que así lo requieran y previo consentimiento de éstas, con perspectiva de género en los casos que corresponda”. Añadieron que en caso de que “el Estado careciera de instituciones especializadas para asegurar tales tratamientos se deberá recurrir a instituciones privadas o de la sociedad civil especializadas”.

292. En el caso específico de Víctor Manuel Boggiano Bruzzón (o Juan Ramírez Ortega) solicitaron que el Estado “le brinde Tratamiento Médico Neurológico y de Traumatología […], como consecuencia de los golpes y torturas sufridas, presenta un daño cerebral permanente que le provoca epilepsia, requiriendo tratamiento especializado y medicación adecuada cuyo costo no puede afrontar”. A su respecto también, requirieron que “se ordene al Estado [que] se le practique una cirugía estética en el rostro a los efectos de que se eliminen las lesiones permanentes producidas por los golpes de puños, armas y patadas propinadas por los agentes estatales”. Agregaron en sus alegatos finales que, tomando en cuenta que el señor Boggiano Bruzzón se encuentra detenido, la atención médica debe ser provista fuera del establecimiento carcelarios, en cuyo caso deberán garantizarse los traslados necesarios.

293. Asimismo, en el caso de F.E.P.M., solicitaron que, “además del tratamiento psicológico especializado requerido para todas las presuntas víctimas […], que el Estado le provea tratamiento por Médico traumatólogo”, ya que como “consecuencia de las torturas recibidas sufrió lesiones de tal entidad que debió ser intervenida en su brazo y hasta el presente tiene un daño permanente que le impide la movilización adecuada”. Por ello, solicitaron que el Estado “le brinde un tratamiento de rehabilitación adecuado y de calidad, debiendo cubrir el costo de cualquier intervención que pudiera resultar necesaria, así como las medidas de atención fisioterapéuticas y la medicación que pudieran ser requeridas”.

294. Con relación a Eladio Cruz Añez (o Carlos Eladio Cruz Añez), solicitaron que además de los “tratamientos médicos y psicológicos necesarios”, se disponga se le brinde las siguientes medidas de atención de salud: a) Tratamiento oftalmológico, “a raíz de los golpes recibidos en su rostro sufrió varias lesiones en su vista, que aún persisten”; b) Tratamiento por profesional traumatólogo y/o reumatólogo, pues “padece diversas dolencias en brazos, hombros y pies como consecuencias de las torturas recibidas”; c) Tratamiento otorrinolaringológico, pues “fue golpeado por agentes del Estado en su rostro, presenta secuelas respiratorias que necesitan tratamiento especializado”; y d) Tratamiento por especialista en urología, “a raíz de las lesiones causadas en sus testículos con motivo de las torturas sufridas, mantiene aún hoy consecuencias que requieren ser controladas”. Considerando que el señor Cruz Añez se encuentra detenido, solicitaron que la atención fuera brindada fuera de la unidad penitenciaria y que se contemple la necesidad de traslados extramuros.

295. En cuanto a las demás presuntas víctimas ausentes, solicitaron que se ordene al Estado a que brinde “el tratamiento necesario que las mismas requieran y que guarde debida relación con las violaciones alegadas, una vez que sean ubicadas”.

296. El representante Jemio Mendoza, indicó que a la fecha Patricia Catalina Gallardo Ardúz “se encuentra con tratamiento médico y psicológico, por parte del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI)”, pero que “en un corto tiempo podría acceder al beneficio de libertad condicional, razón por la cual el ITEI ya no podrá apoyarla de forma gratuita para la terapia psicológica y las valoraciones médicas”. Al respecto, informó que el Estado le ofreció “atención en salud a través del Sistema Universal de Salud, ofrecimiento por ella aceptado”. Sin embargo, adujo que “luego de 3 meses de haber manifestado su aceptación, hasta la fecha el Estado no ha efectivizado tal seguro en su favor, a pesar de que cuenta con toda la información y documentación requerida para tal efecto tal como ya fue señalado”. Por lo que, a fin de continuar con los tratamientos que requiere, solicitó que se ordene al Estado el pago de cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y cuatro dólares para cubrir los costos de tratamiento médico psicológico. Asimismo, que se disponga el pago de cincuenta y cuatro mil dólares para cubrir los costos de tratamiento médico. Además, indicó que requiere la suma de ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y ocho dólares para sesiones de fisioterapia, así como la suma de siete mil cuatrocientos cuarenta y dos dólares para la práctica de natación. Precisaron que la señora Patricia Gallardo Ardúz “requiere de tratamientos médicos y psicológicos especializados de forma continua y de por vida, tratamientos que no son cubiertos y no son considerados como prioritarios por el Sistema Único de Salud (SUS) ni por los servicios de emergencia de las cajas de salud pública. […]” De esta forma, solicitaron se le proporcione una cobertura de salud adecuada en una caja de salud de preferencia en el ámbito privado.

297. El representante Gómez Rojas, solicitó que se ordene al Estado “brindar asistencia médica y psicosocial a los integrantes de la familia de Blas Valencia Campos”, la cual estima debe “ser provista por cuanto tiempo sea necesario e incluir el costo de los medicamentos que hagan parte del tratamiento” y debe “ser elegido de mutuo acuerdo con los beneficiarios y tomar en cuenta las circunstancias y necesidades particulares de cada uno”.

298. El Estado solicitó “que las víctimas permitan y apersonen su adhesión ya gestionada por el Estado al [Sistema Universal de Salud], el cual contempla la atención y especialidades alegadas”. Concluyó que “conforme la normativa nacional, no es posible generar dichas medidas cuando las presuntas víctimas gozan de seguros sociales a corto plazo vigentes”.

299. La Corte estima que el Estado debe brindar atención médica y psicológica y/o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a todas las víctimas que así lo soliciten. Para ello deberán tomarse en consideración los padecimientos específicos de las víctimas producto de los hechos del presente caso mediante la realización previa de una valoración física y psicológica. Los tratamientos respectivos deberán prestarse en Bolivia por el tiempo que sea necesario e incluir el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran. En el caso de las víctimas que se encuentren privadas de libertad, el Estado deberá garantizar el acceso a los tratamientos necesarios en establecimientos fuera del centro penitenciario, garantizando los traslados pertinentes entre el centro penitenciario y el centro médico.

300. Respecto al argumento del Estado de que algunas de las víctimas ya forman parte del Sistema Universal de Salud y que la adhesión a este sistema permitiría dar por cumplida esta medida, este Tribunal recuerda que es necesario que se otorgue una atención preferencial a las víctimas369, la cual debe brindarse en atención a que los padecimientos de ellas son derivados de la situación de violaciones declaradas en esta Sentencia. En este sentido, la Corte ha señalado que no puede confundirse la prestación de los servicios sociales que el Estado brinda a los individuos, como el Sistema Universal de Salud, con las reparaciones a las que tiene derecho las víctimas declaradas de violaciones de derechos humanos, debido al daño específico generado por una violación370. De esta forma, esta Corte ordena que las víctimas que así lo deseen deben recibir un tratamiento diferenciado en relación con el trámite y procedimiento que debieran realizar para ser atendidos a través de las instituciones del Estado.

 

E. Medidas de satisfacción

 

301. La Comisión solicitó “reparar integralmente las violaciones declaradas” en su Informe de Fondo.

302. Los Defensores Públicos Interamericanos solicitaron se “condene al Estado de Bolivia a disponer la publicación de la sentencia en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional”. Asimismo, solicitaron que se ordene “la confección y envío a las presuntas víctimas de una carta privada e individual de desagravio [en la que] que se deje constancia de las violaciones que se declaren en detrimento de sus derechos esenciales y de sus garantías fundamentales, debiendo estar la misma firmada por las más altas autoridades del Estado”; esto en razón que ya que no desean volver a revivir las violaciones en un acto público.

303. El representante Jemio Mendoza, solicitó que se “disponga como medida de satisfacción que el Estado boliviano publique en el en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, y en un diario de circulación nacional, el resumen oficial de la sentencia que [se] dicte sobre el presente caso. Asimismo, que el Estado publique el texto íntegro de la sentencia, al menos por un año, en un sitio web oficial del Estado que sea adecuado, tomando en cuenta las características de la publicación que se ordena realizar”. Además, solicitó que se “ordene al Estado boliviano, realizar un acto privado de reconocimiento de responsabilidad por los hechos del presente caso”.

304. El representante Gómez Rojas, solicitó se disponga que el Estado “publique en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional el resumen de la sentencia que [se] dicte sobre el presente caso. Asimismo, que el Estado Boliviano publique el texto íntegro de la [S]entencia al menos por un año, en un sitio web oficial del Estado que sea adecuado, tomando en cuenta las características de la publicación que se ordena realizar”. Además, solicitó se realice “un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos del presente caso en el Municipio de La ciudad de La Paz” y que “la realización y demás particularidades de dicha ceremonia pública deben consultarse previa y debidamente con los miembros de la familia Valencia Alarcón”.

305. El Estado solicitó a la Corte que “valore cada uno de los argumentos estatales del [escrito de contestación], los cuales desvirtúan objetivamente la responsabilidad internacional alegada”.

306. La Corte dispone, como lo ha hecho en otros casos, que el Estado publique, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en un tamaño de letra legible y adecuado, lo siguiente: a) el resumen oficial de la presente Sentencia, elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial en un tamaño de letra legible y adecuado; b) el resumen oficial de la Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional, en un tamaño de letra legible y adecuado, y c) la presente Sentencia en su integridad, disponible por un período de un año, en el sitio web oficial de la Policía Boliviana de manera accesible al público y desde la página de inicio del sitio web. El Estado deberá informar de forma inmediata a este Tribunal una vez proceda a realizar cada una de las publicaciones dispuestas, independientemente del plazo de un año para presentar su primer informe, dispuesto en el punto resolutivo 29 de la presente Sentencia.

307. El Tribunal considera que la publicación de la presente Sentencia, así como las otras medidas de reparación ordenadas en este capítulo, resultan medidas de reparación suficientes y adecuadas para remediar las violaciones ocasionadas a las presuntas víctimas en este caso, por lo que no estima conveniente ordenar otras medidas de satisfacción.

 

F. Garantías de no repetición

 

308. La Comisión solicitó que se adopten “las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares. En particular, implementar programas permanentes de formación en derechos humanos para las diversas policías, los funcionarios del Ministerio Público y la Judicatura, a fin de erradicar el uso indiscriminado de la fuerza en la investigación de hechos delictivos y en la captura y detención de los responsables de los mismos y asegurar que, en el caso en que tales conductas ocurran, de oficio e inmediatamente se inicien investigaciones efectivas, con perspectiva de género cuando corresponda, que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables”.

309. Los Defensores Públicos Interamericanos estiman fundamental “capacitar a la policía sobre los estándares internacionales existentes a la hora de realizar detenciones y allanamientos, así como de la aplicación de perspectiva de género en tales procedimientos”. Por ello, solicitaron se ordene al Estado “brindar capacitación a fiscales, funcionarios judiciales, defensores públicos y jueces, respecto a cómo proceder en los casos de detenciones y allanamientos de modo que los procedimientos resulten compatibles con la [Convención] y con otros estándares internacionales”. Asimismo, consideran pertinente “brindar capacitación a los mismos sujetos respecto a cómo proceder en aquellos casos en que se denuncien torturas u otros tratos crueles inhumanos o degradantes, no solamente en el momento de la detención, sino también durante el encarcelamiento”. Adicionalmente, solicitaron la implementación de “programas y cursos permanentes de capacitación sobre investigación diligente en casos de violencia sexual contra las mujeres, que incluyan una perspectiva de género”. Además, solicitaron que se ordene “la realización de cursos de formación permanente para los defensores públicos, particularmente en lo que se refiere a “las garantías del debido proceso y al derecho a la defensa incluyendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana”. Por último, solicitaron que el Estado “incorpore en su legislación nacional la obligación de otorgar una compensación adecuada a las víctimas de tortura”.

310. El representante Jemio Mendoza, solicitó que se “disponga que el Estado cree un plan de capacitación destinado a agentes policiales y funcionarios del Ministerio Público y Órgano Judicial, relativo a la normativa nacional e internacional sobre el uso de la fuerza y los procedimientos para la detención, así como la prohibición de la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes en contra de las personas detenidas, recluidas y/o privadas de libertad”. Además, solicitó que el Estado “elabore e implemente un mecanismo para el seguimiento y evaluación de la efectividad de las políticas e instituciones relacionadas con el uso de la fuerza y los procedimientos para la detención, así como la prohibición de la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, además del seguimiento de casos de tortura sexual cometida contra las mujeres”.

311. El representante Gómez Rojas, solicitó que se ordene al Estado “la realización de un informe especial sobre las falencias institucionales que llevaron a la ineficiencia y parálisis del sistema de justicia frente a la investigación de las vulneraciones a los Derechos Humanos y a la falta de identificación y condena de los responsables”. Estimó importante que dicho informe “sea elaborado por expertos que puedan garantizar imparcialidad y rigor en las conclusiones, teniendo como fundamento los hechos establecidos en la sentencia y considerando las versiones de las víctimas y de las organizaciones civiles relacionadas”. Por último, solicitó que este se ponga “en circulación entre autoridades públicas, centros de estudios, universidades, las víctimas y la sociedad en general, con el fin de que se conozcan los yerros y las falencias de la justicia Boliviana en el caso de Blas Valencia Campos y se facilite un diálogo público que promueva los cambios institucionales necesarios para garantizar la no repetición de la impunidad en otros casos”.

312. El Estado alegó que “desarrolló procesos de formación y capacitación sostenidos estatalmente, motivo por el cual, al haberse desarrollado abundantemente el tema ut supra, solicita […] considerar y destacar estos extremos”. En cuanto a la adecuación normativa, explicó que ya el Código Procesal Penal establece “la acción civil para la reparación o indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el delito, la cual puede ser ejercida por el damnificado [o] sus herederos”. En cuanto al mecanismo de seguimiento y evaluación, detalló que ya “cuenta con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que, conforme a recomendaciones internacionales referidas a su autonomía e independencia, fue incorporado a la Defensoría del Pueblo”, por lo que estima que “la pretensión citada no es necesaria”. En materia de capacitación, indicó que ya se implementan programas de formación y capacitación para agentes de la Policía Boliviana. De esta forma destacó la existencia de un Código de Conducta y del Manual de Técnicas Básicas de Intervención Policial en el Contexto de Derechos Humanos, además de la materia de Derechos Humanos en el Pregrado de la Universidad Policial Antonio José de Sucre y en la Escuela Superior de Policías. Respecto a los abogados, indicó que la Escuela de Abogados del Estado imparte numerosos cursos de capacitación en materia de Derechos Humanos y control de convencionalidad y que la Escuela de Fiscales del Estado cuenta con cursos especializados en Derechos Humanos en su Catálogo de Capacitación Permanente y Especializada. Respecto a los jueces, informó que los Cursos de Formación y Especialización contemplan contenidos específicos en materia de Derechos Humanos.

F.1. Planes de capacitación y protocolos de actuación

313. Esta Corte valora de manera positiva los esfuerzos llevados a cabo por el Estado en materia de formación y capacitación en materia de derechos humanos. Sin embargo, considera pertinente la adopción de programas específicos de capacitación dirigidos a evitar la ocurrencia de hechos similares a los del presente caso, sobre la base de los aspectos abordados en la Sentencia. En este sentido, la Corte ordena al Estado la creación e implementación de un plan de capacitación destinado a los miembros de la Policía Nacional de Bolivia, del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial, del Ministerio Público, Jueces y Defensores Públicos sobre:

a) los alcances de la protección de la vida privada, domicilio y honra así como la limitación del uso de la fuerza en casos que involucran allanamientos de domicilios; b) los estándares internacionales en materia de investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, haciendo especial énfasis en los estándares que se derivan del Protocolo de Estambul y c) los estándares de debida diligencia en la investigación y enjuiciamiento de casos de violencia sexual contra las mujeres, así como la cuestión relativa a las medidas de protección a la víctima durante la sustanciación de estos procesos. Además, las capacitaciones deberán impartirse desde una perspectiva de género y de protección de los derechos de las mujeres, para deconstruir los estereotipos de género negativos o perjudiciales. Este plan de capacitación debe ser incorporado en el curso de formación regular de dichos cuerpos en un plazo no superior a un año.

314. Por otra parte, este Tribunal, tomando en cuenta las violaciones declaradas en el presente caso a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ordena además al Estado en el plazo de un año la revisión y actualización de los protocolos existentes para el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes que intervengan en procesos judiciales, ya sea como imputados, testigos o como familiares de imputados. La revisión y actualización deberá tomar en cuenta las Directrices de las Naciones Unidas sobre la justicia para los niños víctimas y testigos de delitos, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) y los estándares desarrollados en la presente Sentencia. Estos protocolos deberán, en particular, establecer reglas para la realización de allanamientos en domicilios en donde se presume la presencia de niños, niñas y adolescentes, de forma que se no se dé una afectación desproporcionada a sus derechos.

315. Esta Corte constata, además, que, si bien existen mecanismos nacionales para la prevención e investigación de la tortura, no es posible afirmar que en Bolivia existan, en la actualidad, instrumentos que regulen de manera uniforme y vinculante la actuación de los operadores estatales que intervienen en casos de violencia sexual. En consecuencia, la Corte estima conveniente ordenar al Estado que, en el plazo de dos años, adopte, implemente y fiscalice protocolos que establezcan criterios claros y uniformes, tanto para la investigación como para la atención integral de actos de violencia que tengan como víctima a una mujer. Estos instrumentos deberán ajustarse a los lineamientos establecidos en el Protocolo de Estambul y las directrices de la Organización Mundial de la Salud, así como en la jurisprudencia de este Tribunal. Estos protocolos deberán estar dirigidos al personal de la administración de justicia y del ámbito de la salud, pública o privada, que, de alguna manera, intervenga en la investigación, tramitación y/o atención de casos de mujeres víctimas de violencia sexual.

F.3. Mecanismo para reapertura de procesos judiciales

316. Sin perjuicio de la obligación de las autoridades estatales de cumplir las Sentencias de este Tribunal, y de realizar el respectivo control de convencionalidad en el marco de sus competencias, el Tribunal estima pertinente ordenar al Estado que cree, a la luz de las mejores prácticas existentes en la materia, en el plazo de tres años, un mecanismo que permita la reapertura de investigaciones y procesos judiciales, incluso en los que ha operado la prescripción, cuando, en una Sentencia de la Corte Interamericana se determine la responsabilidad internacional del Estado.

 

G. Indemnizaciones compensatorias

 

317. La Comisión solicitó “reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe de fondo tanto en el aspecto material como inmaterial”.

318. Los Defensores Públicos Interamericanos solicitaron que se estableciera por concepto de daño inmaterial una suma en equidad atendiendo las particularidades de cada una de las presuntas víctimas bajo su representación. En relación con el daño material, en general también solicitaron que la Corte fije la suma en equidad ante la falta de comprobantes, lo que estiman justificado por el transcurso del tiempo.

319. En el caso específico de la familia Lulleman, precisaron que “las violaciones atribuibles al Estado de Bolivia produjeron un menoscabo de la vida de relación de todos los integrantes de la familia Lulleman entendida como el desarrollo integral de una persona en su faz de interacción social y espiritual, de acuerdo con las condiciones en que se desarrollaba su existencia”. Respecto a Victoria Gutiérrez de Lulleman, Jenny Paola Lulleman de Zaconeta y Julia Mamanu Mamani, indicaron que “debe agregarse el daño moral sufrido por la violencia sexual a la que fueron sometidas en diferentes instancias, que le generaron un plus de sufrimiento que debe ser resarcido especialmente”. Respecto al daño material indicaron que se vieron en la necesidad de vender varias propiedades que poseían para poder subsistir”, por lo que adjuntaron los comprobantes de las ventas y avalúos de los inmuebles referidos a fin de que se les reintegre. Añadieron que en el marco del allanamiento que sufrieran en su domicilio, el daño emergente “incluye también todas las pertenencias que la familia Lulleman ha perdido en esa ocasión y nunca pudieron recuperar, bien porque fueron robadas o porque se dañaron irremediablemente”. Concluyeron que, además la familia “se quedó de pronto sin lugar para vivir, ya que por varios meses no se le permitió el ingreso a su vivienda, lo que les implicó, entre otros, innumerables gastos de alojamiento, vestimenta y alimentación que deben ser debidamente reparados”. Asimismo, señalaron que Victoria Gutiérrez de Lulleman “era propietaria de una financiera que prestaba dinero y también recibía alhajas y otros objetos”, y que “como consecuencia de la detención y de la exposición pública a la que fueron expuestos, se vieron obligados a cerrar, y […] hacerse cargo de las deudas que se generaron como consecuencia de no poder ingresar en su domicilio”, ni “volver a abrir el negocio una vez obtenida la libertad”. Sobre Luis Fernando Lulleman Gutiérrez, indicaron que “perdió además la posibilidad de seguir trabajando en el INE, donde un día antes de la detención […] había iniciado una pasantía”.

320. En relación con F.E.P.M., indicaron que “se deberá considerar que sufrió muy especialmente las torturas propinadas por agentes del Estado por su condición de mujer. […] En efecto, además de la violencia física que padeció como todas las personas detenidas en este caso, sufrió tortura sexual en forma reiterada por varios agentes del Estado, actuando tanto individualmente como en grupo”. Respecto al daño material, explicaron que “trabajaba en un salón de belleza, percibiendo la suma aproximada de USD$ 500 al mes”, y que “debido a las torturas recibidas, una vez recuperada la libertad, no pudo volver a desempeñarse como esteticista”, a lo que “se le deben sumar las dificultades que hasta el presente tiene para conseguir trabajo”.

321. En cuanto a Víctor Manuel Boggiano Bruzzón (o Juan Ramírez Ortega), precisaron que la Corte debía valorar “no solo el menoscabo a la integridad psíquica y moral […] consecuencia lógica a los derechos humanos, en especial a la tortura recibida, su impacto y consecuencias, sino también el impacto que ha tenido en sus relaciones sociales y laborales y el hecho que no pudo ver crecer a su hija y disfrutar de una vida digna”. Respecto del daño material indicaron que “con anterioridad a la detención y privación de libertad era el titular de una empresa de hidrocarburos que operaba en el Estado de Perú” y “una vez detenido dejó de recibir las utilidades que le correspondían no volviendo a percibir dinero alguno de ese giro comercial”. Añadieron que dicha empresa fue enajenada y dado que “estaba privado de libertad se enteró mucho después de tal venta y no recibió ningún dinero producto de la misma”.

322. Respecto de Eladio Cruz Añez (o Carlos Eladio Cruz Añez) indicaron que “a la hora de fijar el daño moral se tenga en cuenta la tortura de la que resultó víctima”. Con relación a las presuntas víctimas ausentes afirman que “han sufrido gravemente con los hechos relatados” y que no se requieren pruebas para llegar a la conclusión de que toda persona sometida a agresiones y vejámenes como los relatos en este caso, han experimentado sufrimiento moral. En particular, respecto de Mercedes Valencia, debe tomarse en cuenta que también fue víctima de violencia sexual. De esta forma solicitaron que en relación con las presuntas víctimas ausentes la Corte disponga que las indemnizaciones pecuniarias sean depositadas por el Estado a disposición de cada una de ellas en una cuenta bancaria abierta a su nombre.

323. El representante Jemio Mendoza, solicitó que se ordene por concepto de daño inmaterial las sumas de cien mil dólares en favor de cada una las presuntas víctimas Patricia Catalina Gallardo Ardúz y María Fernanda Peña Gallardo. En relación con el daño material, indicó que en relación con la señora Patricia Catalina Gallardo Ardúz “podría haber trabajado activamente por un lapso mínimo de 10 años más” y que, “tomando en cuenta que el salario mínimo nacional fue establecido en 2.250 bolivianos, equivalentes a 323.28 dólares americanos”, solicitó que se disponga al menos el pago de 38.793,60 dólares, más doce mil quinientos dólares por concepto de lucro cesante. Asimismo, en relación con el daño material de María Fernanda Peña Gallardo solicitó se fije en equidad el monto que el Estado deba pagar.

324. El representante Gómez Rojas, en cuanto al daño inmaterial solicitó que “dada la gravedad de los hechos denunciados y la intensidad de los padecimientos causados a las víctimas y representados, debidamente individualizados”, que se ordene una suma mayor a ciento cincuenta mil dólares a favor de cada una de las presuntas víctimas. En cuanto al daño material, solicitó a la Corte la fijación de una indemnización de sesenta mil dólares por daño emergente para cada uno de los miembros de la familia, “no obstante la falta de comprobante de gastos por el transcurso del tiempo”.

325. El Estado alegó que “no es responsable internacionalmente por los derechos invocados” y solicitó que “el Tribunal […] distinga las medidas pretendidas, las cuales tiene que ver con los efectos de la privación de libertad de las personas alegadas como víctimas”. En cuanto a los servicios que las presuntas víctimas contratarían en las etapas del caso Prosegur, indicó que “dichos gastos al no ser debidamente probados no pueden considerarse ciertos”, y que “el Estado no considera una medida de reparación el pago de honorarios profesionales dentro del caso Prosegur”.

326. La Corte ha advertido que el daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso372. Asimismo, ha establecido que el daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causadas a la víctima directa y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas o sus familias.

327. Este Tribunal entiende que, dada la naturaleza de los hechos y violaciones determinadas en la presente Sentencia, las víctimas han sufrido daños materiales e inmateriales que deben ser compensados. Los representantes presentaron elementos de prueba para algunos de los daños sufridos por algunas de las víctimas, incluyendo los gastos incurridos en el marco de los procesos en sede interna (ver infra párr. 331). Sin embargo, algunos de los comprobantes corresponden a elementos que no tienen una relación directa con los hechos del caso. Asimismo, respecto de ciertos daños alegados y en relación con la mayoría de las víctimas, los representantes no refirieron suficientes elementos probatorios respectos a los montos de daño material que alegan.

328. En virtud de lo anterior, la Corte estima procedente determinar en equidad, a fin de reparar en forma unificada o conjunta los daños materiales y los inmateriales, como compensación de los mismos y considerando las distintas violaciones a derechos humanos sufridas por las víctimas, los siguientes montos dinerarios, a favor de cada una de las presuntas víctimas y beneficiarias de las reparaciones de acuerdo con lo que se indica a continuación:

a) Genaro Ahuacho Luna: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

b) Norma Lupe Alarcón Castillo: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América). Asimismo, se le otorgará un monto de US$ 1,000.00 (mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de compensación en equidad de las joyas secuestradas durante el allanamiento que no le fueron devueltas.

c) Alfredo Bazán y Rosas: US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

d) Víctor Manuel Boggiano Bruzzón: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

e) Freddy Cáceres Castro: US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

f) Carlos Enrique Castro Ramírez: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

g) Claudio Centeno Valencia: US$ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América).

h) Carlos Eladio Cruz Añez: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

i) Patricia Catalina Gallardo Ardúz: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

j) Victoria Gutiérrez Aguilar: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

k) Oswaldo Lulleman Antezana: US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

l) Jenny Paola Lulleman Gutiérrez: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

m) Luis Lulleman Gutiérrez: US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

n) Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

o) Julia Mamanu Mamani: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

p) Elacio Peña Córdova: US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

q) María Fernanda Peña Gallardo: US$ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América).

r) F.E.P.M.: US$ 65,000.00 (sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América).

s) Edwin Rodríguez Alarcón: US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

t) Carlos Álvaro Taboada Valencia: US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

u) Claudia Valencia Alarcón: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

 

v) Gabriel Valencia Alarcón: US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

w) Alexis Valencia Alarcón: US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

x) Blas Valencia Campos: US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

y) Mercedes Valencia Chuquimia: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

z) Mauricio Valenzuela Valencia US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

329. Los montos asignados a Genaro Ahuacho Luna, Oswaldo Lulleman Antezana373, María Fernanda Peña Gallardo374 y Mercedes Valencia Chuquimia375 deberán ser otorgados a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable.

 

H. Costas y gastos

 

330. La Comisión no se refirió a este punto.

331. Los Defensores Públicos Interamericanos estimaron que “deberán ponderarse especialmente los gastos que las presuntas víctimas han debido afrontar tanto en los litigios nacionales como en este proceso internacional”, por lo que solicitaron que se “resarza los gastos en que incurrieran, fijándolos en equidad como en otros casos similares. Realizaron las siguientes precisiones respecto de las presuntas víctimas bajo su representación:

a) En el caso de Víctor Manuel Boggiano Bruzzón (o Juan Ramírez Ortega), solicitaron que se le reconozca “el pago de los honorarios del letrado particular que lo asistiera durante el proceso local, servicio por el que abonó la suma de cuatro mil bolivianos solo para la etapa de ejecución de pena”. En cuanto a los “servicios profesionales que contratara para que lo asistan en la etapa preliminar y durante el juicio, en atención al tiempo transcurrido no conserva constancia alguna de los pagos efectuados, pero según recuerda, se trató de mil quinientos dólares”.

b) En relación con la familia Lulleman, mencionaron que “abonaron los honorarios de la defensa técnica privada que los asistió durante el juicio local y que estiman en [dieciocho mil dólares]”, de la cual adjuntaron la intimación de pago realizada por el que fuera su representante.

c) Respecto a la señora F.E.P.M., indicaron que “como consecuencia de la detención, se vio privada de su trabajo y tuvo que abonar por concepto de defensa legal la suma de [diez mil dólares]”, en la cual adjuntaron la constancia emitida por el abogado del momento en donde se deja constancia que se le abonaron los honorarios.

332. El representante Jemio Mendoza, solicitó que se fije “en equidad el monto que el Estado deba pagar por este concepto y que dicha cantidad sea reintegrada directamente a los representantes”.

333. El representante Gómez Rojas, no se refirió a una suma específica.

334. El Estado alegó que “no es responsable internacionalmente por los derechos invocados” y respecto de “honorarios profesionales respecto de vejaciones y torturas alegadas, solicita […] tomar en cuenta únicamente los aranceles oficiales de la abogacía probados legalmente”.

335. La Corte reitera que, conforme a su jurisprudencia376, las costas y gastos hacen parte del concepto de reparación, toda vez que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una Sentencia condenatoria. En cuanto al reembolso de las costas y gastos, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el Sistema Interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable.

336. Este Tribunal ha señalado que “las pretensiones de las víctimas o sus representantes en materia de costas y gastos, y las pruebas que las sustentan, deben presentarse a la Corte en el primer momento procesal que se les concede, esto es, en el escrito de solicitudes y argumentos, sin perjuicio de que tales pretensiones se actualicen en un momento posterior, conforme a las nuevas costas y gastos en que se haya incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte”. Asimismo, la Corte reitera que no es suficiente la remisión de documentos probatorios, sino que se requiere que las partes hagan una argumentación que relacione la prueba con el hecho que se considera representado, y que, al tratarse de alegados desembolsos económicos, se establezcan con claridad los rubros y la justificación de los mismos.

337. Además, la Corte ha señalado que es necesario que, al tratarse de alegados desembolsos económicos, los representantes establezcan con claridad los rubros y la justificación de los mismos. En el presente caso, los representantes sólo aportaron comprobantes para algunas presuntas víctimas. Sin embargo, esta Corte considera razonable suponer que, durante los años de trámite del presente caso, los representantes han incurrido en gastos. Asimismo, se subraya que los gastos erogados directamente por las presuntas víctimas fueron tomados en cuenta en el cálculo de la indemnización. De esta forma, la Corte decide fijar un monto razonable por la suma de USD $10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada una de las tres representaciones de las presuntas víctimas.

 

I. Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas

 

338. En el 2008 la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos creó el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el “objeto [de] facilitar acceso al sistema interamericano de derechos humanos a aquellas personas que actualmente no tienen los recursos necesarios para llevar su caso al sistema”.

339. Mediante nota de Secretaría de la Corte de 6 de octubre de 2022 se remitió un informe al Estado sobre las erogaciones efectuadas en aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas en el presente caso, las cuales ascendieron a la suma de USD$6,264.80 (seis mil doscientos sesenta y cuatro dólares de Estados Unidos de América con ochenta centavos) y, según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del referido Fondo, se otorgó un plazo para que el Estado boliviano presentara las observaciones pertinentes.

340. El Estado por medio de escrito presentado el 13 de octubre de 2022, indicó no tener observaciones al informe sobre las erogaciones efectuadas en aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.

341. A la luz del artículo 5 del Reglamento del Fondo, debido a las violaciones declaradas en la presente Sentencia y que se cumplió con los requisitos para acogerse al Fondo, la Corte ordena al Estado el reintegro a dicho fondo de la cantidad USD$6,264.80 (seis mil doscientos sesenta y cuatro dólares de Estados Unidos de América con ochenta centavos) por concepto de los gastos necesarios realizados. Dicha cantidad deberá ser reintegrado en el plazo de seis meses, contados a partir de la notificación del presente Fallo.

 

J. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados

 

342. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones establecidas en la presente Sentencia por concepto de daño material e inmaterial, directamente a las personas indicadas en la misma, con carácter inmediato, dentro del plazo de un año, respectivamente según fue especificado, contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, sin perjuicio de que pueda adelantar el pago completo en un plazo menor, en los términos de los siguientes párrafos.

343. En caso de que los beneficiarios hayan fallecido o fallezcan antes de que les sea entregada la cantidad respectiva, esta se entregará directamente a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable.

344. El Estado deberá cumplir con las obligaciones monetarias mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio de mercado publicado o calculado por una autoridad bancaria o financiera pertinente en la fecha más cercana al día del pago.

345. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones o a sus derechohabientes no fuese posible el pago de las cantidades determinadas dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera boliviana solvente, en dólares de los Estados Unidos de América, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos diez años, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados. En caso de que lo anterior no sea posible, el Estado deberá mantener asegurada la disponibilidad de los fondos por el plazo de diez años.

346. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia en concepto de daño material, daño inmaterial, costas y gastos deberán ser entregadas a las personas indicadas en forma íntegra, conforme a lo establecido en esta Sentencia, sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales.

347. En caso de que el Estado incurriera en mora, incluyendo en el reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada correspondiente al interés bancario moratorio en el Estado Plurinacional de Bolivia.

 

X

PUNTOS RESOLUTIVOS

 

348. Por tanto,

LA CORTE 

DECIDE,

Por unanimidad:

1. Desestimar la excepción preliminar relativa a la incompetencia de la Corte ratione temporis, de conformidad con los párrafos 22 a 23 de esta Sentencia.

DECLARA,

Por unanimidad, que:

2. El Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 7.1, 7.2 y 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna (también conocido como Walter Herrera Flores); Norma Lupe Alarcón de Valencia; Alfredo Bazán y Rosas (también conocido como José Miguel Abildo Díaz o Alberto Farfán); Víctor Manuel Boggiano Bruzzón (también conocido como Juan Ramírez Ortega); Freddy Cáceres Castro; Carlos Enrique Castro Ramírez; Carlos Eladio Cruz Añez; Patricia Catalina Gallardo Ardúz; Victoria Gutiérrez Aguilar; Oswaldo Lulleman Antezana; Jenny Paola Lulleman Gutiérrez; Luis Fernando Lulleman Gutiérrez; Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez; Julia Mamanu Mamani; Elacio Peña Córdova (también conocido como Elacio Peña Córdoba); F.E.P.M; Edwin Rodríguez Alarcón; Carlos Álvaro Taboada Valencia; Claudia Valencia Alarcón; Gabriel Valencia Alarcón; Blas Valencia Campos y Mercedes Valencia Chuquimia, en los términos de los párrafos 122 a 132 y 144 de la presente Sentencia.

3. El Estado es responsable por la violación del artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Jenny Paola Lulleman Gutiérrez; Luis Fernando Lulleman Gutiérrez; Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez; Julia Mamanu Mamani; Edwin Rodríguez Alarcón; Carlos Álvaro Taboada Valencia y Gabriel Valencia Alarcón, en los términos de los párrafos 133 a 138 y 145 de la Sentencia.

4. El Estado es responsable por la violación del artículo 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna (también conocido como Walter Herrera Flores); Norma Lupe Alarcón Castillo; Alfredo Bazán y Rosas (también conocido como José Miguel Abildo Díaz o Alberto Farfán); Víctor Manuel Boggiano Bruzzón (también conocido como Juan Ramírez Ortega); Freddy Cáceres Castro; Carlos Enrique Castro Ramírez; Carlos Eladio Cruz Añez; Patricia Catalina Gallardo Ardúz; Victoria Gutiérrez Aguilar; Oswaldo Lulleman Antezana; Elacio Peña Córdova (también conocido como Elacio Peña Córdoba); F.E.P.M; Claudia Valencia Alarcón; Blas Valencia Campos y Mercedes Valencia Chuquimia, en los términos de los párrafos 139 a 143 y 146 de la presente Sentencia.

5. El Estado es responsable de la violación a los derechos a la vida privada y familiar y al domicilio, consagrados en los artículos 11.2 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna (también conocido como Walter Herrera Flores); Norma Lupe Alarcón Castillo; Alfredo Bazán y Rosas (también conocido como José Miguel Abildo Díaz o Alberto Farfán); Víctor Manuel Boggiano Bruzzón (también conocido como Juan Ramírez Ortega); Freddy Cáceres Castro; Carlos Enrique Castro Ramírez; Claudio Centeno Valencia; Carlos Eladio Cruz Añez; Patricia Catalina Gallardo Ardúz; Victoria Gutiérrez Aguilar; Oswaldo Lulleman Antezana; Jenny Paola Lulleman Gutiérrez; Luis Lulleman Gutiérrez; Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez; Julia Mamanu Mamani; Elacio Peña Córdova (también conocido como Elacio Peña Córdoba); María Fernanda Peña Gallardo; F.E.P.M; Edwin Rodríguez Alarcón; Carlos Álvaro Taboada Valencia; Claudia Valencia Alarcón; Gabriel Valencia Alarcón; Alexis Valencia Alarcón; Blas Valencia Campos; Mercedes Valencia Chuquimia y Mauricio Valenzuela Valencia, en los términos de los párrafos 147 a 157 de la presente Sentencia.

6. El Estado es responsable de la violación al derecho a la propiedad privada consagrada en el artículo 21.1 y 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Norma Lupe Alarcón Castillo, en los términos de los párrafos 158 a 161 de la presente Sentencia.

7. El Estado es responsable de la violación al derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, por los actos de tortura cometidos en prejuicio de Víctor Manuel Boggiano Bruzzón (también conocido como Juan Ramírez Ortega), Carlos Enrique Castro Ramírez, Eladio Cruz Añez, Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez y F.E.P.M., en los términos de los párrafos 182 a 184 y 202 de la presente Sentencia.

8. El Estado es responsable de la violación al derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, y el artículo 7.1. de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará) por los actos de tortura sexual cometidos en perjuicio de Norma Lupe Alarcón Castillo; Patricia Gallardo Ardúz; Victoria Gutiérrez Aguilar, Jenny Paola Lulleman Gutiérrez; Julia Mamanu Mamani; F.E.P.M.; Claudia Valencia Alarcón y Mercedes Valencia Chuquimia, en los términos de los párrafos 185 a 191 y 203 de la presente Sentencia.

9. El Estado es responsable de la violación al derecho a la integridad personal consagrado en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, por los actos de violencia policial cometidos durante los allanamientos en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna (también conocido como Walter Herrera Flores); Norma Lupe Alarcón Castillo; Alfredo Bazán

y Rosas (también conocido como José Miguel Abildo Díaz o Alberto Farfán); Víctor Manuel Boggiano Bruzzón (también conocido como Juan Ramírez Ortega); Freddy Cáceres Castro; Carlos Enrique Castro Ramírez; Carlos Eladio Cruz Añez; Patricia Catalina Gallardo Ardúz; Victoria Gutiérrez Aguilar; Oswaldo Lulleman Antezana; Jenny Paola Lulleman Gutiérrez; Luis Lulleman Gutiérrez; Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez; Julia Mamanu Mamani; Elacio Peña Córdova (también conocido como Elacio Peña Córdoba); F.E.P.M; Edwin Rodríguez Alarcón; Carlos Álvaro Taboada Valencia; Claudia Valencia Alarcón; Gabriel Valencia Alarcón; Blas Valencia Campos; Mercedes Valencia Chuquimia; en los términos de los párrafos 175 a 178 y 204 de la presente Sentencia.

10. El Estado es responsable de la violación al derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, por la incomunicación prolongada cometida en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna (también conocido como Walter Herrera Flores); Alfredo Bazán y Rosas (también conocido como José Miguel Abildo Díaz o Alberto Farfán); Víctor Boggiano Bruzzón (también conocido como Juan Ramírez Ortega); Enrique Castro Ramírez; Carlos Eladio Cruz Añez; Elacio Peña Córdova (también conocido como Elacio Peña Córdoba); Oswaldo Lulleman Antezana y Blas Valencia Campos, en los términos de los párrafos 192 a 194 y 205 de la presente Sentencia.

11. El Estado es responsable de la violación al derecho a la integridad personal consagrado en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, por las malas condiciones de detención en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna (también conocido como Walter Herrera Flores); Norma Lupe Alarcón Castillo; Alfredo Bazán y Rosas (también conocido como José Miguel Abildo Díaz o Alberto Farfán); Víctor Manuel Boggiano Bruzzón (también conocido como Juan Ramírez Ortega); Freddy Cáceres Castro; Carlos Enrique Castro Ramírez; Carlos Eladio Cruz Añez; Patricia Catalina Gallardo Ardúz; Victoria Gutiérrez Aguilar; Oswaldo Lulleman Antezana; Jenny Paola Lulleman Gutiérrez; Luis Lulleman Gutiérrez; Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez; Julia Mamanu Mamani; Elacio Peña Córdova (también conocido como Elacio Peña Córdoba); F.E.P.M; Edwin Rodríguez Alarcón; Carlos Álvaro Taboada Valencia; Claudia Valencia Alarcón; Gabriel Valencia Alarcón; Blas Valencia Campos y Mercedes Valencia Chuquimia, en los términos de los párrafos 195 a 197 y 206 de la presente Sentencia.

12. El Estado es responsable de la violación al derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de María Fernanda Peña Gallardo, en los términos de los párrafos 198 a 201 y 207 de la presente Sentencia.

13. El Estado es responsable de la violación de los artículos 7.1, 7.2, 7.3 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Alexis Valencia Alarcón y Mauricio Valenzuela Valencia, así como la violación del artículo 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Mauricio Valenzuela Valencia. Asimismo, por los tratos crueles y degradantes cometidos por agentes policiales es responsable de la violación de los artículos 5.1 y 5.2 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Alexis Valencia Alarcón y Mauricio Valenzuela Valencia. De la misma manera, el Estado es responsable de la violación del artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Claudio Centeno Valencia, Alexis Valencia Alarcón y Mauricio Valenzuela Valencia, en los términos de los párrafos 211 a 220 de la presente Sentencia.

14. El Estado es responsable de la violación al derecho a la vida consagrado en el artículo

4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna (también conocido como Walter Herrera Flores), en los términos de los párrafos 224 a 229 de la presente Sentencia.

Por cinco votos a favor y dos en contra, que:

15. El Estado es responsable de la violación al derecho a la salud consagrado en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna (también conocido como Walter Herrera Flores), Alfredo Bazán y Rosas (también conocido como José Miguel Abildo Díaz o Alberto Farfán), Freddy Cáceres Castro; Carlos Eladio Cruz Añez, Patricia Gallardo Ardúz, Oswaldo Lulleman Antezana, Luis Lulleman Gutiérrez, Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez, Elacio Peña Córdova (también conocido como Elacio Peña Córdoba), F.E.P.M., Edwin Rodríguez Alarcón, Gabriel Valencia Alarcón, Blas Valencia Campos y Mauricio Valenzuela Valencia, en los términos de los párrafos 232 a 243 de la presente Sentencia.

Disienten el Juez Humberto Antonio Sierra Porto y la Jueza Patricia Pérez Goldberg. Por unanimidad, que:

16. El Estado es responsable de la violación a los derechos a la presunción de inocencia y el derecho a la protección de la honra y dignidad consagrados en los artículos 8.2 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna (también conocido como Walter Herrera Flores); Norma Lupe Alarcón Castillo; Alfredo Bazán y Rosas (también conocido como José Miguel Abildo Díaz o Alberto Farfán); Víctor Manuel Boggiano Bruzzón (también conocido como Juan Ramírez Ortega); Freddy Cáceres Castro; Carlos Enrique Castro Ramírez; Carlos Eladio Cruz Añez; Patricia Catalina Gallardo Ardúz; Victoria Gutiérrez Aguilar; Oswaldo Lulleman Antezana; Jenny Paola Lulleman Gutiérrez; Luis Lulleman Gutiérrez; Julia Mamanu Mamani; Elacio Peña Córdova (también conocido como Elacio Peña Córdoba); F.E.P.M; Edwin Rodríguez Alarcón; Claudia Valencia Alarcón; Gabriel Valencia Alarcón; Blas Valencia Campos y Mercedes Valencia Chuquimia, así como de la violación artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 11, 19 y 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Mauricio Valenzuela Valencia, Alexis Valencia Alarcón y Claudio Centeno Valencia, en los términos de los párrafos 254 a 259 de la presente Sentencia.

17. El Estado es responsable de la violación al derecho a la defensa consagrado en el artículo

8.2.d. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna (también conocido como Walter Herrera Flores); Norma Lupe Alarcón Castillo; Alfredo Bazán y Rosas (también conocido como José Miguel Abildo Díaz o Alberto Farfán); Víctor Manuel Boggiano Bruzzón (también conocido como Juan Ramírez Ortega); Freddy Cáceres Castro; Carlos Enrique Castro Ramírez; Carlos Eladio Cruz Añez; Patricia Catalina Gallardo Ardúz; Victoria Gutiérrez Aguilar; Oswaldo Lulleman Antezana; Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez; Elacio Peña Córdova (también conocido como Elacio Peña Córdoba); F.E.P.M; Edwin Rodríguez Alarcón; Claudia Valencia Alarcón; Blas Valencia Campos y Mercedes Valencia Chuquimia, en los términos de los párrafos 260 a 263 de la presente Sentencia.

18. El Estado es responsable por la violación del derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable reconocido en el artículo 8.2.g) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Víctor Manuel Boggiano Bruzzón (también conocido como Juan Ramírez Ortega), Carlos Enrique

Castro Ramírez, Eladio Cruz Añez, Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez, F.E.P.M., Patricia Gallardo Ardúz, Norma Lupe Alarcón de Valencia, Claudia Valencia Alarcón y Mercedes Valencia Chuquimia, en los términos de los párrafos 264 y 265 de la presente Sentencia.

19. El Estado es responsable de la violación a la obligación de investigar los actos de tortura que se deriva del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, así como los artículos 1,6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 7 b. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará) en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna (también conocido como Walter Herrera Flores); Norma Lupe Alarcón Castillo; Alfredo Bazán y Rosas (también conocido como José Miguel Abildo Díaz o Alberto Farfán); Víctor Manuel Boggiano Bruzzón(también conocido como Juan Ramírez Ortega); Freddy Cáceres Castro; Carlos Enrique Castro Ramírez; Claudio Centeno Valencia; Carlos Eladio Cruz Añez; Patricia Catalina Gallardo Ardúz; Victoria Gutiérrez Aguilar; Oswaldo Lulleman Antezana; Jenny Paola Lulleman Gutiérrez; Luis Lulleman Gutiérrez; Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez; Julia Mamanu Mamani; Elacio Peña Córdova (también conocido como Elacio Peña Córdoba); María Fernanda Peña Gallardo; F.E.P.M; Edwin Rodríguez Alarcón; Carlos Álvaro Taboada Valencia; Claudia Valencia Alarcón; Gabriel Valencia Alarcón; Alexis Valencia Alarcón; Blas Valencia Campos; Mercedes Valencia Chuquimia; Mauricio Valenzuela Valencia, en los términos de los párrafos 266 a 274 de la presente Sentencia.

Y DISPONE,

Por unanimidad, que:

20. Esta Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación.

21. El Estado adoptará las medidas necesarias para que se revise la sentencia No. 12/2003 de 16 de mayo de 2003, en los términos del párrafo 282 de la presente Sentencia.

22. El Estado continuará y concluirá en un plazo razonable las investigaciones y procesos penales correspondientes con el fin de juzgar y, en su caso, sancionar a las personas responsables por los actos de tortura y vejaciones en contra de las víctimas, en los términos del párrafo 289 de la presente Sentencia.

23. El Estado brindará el tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico que requieran las víctimas, en los términos de lo establecido en los párrafos 299 y 300 de esta Sentencia.

24. El Estado realizará, en el plazo de seis meses, las publicaciones indicadas en el párrafo 306 de la presente Sentencia.

25. El Estado diseñará e implementará las capacitaciones en materia de derechos humanos, así como los protocolos en materia de tratamiento de los niños, niñas y adolescentes que participen en actos de investigación y administración de justicia y de investigación de casos de violencia sexual, en los términos de los párrafos 313 a 315 de esta Sentencia.

26. El Estado creará un mecanismo que permita la reapertura de procesos judiciales, en los términos del párrafo 316 de la presente Sentencia.

27. El Estado pagará las cantidades fijadas en los párrafos 328 y 337 de la presente Sentencia por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, así como el reintegro de costas y gastos, en los términos de los párrafos 329, 342 a 347 de esta Sentencia.

28. El Estado reintegrará al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso, en los términos del párrafo 341 de esta Sentencia.

29. El Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en los párrafos 306 y 341 de la presente Sentencia.

30. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

El juez Humberto Sierra Porto dio a conocer su voto parcialmente disidente. La jueza Nancy Hernández López y el juez Rodrigo Mudrovitsch dieron a conocer su voto concurrente conjunto, y la jueza Patricia Pérez Goldberg dio a conocer su voto concurrente y parcialmente disidente.

Redactada en español en Maldonado, Uruguay el 18 de octubre de 2022.

Corte IDH. Caso Valencia Campos y otros Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de octubre de 2022.

Corte IDH. Caso Valencia Campos y otros Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de octubre de 2022.

 

 

Ricardo C. Pérez Manrique 

Presidente

 

 

Humberto Antonio Sierra Porto                                             Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

 

 

Nancy Hernández López                                                                                  Verónica Gómez

 

 

Patricia Pérez Goldberg                                                        Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch

 

 

Pablo Saavedra Alessandri 

Secretario

 

Comuníquese y ejecútese,

 

 

Ricardo C. Pérez Manrique 

                                                                                                                 Presidente

 

Pablo Saavedra Alessandri 

     Secretario

 

VOTO PARCIALMENTE DISIDENTE DEL

 JUEZ HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

CASO VALENCIA CAMPOS Y OTROS VS. BOLIVIA 

SENTENCIA DE 18 DE OCTUBRE DE 2022

 

1. Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte o el Tribunal), el presente voto tiene por objeto explicar mi disidencia frente al punto resolutivo 15 en el que se declaró la responsabilidad internacional del Estado de Bolivia (en adelante el Estado o Bolivia) por la violación del derecho a la salud consagrado en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH o la Convención), en perjuicio de Genaro Ahuacho Luna, Alfredo Bazán y Rosas, Freddy Cáceres Castro, Carlos Eladio Cruz Añez, Patricia Gallardo Ardúz, Oswaldo Lulleman Antezana, Luis Lulleman, Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez, Elacio Peña Córdova, F.E.P.M., Edwin Rodríguez Alarcón, Gabriel Valencia Alarcón, Blas Valencia Campos y Mauricio Valenzuela Valencia.

2. Este voto complementa la posición ya expresada en mis votos parcialmente disidentes a los casos Lagos del Campo Vs. Perú, Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú, San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela, Muelle Flores Vs. Perú4, Hernández Vs. Argentina5, ANCEJUB-SUNAT Vs. Perú6, Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina7, Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil, Casa Nina Vs. Perú, Guachalá Chimbo Vs. Ecuador, FEMAPOR Vs. Perú, y Guevara Díaz Vs. Costa Rica; así como en mis votos concurrentes de los casos Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador, Poblete Vilches y Otros Vs. Chile, Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala15, Buzos Miskitos Vs. Honduras, Vera Rojas y otros vs. Chile, Manuela y otros vs. El Salvador18, Extrabajadores del Organismo Judicial Vs. Guatemala19, Palacio Urrutia Vs. Ecuador20 y Pavez Pavez Vs. Chile, en relación con la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (en adelante DESCA) a través del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención o CADH).

3. Desde el año 2017 he puesto de presente de manera ininterrumpida las inconsistencias lógicas y jurídicas de la justiciabilidad directa y autónoma de los DESCA a través del artículo 26 de la Convención. La postura asumida por la mayoría de la Corte desconoce las reglas de interpretación de la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados, cambia la naturaleza de la obligación de progresividad consagrada de manera textual en el artículo 2623, ignora la voluntad de los Estados plasmada en el Protocolo de San Salvador24 y mina la legitimidad del Tribunal al ampliar injustificadamente su competencia25; solo por mencionar algunos argumentos.

4. En esta oportunidad no voy a profundizar sobre este punto, ni sobre las dificultades de la construcción jurisprudencial del derecho a la salud, para lo cual me remito a mis votos previos26. En este caso quiero evidenciar cómo la posición mayoritaria de la Corte respecto del derecho a la salud derivado del artículo 26 CADH, deteriora la solidez de los estándares establecidos desde su jurisprudencia temprana respecto de las condiciones mínimas para la privación de libertad, y las obligaciones del Estado en relación con los derechos a la vida y a la integridad de las personas detenidas.

5. Hace más de 30 años que la Corte se pronuncia sobre las condiciones de encarcelamiento en el continente, haciendo de una interpretación, literal, sistemática y finalista del derecho a la integridad personal contenido en el artículo 5 de la Convención27. Con este fundamento normativo la Corte ha desarrollado estándares según los cuales, los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, y de procurarles las condiciones de alimentación, salud e infraestructura mínimas para una existencia digna durante el tiempo que se encuentran bajo su custodia28. A su vez en varias ocasiones el Tribunal condenó a los Estados parte por la falta de medidas idóneas y eficaces para garantizar estos derechos, y les ordenó implementar medidas adecuadas para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

6. De manera más precisa, el Tribunal ha dispuesto que de los artículos 1.1 y 5 CADH se desprende la obligación de proporcionar a las personas privadas de la libertad, entre otros, ventilación y luz natural, cama para reposo, alimentación básica, acceso al agua potable, revisión médica regular y tratamiento adecuado30. Además, ha señalado que dichas condiciones se constituyen como una obligación ineludible dada la situación de sujeción de los detenidos respecto del Estado31. Como consecuencia, en los eventos en que estas condiciones no son satisfechas, bien sea por hacinamiento, aislamiento o incomunicación, se constituyen como violaciones del derecho a la integridad personal y por esa vía fundamento de la responsabilidad internacional del Estado32. Sobra mencionar que, para alcanzar este grado de protección no fue necesario hacer alguna mención a la justiciabilidad de los DESCA.

7. No obstante, en el presente caso la mayoría optó por un razonamiento distinto al que la Corte había utilizado históricamente. La protección de la integridad personal de los detenidos, artículo 5 de la Convención, fue un asunto analizado exclusivamente en relación con los actos de tortura que sufrieron las víctimas en el marco de la investigación33; por su parte, la obligación de proporcionarles adecuada valoración, atención y tratamiento médico, se analizó únicamente en relación con el derecho a la salud derivado del artículo 26 de la Convención34.

8. En efecto, en relación con el derecho a la integridad personal, la Corte se refirió a los hechos constitutivos de tortura y malos tratos durante los allanamientos y la detención, y estudió de manera particular la violencia y tortura sexual sufrida por las mujeres; la situación de los niños y adolescentes que fueron afectados en el caso y las medidas de incomunicación. A su vez se refirió a las condiciones de detención, pero únicamente en lo que refiere al tamaño de las celdas y la ausencia de camas. Frente a este último elemento señaló que “las presuntas víctimas que fueron trasladadas a la PTJ fueron detenidas en celdas pequeñas, que no contaban con camas lo que los obligó a dormir en el piso y no tenían acceso a baños […], por lo que se constata una situación de hacinamiento contraria a la integridad personal de las personas detenidas en la PTJ”.

9. Por su parte, sobre el derecho a la salud, el Tribunal tomó en consideración cuatro circunstancias: i) la falta de atención médica de la señora Patricia Gallardo la cual agravó su condición física y mental durante la detención domiciliaria; ii) la demora en la atención médica del señor Genaro Ahuacho Luna la cual pudo haber influido en su deceso; iii) la ausencia de control médico al momento de la detención de Blas Valencia Campos, Edwin Rodríguez Alarcón, Gabriel Valencia Alarcón, Alexis Valencia Alarcón, Claudio Centeno Valencia, Elacio Peña Córdoba, Genaro Ahuacho Luna, Alfredo Bazán la Rosas, Mauricio Valenzuela Valencia, Oswaldo Lulleman Antezana, Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez, Luis Lulleman Gutiérrez, Carlos Eladio Cruz Añez y Patricia Catalina Gallardo Ardúz y; iv) la falta de atención médica de la señora F.E.P.M. después del abortó “producto de los golpes sufridos a manos de agentes policiales”.

10. Así, a pesar de que los hechos mencionados se constituían todos como violaciones al derecho a la integridad personal e incluso a la vida, en tanto la falta de garantía de las obligaciones de valoración, atención y tratamiento tuvieron implicaciones sobre la condición física y mental de las víctimas, la Corte optó por compartimentar el análisis, excluyendo la relación entre estos hechos y las obligaciones derivadas de los artículos 5 y 1.1 de la Convención.

11. Este nuevo razonamiento adoptado por el Tribunal por primera vez en un caso contencioso no supone una diferenciación meramente retórica. Por el contrario, analizar la obligación de valoración, atención y tratamiento médico de personas privadas de la libertad únicamente a la luz del artículo 26 de la Convención, puede generar efectos negativos frente a la eficacia de las órdenes emitidas por el Tribunal. Como lo señalé en mi reciente voto en la Opinión Consultiva 29, “es natural que las inconsistencias jurídicas de la noción de justiciabilidad de los DESCA, se trasladen a los estándares sobre condiciones mínimas de privación de libertad y que, de esta manera, se reduzca el grado de eficacia que tengan los Estados. Si bien al interior de la Corte las mayorías han optado por la justiciabilidad del artículo 26 CADH, el Tribunal debería tomar en cuenta que, a nivel interno, aún existe una discusión sobre la vinculatoriedad de las obligaciones que surgen de este artículo” .

12. Por lo anterior, creo que esta sentencia podría tener un mayor grado de eficacia y legitimidad, de haber mantenido la construcción jurisprudencial asociada al artículo 5 de la Convención. De una parte, porque no existiría duda del contenido, vinculatoriedad y justiciabilidad de la obligación de valoración, atención y tratamiento médico de personas detenidas como parte de las condiciones mínimas de privación de la libertad. De otra parte, porque el cumplimiento de la obligación no dependería de la capacidad económica del Estado. No se puede olvidar que el artículo 1.1 en relación con el artículo 5 CADH consagran una obligación de cumplimiento inmediato; por el contrario, las obligaciones que se derivan del artículo 26 convencional son de desarrollo progresivo, y pueden materializarse paulatinamente según las condiciones de cada Estado. Como consecuencia, con la posición planteada en este caso se pierde la perentoriedad que le daba fundamento a la obligación de mantener condiciones dignas de detención a partir del derecho a la integridad personal. Ésta es la razón por la que me separo del punto resolutivo 15 de la sentencia.

 

 

Humberto Antonio Sierra Porto

Juez

 

Pablo Saavedra Alessandri 

     Secretário

 

VOTO RAZONADO DE LA JUEZA NANCY HERNÁNDEZ LÓPEZ Y DEL JUEZ 

RODRIGO MUDROVITSCH

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

CASO VALENCIA CAMPOS Y OTROS VS. BOLIVIA 

SENTENCIA DE 18 DE OCTUBRE DE 2022

(EXCEPCIÓN PRELIMINAR, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS)

 

1. En el caso Valencia Campos y otros v. Bolivia se discute la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones de los derechos humanos en el contexto de los allanamientos de domicilio y detenciones que se produjeron durante la operación policial que siguió a un asalto a un camión blindado, así como en el contexto del posterior proceso penal y encarcelamiento de los presuntos autores y participantes1.

2. Nos alineamos plenamente con el razonamiento adoptado por esta Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Corte" o “Tribunal”) en la Sentencia sobre la excepción preliminar, el fondo y las medidas de reparación determinadas2.

3. Por lo tanto, este voto se centra en la cuestión específica de los allanamientos nocturnos de domicilio que se produjeron en el caso en juicio. En este contexto, la Corte consideró – acertadamente – que estos allanamientos domiciliarios suponían una violación de los artículos 11.2 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Convención"), que consagran, respectivamente, el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada y en el domicilio y el derecho a la protección de la familia3. Además de los motivos aportados por la Sentencia, creemos que es importante profundizar en la cuestión de la violación de dichos derechos al considerar el carácter estrictamente excepcional de la realización de allanamientos nocturnos y la especial vulnerabilidad de las mujeres y los niños, niñas y adolescentes a este tipo de medida.

4. En este sentido, creemos que la limitación de este recurso de instrucción procesal debe estar prevista en la ley y que debe cumplir con los requisitos de estricta legalidad y proporcionalidad. Estructuraremos nuestras consideraciones sobre el tema de la siguiente manera: tras recapitular brevemente la base fáctica (I), presentaremos los fundamentos que sustentan la inconvencionalidad de los allanamientos nocturnos de domicilio – salvo en situaciones absolutamente excepcionales, que se expondrán en este voto-, haciendo hincapié en los valores de privacidad, intimidad y sociabilidad, así como en el deber de protección de grupos vulnerables (II), para demostrar la absoluta necesidad de observar la legalidad y proporcionalidad en la regulación y en la ejecución de los allanamientos nocturnos del domicilio (III).

 

I. Contextualización de los allanamientos de domicilio nocturnos practicados por los agentes estatales.

 

5. Según consta en la Sentencia, el 14 de diciembre de 2001, un grupo de personas asaltó un carro blindado en la ciudad de La Paz, escapando del lugar del crimen4. El mismo día, el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal Cautelar dictó la Resolución nº180/2001, ordenando un registro con poderes de incautación en dos domicilios5 para para buscar a los autores6. El 17 de diciembre de 2001, el mismo tribunal emitió la Resolución nº 186/2001, ampliando la anterior para incluir seis propiedades más7 y autorizando expresamente la realización de las operaciones en horario nocturno, en base al artículo 118 del Código del Procedimiento Penal de Bolivia.

6. En efecto, el artículo 118 del Código del Procedimiento Penal Boliviano9 establece la facultad del juez de instrucción de emitir mandamientos en horas extraordinarias10. Sin embargo, es necesario situar este artículo y las resoluciones dictadas por el Tribunal Octavo de Sentencia dentro del panorama general del ordenamiento jurídico boliviano. Por lo tanto, es fundamental que cualquier análisis parta de la disposición de la Constitución Boliviana11 sobre la inviolabilidad del domicilio, que, según la redacción vigente al momento de los hechos, prohibía expresamente el allanamiento nocturno en ausencia del consentimiento del residente o de una configuración de un delito flagrante.

7. Además, el Código del Procedimiento Penal contiene un dispositivo específico que regula los allanamientos de domicilio (artículo 180), estableciendo que “[q]ueda prohibido el allanamiento de domicilio o residencia particular en horas de la noche (…) salvo el caso de delito flagrante” y definiendo como horario nocturno “el tiempo comprendido entre las diecinueve horas y las siete del día siguiente”. Ambas disposiciones, asimismo, exigen entender el concepto de flagrancia, definido en el artículo 230 del Código del Procedimiento Penal como “cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de intentarlo, de cometerlo o inmediatamente después mientras es perseguido (…)”.

8. Sobre la base de las mencionadas Resoluciones nº180 y nº18615, decenas de agentes estatales armados irrumpieron en seis edificios16 el 18 de diciembre de 2001 en El Alto, La Paz y Santa Cruz, y uno en Cochabamba para localizar y aprehender a los autores del asalto al camión blindado - que había ocurrido 4 (cuatro) días antes, es decir, en ausencia de una situación flagrante. En los domicilios allanados, había mujeres, niños y niñas17, y la mayoría de los residentes, según la hora del día, iba vestida con ropa de dormir.

9. Además de los seis allanamientos nocturnos, los agentes estatales también allanaron el domicilio ubicado en la avenida Simón López (ciudad de Cochabamba) a las 8:30 horas, donde se encontraba Carlos Álvaro Taboada Valencia19. Teniendo en cuenta el marco legislativo resumido anteriormente y presentado en la Sentencia (párrs. 49 y 50) – en particular, el paradigma constitucional de la inviolabilidad del domicilio, que sólo incluye el consentimiento o la flagrancia como excepciones –, cabe destacar que estos allanamientos se produjeron cuatro días después del asalto la furgoneta que trasladaba dinero. Como señala la perita María Luisa Piqué, y transcrita en la Sentencia, “no es posible subsumir la situación bajo ningún concepto plausible de flagrancia y menos aun tomando en cuenta la legislación boliviana vigente al momento de los hechos, la más restrictiva de la región”. Por lo tanto, es evidente que los allanamientos nocturnos se llevaron a cabo en violación del derecho interno y, por lo tanto, en afrenta al principio de legalidad, objeto central de este voto. Este incumplimiento es especialmente grave porque, además de ser una violación del derecho interno, constituye una afrenta a la propia Constitución del país.

10. Ante este grave escenario, la Sentencia señaló acertadamente que la protección del derecho a la vida privada, a la vida familiar y al domicilio implica el reconocimiento de una esfera personal libre e inmune al allanamiento o injerencia arbitraria de terceros o de la autoridad23 y el entendimiento del domicilio como un espacio en el que se puede desarrollar libremente la vida privada24. Asimismo, refiriéndose específicamente al núcleo familiar, la Sentencia reforzó el deber del Estado de proteger a los ciudadanos contra las injerencias arbitrarias e ilegales que les afecten.

11. Teniendo como premisas estas valiosas consideraciones, pasamos a profundizar en los dos aspectos que motivan este voto: la justificación de la prohibición de los allanamientos nocturnos para la protección de los derechos a la vida privada, al domicilio y la protección de la familia – con énfasis en el deber reforzado de protección del Estado en relación con los grupos especialmente vulnerables – y un análisis más detallado de la excepcionalidad de los allanamientos domiciliarios nocturnos y la obligación de motivar reforzadamente las razones que justifican su utilización, detallando las razones que impiden hacer el allanamiento en horas ordinarias.

 

II. El fundamento de la restricción de los allanamientos nocturnos de domicilio para salvaguardar los derechos a la vida privada, al domicilio y a la protección de la familia.

 

12. El lugar donde reside una familia o un individuo no es un espacio físico insignificante. Por el contrario, es un locus esencial para que los individuos ejerzan su intimidad y sociabilidad, con la intensa expectativa de privacidad inherente a un hogar. Por lo tanto, la protección del domicilio no es una mera defensa de los derechos relacionados con la propiedad frente a las injerencias externas. Más bien, su protección es una condición fundamental para el disfrute de los derechos a la vida privada y a la vida familiar, bienes jurídicos de especial naturaleza y singular relevancia, justificando la existencia de un derecho específico a la protección del domicilio. Además, en casos como el presente, el imperativo de proteger el hogar se basa en la vulnerabilidad específica de grupos como las mujeres y los niños, niñas y adolescentes, grupos en relación con los cuales el Estado tiene obligaciones especiales de protección.

13. Por lo tanto, cualquier incursión arbitraria del Estado en los domicilios privados representa una grave amenaza para estos derechos, que se agrava en el caso de las operaciones policiales nocturnas. A continuación, delinearemos los contornos de las ideas de privacidad, intimidad y sociabilidad, destacando la forma en que estos valores se apoyan mutuamente y deben ser protegidos en el contexto del hogar (a); enfatizaremos la extrema gravedad que implican los allanamientos nocturnos de domicilio (b); y presentaremos la singular afectación de estos valores en relación con los grupos vulnerables (c).

 

a. Los valores de privacidad, intimidad y sociabilidad como fundamentos para la protección de domicilio.

 

14. Los valores de la privacidad y la intimidad son los fundamentos naturales de cualquier debate sobre el significado de la inviolabilidad del domicilio. La protección del domicilio, tal y como la prevén habitualmente las Constituciones nacionales, circunscribe, por tanto, un ámbito de intimidad personal y familiar.

15. Sin embargo, no es posible hablar de privacidad e intimidad sin referirse a la sociabilidad. La retórica habitual del hogar como "fortaleza" o "castillo", en el que sus habitantes deben disfrutar de una barrera contra el mundo exterior, puede sugerir nociones sencillas de privacidad e intimidad como derechos individuales. Es cierto que “la residencia”, como afirma Jean-Paul Demoule, traduce “el grado de autonomía del grupo que vive allí con respecto al resto del cuerpo social”. Sin embargo, un énfasis exclusivo en las barreras que impone el hogar puede descuidar su importancia como condición necesaria para la formación y conservación de los vínculos entre los individuos.

16. Para garantizar la protección de la privacidad y, por tanto, la posibilidad de crear y mantener vínculos, son necesarias ciertas estructuras jurídicas y sociales, entre las que se encuentran las normas que garantizan los derechos de una persona sobre su hogar. Al fin y al cabo, el hogar es el lugar donde prevalecen típicamente esas relaciones de confianza, que comprenden dimensiones de apego y pertenencia personal, en las que cada habitante del grupo que lo habita se encuentra en “una situación socialmente cómoda en la que es un miembro activo y valorado”28. Reforzamos así que las intrusiones indebidas en el entorno del hogar “pueden ser profundamente destructivas para la relación que subyace en el momento particular de intimidad que se interrumpe”29. Estas perturbaciones son capaces de erosionar las bases materiales que sustentan las valiosas relaciones afectivas entre los distintos individuos que las habitan y se suman a la violación de la esfera de la libertad personal y la intimidad.

17. Así, cualquier perturbación de la intimidad del hogar representa graves riesgos para estos derechos de máxima importancia: la privacidad, la intimidad y la sociabilidad. La injerencia arbitraria en la inviolabilidad del domicilio por parte del aparato estatal es aún más grave, ya que hace uso de instrumentos coercitivos con un alto potencial de impacto.

18. Por ello, no es de extrañar que los instrumentos de protección internacional de los derechos humanos reflejen, desde el principio de su protección transnacional, una preocupación por la inviolabilidad del domicilio. Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en su artículo 12), como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en su artículo 5) ya preveían, en 1948, la inviolabilidad del domicilio. Dicha garantía fue reproducida en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ("PIDCP") en 1966, en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos en 1950 y en el artículo 11 (en relación con el artículo 17) de la Convención Americana en 1969.

19. El Tribunal Europeo también ha reconocido que el domicilio es normalmente el lugar donde se desarrolla la vida privada y familiar, y que las personas tienen derecho a que se respete su domicilio, concebido no sólo como el derecho al espacio físico sino también como el derecho a disfrutarlo con tranquilidad, por lo que debe ser protegido contra la entrada de personas no autorizadas. En la misma línea, la Comisión Interamericana ya ha indicado que las intervenciones de las fuerzas de seguridad del Estado en locus familiar han violado en varias ocasiones el derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho este que constituye una garantía de derecho a la privacidad y del debido proceso legal.

 

b. La gravedad reforzada de los allanamientos nocturnos de domicilio

 

20. El período nocturno se percibe históricamente, en diversas culturas, como "el primer mal necesario del hombre, nuestro más antiguo y acechante de terror”. En efecto, los riesgos para la integridad humana se magnifican entre la puesta y la salida del sol, una percepción que se tiene comúnmente, incluso con todos los avances tecnológicos que se han producido a lo largo del tiempo y que han facilitado la vida humana en el período nocturno.

21. Esta percepción es correcta en relación con las circunstancias específicas de los allanamientos nocturnos, ya que, debido a la hora, el período es más propicio que el diurno para la perpetración de violaciones de los derechos humanos, dada la reducida circulación de personas y la menor posibilidad de ayuda o presencia de testigos. Tales condiciones son demostrablemente favorables a la práctica de abusos de autoridad en las operaciones del Estado. Un ejemplo de prácticas estatales abusivas en estas circunstancias se encuentra en el caso Vinks and Ribicka vs. Letonia (2020), en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos indicó que el riesgo de abuso de autoridad y de violación de la dignidad humana es inherente a una situación, como el del caso en cuestión, en la que los residentes se ven confrontados en su domicilio a primeras horas de la mañana por un grupo de agentes de policía especialmente entrenados.

22. Asimismo, nuestro continente no es ajeno a este problema. Históricamente, las operaciones policiales y militares nocturnas han sido la base para la perpetración de graves violaciones de los derechos humanos. Basta con recordar, a modo de ejemplo, el caso de Juan Humberto Sánchez contra Honduras (2003), que se produjo en el contexto de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales en el país entre los años 80 y 90. En este caso, la víctima fue detenida por personal militar en dos ocasiones en el domicilio de sus padres durante la noche, en ausencia de una orden de detención o de una situación flagrante, en violación de la Constitución hondureña de 1982, cuyo artículo 99 prohíbe los allanamientos de morada entre las seis de la tarde y las seis de la mañana - lo que llevó a la Corte a concluir que dichos allanamientos violaron la Convención.

23. Otra razón para la especial gravedad de los allanamientos nocturnos es la elevada y razonable expectativa de intimidad durante este periodo. En general, las actividades familiares más íntimas tienen lugar por la noche, por lo que la violación del domicilio por parte de las autoridades policiales en horario nocturno produce mayor ansiedad a los residentes y resulta aún más amenazante, como reconoce la Corte Suprema del Estado de Minnesota en el caso State v. Jackson. Además, los residentes se encuentran en una situación aún más vulnerable si están dormidos, ya que cuando duermen su capacidad de alerta y defensa se reduce sustancialmente.

24. La vulnerabilidad de las personas y las familias a la violación en los allanamientos domiciliarios nocturnos se agrava gravemente cuando hay mujeres, niños, niñas y adolescentes en el hogar, lo que se tratará en la siguiente sección.

 

c. La especial afectación de los derechos a la vida privada, la intimidad y la vida familiar en relación con los grupos vulnerables.

 

25. La sentencia reconoce que los efectos negativos de los allanamientos de viviendas son especialmente perjudiciales para los grupos vulnerables, como las mujeres y los niños, niñas y adolescentes. En efecto, el deber de diligencia debida y de protección reforzada en relación con los derechos de las personas pertenecientes a grupos vulnerables está ampliamente reconocido en la jurisprudencia de esta Corte. Creemos necesario, sin embargo, hacer consideraciones específicas sobre la afectación diferenciada de grupos vulnerables, como ocurrió en este caso concretamente.

26. Con respecto a las mujeres, una de las formas en que se evidencia dicha vulnerabilidad es en el mayor riesgo de violencia, incluida la de carácter sexual. Como ha declarado reiteradamente este Tribunal, la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará41 obligan a los Estados a adoptar medidas para prevenir la violencia de género y a actuar con la debida diligencia para investigar y castigar a los responsables, así como para reparar las violaciones que ocurren.42 En el caso de los allanamientos domiciliarios – que, como se ha explicado anteriormente (véase II.a), ya están impregnados de un alto grado de intrusismo y riesgo – los Estados tienen la obligación de adoptar medidas reforzadas para prevenir las violaciones de los derechos de las mujeres. A este respecto, cabe mencionar la posición de la perita Guzmán Rodríguez:

En el contexto de allanamientos, capturas y privaciones de la libertad el enfoque de género debería concretarse en un conjunto amplio de medidas que deberían considerar, al menos, las siguientes: (i) caracterización previa de las personas potencialmente afectadas con dichas medidas con el fin de planear las actividades correspondientes; (ii) prevención de riesgos de ocurrencia de violencias basadas en género, por ejemplo, a través de la capacitación previa de quienes participan en diligencias penales y la adopción de mecanismos específicos de verificación en estas diligencias; (iii) identificación temprana de posibles casos que configuren violencias basadas en género (VBG); (iv) remoción de los factores de riesgo que pueden llevar a la ocurrencia de VBG; (v) investigación de todos los hechos que puedan constituir alguna forma de VBG; y (vi) atención y reparación a las víctimas de VBG.

27. En el contexto de los allanamientos de domicilio, también puede constatarse la presencia de estereotipos de género que afectan negativamente el comportamiento de las autoridades estatales. Como ha reconocido esta Corte, entre otros, en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México (2009), las condiciones de subordinación de las mujeres a prácticas basadas en estereotipos de género se agravan cuando se reflejan en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades policiales. En el caso que se analiza, llama especialmente la atención que las mujeres víctimas, en reiteradas ocasiones, indicaron que fueron objeto de un lenguaje sumamente misógino y discriminatorio por parte de los agentes estatales que participaron en los allanamientos, quienes se refirieron a ellas como “perras” 45, entre otras palabras degradantes.

28. Además de las agresiones verbales ya generalizadas, la mayoría de las mujeres sufrieron algún tipo de violencia sexual en el momento del allanamiento nocturno de su domicilio, en clara contradicción con los preceptos internacionales que exigen su protección contra toda forma de violencia y discriminación, incluida la basada en el sexo,47 en especial, cuando se encuentran bajo la custodia del Estado. Las declaraciones recibidas por este Tribunal son atroces, indicando un nivel extremo de violación de la privacidad e intimidad de estas mujeres, reflejado, en parte, en la Sentencia (párrs. 184-190). Cabe recordar que esta Corte ya ha subrayado el carácter particularmente grave y condenable de la violación sexual cometida por los agentes de seguridad contra las mujeres detenidas, así como que en ningún caso es admisible tal violación.

29. La violencia de género ejercida en el caso concreto se acentuó, en línea con lo expuesto anteriormente (ver II.b), porque se produjo por la noche, circunstancia en la que las mujeres eran más vulnerables. A este respecto, las declaraciones recibidas por este Tribunal son espantosas. A modo de ejemplo, citamos el relato de una de las víctimas según el cual, al momento del allanamiento de su domicilio, estaba vestida con su pijama (un pantalón corto y una camiseta) y rogó a los policías que la rindieron que la permitieran ponerse unos pantalones. Sus peticiones fueron denegadas y, ante la negativa, los agentes del Estado comenzaron a insultarla y humillarla aún más.

30. Como ha cristalizado en la jurisprudencia de este tribunal y está bien establecido en la Sentencia, el deber reforzado de protección del Estado también existe en relación con los niños, niñas y adolescentes, en consonancia con el principio del interés superior del menor. Este interés se manifiesta en el contexto específico de los allanamientos de domicilio, en los que se intensifica la vulnerabilidad de los menores, dada la ruptura del sentido de protección del hogar y el testimonio de la detención de los adultos con los que cultivan las relaciones familiares y la confianza. No en vano, el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), ratificada por Bolivia en 1990, garantiza expresamente a los menores la protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia y su domicilio54. Por lo tanto, los Estados tienen el estricto deber de considerar y, en la medida de lo posible, mitigar los riesgos de violación de sus derechos.

31. Especialmente en lo que se refiere a los allanamientos nocturnos, es posible que las autoridades policiales prevean la presencia de niños, niñas y adolescentes en el lugar de la operación, por lo que deben considerar el trauma al que se verá expuesto el niño, la niña o el adolescente cuando se cuestione su creencia de estar inserto en un entorno de protección y refugio en su hogar. Por lo tanto, es imprescindible buscar, en la medida de lo posible, realizar las operaciones policiales (si son necesarias y están respaldadas por la legalidad) durante el día, cuando se pueden mitigar los impactos sobre la niñez. Esta obligación está en consonancia con el entendimiento de que los niños, niñas y adolescentes son especialmente vulnerables a diversas formas de violencia y que cualquier acción estatal que pueda afectarles negativamente exige una protección y una diligencia reforzadas.

32. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos al evaluar la cuestión en el caso Dokukiny v. Rússia (2022), en la que se detuvo al padre de un niño de 4 años en su presencia, condenó el hecho de que los agentes de policía no tuvieran en cuenta la presencia del menor y no consideraran su interés superior. El Tribunal subrayó que ver cómo la policía se llevaba al padre constituía una experiencia dolorosa y traumática56.También destacó la preocupación por la ausencia de directrices e instrucciones específicas sobre la planificación de las detenciones y otras operaciones policiales en situaciones que implican la presencia de niños, a fin de evitar su exposición a escenas de violencia y el riesgo de que sufran abusos físicos57. Precisamente, por ello, el Tribunal Europeo ha subrayado que, a la hora de planificar y llevar a cabo operaciones policiales contra adultos, deben tenerse en cuenta los intereses de los menores presentes .

33. Todos estos preceptos fueron violados en las operaciones que tuvieron lugar en el caso Valencia Campos y otros v. Bolivia. Durante los allanamientos nocturnos, los niños y adolescentes fueron expuestos a escenas de violencia contra sus padres y madres (incluyendo escenas de violencia sexual)59. Por si no fuera suficiente el gran trauma que supone ser testigo de este tipo de violencia, algunos niños y adolescentes también sufrieron violencia física directa a manos de los agentes del Estado60. En un vídeo de la operación presentado como prueba en este caso, la imagen de una niña, en su cama y en pijama, siendo abordada por las fuerzas policiales es desgarradora.

34. Nos impacta, entre otros, el testimonio de una de las víctimas que era menor de edad en el momento de los hechos, en el que se verifica la ocurrencia de las dos formas de violencia a las que fueron sometidos los menores:

[V]i a mi mamá ensangrentada y la mesa del comedor llena de sangre, vi a mi papá tirado en el piso con sangre en la cara y el piso lleno de sangre en su cabeza pusieron algo, los policías lo golpeaban todo el tiempo (…) yo me puse a llorar pero en silencio porque no quería que me peguen igual que a él, uno de los policías me dijo dejare de pegar a tu papá si me avisas donde hay dinero, pero yo no sabía (…) y el policía me pegaba una y otra vez con la culata del arma, así paso una media horas más, luego me dijo que le dejaría de pegar a mi papá si le avisaba donde vivía el camba (se refería a Eladio Cruz) y me saco de la casa en pijama con mis pantuflas, sin pedir permiso a mi papás para salir de la casa, no dejaron que me abrigue, no me dejaron sacar nada de mi casa, me tuvieron parado en la calle en el pasaje Las Rosas por mucho tiempo .

35. Por ello, la consideración de la especial vulnerabilidad de estos grupos refuerza el entendimiento del Tribunal Europeo, en el caso Gutsanovi v. Bulgaria (2014), de que la presencia de familiares en el lugar de detención debe ser tenida en cuenta a la hora de planificar y ejecutar las operaciones policiales, con el fin de salvaguardar los intereses legítimos de terceros vulnerables que no son el objetivo de la orden de detención y considerar el especial impacto producido en mujeres y niños63. Así, tras haber llamado la atención sobre el sólido fundamento del imperativo de la inviolabilidad del domicilio, sobre el carácter especialmente intrusivo de los allanamientos nocturnos de domicilio y sobre los efectos negativos especialmente desproporcionados que tales operaciones policiales suponen para los grupos vulnerables, abordaremos, en la Parte III, bajo qué estrictas condiciones pueden, excepcionalmente, justificarse los allanamientos nocturnos.

 

III. La evaluación de la convencionalidad de los allanamientos nocturnos en base a los deberes de estricta legalidad y proporcionalidad.

 

36. El debate sobre la convencionalidad de los allanamientos nocturnos debe situarse en la intersección entre el proceso penal, el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. La tensión entre los derechos individuales y los intereses colectivos o estatales se manifiesta con mayor intensidad en el contexto de los procesos penales. La forma en que el Estado maneja esta tensión es uno de los principales indicadores del nivel de protección de los derechos y garantías individuales que ofrece el respectivo ordenamiento jurídico-constitucional. En este sentido, Roxin y Schünemann afirman que el derecho procesal penal es el “sismógrafo de la constitución estatal”.

37. Esta relación tensional entre los derechos individuales y la persecución penal, cuya brújula es el orden constitucional, puede verse desde una doble perspectiva. Por un lado, las constituciones nacionales, así como la Convención y otros instrumentos normativos  internacionales,  contienen  una  serie  de  "derechos  procesales fundamentales", como el derecho al debido proceso legal, el derecho a un procedimiento contradictorio y a una defensa completa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al silencio, y otros.

38. Sin embargo, desde otro punto de vista, el proceso penal está constituido por intervenciones o restricciones a los derechos fundamentales "comunes", no a los derechos específicamente procesales-penales como los mencionados en los párrafos anteriores. Por ejemplo, una interceptación telefónica representa una intervención en el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones; la detención en flagrancia y la prisión preventiva son restricciones (severas) del derecho a la libertad de circulación, la fianza es una intervención en el derecho a la propiedad, etc. Asimismo, el registro domiciliario implica la intervención en el derecho a la inviolabilidad del domicilio y, especialmente en horario nocturno, en el derecho a la intimidad y a la privacidad. Así, las medidas coercitivas aplicadas contra el imputado en el proceso penal (en sentido amplio, incluyendo la fase de investigación), como un registro domiciliario (nocturno)65, no son meras herramientas procesales-penales puestas a disposición del Estado, sino que constituyen verdaderas intervenciones en derechos fundamentales, y deben ser analizadas jurídicamente como tales.66 Esto significa que el aparato de derecho constitucional (y convencional) debe ser utilizado para verificar la legitimidad de este tipo de restricciones a los derechos más básicos y vitales del individuo. El proceso penal debe concebirse, por tanto, utilizando una expresión ya establecida, como un derecho constitucional (y, por qué no decirlo, convencional) aplicado67.

39. Las intervenciones o restricciones de los derechos no son sinónimo de violaciones de los derechos. Las restricciones a los derechos pueden estar justificadas, siempre que se cumplan dos requisitos básicos e indispensables: la restricción debe basarse en una previsión legal específica y aplicarse de forma proporcional. En otras palabras, el Estado puede restringir derechos justificadamente si se observa el principio de reserva legal - justificación formal 71 - y el principio de proporcionalidad - justificación material. Es importante destacar que estos requisitos deben cumplirse de forma acumulativa72: para certificar la legitimidad de una determinada intervención o restricción, no basta con remitirse a una norma de autorización expresa, sino que es necesario comprobar el principio de proporcionalidad fue respetado en el caso concreto; por el contrario, no es suficiente con demostrar la proporcionalidad de la restricción sin poder señalar una base legal determinada73. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de la ONU también señala que la injerencia en el hogar no sólo debe ser legal sino también no arbitraria, observando las circunstancias particulares de cada caso.

40. La primera condición para la justificación de una restricción de un derecho fundamental es la observancia del principio de reserva de ley. “En una democracia constitucional, un derecho constitucional no puede ser limitado a menos que esa limitación esté autorizada por la ley", nos recuerda Aharon Barak. El principio de reserva de ley también exige que la ley que autoriza la intervención en un derecho fundamental sea clara y determinada. Como afirma Greco, "sin una ley específica que prevea con relativa claridad la intervención e imponga límites materiales y procedimentales, no será lícita la intervención en el derecho fundamental”. En casos como el que nos ocupa, el cumplimiento de este principio es aún más importante, ya que se trata de una excepción a una prohibición categórica: la prohibición, como norma, de los registros domiciliarios nocturnos. Por lo tanto, la intervención regular del registro domiciliario no sólo debe estar prevista por la ley, sino también, y con especial rigor y minuciosidad , las limitadas excepciones a la prohibición de los allanamientos nocturnos.

41. Este requisito relativo al principio de reserva de ley se cumple, a primera vista o en abstracto, en el caso analizado, dado que, como ya se ha dicho, las excepciones que permiten el registro nocturno estaban previstas en la Constitución boliviana y en el ordenamiento infraconstitucional, siguiendo el ejemplo de la mayoría de los ordenamientos jurídicos nacionales del Continente Americano80. Sin embargo, el principio de reserva de ley no sólo implica que la intervención deba estar prevista por la ley. Es necesario que la aplicación de la norma se produzca dentro de los límites estrictos de la norma de autorización. En otras palabras, es imperativo que la ley que autoriza la intervención en el derecho fundamental sea interpretada y aplicada con rigor, especialmente cuando se trata de una hipótesis excepcional a una prohibición, como en el caso de los allanamientos domiciliarios nocturnos. Al igual que en el derecho penal material, la prohibición de la analogía permanece intacta.

42. No se concede al juez, ni a las fuerzas policiales, discrecionalidad para promover la intervención en los derechos fundamentales fuera de las hipótesis circunscritas por los límites semánticos de la norma autorizada. En el caso concreto, como ya se mencionó y se identificó correctamente en la sentencia, hubo una patente falta de respeto a la norma de autorización cuando se ejecutaron los registros tras la situación fragrante.

43. Además de estar justificada desde un punto de vista formal, bajo el prisma del principio de reserva de ley, una medida coercitiva como un registro domiciliario (nocturno), que supone una restricción de un derecho fundamental, debe tener una justificación material. Esto debe verificarse a través del principio de proporcionalidad. No es necesario dar más explicaciones sobre este principio, ampliamente reconocido por la doctrina y los tribunales internacionales83. Basta decir que, de acuerdo con este principio, una vez abierto el ámbito de protección de un determinado derecho fundamental, la intervención estatal será proporcional si cumple los siguientes criterios o pasos: adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. La medida estatal será adecuada si es idónea para promover un fin constitucionalmente legítimo; y necesaria si no existe otra medida tan eficaz como la adoptada para promover el fin perseguido y que restrinja con menor intensidad el derecho fundamental afectado; además de estos criterios, según la noción de proporcionalidad en sentido estricto (también conocida como "prohibición de exceso", traducción de la expresión alemana (Übermaßverbot) hay que preguntarse si, a pesar de la adecuación y necesidad de la medida, ésta no incide demasiado en el derecho fundamental afectado en relación con el valor de promoción del fin perseguido – en esta última fase de análisis se realiza una ponderación entre los derechos e intereses antagónicos implicados84. Este examen de proporcionalidad ha sido adoptado por esta Corte, por ejemplo, en Hong Ho Wing y otros vs. Perú (2018), que trataba del tema de las detenciones arbitrarias:

[Sin perjuicio de la legalidad de una detención, es necesario en cada caso hacer un análisis de la compatibilidad de la legislación con la Convención en el entendido que esa ley y su aplicación deben respetar los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que la medida privativa de libertad no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención;

ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido;

iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, razón por la cual el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.

44. En el caso concreto de los allanamientos de domicilio – especialmente el registro nocturno, que sólo se permite de forma excepcional – el principio de proporcionalidad exige que el magistrado o juez justifique la necesidad de la medida y especifique cuándo se llevará a cabo85 y, en los casos de estricta necesidad antes mencionados, que se realice en horario nocturno86. Asimismo, deberá fundamentar expresamente por qué no es posible realizar el allanamiento en horario diurno. Entre los criterios que deben sustentar este análisis, destacamos, sin perjuicio de otras consideraciones, los enumerados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia Buck v. Alemania (2005): la gravedad de la infracción en relación con la operación policial, la forma y las circunstancias en que se dictó la orden, y el contenido y alcance de la misma, con especial atención a la naturaleza de las pruebas buscadas y a la garantía implementada. También hay que tener en cuenta que, en los allanamientos nocturnos, es necesario justificar específicamente la necesidad de que la policía entre en los domicilios en la madrugada mientras los residentes están en la cama88. Además, en la decisión deben sopesarse otros factores importantes, como la presencia de niños y mujeres en el hogar. Como ya ha señalado el Comité Internacional de la Cruz Roja en sus Normas Internacionales relativas a la Función Policial, es importante que las operaciones policiales se planifiquen con diligencia para tomar todas las precauciones posibles para proteger a terceras personas que no son el objetivo de la acción e, igualmente, a la persona que va a ser detenida.

45. Es importante considerar, sin embargo, que la ponderación entre el interés estatal y los derechos del ciudadano sólo debe producirse si y después de que se hayan dado los pasos previos adecuados para verificar la justificación de la restricción al derecho fundamental. La ponderación no es un sustituto ni de los juicios de adecuación y necesidad, ni mucho menos del principio de reserva de ley o legalidad. Cuando el juez autoriza una determinada intervención (como en el caso de la autorización judicial para un allanamiento nocturno), no le corresponde ponderar libre y directamente los intereses de la persecución penal y los derechos individuales, sino que su decisión queda vinculada a los principios de legalidad y proporcionalidad en sentido amplio. En otras palabras, al aplicar una norma que autoriza una intervención en un derecho fundamental, el juez debe realizar una subsunción estricta del sustrato fáctico a la ley. Más allá de los contornos semánticos de la norma de autorización y sin los juicios de adecuación y necesidad, cualquier consideración está proscrita.

46. Hay que señalar, por tanto, que la reserva de jurisdicción no sustituye, ni suplanta la reserva de ley, ni mucho menos el principio de proporcionalidad, sino que los concreta y complementa, tal y como ha afirmado el TEDH: "the fact that a search is based on a warrant issued by a judge does not necessarily amount to a sufficient safeguard. It also matters whether that prior judicial scrutiny was properly carried out (...): whether the judge duly examined the existence of a reasonable suspicion justifying the search”91.

47. En resumen, es justo decir que el caso analizado muestra la importancia de concebir las medidas coercitivas en el proceso penal como restricciones a los derechos fundamentales, que requieren de una justificación, tanto desde el punto de vista formal, a través de una ley habilitante que debe ser interpretada dentro de sus límites semánticos intrínsecos, como desde el punto de vista material, con estricto respeto al principio de proporcionalidad y sus componentes (adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto). Corresponde al legislador establecer categóricamente la prohibición de los allanamientos nocturnos y definir claramente las excepciones restringidas a dicha prohibición, y corresponde al juez, a su vez, interpretar estrictamente la norma de autorización, concediendo o rechazando la medida a la luz de su adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, especificando en su motivación las razones que impiden que la diligencia se haga en horario no nocturno.

48. Es importante, como consecuencia de los supuestos anteriormente analizados, definir las situaciones concretas que justificarían la excepcionalidad de la inviolabilidad del domicilio, frente al análisis de la proporcionalidad de la medida, especialmente en horario nocturno, que es lo que se pretende en el presente caso. Es decir, una vez verificada la necesidad de prever expresamente, por parte de las legislaciones nacionales, la prohibición de los allanamientos nocturnos y comprobada la inconvencionalidad de estas medidas, es necesario establecer cuáles serían las excepciones a esta prohibición, para que también estén expresamente previstas por los ordenamientos.

49. Siendo así, se enumera la posibilidad de entrar en un domicilio sin autorización judicial figura como una excepción expresa a la regla general, en el caso de flagrancia, tal y como se prevé en el ordenamiento jurídico boliviano ya analizado, y como ocurre también en Portugal, España, Paraguay y Brasil, entre otros. Veamos:

Constitución de Portugal, Artículo 34:

Inviolabilidade do domicílio e da correspondência

1. O domicílio e o sigilo da correspondência e dos outros meios de comunicação privada são invioláveis.

2. A entrada no domicílio dos cidadãos contra a sua vontade só pode ser ordenada pela autoridade judicial competente, nos casos e segundo as formas previstos na lei.

3. Ninguém pode entrar durante a noite no domicílio de qualquer pessoa sem o seu consentimento, salvo em situação de flagrante delito ou mediante autorização judicial em casos de criminalidade especialmente violenta ou altamente organizada, incluindo o terrorismo e o tráfico de pessoas, de armas e de estupefacientes, nos termos previstos na lei.

Constitución de España, Artículo 18:

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

Constitución de Paraguay, Artículo 34:

Todo recinto privado es inviolable. Sólo podrá ser allanado o clausurado por orden judicial y con sujeción a la ley. Excepcionalmente podrá serlo, además, en caso de flagrante delito o para impedir su inminente perpetración, o para evitar daños a la persona o a la propiedad.

Constitución de Brasil, Artículo 5º:

XI -la casa es un asilo inviolable del individuo, y nadie puede entrar en ella sin el consentimiento del habitante, salvo en caso de flagrante delito o de catástrofe, o para prestar auxilio, o, durante el día, por determinación judicial;

50. Sin embargo, la cuestión de la flagrancia, que ya está expresamente prevista en varias legislaciones nacionales, adquiere especial relevancia ante la necesidad de establecer parámetros que vayan más allá de la legalidad de la medida. Es decir, no se puede permitir que los agentes de policía entren en los domicilios de terceras personas bajo la simple alegación de que hay información de un crimen en curso, en supuesto cumplimiento de la disposición legal, ya que esto debilitaría y desvirtuaría la garantía de la inviolabilidad del domicilio aquí estudiada.

51. Es decir, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, dada su importancia y protagonismo, sólo puede ser atenuado cuando el delito flagrante revele la legítima urgencia de entrar en el domicilio ajeno, debidamente justificada y amparada en razones de hecho y de derecho, a fin de evitar que se comprometa la fluidez del procedimiento y la licitud de las pruebas finalmente obtenidas, así como las restricciones indebidas de derecho.

52. Por lo tanto, es necesario ir más allá proponiendo una interpretación que garantice la inviolabilidad del domicilio y que, al mismo tiempo, establezca unos parámetros claros que guíen la actuación de los agentes de seguridad pública en situaciones excepcionales. Para ello, es importante utilizar el artículo 11.2 de la Convención como parámetro de interpretación. Este artículo prevé la protección del hogar contra "injerencias arbitrarias o abusivas”.

53. De ello se desprende que un criterio que debe observarse obligatoriamente en el caso de la excepción derivada de la flagrancia es la existencia de hecho de una justificación previa conforme al derecho que permita el allanamiento de domicilio. Esto significa que la constatación del delito flagrante debe preceder a la entrada en el domicilio y no puede justificarse posteriormente. De lo contrario, sería una medida arbitraria, prohibida por la Convención.

54. A pesar de la posibilidad de prescindir del control judicial previo de la entrada en el domicilio de alguien en esta hipótesis, permitiéndola sin orden judicial, es necesario un riguroso análisis a posteriori por parte del magistrado o juez responsable para verificar si hubo o no violaciones de las garantías individuales en el allanamiento específicamente analizado, como ya ha decidido, por ejemplo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil. El control judicial posterior es de suma importancia para analizar las razones que justificaron el allanamiento de domicilio, si efectivamente existían elementos que indicaran la presencia de un delito flagrante, es decir, si el análisis de proporcionalidad realizado por los agentes de seguridad pública era coherente, y si existía una base mínima para la adopción de medidas restrictivas de derechos.

55. En términos más concretos respeto de los límites del análisis del juez, se pueden mencionar, por ejemplo, las pruebas ilícitas, las denuncias anónimas y las declaraciones de "informantes" no identificados no pueden servir para debilitar la inviolabilidad del domicilio, sobre todo en horario nocturno, para que la policía pueda allanarlo en la supuesta situación de flagrancia. En estos casos, las pruebas finalmente obtenidas deben considerarse nulas, por su manifiesta ilegalidad, sin perjuicio de la eventual responsabilidad de los agentes de seguridad pública que participaron en la operación ilegal.

56. Además, la cuestión debe ponerse de relieve a la luz de los crímenes de carácter permanente, cuyo estado de flagrancia se prolonga en el tiempo - en el que el entendimiento que se adopte sobre la posibilidad de violación de domicilio con independencia de una orden judicial debe limitarse a los escenarios en los que se manifiesten elementos suficientes de probabilidad delictiva, es decir, razones fundadas para que la entrada en el domicilio se considere regular y legal. En este sentido, sólo en aquellas situaciones en las que la situación fáctica previa al allanamiento permite concluir que, más allá de toda duda razonable, se están cometiendo conductas criminales en el domicilio, es posible hablar de plausibilidad y licitud del allanamiento.

57. En estos casos de delitos permanentes, es habitual que los allanamientos a domicilios se produzcan cuando existe una mera información (a menudo procedente de un informante no identificado o de una denuncia anónima) de que se está cometiendo un determinado delito. Es evidente que, a la vista de lo anterior, dicha información no es suficiente para sugerir la situación flagrante necesaria para la realización de un allanamiento de domicilio, ni por la fuente de la información ni por su contenido, si no hay prueba de la supuesta conducta que genere una sospecha fundada.

58. Otra cuestión que debe evaluarse es la posibilidad de excepción a la prohibición de allanamiento de domicilio cuando hay "consentimiento del residente", presente en algunas legislaciones nacionales. Esta hipótesis merece más atención, porque es evidente que desconoce la relación desigual que se establece entre el ciudadano y el agente público, especialmente en esta situación en la que el agente pretende tomar una medida para restringir la garantía de inviolabilidad del domicilio.

59. De hecho, la desconfianza en el consentimiento del residente es mencionada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Amos v. United States (1921), en la que se considera que el consentimiento para entrar en la residencia sin una orden judicial no es una renuncia al derecho constitucional contra el allanamiento y la incautación arbitrarios. En otra decisión, la Corte Suprema dictaminó que el consentimiento del residente debe ser "inequívoco, específico y dado con conocimiento de causa, no contaminado por ninguna truculencia o coerción" (United States v McCaleb94).

60. En este sentido, el consentimiento no debe considerarse de forma arbitraria para permitir el allanamiento del domicilio cuando no existe una sospecha razonable de que la situación es flagrante, por el mero hecho de que el ciudadano, dentro de la relación de desigualdad que se establece con el agente público con autoridad y poder, ha permitido a los agentes entrar en el domicilio. Vale la pena reforzar que el allanamiento sin orden judicial sólo es posible cuando existe una constatación previa y fundada de flagrancia, con elementos objetivos y concretos que, dentro de un análisis de proporcionalidad, permiten la acción.

61. No es posible excluir dicho requisito alegando que existió el consentimiento de los residentes. El hecho es que ese consentimiento, para ser jurídicamente válido, debe ser voluntario y libre de coacciones. Es evidente, por tanto, que no se permite ninguna coacción por parte de la autoridad policial para que el residente permita la entrada en su domicilio.

62. Aunque no se niega la posibilidad de prever expresamente dicha excepción, incluso con las salvedades presentadas, el consentimiento, al igual que la flagrancia, también requiere un cuidadoso análisis judicial posterior. En este caso, el juez debe comprobar primero con qué elementos contaban los agentes de seguridad pública para poder adoptar esta medida y, después, qué pruebas hay de que el residente consintió libre y espontáneamente la entrada. En caso de duda, por ejemplo, si las versiones de los agentes y de los residentes son diferentes, debe prevalecer la versión de la persona cuyo derecho fue vulnerado: el ciudadano. Esto se debe a que el Estado tiene la carga de probar que el consentimiento fue realmente libre y voluntario. Para garantizar la inviolabilidad de la medida, el Código del Procedimiento Penal francés, por ejemplo, exige que el consentimiento sea expreso, mediante una declaración manuscrita del interesado, de la siguiente manera:

Article 76 : Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment95.

63. No obstante, aunque exista una declaración expresa de consentimiento, es necesario que el Estado pruebe que éste se dio libremente, sin que haya indicios de que se obtuvo de forma coercitiva. Dicho requisito es fundamental para evitar arbitrariedades y abusos de autoridad a la hora de realizar un allanamiento de domicilio.

64. Además, es fundamental analizar las particularidades subjetivas del individuo que expresa su consentimiento, como la edad, el nivel de educación, la capacidad intelectual, entre otras hipótesis que podrían eventualmente interferir en su libre aquiescencia.

65. Por último, el libre consentimiento no puede estar condicionado a alguna circunstancia periférica, como ocurre cuando la autoridad ofrece "promesas" para que el particular autorice el allanamiento de domicilio.

66. Así, a la vista de las consideraciones y argumentos expuestos, concluimos que cualquier intervención en el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, que engloba otros muchos derechos intrínsecos a la intimidad y a la privacidad, debe limitarse a la observación de dos preceptos básicos: el principio de reserva de ley y el de proporcionalidad, que legitiman acumulativamente una determinada medida coercitiva por parte de la autoridad policial.

67. En este sentido, dada la importancia y magnitud del tema, es necesario determinar parámetros concretos que puedan autorizar la entrada de agentes del Estado en domicilios ajenos, especialmente en situaciones de delito flagrante. Ante esto, la orientación que deben seguir las autoridades es que la situación de flagrancia debe ser cuidadosamente analizada a posteriori en cuanto a la comprobación previa de la ocurrencia de un crimen dentro de la residencia. Además, en relación con el consentimiento del residente para la entrada de los agentes del Estado en su residencia, es obligatorio que este consentimiento sea espontáneo y libre de coacción.

68. Con ello se pretende regular y parametrizar las actuaciones de los agentes públicos relacionadas con el allanamiento de domicilio, pretendiendo que cesen los abusos especialmente practicados en las operaciones policiales, así como regular la entrada lícita en el domicilio ajeno, para que no surjan medidas violatorias de los derechos fundamentales de la persona, especialmente de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes.

 

Conclusión.

 

69. La sentencia dictada por este Tribunal en el presente caso abordó, en profundidad, la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones cometidas en el marco de una persecución penal contra las víctimas, a la luz de la Convención.

70. Este voto razonado ha pretendido demostrar que los allanamientos domiciliarios nocturnos son incompatibles con la Convención y con los estándares de esta Corte, siendo admisibles sólo en situaciones absolutamente excepcionales y, sobre todo, cuando están clara y notoriamente previstas en la Constitución o la Ley y requieren una motivación reforzada que justifique las razones por las cuales no se puede hacer la diligencia en horario no nocturno. Es decir, no pueden ser considerados por los Estados como procedimientos rutinarios de persecución penal, a libre disposición de los operadores de justicia, sino como instrumentos que constituyen una de las más graves intervenciones en la esfera de los derechos individuales. Por esta razón, los allanamientos nocturnos sólo pueden justificarse mediante la más estricta observancia acumulada de los dictámenes de legalidad y proporcionalidad en todas sus dimensiones.

 

Nancy Hernández López 

          Jueza

 

 

Rodrigo Mudrovitsch 

                                                                                                                              Juez

 

Pablo Saavedra Alessandri 

           Secretario

 

 

VOTO CONCURRENTE Y PARCIALMENTE DISIDENTE DE LA

JUEZA PATRICIA PEREZ GOLDBERG

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

 CASO VALENCIA CAMPOS y OTROS VS. BOLIVIA 

SENTENCIA DE 18 DE OCTUBRE DE 2022

(Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

 

Con pleno respeto a la decisión mayoritaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Corte” o el “Tribunal”), emito este voto 1 con dos propósitos. El primero, plantear mi concordancia con la decisión de la mayoría en el sentido de establecer la responsabilidad del Estado Plurinacional de Bolivia por la vulneración de los derechos reconocidos en los artículos 7.2 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, la CADH, la Convención o el Tratado), sin perjuicio de formular algunas precisiones generales relativas a la práctica de allanamientos nocturnos en el contexto de investigaciones penales. El segundo, explicar por qué resulta improcedente establecer la responsabilidad internacional del Estado por la pretendida vulneración del derecho individual a la salud con base en el artículo 26 del referido Tratado.

Para efectos de orden, me referiré separadamente a cada uno de estos temas.

 

I. La entrada y registro nocturno a la luz de la Convención

 

1. El 14 de diciembre de 2001 en La Paz, un grupo organizado de personas asaltó un vehículo de la empresa Prosegur, empleando armas de grueso calibre, producto de lo cual fallecieron tres personas: el conductor, un policía y un empleado que se desempeñaba como “porta valores” 2 . Estos hechos dieron lugar al inicio de una investigación penal en contra de las víctimas del presente caso. En el contexto de dicho procedimiento, el mismo 14 de diciembre la autoridad judicial ordenó el “allanamiento con facultades de requisa” respecto de dos inmuebles “con el fin de buscar a los autores y proceder al arresto de los sospechosos, secuestrar armas, vestimenta militar o policial, secuestrar documentación relacionada con los hechos, así como objetos e instrumentos relacionados con los delitos investigados”. Con posterioridad dicha resolución fue ampliada respecto de otros seis inmuebles, autorizándose operativos durante la noche, con habilitación de horas extraordinarias y días feriados, de conformidad al artículo 118 del Código Procesal Penal.

2. Se realizaron allanamientos y detenciones en las moradas de varios de los imputados4, la mayoría de ellos en horas de la madrugada y en presencia de niños y niñas. Durante su ejecución las víctimas fueron golpeadas, torturadas y las mujeres fueron objeto de violencia sexual.

3. En lo que nos ocupa, al efectuar el análisis del derecho a la libertad personal, la Corte establece que “los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio, y que, en esa medida, deben emplear los medios necesarios para enfrentar la delincuencia y criminalidad organizada incluyendo medidas que impliquen restricciones o incluso privaciones a la libertad personal” 5 . Lo anterior por cierto, dentro del marco del respeto a los derechos reconocidos por la Convención.

4. En relación con el requisito de legalidad de las afectaciones a la libertad que experimentaron las víctimas, el Tribunal concluyó que las mismas eran ilegales. Ello, en razón de que la Constitución vigente a la época de los hechos expresamente prohibía las entradas nocturnas al domicilio, salvo que mediara consentimiento del afectado o en caso de delito flagrante.

5. El Estado alegó que los ingresos y detenciones estaban amparados por la situación de flagrancia en que se habrían encontrado los imputados. Sin embargo, examinados los hechos a la luz de la normativa interna, ello no resultaba plausible pues el ordenamiento boliviano contemplaba una formulación de la flagrancia restringida a los casos en que “el autor del hecho es sorprendido en el momento de intentarlo, de cometerlo o inmediatamente después mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o los testigos presenciales del hecho”6. En este caso, las entradas domiciliarias y subsecuentes detenciones, se produjeron cuatro días después de la ocurrencia del delito investigado, temporalidad que evidentemente escapa a la hipótesis de flagrancia prevista en la legislación interna.

6. En su análisis de fondo, la Corte resolvió que los allanamientos y detenciones practicadas no cumplieron con el requisito de legalidad al haber sido realizados en contravención de una expresa prohibición contenida en la Constitución de Bolivia vigente al momento de los hechos de los allanamientos nocturnos, vulnerando así el artículo 7.2 de la Convención7.

7. Desde luego, concuerdo con tal decisión, sin embargo, vale la pena subrayar que el artículo 7.2 del Tratado establece que “nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Por ello, conviene precisar que la formulación de esta norma no prohíbe los allanamientos nocturnos y ninguna disposición de la CADH contiene una proscripción en tal sentido. De hecho, el artículo es una norma de reenvío al ordenamiento interno y fue en ese marco que la Corte se pronunció sobre la ilegalidad del allanamiento. En este caso la diligencia nocturna no cumplió con el requisito de legalidad porque, como se ha dicho, el propio ordenamiento boliviano proscribía expresamente tales diligencias, salvo mediando consentimiento o delito flagrante. En este orden de ideas, -y si bien eventualmente huelga decirlo- no puede leerse esta decisión como un criterio extrapolable a situaciones que se presenten en el futuro respecto de otros Estados. Se trata de un análisis que ha de realizarse en concreto, considerando los hechos respectivos a la luz del derecho interno aplicable y de la Convención.

8. Adicionalmente, en el caso que nos convoca, entre otras violaciones, la Corte declaró la vulneración de los derechos a la vida privada y familiar reconocidos en el artículo 11.2 y 17 de la Convención. Señala la Corte que “[l]a limitación de los allanamientos nocturnos es una forma de garantizar el derecho a la vida privada, a la protección familiar y al domicilio, en el marco de las competencias estatales para realizar detenciones en el ejercicio del poder punitivo”.

9. Sobre el particular, resulta procedente plantear algunas consideraciones sobre la medida investigativa de entrada y registro en lugar cerrado, también denominada en algunas legislaciones como “allanamiento domiciliario”.

10. Como se sabe, los actos de investigación que se llevan a cabo en el proceso penal tienen por objeto allegar elementos probatorios que permitan esclarecer el hecho punible bajo análisis. Tales actuaciones pueden llegar a afectar derechos fundamentales de las personas investigadas, por eso el deber del Estado de esclarecer los delitos que se cometan en su territorio debe sujetarse a ciertos límites formales para que la incorporación de los antecedentes obtenidos al acervo probatorio sea lícita.

11. Lo que hacen los ordenamientos entonces, es establecer tales límites, procurando balancear las necesidades de la persecución penal con la salvaguarda de las libertades individuales. La manera en que se dibujan los contornos de la facultad de investigar del Estado tiene un impacto tanto individual como colectivo. En palabras de López, “los alcances que un ordenamiento jurídico reconozca el derecho a la privacidad y los límites que éste imponga a la persecución penal modelan en gran medida, el grado de libertad de que gozan los individuos en su vida cotidiana y, por tanto, la forma de vida de la sociedad de que forman parte”.

12. Pues bien, uno de los límites al esclarecimiento de la verdad material en las investigaciones penales es precisamente el derecho a la privacidad, el cual se proyecta en distintas esferas: el cuerpo, la vestimenta, equipaje y vehículo, el domicilio y las comunicaciones privadas.

13. Efectivamente, en aras de la protección del domicilio y particularmente, de la expectativa de privacidad10 que se tiene al interior del mismo, las normativas nacionales establecen que tal esfera de intimidad no puede traspasarse por razones de interés investigativo, salvo que haya causas determinadas que lo justifiquen, regulaciones que poseen distintas fisonomías en cada Estado.

14. El control jurisdiccional que las legislaciones suelen establecer como requisito previo de la realización de una diligencia intrusiva de este tipo se justifica en que medidas de esta entidad pueden implicar una colisión con derechos constitucionalmente reconocidos, en especial la inviolabilidad del hogar o del domicilio, que se encuentran establecidos y desarrollados en buena parte de las constituciones modernas.

15. A partir de la revisión de las normativas sobre entradas domiciliarias en nuestra región se desprenden algunas características que permiten formarse una visión general respecto a su regulación.

16. Tales medidas intrusivas de entrada y registro se encuentran presentes en la mayoría de las legislaciones procesales penales. En general se practican previa orden judicial -que determina sus límites- y suelen estar sujetas a reglas sobre horarios y procedimientos que buscan asegurar la adecuada información al afectado y controlar la función de la autoridad que la practica.

17. Estas normas están fuertemente relacionadas con la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio y el derecho a la vida privada, que se recoge en la mayoría de los textos constitucionales del contexto americano. Es, con todo, inusual que estos textos regulen en detalle las condiciones y requisitos conforme a los cuales puede afectarse legítimamente ese derecho, siendo comunes las remisiones a la ley.

18. En el nivel legal las medidas de entrada en domicilios privados se suelen regular conjuntamente con otras medidas, generalmente los registros, a las que se encuentran fuertemente asociadas por ser estos una consecuencia lógica de las primeras. En algunos casos ambas diligencias se tratan de manera conjunta y se someten a requisitos similares. En general las normas están ubicadas en los capítulos de los códigos relativos a la prueba.

19. En cuanto a los horarios en que pueden practicarse las diligencias, en general estas tienen lugar en un espacio de tiempo acotado y durante el día. Con todo, varias normativas (Código Procesal Modelo para las Américas, Nicaragua, Chile, Argentina) permiten expresamente que los allanamientos se practiquen en horario nocturno o derechamente en cualquier horario (El Salvador), bajo la exigencia de que ello sea autorizado judicialmente y conste su justificación en la resolución respectiva. En algunas legislaciones (Panamá, Chile) no rigen las limitaciones horarias cuando se trata de lugares abiertos al público y no destinados a la habitación. Otras, como los casos de México, República Dominicana y Paraguay, no contemplan normas sobre horario, pero establecen un rango de días o semanas desde la dictación de la resolución en que la diligencia debe practicarse; o bien la fecha en que debe tener lugar, como es el caso de Uruguay. Finalmente, el caso de Bolivia es uno en que se prohíbe derechamente el allanamiento nocturno, salvo en caso de flagrancia. En el nivel constitucional, las constituciones de Guatemala y Honduras disponen limitaciones horarias expresas.

20. En consecuencia, coincidentemente con este panorama, es necesario tener en cuenta que las limitaciones a la práctica de esta diligencia de entrada (y, eventualmente, registro) se justifican en la necesidad de proteger el derecho a la vida privada frente a intromisiones estatales no justificadas. Esto es importante porque, como sabemos, por regla general esta medida procede en virtud de orden judicial previa. Será entonces un tribunal quien deba efectuar la ponderación respectiva, evaluando si los antecedentes que se han invocado respecto del hecho punible y la participación del o los imputados ameritan o no la afectación del derecho, decisión que deberá ser motivada.

21. Al hilo de estas reflexiones es claro que la posibilidad de que un determinado Estado contemple los allanamientos nocturnos como medida intrusiva, no es per se incompatible con la Convención. Lo será -eventualmente- si, como en este caso, dicha práctica estaba prohibida por la normativa interna o si no cumplió con las exigencias del test de proporcionalidad.

22. Por cierto, al momento de evaluar una intromisión tan severa como esta, será necesario que los operadores jurídicos de los Estados consideren medidas alternativas, menos gravosas para cumplir con el objetivo investigativo y si ello no es posible, deberán adoptar las providencias que permitan mitigar los impactos perjudiciales para personas en situación de mayor vulnerabilidad, como niños, niñas, mujeres y personas mayores.

23. En este sentido, y como bien lo expresó la perita Piqué en audiencia, el derecho a la privacidad no es un derecho absoluto y los Estados pueden y a veces deben interferir en el domicilio.

24. Es importante entonces destacar que en el ejercicio de sus actividades investigativas los agentes del Estado (fiscales, policías, organismos auxiliares periciales, personal de apoyo, entre otros) deben tomar en cuenta en qué condiciones se encuentran las personas que serán afectadas por la medida, empleando las perspectivas adecuadas al caso (género, niñez, discapacidad por ejemplo) con el objeto de adaptar sus procedimientos de manera tal de reducir los impactos diferenciales negativos de la medida en cuestión.

25. En otros términos, el hecho de que en el contexto de una investigación deba ingresarse a un domicilio en donde se encuentren personas pertenecientes a grupos vulnerables no hace inviable tal ingreso, sino que obliga al Estado a actuar diligentemente y a adoptar las medidas pertinentes en el sentido ya señalado.

26. Por otra parte, como lo demuestran los datos disponibles13, es en el seno del hogar donde con pavorosa frecuencia se producen hechos de violencia física, psicológica o sexual gravemente dañinos para mujeres, niños y niñas, por lo cual habrá casos en que será necesaria una mayor intervención del Estado en la esfera tradicionalmente privada de la familia. En términos generales y desde la perspectiva más amplia de la política pública, ello se expresará por ejemplo en la necesidad de que los Estados adopten medidas de prevención, investigación y sanción de la violencia.

27. Es la preservación del orden y la paz social lo que permite el disfrute de las libertades individuales. Y es la búsqueda de este objetivo lo que justifica que el Estado posea el monopolio de la fuerza pública. El ejercicio de ese poder estatal puede implicar la restricción de derechos de determinadas personas, limitaciones que están permitidas al amparo del artículo 30 en relación con el artículo 32 de la CADH. Esta última disposición precisamente indica que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática.

28. Los riesgos asociados a la inacción en materia de orden público generan percepciones de inseguridad que -entre otros efectos-, van minando la cohesión social al interior de las comunidades, propician un abandono de los espacios públicos, y producen un cambio de hábitos y estilo de vida que afecta particularmente a las mujeres, a las niñas y niños y a la población perteneciente a los sectores más desfavorecidos. Las personas económicamente más vulnerables no tienen la posibilidad de cambiarse de domicilio, de modificar sus rutas o medios de transporte, ni de contratar medidas de seguridad privada que les ayuden a conjurar los riesgos reales o percibidos derivados de la comisión de delitos. La actuación estatal oportuna y eficaz para prevenir y hacer frente al fenómeno de criminalidad es entonces uno de los arreglos institucionales fundamentales de cara a una sociedad más justa y libre.

 

II. Improcedencia de declarar la violación del artículo 26 de la Convención

 

A. Aplicación del artículo 26 de la Convención en virtud del principio iura novit curia

 

29. En primer lugar, cabe señalar que la única alegación respecto de la vulneración del derecho a la salud la formuló el representante de la señora Patricia Catalina Gallardo, quien expuso que a consecuencia de los malos tratos, tortura y violencia sexual de que había sido objeto la víctima, había sufrido una seria afectación tanto a su salud física como psicológica. Añadió que desde que le fuera concedida la detención domiciliaria la señora Gallardo no contaba con tratamiento y medicación por parte del Estado. En razón de lo anterior, planteó la vulneración del derecho de la salud de su representada con base en el artículo 26 de la Convención. El Estado no se refirió a estas consideraciones y por su parte, ni la Comisión ni las representaciones de las demás víctimas aludieron a esta solicitud, ni formularon alegaciones en relación con la vulneración del derecho de la salud de alguna otra de las víctimas.

30. Estos argumentos fueron acogidos por la Corte15 señalando al respecto que la señora Gallardo había presentado “en varias ocasiones sus pretensiones respecto a la atención en la salud para poder hacer frente a las secuelas dejadas por las torturas y malos tratos vividos, las cuales no han sido atendidas por el Estado. De esta forma, se considera que el Estado violó el derecho a la salud de la señora Patricia Gallardo Arduz.”

31. Seguidamente, la sentencia dedica un párrafo16 para afirmar que “además, de los hechos probados se desprende que varias actuaciones del Estado a lo largo de los hechos de este caso implicaron una afectación al derecho a la salud de las presuntas víctimas. Por lo anterior, en aplicación del principio iura novit curia del cual se ha valido reiteradamente la jurisprudencia internacional en el sentido de que el juzgador posee la facultad, e inclusive el deber, de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente corresponde analizar estos hechos a la luz del derecho a la salud respecto de las demás presuntas víctimas del presente caso”.

32. A continuación, se recuerda que la Corte ha establecido “que el Estado tiene el deber como garante de la salud de las personas bajo su custodia, de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento médicos adecuados cuando así se requiera”17, citándose como ejemplos de tal criterio los casos Tibi Vs. Ecuador (2004) y Espinoza Gonzales Vs. Perú (2014). Cabe recordar que en ambas sentencias la Corte consideró las insuficiencias de la asistencia sanitaria en el contexto penitenciario como afectaciones a la integridad personal de las víctimas, no como violaciones a un derecho autónomo a la salud.

33. Posteriormente se alude a algunas recomendaciones internacionales en materia de trato a las personas privadas de libertad que se refieren la necesidad de que se les practique un examen médico tanto al momento de su ingreso como con periodicidad mientras se mantengan bajo custodia estatal. Adicionalmente, se releva la obligación de atender las necesidades de personas pertenecientes a grupos especialmente vulnerables como mujeres embarazadas, en situación post parto o que hayan experimentado una emergencia obstétrica.

34. Finalmente, en aplicación del principio iura novit curia se decide que el Estado vulneró el derecho a la salud de todas aquellas personas que no fueron objeto de un control médico al momento de su detención y de la señora F.E.P.M. por no habérsele otorgado una atención especializada pese a encontrarse en una situación de vulnerabilidad.

35. Desafortunadamente en la sentencia no se brindan razones que justifiquen la aplicación del principio iura novit curia, pues el señalamiento de que la jurisprudencia internacional se ha valido reiteradamente del mismo constituye una tan solo una afirmación destinada a constatar un dato, un argumento de autoridad, más no una motivación.

36. Corresponde reiterar aquí lo que señalé en mi voto disidente en el caso Mina Cuero Vs. Ecuador18, en cuanto a que en el ámbito de la adjudicación internacional la aplicación del principio no ha sido uniforme, destacándose -por la habitual utilización del mismo- la jurisprudencia del Sistema Interamericano, y no la jurisprudencia internacional en su conjunto. Por cierto, la disuelta Corte Permanente de Justicia Internacional19, la Corte Internacional de Justicia20 y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 21 también han reflexionado sobre los alcances del referido principio, pero haciendo un uso más restringido del mismo.

37. Si bien múltiples sentencias de esta Corte han razonado en torno a esta herramienta jurisdiccional22, la mera afirmación de que es un principio que se ha aplicado reiteradamente en la jurisprudencia no exime al Tribunal (ni a este ni a ningún otro) de justificar su aplicación y de utilizarlo de forma moderada y cautelosa.

38. En este sentido, es necesario, por una parte, tener en cuenta que los hechos23 siempre establecen un límite al derecho, en cuanto a que la tarea de identificación y aplicación de este último debe hacerse sobre la base del marco fáctico determinado en el informe de fondo y por otra; que debe procederse de manera tal de no afectar la igualdad de armas y en particular, el derecho de defensa de los Estados.

39. En este orden de ideas, coincido con lo que planteara el juez Sierra Porto en su voto parcialmente disidente en el caso Lagos del Campo Vs. Perú,24 en cuanto a que la posibilidad de aplicar el referido principio es una facultad que debe ser utilizada bajo ciertos criterios de razonabilidad y pertinencia, como cuando “sea manifiesta la violación de derechos humanos o cuando los representantes o la Comisión hayan incurrido en un grave olvido o error, de manera que la Corte subsane una posible injusticia, pero dicho principio no debe utilizarse para sorprender a un Estado con una violación que no preveía en lo más mínimo y que no tuvo la oportunidad de controvertir ni siquiera en los hechos”.

40. Como se refirió anteriormente, aparte de la alegación específica que hizo el representante de la Sra. Patricia Catalina Gallardo, la pretendida vulneración del derecho a la salud respecto de las restantes víctimas no fue planteada por ninguno de sus representantes ni tampoco invocada por la Comisión. No encontrándonos en los supuestos excepcionales que justifican la aplicación del principio iura novit curia no correspondía que la Corte declarara la vulneración del derecho a la salud de otras trece víctimas. Es evidente que no fue posible para el Estado prever ni controvertir tal aserto ni desde el punto de vista de los hechos ni del derecho, lo cual importó una afectación del debido proceso que todo Tribunal está obligado a garantizar.

 

B. Incompetencia de este Tribunal para declarar la violación autónoma del derecho a la salud con base en el artículo 26 de la Convención

 

41. La Corte declaró la violación del derecho a la salud respecto de trece personas en total. Respecto de la Sra. Gallardo indicó que dicha violación se derivaba de que ella había presentado “en varias ocasiones sus pretensiones respecto a la atención en la salud para poder hacer frente a las secuelas dejadas por las torturas y malos tratos vividos, las cuales no han sido atendidas por el Estado.” Adicionalmente, el Tribunal decidió que se había violentado el derecho a la salud de las doce personas detenidas que no fueron objeto de un control médico al momento de su detención. También estimó vulnerado el derecho respecto de la señora F.E.P.M, al no haber recibido atención médica a pesar de sufrir sangrados producto de un aborto, ni habérsele brindado atención especializada tomando en cuenta su situación de especial vulnerabilidad.

42. En esta oportunidad y tal como lo expresé en mis votos parcialmente disidentes en los casos Guevara Díaz Vs. Costa Rica y Mina Cuero Vs. Ecuador, ratifico mi posición en torno a la falta de competencia de este Tribunal en materia de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales (en adelante, DESCA).

43. No reiteraré acá los múltiples reparos lógicos, jurídicos y prácticos que suscita la teoría de la justiciabilidad directa de los DESCA, que con su admisión por la mayoría de la Corte a partir del caso Lagos del Campo Vs. Perú ha generado a su turno un conjunto de nuevas problemáticas que no hacen sino afectar la razonable predictibilidad y seguridad jurídica que debe garantizar el Tribunal.

44. Sin perjuicio de referirme en particular a los argumentos señalados en la sentencia, solo consignaré acá las principales objeciones que plantea este modo de proceder:

a. Pasa por alto el que las obligaciones internacionales deben emanar del consentimiento previo y expreso de los Estados.

b. Los Estados no han otorgado competencia a este Tribunal para pronunciarse respecto de los DESCA.

c. Pretender ampliar artificialmente la competencia del Tribunal importa soslayar las reglas de interpretación del Tratado, por ende, en la práctica se está mutando el contenido del referido Tratado al margen de las reglas previstas para su modificación o enmienda,25 es decir está operando una mutación jurisprudencial del texto.26

d. Huelga mencionar que entre las razones que se entregan para acoger esta teoría no hay ninguna que se haga cargo de la norma expresa contenida en el Protocolo de San Salvador, al que se opta simplemente por ignorar.

45. La primera razón que se esgrime en favor de la competencia del Tribunal es que, a partir de ciertas normas de la Carta de la OEA, se derivaría interpretativamente la inclusión en dicha Carta del derecho a la salud. En primer lugar, tal instrumento no confiere competencias a este Tribunal. En segundo término, a partir de la lectura de las normas de las cuales se desprendería este supuesto derecho, se advierte que se trata de disposiciones programáticas que no están definiendo derechos ni sus correlativos deberes.

46. No es posible interpretar los artículos 34.i, 34.l y 45.h citados en la sentencia al margen de norma que encabeza el capítulo de “Desarrollo Progresivo”, el artículo . En efecto, dicho artículo 30 señala que “los Estados miembros, inspirados en los principios de solidaridad y cooperación interamericanas, se comprometen a aunar esfuerzos para lograr que impere la justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral, condiciones indispensables para la paz y la seguridad. El desarrollo integral abarca los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico, en los cuales deben obtenerse las metas que cada país defina para lograrlo”.

47. El artículo 34 indica que “los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas: letra i) Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia médica y letra l) Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna.

48. Por su parte el artículo 45 señala que “los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos: letra h) El desarrollo de una política eficiente de seguridad social

49. En síntesis, la Carta de la OEA no reconoce el derecho al trabajo, ni menos aún define su contenido. En consecuencia y como lo he señalado en otras oportunidades, concebir el artículo 26 de la Convención como una norma de remisión a todos los DESCA que estarían comprendidos en la Carta de la OEA desatiende el compromiso adoptado por los Estados Parte y abre un camino de incertidumbre respecto del catálogo de derechos justiciables ante el Tribunal, afectando la legitimidad de su actuación.

50. La mayoría plantea que este Tribunal ha reconocido en diferentes precedentes el derecho a la salud como un derecho protegido a través del artículo  -lo que por cierto, no constituye una razón en favor de su aplicación- y que respecto de la consolidación de este derecho existe “un amplio consenso regional ya que se encuentra reconocido explícitamente en diversas constituciones y leyes internas de los Estados de la región”.

51. Vale la pena detenerse en este argumento, porque pareciera ser que se pretende homologar la Convención a las Constituciones de los Estados parte, como si una y otras fuesen piezas equivalentes de ese denominado “consenso regional”. Ello constituye un error tanto respecto de la naturaleza de ambos tipos de instrumentos, como respecto de su alcance, porque la Convención es un tratado internacional, suscrito entre los respectivos Estados, en cambio la Constitución de cada país es un acuerdo al cual ha arribado la ciudadanía en virtud de sus procesos deliberativos democráticos internos. Su alcance es diferente también. Mientras la CADH está llamada a regir en el plano de la adjudicación internacional, las Constituciones respectivas tienen un alcance doméstico, circunscrito al respectivo Estado.

52. Como he señalado en otras oportunidades es preciso entonces, distinguir ambos planos -relacionados- pero diferentes. Uno es el ámbito nacional, en donde mediante procedimientos democráticos, la ciudadanía decide plasmar los DESCA en su respectivo ordenamiento jurídico, incorporando también el derecho internacional sobre esta materia, como ocurre en la vasta mayoría de los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En ese contexto, son los tribunales nacionales quienes -en el ámbito de sus competencias- ejercen sus facultades respecto a la interpretación y la justiciabilidad de los mismos, de conformidad a sus Constituciones y leyes.

53. Otro, distinto – aunque complementario- es el internacional. En tanto tribunal internacional, el rol de la Corte en este ámbito es decidir si el Estado cuya responsabilidad se reclama, ha violado o no uno o más de los derechos establecidos en el Tratado. A la luz del diseño normativo de éste y conforme al artículo 26, el Tribunal está facultado para establecer la responsabilidad internacional del Estado si ha incumplido las obligaciones de desarrollo progresivo y no regresividad, no de los DESCA considerados individualmente.

54. El razonamiento de la mayoría continúa desplegándose en el sentido de que “los derechos a la vida y a la integridad se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana y que la falta de atención médica adecuada puede también conllevar la vulneración de los artículos 5.1 y 4 de la Convención”.

55. Esta aseveración está en la línea de lo que ya he expresado en Guevara Díaz Vs. Costa Rica (2022) y Mina Cuero Vs. Ecuador (2022), en cuanto a que la correcta doctrina que debiera seguir la Corte es precisamente considerar las dimensiones económicas, sociales y culturales de los derechos reconocidos en las normas convencionales y ejercer su competencia adjudicativa por vía de conexidad. Tal forma de proceder fue la que empleó el Tribunal en casos anteriores a la sentencia dictada en el caso Lagos del Campo Vs. Perú (2017) como aconteció, por ejemplo, en el caso Ximenes Lopes Vs.Brasil (2006)  ; Gonzáles Lluy y otros Vs. Ecuador  (2015) y Chinchilla Sandoval Vs. Guatemala (2016). Como es sabido, con posterioridad al caso Lagos del Campo, la Corte ha venido sosteniendo la justiciabilidad directa de los DESCA sobre la base del artículo 26, salvo en los casos Rodríguez Revolorio Vs. Guatemala (2019) y Martínez Esquivia Vs. Colombia (2020).

56. De hecho en esta sentencia se señala que “por las malas condiciones de detención el Estado vulneró los artículos 5.1 y 5.2 en relación con el artículo 1.1 de la CADH en perjuicio de un conjunto de víctimas”. Era perfectamente posible entonces seguir el camino trazado en los casos Chinchilla Sandoval Vs. Guatemala (2016) y Rodríguez Revolorio Vs. Guatemala (2019), en donde se determinó que las deficientes condiciones de asistencia sanitaria al interior de los establecimientos penitenciarios configuraban una vulneración del derecho a la integridad personal de las víctimas. Tal proceder habría permitido desarrollar los alcances del derecho a la asistencia sanitaria en conexión con la integridad personal, dentro del marco de la competencia de la Corte y sin producir el desgaste institucional y dificultades de legitimidad que genera este tipo de decisiones.

57. Finalmente, en la sentencia se plantea que es posible distinguir dos dimensiones del derecho a la salud. Por una parte, una obligación general de protección a la salud referida a la obligación de garantizar una prestación médica de calidad y por otra, una obligación relacionada con el derecho individual a la salud, caracterizada por su exigibilidad inmediata. En línea con lo señalado en el numeral anterior, es posible y deseable que el derecho a la salud en su aspecto individual sea analizado en conexión con el derecho a la vida o a la integridad personal (enlazando los artículos 4 o 5 con el artículo 26 de la CADH) y en su vis general y progresiva a la luz del artículo 26 en concordancia con el artículo 1.1 de la Convención. Esto permitiría a la Corte determinar cuándo una deficiente atención sanitaria ha producido una afectación a la vida o integridad de la persona y cuándo la prestación ofrecida por el Estado, o en otros términos la política pública sanitaria que éste ejecuta, no está a la altura de su compromiso de progresividad y no regresividad en los términos del artículo 26.

58. Este modo de proceder afecta la seguridad jurídica que debe garantizar un tribunal internacional y la legitimidad de sus decisiones, puesto que la argumentación que se brinda simplemente ignora una norma que expresamente limita la competencia a la Corte para conocer de eventuales vulneraciones de los DESCA.

59. Lo propio de la fundamentación de una sentencia judicial es que los argumentos contenidos en ella permitan al lector reproducir y comprender el razonamiento que ha empleado el Tribunal para arribar a una decisión en concreto. La determinación de sostener la justiciabilidad de un DESCA no puede construirse sobre la base de ignorar lo establecido por el Protocolo de San Salvador, del cual Bolivia es además Estado parte.

60. Cabe recordar que lo que hace el artículo 19 es definir dos tipos de mecanismos de protección. Uno general -aplicable a todos los derechos reconocidos en el Protocolo- que consiste en el examen, observaciones y recomendaciones que distintos organismos del Sistema Interamericano pueden formular respecto de los informes que deben presentar los Estados acerca del desarrollo progresivo de los DESCA. Y otro, –previsto únicamente respecto de los derechos de organización y afiliación sindical y del derecho a la educación– que hace factible que una eventual violación a los mismos pueda ser conocida por la Corte.

61. Lamentablemente y como han expresado Medina y David, “la posición de la mayoría socava la efectividad no solo del Protocolo de San Salvador sino del propio artículo 26”35, disposición convencional que tiene un contenido específico que la Corte puede y debe desarrollar en los casos que le corresponda conocer.

62. De la lectura del artículo 26 esta se advierte que, a diferencia de lo que acontece a propósito de los derechos civiles y políticos especificados y desarrollados en el Capítulo II de la Convención, en él se establece una obligación para los Estados parte en el sentido de adoptar las “providencias” es decir las acciones, medidas o políticas públicas necesarias para lograr “progresivamente” la plena efectividad de los derechos derivados de normas de la Carta de la OEA, en la “medida de los recursos disponibles” (lo que es congruente con el carácter progresivo de la obligación) y por “vía legislativa u otros medios apropiados”. En otros términos, cada Estado parte tiene la obligación de ir formulando definiciones y avanzando decididamente en estas materias, de acuerdo con sus procedimientos deliberativos internos.

63. Reitero que afirmar la ausencia de justiciabilidad directa de los DESCA ante la Corte no implica desconocer la existencia, la enorme importancia de tales derechos, el carácter interdependiente e indivisible que estos tienen respecto de los derechos civiles y políticos ni tampoco que carezcan de protección o que no deban ser protegidos. Es por cierto deber de los Estados permitir que la autonomía de las personas se actualice, lo cual implica que estas puedan contar con acceso a bienes primarios (más amplios que los definidos en el ámbito de la filosofía política por John Rawls)36, que hagan posible el desarrollo de sus capacidades, esto es, acceder a derechos económicos, sociales y culturales.

64. Lo expresado no debe llevar a confundir los repertorios normativos de que disponen los tribunales nacionales y un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay ninguna norma del Tratado (integrado por la Convención y su Protocolo) que la faculten para declarar vulnerado el derecho a la salud en su dimensión individual en forma autónoma.

65. En síntesis, los tribunales internacionales deben ejercer su competencia en el marco fijado por los tratados pertinentes. Tales instrumentos jurídicos constituyen su fundamento y también el límite de su actuación. Desde una perspectiva democrática, lo expresado es coherente con el debido respeto a los procesos deliberativos internos que se desarrollan a propósito de la ratificación de un tratado y con el tipo de interpretación que desarrollan los tribunales internacionales. Dicha labor hermenéutica se ejerce respecto de normas de derecho internacional, no es de naturaleza constitucional.

 

 

Patricia Pérez Goldberg

                                                                                                                          Jueza

 

 

Pablo Saavedra Alessandri 

          Secretári