Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0250/2022-S3

Sucre, 12 de abril de 2022

SALA TERCERA

Magistrado Relator:    Dr. Petronilo Flores Condori

Acción de amparo constitucional

Expediente:                  39334-2021-79-AAC

Departamento:             La Paz

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración objetiva de la prueba, así como el principio de verdad material; puesto que, los Magistrados hoy accionados, mediante Sentencia Agroambiental Plurinacional S2° 17/2020 de 15 de julio, declararon improbada su demanda contenciosa administrativa planteada contra la RS 16129 de 31 de agosto de 2015, cuyos argumentos consignados en los puntos 1 y 2 de ese fallo agroambiental, son vulneratorios a sus derechos e incongruentes al no reflejar una valoración intrínseca de esa demanda, determinando que no existiría vulneración del derecho propietario de la MUSERPOL, ya que el INRA durante el proceso de saneamiento actuó conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria y el DS29215, instancia donde debieron ejercitar y oponer el derecho de propiedad que aducen tener; así también, indicaron que, al conocer el proceso de saneamiento y su publicidad, la MUSERPOL estaba obligada a participar activamente del mismo para hacer valer sus derechos.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La competencia de los jueces, Tribunales de garantías y Salas Constitucionales para conocer una acción tutelar

La SCP 0704/2021-S3 de 6 de octubre, citando a su vez a la SCP 0602/2020-S3 de 6 de octubre, ambas emitidas dentro de una acción de libertad; no obstante ello, sus entendimientos son perfectamente aplicables a la presente acción de defensa, estableció que: “Respecto al derecho al debido proceso en su elemento de competencia de la autoridad judicial, varios instrumentos internacionales se pronuncian sobre la protección que recibe el mismo. Así, el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece que: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter’. En el mismo sentido, el art. 25.1 de la CADH refiere que: ‘Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales’.

(…)

Por lo expuesto, se concluye que la normativa señalada establece la garantía de ser juzgado dentro de un debido proceso por un juez o tribunal que ostente una competencia establecida por la ley con anterioridad para conocer y resolver los hechos o actos cometidos contra los derechos fundamentales; determinación que puede ser aplicada a la competencia de las autoridades que conocen y resuelven procesos constitucionales en calidad de Jueces, Tribunales de garantías y Salas Constitucionales.

Por su parte, el art. 3 de la Ley 1104 de 28 de septiembre de 2018, que derogó al art. 32 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé de forma específica el ámbito territorial, indicando que:

I. Las Salas Constitucionales serán competentes para conocer y resolver las acciones referidas en el Artículo 2 de la presente Ley, por hechos generados en las ciudades capitales de departamento y los municipios que se encuentren a veinte (20) kilómetros de las mismas.

II. En los municipios no comprendidos en el Parágrafo anterior, las acciones de defensa previstas en el Artículo 2 de la presente Ley, podrán ser interpuestas ante cualquier Juzgado Público de la jurisdicción o Salas Constitucionales de su Departamento.

III. Cuando en el lugar no hubiere autoridad, será competente la Jueza, Juez, Tribunal o la Sala Constitucional al que la parte pueda acceder por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte. Si la violación del derecho hubiese sido fuera del lugar de residencia de la afectada o el afectado, ésta o éste podrá presentar la acción, si lo estima pertinente, ante la Sala o Juzgado competente por razón de domicilio del accionante’..

Al efecto, se tiene que en esa disposición se incorpora a las Salas Constitucionales para el conocimiento de las acciones de defensa, manteniéndose los mismos alcances que fueron determinados en el artículo derogado. Por ello, se tiene que los precedentes constitucionales que hicieron referencia a la competencia de los Jueces y Tribunales de garantías son aplicables en relación a la normativa procesal vigente.

(…)

Así, la SCP 1778/2013 de 21 de octubre, estableció que: por el ámbito territorial, son competentes para conocer las acciones de defensa, el Juez o Tribunal: 1) Del lugar donde se haya producido la violación del derecho; 2) Del lugar de mejor acceso por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte para acceder, en los lugares donde no hubiere Juez o tribunales; y, 3) Del domicilio del afectado o afectada, cuando la violación hubiere sido cometida fuera del lugar de su residencia’.

Dicho entendimiento fue complementado por la SCP 0100/2019-S2 de 5 de abril, que dispuso: … si bien la regla indica, que es competente el juez o tribunal, donde se hubiere producido la violación del derecho; sin embargo, la misma norma admite las excepciones antes anotadas vinculadas a: a) La cercanía territorial o mejores condiciones de transporte para acceder a la justicia constitucional; y, b) El domicilio de la o el afectado, cuando la violación hubiere sido cometida fuera del lugar de su residencia.

Excepciones, que tienen por objetivo facilitar el acceso a la justicia constitucional y que inclusive se mantienen actualmente en la Ley 1104 de 27 de septiembre de 2018, que en su art. 3, respecto a la competencia territorial de la Salas Constitucionales

(…)

Entonces, de acuerdo a lo anotado, estas reglas de competencias y sus excepciones deben ser observadas por jueces, juezas y tribunales de garantías, que tienen que actuar en todo caso, en el marco de los principios de favorabilidad y pro actione, permitiendo el acceso a la justicia constitucional, para no desnaturalizar los principios de inmediatez y celeridad en la tramitación de las acciones de defensa y la eficaz protección de los derechos y garantías denunciados como vulnerados por el accionante (…)’.

Por lo expuesto, esta Sala concluye con base en una interpretación sistemática de la normativa legal boliviana, de los instrumentos internacionales y del entendimiento expuesto por la jurisprudencia constitucional citada, que tanto, los Jueces, Tribunales de garantías como Salas Constitucionales tienen el deber de conocer y resolver de manera oportuna las acciones de defensa establecidas por la Constitución Política del Estado y la Ley 1104, debiendo ejercer plenamente la potestad de su competencia, bajo los lineamientos de sus atribuciones y facultades que conllevan al desempeño de sus funciones en su calidad de juez natural en materia constitucional, para la protección de los derechos y garantías constitucionales. Por esa razón, se encuentran obligadas a cumplir con las reglas y excepciones mencionadas en la jurisprudencia constitucional (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración objetiva de la prueba, así como el principio de verdad material; puesto que, los Magistrados hoy accionados, mediante Sentencia Agroambiental Plurinacional S2° 17/2020 de 15 de julio, declararon improbada su demanda contenciosa administrativa planteada contra la RS 16129 de 31 de agosto de 2015, cuyos argumentos consignados en los puntos 1 y 2 de ese fallo agroambiental, son vulneratorios a sus derechos e incongruentes al no reflejar una valoración intrínseca de esa demanda, determinando que no existiría vulneración del derecho propietario de la MUSERPOL, ya que el INRA durante el proceso de saneamiento actuó conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria y el DS29215, instancia donde debieron ejercitar y oponer el derecho de propiedad que aducen tener; así también, indicaron que, al conocer el proceso de saneamiento y su publicidad, la MUSERPOL estaba obligada a participar activamente del mismo para hacer valer sus derechos.

De la revisión de antecedentes se tiene que luego de la emisión de la RS 16129, dictada dentro del proceso de saneamiento correspondiente al predio denominado “Hacienda Canelas”, ubicado en el municipio de Arbieto, provincia Esteban Arze del departamento de Cochabamba (Conclusión II.1.), la parte accionante a través de su representante interpuso demanda contenciosa administrativa impugnando esa Resolución Suprema; demanda que fue declarada improbada por Sentencia Agroambiental Plurinacional S2° 17/2020, pronunciada por los Magistrados ahora accionados, manteniendo firme la señalada Resolución Suprema. Con esa Sentencia Agroambiental Plurinacional, la parte accionante fue notificada el 21 de julio de 2020 (Conclusión II.2.).

Así también, se tiene que mediante Testimonio 407/2020 de 31 de diciembre, del Poder Notarial otorgado en la ciudad de Cochabamba, Constantino Jaime Larrea López, Vicepresidente; Víctor Ernesto Ríos Calero, Secretario de Relaciones; Vicente Martínez Ibarra, Secretario de Deportes; Julio Olguín, Secretario de Actas y Mario Ferrel Montaño, Secretario de Hacienda, en su calidad de miembros del Directorio de la ANSCLAPJUPOL CBBA, con sede social ubicada en la calle Grover Suárez esquina Calle Charcas 105; confirieron poder especial, amplio y suficiente en favor de Tomás Guido Omonte Vargas, Presidente de dicha Asociación, para que en su representación interponga la acción de amparo constitucional (Conclusión II.3.).

Establecidos los antecedentes procesales y en vista de la alegación de incompetencia -en razón de territorio- de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por parte del Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Arbierto del citado departamento, y los representantes del Sindicato Agropecuario Canelas, ahora terceros interesados, de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, relativo a las reglas de la competencia de los jueces, Tribunales de garantías y Salas Constitucionales para conocer las acciones tutelares, se establece que en razón de territorio, son competentes para conocer, dilucidar y resolver las acciones de defensa, entre ellas la acción de amparo constitucional, las autoridades: i) Del lugar donde se produjo la vulneración del derecho; ii) Del lugar de mejor acceso por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte para acceder a los lugares donde no hubiesen jueces, Tribunales de garantías o Salas Constitucionales; es decir, autoridades constitucionales; y, iii) Del domicilio del afectado, cuando la vulneración del derecho se cometa fuera del lugar de su residencia.

Bajo ese contexto jurisprudencial y debido a la interposición de la acción tutelar en el departamento de La Paz, siendo que, por un lado, la ANSCLAPJUPOL CBBA, ahora parte accionante y los miembros de su Directorio tienen su domicilio en la ciudad de Cochabamba; y por otro, que la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2° 17/2020, fue pronunciada por los Magistrados hoy accionados con asiento judicial en la ciudad de Sucre, Capital del departamento de Chuquisaca, corresponde verificar la concurrencia de las reglas de la competencia precedentemente mencionadas y establecidas por la jurisprudencia constitucional, bajo el marco de lo establecido por el art. 3 de la Ley de Creación de las Salas Constitucionales; se establece que:

a) Respecto a la primera regla, se tiene que el lugar donde se produjo y originó la supuesta vulneración de los derechos de la parte accionante emergente del pronunciamiento de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2° 17/2020 por los Magistrados ahora accionados, es en la ciudad de Sucre, debido a que éstos tienen el lugar de sus funciones en esa ciudad; consecuentemente, al presentarse la acción tutelar en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, no se cumplió con la primera regla sobre la competencia.

b) En cuanto a la segunda regla, al encontrarse constituida y asentada la parte accionante -ANSCLAPJUPOL CBBA-, en la ciudad de Cochabamba, cuya sede social se ubica en la calle Grover Suárez esquina Calle Charcas 105 y los miembros de su Directorio también tienen sus propios domicilios ubicados en esa ciudad, se concluye que el mejor lugar para que la parte accionante acuda ante la jurisdicción constitucional para la protección y el restablecimiento de sus derechos aparentemente conculcados, es la jurisdicción correspondiente al Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que funciona en la citada ciudad, donde no se puede alegar la ausencia de jueces, Tribunales de garantías y especialmente Salas Constitucionales; siendo en tal sentido la referida ciudad el lugar al que la parte accionante tiene un mejor acceso por razones de cercanía territorial en consideración al lugar en que se ubica su domicilio, su sede social y el domicilio de los miembros de dicho Directorio; por lo tanto, tampoco se tiene por cumplida la segunda regla de la competencia.

c) Con relación a la tercera regla, y debido a que la ANSCLAPJUPOL CBBA, ahora parte accionante, tiene su domicilio en la ciudad de Cochabamba, cuya sede social, de acuerdo al Testimonio 407/2020 cursante de fs. 2 a 4, se encuentra ubicada en la calle Grover Suárez esquina Calle Charcas 105; así como también, los miembros de su Directorio tienen asentados sus domicilios particulares en la misma ciudad, se tiene que el domicilio de la parte accionante se asienta en la jurisdicción del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, donde pudo interponerse la acción de defensa, por la emisión de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2° 17/2020, que considera vulneratoria de sus derechos, fuera del lugar de su residencia; es decir, en la ciudad de Sucre, donde tiene la sede de sus funciones la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental que pronunció dicha Sentencia Agroambiental Plurinacional; en tal sentido, no se cumplió con la tercera regla.

Por lo referido, se evidencia que al interponerse la acción de amparo constitucional en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, no se cumplieron con las reglas de la competencia en razón de territorio de los jueces, Tribunales de garantías y Salas Constitucionales, para conocer las acciones tutelares; puesto que, por el análisis previamente realizado, correspondía que la parte accionante presente la acción de defensa: 1) En la ciudad de Sucre como sede del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, al ser ese el lugar donde aparentemente se produjo la vulneración de sus derechos con la emisión de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2° 17/2020 por los Magistrados ahora accionados, quienes tienen su domicilio en esa ciudad; o, 2) En el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, donde tenía un mejor acceso a la jurisdicción constitucional por la cercanía territorial y por encontrarse su domicilio asentado en la mencionada ciudad, ya que la Resolución que consideraba conculcatoria de sus derechos fue emitida fuera del lugar de su residencia.

En definitiva, se concluye que las autoridades constitucionales de los Tribunales Departamentales de Justicia de Chuquisaca y Cochabamba, eran plenamente competentes para conocer, dilucidar y resolver la acción de amparo constitucional, y no así los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quienes antes de admitirla debieron examinar su competencia en razón de territorio, analizar las reglas de la competencia establecidas al respecto y conforme a ello emitir la decisión que corresponda; sin embargo, al no suceder esa situación; a pesar que los representantes del Sindicato Agropecuario Canelas, adjuntando jurisprudencia emitida al efecto en la cual se les llama la atención por una actuación similar y pidiendo la nulidad del Auto de Admisión de 21 de enero de 2021, por su incompetencia en razón de territorio; dichos Vocales, en vez de declinar su competencia ante la autoridad respectiva, continuaron con la tramitación y el desarrollo del proceso constitucional sin ningún argumento o sustento válido y sin tomar en cuenta que la acción de amparo constitucional formulada por la parte accionante, debió ser planteada en los citados departamentos de Chuquisaca o Cochabamba, en el marco del derecho al debido proceso en su elemento del juez natural.

Por todo lo expuesto, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional corregir el procedimiento y anular obrados en consideración a lo establecido por la SC 2240/2010-R de 19 de noviembre, que señala: “De manera general, se entiende que si un juez o tribunal no se encuentra investido de competencia territorial para conocer una acción tutelar, y sin embargo, tramitó y resolvió la misma, incumpliendo la jurisprudencia constitucional, dicha resolución resulta nula”; en ese sentido, se deben anular obrados hasta el Auto de Admisión de 21 de enero de 2021, cursante a fs. 44 y vta., con la finalidad de que la acción tutelar planteada por la parte accionante, sea conocida y resuelta por la autoridad constitucional competente, con la debida diligencia y celeridad.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, sin observar las normas y jurisprudencia aplicables relativas a las reglas de la competencia en razón de territorio, obró de manera incorrecta.

CORRESPONDE A LA SCP 0250/2022-S3 (viene de la pág. 27).

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

1° ANULAR obrados hasta el Auto de Admisión de 21 de enero de 2021, cursante a fs. 44 y vta., conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

2° Llamar la atención a Israel Ramiro Campero Méndez y Miryam Virginia Aguilar Rodríguez, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por no aplicar las reglas de la competencia territorial establecidas normativa y jurisprudencialmente, instándoles a que en futuras actuaciones observen las mismas con la finalidad de no perjudicar a las partes procesales ni generar dilaciones en la tramitación de los procesos constitucionales.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Navegador
Reiterados
I

Competencia para conocer la acción ...

III

Competencia en razón del territorio...