Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL   0245/2004 -R

Sucre,  20 de febrero de  2004

Expediente:                                     2003-08077-17-RAC

Distrito:                     La Paz

Magistrado Relator:         Dr. José Antonio Rivera Santivañez

En revisión las Resoluciones de 14, 18, 20, 25, 26, 27 y 28 de noviembre cursantes a fs. 8, 11, 13, 34, 39, 43 y 46 de obrados pronunciadas por la Sala Civil Primera y Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior de La Paz, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Antonio Chiquie Dippo contra Morgan López Baspineiro, Presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Justicia y Policía Judicial del H. Congreso Nacional, alegando la vulneración de sus derechos a postular al cargo de Defensor del Pueblo, al trabajo y al ejercicio de la ciudadanía, consagrados en las normas previstas por los arts. 7 inc. d), 40, 61, 128.I y 221 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

Por memoriales presentados a la Sala Civil Primera de la Corte Superior de la Paz, el 13 y 17 de noviembre de 2003, cursantes de fs. 4 a 6 y 9 a 10 y por memoriales presentados a la Sala Social y Administrativa Tercera de la misma Corte, el 19 y 20 de noviembre de 2003, cursantes de fs. 30 a 33 y 36 a 37 de obrados, el recurrente, aseveró lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

De la lectura de un matutino y luego de efectuada las averiguaciones pertinentes, se enteró que se habilitaron a 30 postulantes para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo y se inhabilitó a 24 candidatos, entre los que se encontraba su persona. Se le informó que fue eliminado por que su libreta de Servicio Militar fue presentada en fotocopia simple; es decir, sin legalización.

Con anterioridad, en 1998, postuló al mismo cargo y se le habilitó en forma debida, donde presentó ese documento, ahora en consideración a que su Libreta de Servicio Militar es del año 1958, considera que no existen los archivos pertinentes donde puedan ser legalizados, tampoco se tomó en cuenta que su persona en la anterior postulación presentó esos documentos y lamentablemente no le fueron devueltos; sin embargo, en forma indebida al no admitirse el documento presentado, se estaría presumiendo su falsedad, por lo que al ver quebrantados sus derechos interpone amparo constitucional.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Derechos a postular al cargo de Defensor del Pueblo, al trabajo y al ejercicio de la ciudadanía, consagrados en las normas previstas por los arts. 7 inc. d), 40, 61, 128.I y 221 CPE.

I.1.3. Autoridad recurrida y petitorio

Con esos antecedentes, planteó recurso de amparo constitucional, contra Morgan López Baspineiro, Presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Justicia y Policía Judicial del H. Congreso Nacional, pidiendo sea declarado procedente y se ordene que: a) su nombre sea incluido entre los candidatos habilitados, declarando ilegal la presunción de falsedad del debido cumplimiento de sus deberes militares y b) por el mínimo de equidad y justicia se proceda al cotejo de la libreta original con la fotocopia presentada.

I.2. Resolución

La Sala Civil Primera de la Corte Superior de La Paz, por Auto de 14 de noviembre de 2003, ordenó al recurrente, cumpla previamente en el plazo de 48 horas, con los presupuestos procesales de la norma prevista por el art. 327 incs. 3) y 4) del Código de procedimiento Civil (CPC) y al considerar que el recurrente no cumplió a cabalidad con lo dispuesto, por Auto de 18 de noviembre determinó tenerse como no presentado el recurso, ordenando el desglose de la documentación presentada y luego por Auto de 27 de noviembre de 2003, ordenó la remisión del expediente en revisión ante este Tribunal.

II. CONCLUSIONES

Luego del análisis y minuciosa compulsa de los antecedentes, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1 Dentro del primer recurso de amparo constitucional acontecieron los siguientes hechos:

II.1.1. El 13 de noviembre de 2003, el recurrente, presentó memorial de recurso de amparo constitucional, alegando la violación de diferentes derechos fundamentales (fs. 4 a 6), la Sala Civil Primera de la Corte Superior de la Paz, por Auto de 14 de noviembre, ordenó que el recurrente subsane su memorial complementando los datos del recurrente y del recurrido y que presente documentación que acredita los hechos alegados (fs. 8). El 17 de noviembre del 2003, el recurrente, aclaró mediante memorial los aspectos extrañados, sin embargo, no presentó toda la documentación exigida, por lo que el tribunal de amparo, por Auto de 18 de noviembre determinó que se tenga por no presentado el recurso (fs. 9 a 11).

II.1.2. El 19 de noviembre de 2003, el recurrente recibió en desglose todos los documentos presentados dentro del recurso interpuesto, luego por Auto de 27 de noviembre el tribunal de amparo, ordenó se remitan los antecedentes en revisión ante este Tribunal Constitucional, haciendo constar que el recurrente desglosó en su favor los documentos y presento similar amparo ante la Sala Social y Administrativa Tercera de la misma Corte (fs. 13).

II.1.3 El referido expediente, se remitió de la ciudad de La Paz el 27 de noviembre de 2003, habiendo sido recibido en este Tribunal Constitucional el 4 de diciembre (fs. 14).

II.2  Dentro del segundo recurso de amparo constitucional acontecieron los siguientes hechos:

II.2.1 Por memorial presentado a la Sala Social y Administrativa Tercera de la misma Corte Superior, el 19 de noviembre del 2003, el recurrente interpuso nuevo amparo constitucional contra la misma Autoridad y con los mismos fundamentos y documentos que presentó en la Sala Civil Segunda, alegando que ésta sin razón rechazó su anterior recurso (fs. 30 a 33). La mencionada Sala, por Auto de 20 de noviembre de 2003, al considerar que se encuentra pendiente la “Consulta” del amparo interpuesto en la Sala Civil Primera, ordenó se remita la nueva demanda a la indicada Sala por tratarse del mismo recurso (fs. 34).

II.2.2      El recurrente por memorial presentado el 20 de noviembre de 2003, pidió se admita el amparo interpuesto, impugnando un Auto, sin aclarar a qué Auto se refería (fs. 36 a 37), el tribunal determinó se esté a lo tramitado, remitiendo el expediente mediante oficio a la Sala Civil Primera de la misma Corte (fs. 37 vta. y 38).

II.2.3      La Sala Civil Primera, mediante Auto de 25 de noviembre de 2003, determinó que no se admitió el recurso presentado y por ello no se ordenó la revisión ante el Tribunal Constitucional, por lo que ordenó se remitan antecedentes ante la Sala Social y Administrativa Tercera para que esta actúe conforme a derecho, aspecto que se cumplió mediante oficio (fs. 39 y 40).

II.2.4      La Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior, mediante Auto de 26 de noviembre de 2003, sobrecartó el auto emitido anteriormente, ordenando nuevamente la remisión del expediente a la Sala Civil Primera, en consideración a que en cumplimiento del acuerdo 97/99 de 1 de diciembre y la Aclaración “K” Cite Of. TC. 358/2000 de 21 de julio, todos los recursos de hábeas corpus y amparo constitucional rechazados y no admitidos, deben ser remitidos al Tribunal Constitucional para su revisión, remitiéndose mediante oficio el expediente (fs. 43 a 44).

II.2.5      El recurrente, por memorial presentado en la Sala Civil Primera de la Corte Superior de La Paz, solicitó admita su recurso, ésta mediante Auto de 28 de noviembre de 2003, ordenó la devolución de obrados a la Sala remitente, puesto que ya había remitido los antecedentes en revisión al Tribunal Constitucional, orden que se cumplió mediante oficio (fs. 46 y 47), por decreto de 28 de noviembre, la Presidencia de la Sala Social y Administrativa Tercera, ordenó se remitan los antecedentes ante el Tribunal Constitucional, para la acumulación de los dos expedientes (fs. 48).

II.2.6      Este expediente, se remitió de la ciudad de La Paz el 28 de noviembre, habiendo sido recibido en el Tribunal Constitucional el 1 de diciembre (fs. 49), por lo que al haberse radicado antes que el primer expediente, mediante notas Cite Of. S.G.T.C. 2340/2003 y 2366/2003 de 4 y 8 de diciembre, la Secretaría General del Tribunal Constitucional, solicitó información del primer expediente, a ambos Tribunales de amparo (fs. 50 y 52), habiéndose remitido nota de 9 de diciembre por la Sala Civil Primera, por la que aclaró que el referido expediente fue remitido el 27 de noviembre (fs. 56).

III.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El recurrente, solicitó tutela de sus derechos a postular al cargo de Defensor del Pueblo, al trabajo y al ejercicio de la ciudadanía, consagrados en las normas previstas por los arts. 7 inc. d), 40, 61, 128.I y 221 CPE, mediante la presentación de dos recursos de amparo constitucional, el primer recurso fue declarado como no presentado por el tribunal de amparo por no haber subsanado los requisitos de forma en el plazo otorgado por ley y en el segundo recurso, el tribunal de amparo determinó la acumulación de ambos trámites para su revisión por este Tribunal. En consecuencia, en revisión las referidas resoluciones, corresponde dilucidar si las mismas, se enmarcan dentro de las previsiones de la Constitución y la  Ley del Tribunal Constitucional, a fin de aprobar o revocar las mismas.

III.1  Las normas previstas por el art. 97 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), establecen los requisitos de forma y contenido que deben cumplir los memoriales de los recursos de amparo constitucional y en caso de que los recurrentes no cumplan los requisitos formales, podrán subsanarlos dentro de cuarenta y ocho horas, vencido dicho plazo deberán ser rechazados sin ulterior recurso. Así establece la norma prevista por el art. 98 LTC. Por lo que se concluye que cuando no se cumplen los requisitos formales exigidos por las normas previstas por el art. 97 LTC, el recurso de amparo podrá ser rechazado; en cambio si se cumplen con los requisitos, dicho tribunal tiene la obligación de admitir y tramitar el recurso.

Cabe puntualizar que los requisitos formales, son los previstos en los parágrafos I, II y V del art. 97, los que podrán ser subsanados por el recurrente en el plazo mencionado; mientras que: ".(...) en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal debe entenderse que los otros requisitos son los de contenido, tales los numerales III, IV y VI del art. 97 de la LTC y ante la ausencia de los mismos podrá rechazarse directamente el recurso, a contrario sensu del caso de ausencia de requisitos de forma en que corresponderá al Tribunal o Juez de amparo disponer que sean subsanados en el plazo de 48 horas, en la forma establecida por el art. 98 de la LTC”. (SC 1130/2002-R, de 18 de septiembre).

III.2  En el caso presente, el Tribunal de amparo (Sala Civil Primera de la Corte Superior de la Paz), ordenó que el recurrente señale las generales de Ley del recurrente como de la autoridad recurrida, además de presentar documentos que acrediten los hechos alegados en su recurso, aspectos que lógicamente son requisitos de forma que debía cumplir el recurrente, conforme exigen las normas previstas por el art. 97.I, II y V LTC. Empero, si bien el recurrente, presentó algunos documentos y aclaró los puntos extrañados en su memorial de recurso, pero éstos no fueron suficientemente cumplidos conforme exigió dicho tribunal, por lo que declaró tenerse por no presentado dicho recurso.

De acuerdo a esos datos procesales se tiene que al emitirse esta resolución se incurrió en error, puesto que conforme a lo fundamentado, cuando los recurrentes no cumplen los requisitos formales luego de vencido el plazo otorgado para que se subsanen los mismos, el amparo debe ser rechazado, así establece la norma prevista por el art. 98 LTC, pero de ninguna manera puede el tribunal de amparo declarar como no presentado y establecer al mismo tiempo que cierta documentación sea imprescindible para resolver el recurso, conforme estableció en este caso el Tribunal de amparo, puesto que esto implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, impidiendo de esta manera que el recurrente pueda acudir posteriormente a la misma vía cuando tenga toda la documentación que respalde sus pretensiones, así reconoció este Tribunal a tiempo de emitir la SC 117/2003-R de 28 de enero, cuando se indicó:“(...) el art. 98 LTC ha previsto un plazo de 48 horas para que se subsane tal omisión, pero si no se cumple con el requisito en ese plazo, también estipula que el recurso deberá ser rechazado, pero no podrá tenerse como no presentado y menos exponerse como fundamento de que la prueba adjuntada no acredita de manera fehaciente el acto ilegal denunciado, pues ello, implica de hecho un fallo implícito resolviendo el fondo sin haber compulsado si efectivamente ocurrió la lesión denunciada; vale decir, que cuando el recurrente no presenta prueba alguna o es insuficiente la presentada sólo cabe limitarse a rechazar el recurso por incumplimiento del requisito exigido en el numeral V del art. 97 LTC, evitando exponer otro fundamento que comprometa el fondo”.

III.3 Por otra parte, en el caso presente, el Tribunal de amparo, interpretando equivocadamente las Circulares D 055/2000, K 358/2000 y el Acuerdo 97/99 emitidos por la Presidencia y el Pleno del Tribunal Constitucional, no ordenó la remisión de obrados para la revisión de las resoluciones que emitió, en el entendido que cuando se declaran “no presentados” los recursos, estos no deben ser remitidos en revisión, aspecto que es totalmente errado, puesto que la norma prevista por el art. 98 LTC, no prevé como forma de resolución “tenerse por no presentado”; sino, que determina que en caso de no haberse subsanado oportunamente las observaciones de forma, los recursos deben ser rechazados.

III.4 En la tramitación del presente recurso, se observa también que no se cumplió con la norma prevista por el art. 19.IV in fine CPE, que establece que las resoluciones emitidas en los amparos constitucionales, deben ser remitidas en revisión ante el Tribunal Constitucional en el plazo de veinticuatro horas, al haberse verificado que el Tribunal de amparo, esperó casi diez días para disponer dicha remisión, aspecto que implica la vulneración de dicha norma constitucional.

III.5 Finalmente, respecto de la actuación del recurrente, quien sin esperar la Sentencia Constitucional de revisión de la Resolución del Rechazo de su primer amparo, interpuso uno nuevo ante la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior de la Paz, la que ordenó en forma debida la remisión de antecedentes ante el primer tribunal de amparo y luego a éste Tribunal Constitucional, para la acumulación al primer amparo, corresponde establecer que esta actuación de duplicar (...)  sus reclamos en forma totalmente ilegal, y haciendo uso abusivo de esta acción tutelar al pretender activar dos recursos paralelos sobre un mismo hecho, contra el mismo recurrido, induciendo a error a las autoridades jurisdiccionales que conocen el caso (...) denota una actuación dolosa” (SC 40/2004-R, de 14 de enero), correspondiendo sea sancionada, puesto que lo debido era que al no existir pronunciamiento sobre el fondo de su primer recurso, espere la revisión del mismo por este Tribunal.

De lo precedentemente analizado se concluye que la actuación de ambos Tribunales de amparo al haber declarado “no presentado” el recurso y ordenado la acumulación de los expedientes, pero con diferente fundamento, han aplicado correctamente los alcances de los arts. 19 CPE, 94, 97 y 98 LTC.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 19.IV y 120.7ª  CPE, 7 inc. 8) y 102.V LTC, en revisión:

1º  APRUEBA las Resoluciones de 18 y 26 de noviembre de 2003, pronunciadas por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de La Paz, con la modificación de que el recurso se RECHAZA, conforme establece la norma prevista por el art. 98 LTC.

2º   Llama la atención a los vocales de la Sala Civil Primera de la Corte Superior de La Paz, por no haber remitido el expediente en revisión en el plazo previsto por las normas de los arts. 91.IV CPE y  102.V LTC.

Regístrese, notifíquese  y publíquese en la Gaceta Constitucional.

No interviene el Dr. Willman Ruperto Durán Ribera, por encontrarse con licencia.

CORRESPONDE A LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL   0245/2004-R

Fdo. Dr. René Baldivieso Guzmán             

PRESIDENTE                            

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas

DECANA EN EJERCICIO

Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santivañez              

MAGISTRADO                                     

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Walter Raña Arana

MAGISTRADO