Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

 SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0020/2014-S2

Sucre, 10 de octubre de 2014

SALA SEGUNDA

Magistrado Relator:     Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales

Acción de libertad

Expediente:                  06630-2014-14-AL

Departamento:             La Paz

En revisión la Resolución 09/2014 de 3 de abril, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oswaldo Pablo Saca contra Julio Alanez Mamani, Fiscal de Materia y Justino Mamani Callisaya, Investigador de la División Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de abril de 2014, cursante de fs. 12 a 13 vta., el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Refiere haber sido denunciado injustamente, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, y que fue notificado con la citación de declaración informativa policial, a la cual no asistió por estar delicado de salud, justificando su inasistencia con un certificado médico; por lo que, solicitó nueva fecha y hora para su declaración, en aplicación del art. 163 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la cual nunca fue señalada por la autoridad demandada, vulnerándose preceptos legales, puesto que se limitó a manifestar que “…este a proceso…” (sic); luego, emitieron supuestamente notificaciones, las mismas que no le fueron entregadas personalmente, limitándose a notificarlo en domicilios falsos, a personas que nada tenían que ver con los hechos denunciados, y quienes a su vez las devolvieron.

Anoticiado de los hechos, volvió a presentar memorial de apersonamiento voluntario, solicitando nueva fecha y hora de declaración informativa policial; empero, el Fiscal no se pronunció al respecto, sino que, en complicidad con el investigador asignado al caso, es perseguido injustamente por ambos, hasta el punto de hostigar a su familia, a su esposa y a su suegro, que es de la tercera edad, amenazándoles y manifestándoles, que si no se presenta sería detenido y puesto a disposición del juez; pese a haber demostrado su inocencia con relación a los hechos denunciados y que si bien existe una lesión, ésta se habría ocasionado involuntariamente, y de la cual, está pagando la curación y las letras de la movilidad de su querellante, en la medida de sus posibilidades.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia y a la libertad, citando al efecto los arts. 21.7, 23.II, 116, 117, 119 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

No mencionó petitorio alguno.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 3 de abril de 2014, según consta en el acta cursante a fs. 23 a 27 vta., se realizaron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, en audiencia se ratificó in extenso, en los términos expuestos en la acción de libertad y argumentó los siguientes fundamentos: a) El art. 120 de la CPE, dispone que toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, por eso acudieron a la presente acción de libertad; b) El accionante, quiere tener la seguridad jurídica de presentarse y prestar su declaración, es más, solicitó que se le emita requerimiento fiscal, para la FELCC, para el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Dirección Departamental de Prevención y Robo de Vehículos (DIPROVE), juzgados policiales y registro domiciliario, los cuales no fueron emitidos; documentos con los que quería demostrar que no tiene antecedentes, que es un ciudadano honesto, que si ha tenido algún incidente se ha solucionado entre familiares, pagando las curaciones e inclusive la letra del vehículo; y, c) Cuando efectuaron la notificación con la presente acción de libertad, entre horas 9:00 y 11:00, pegaron en su oficina un requerimiento fiscal, queriendo enmendar y restituir de alguna manera los derechos vulnerados, indicando el nuevo día de declaración.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Julio Alanez Mamani, Fiscal de Materia adscrito a la División de Personas de la FELCC de El Alto, presentó informe escrito manifestando que: 1) La causa radicó ante su despacho el 27 de noviembre de 2013; 2) El informe de inicio de investigación ante el órgano jurisdiccional fue el 28 de similar mes y año; 3) Informe de complementación de las diligencias preliminares ante el Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal de El Alto, el 23 de diciembre del mismo año; 4) De los datos señalados, se comprueba que el caso en cuestión, está bajo el control jurisdiccional; 5) De la compulsa de los antecedentes se advierte que el 11 de enero de 2014, se practicó citación personal al accionante, con señalamiento de declaración informativa para el 15 de similar mes y año, a horas 14:30; pero el 14 de ese mismo mes y año, a horas 14:30, el sindicado devolvió la citación arguyendo estar mal de salud, señalando de forma expresa “…domicilio real en la Av. Palca N° 18 de la zona Pasanqueri, con domicilio procesal en la calle Raul Salmon N° 13 Piso 2 Of. 5…” (sic); 6) El 20 de febrero de 2014, Graciela Songo Quispe, devolvió citación, y el 25 del mismo mes y año, Oswaldo Pablo Saca, pidió nuevo día y hora para declaración informativa, decretándose dicha actuación para el 11 de marzo de similar año, a horas 16:00; asimismo, señaló “…domicilio real en la Av. Palca N° 18 de la zona Chasquipampa y reitera domicilio procesal en la calle Raúl Salmon N° 13, Piso 2, Of. 5…” (sic); 7) Cursa representación del asignado al caso, donde refiere que no se pudo dar con el número de oficina; 8) El 17 de marzo de 2014, se emitió citación para recepción de la declaración informativa policial del sindicado, cursa acta de representación del asignado al caso, que refiere que el accionante que no ha sido habido en el domicilio real señalado “…Av. Palca N° 18 de la zona Chasquipampa…” (sic), notificación con muestrario fotográfico; 9) El 21 de marzo de 2014, Celia Cordeo de Rotales, devolvió la citación; 10) El 24 de similar mes y año, Oswaldo Pablo Saca, presentó escrito solicitando nueva fecha de declaración, a la cual se decretó que “…previamente informe el investigador al caso…” (sic); 11) El 1 de abril de similar año, el accionante presentó escrito reiterando su solicitud de señalamiento de nueva fecha de declaración, la cual se decretó para el 7 del mismo mes y año, a horas 14:30; y, 12) En mérito a los antecedentes expuestos, el Ministerio Público, no vulneró los derechos referidos por el accionante, más al contrario, éste ha señalado domicilios reales y procesales inexistentes.

I.2.3. Resolución

La Jueza Cuarta de Partido, Liquidador y Sentencia Penal de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 09/2014 del 3 de abril, cursante de fs. 28 a 29 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: i) Los arts. 22, 23 y 125 de la CPE, garantizan como derecho fundamental la libertad de las personas, facultando a las mismas a que puedan acudir ante la vía constitucional, para el resguardo de dicho derecho; sin embargo, también los precedentes constitucionales han establecido las normas y reglas que rigen la acción de libertad y de manera excepcional han reglado el principio de subsidiariedad a través de la SC 080/2010-R de 3 de mayo, modulada por la SCP 185/2011 de 18 de mayo, ratificada por la SCP 212/2014 de 5 de febrero, en el sentido que, cuando se considere que existen actos ilegales propiciados por funcionarios policiales o fiscal y exista control jurisdiccional, es preciso hacer conocer esos extremos ante el Juez cautelar a quien se ha presentado el inicio de la investigación; teniendo en cuenta que, esta autoridad jurisdiccional cuenta con las prerrogativas de ley, establecidas en el art. 54 inc. 1 del CPP, que dispone que tiene la obligación de velar por los derechos garantías que tienen las partes y consecuentemente el cumplimiento de la norma sustantiva y adjetiva respecto a la investigación; y, ii) En el presente caso se ha señalado y se tiene demostrado que existe un proceso penal, cuya investigación se hubiere iniciado el 27 de noviembre de 2013, la cual se habría puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional el 28 del mismo mes y año, y que al momento de la interposición de la presente acción, estaría a cargo del control jurisdiccional el Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal de El Alto, ante el cual presentaron una complementación de las diligencias preliminares el 27 de diciembre del mencionado año, no habiendo demostrado el accionante, que ya se hubiere acudido ante esa autoridad y no hubiera efectuado el restablecimiento de los derechos y garantías que ahora se acusan, lo que impide ingresar al fondo de la problemática planteada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las siguientes conclusiones:

II.1.    Por memorial presentado el 28 de noviembre de 2013, el Fiscal de Materia adscrito a la División de Personas de la FELCC, puso a conocimiento del Juez de Turno en lo Penal de El Alto, el inicio de investigaciones del proceso penal, seguido por el Ministerio Público a querella de Beto Chavez Juchani contra Osvaldo Pablo Saca, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves (fs. 15).

II.2.    Mediante memorial presentado el 27 de diciembre de 2013, el Fiscal de Materia asignado al caso, remitió informe de complementación de diligencias, del proceso penal seguido contra Osvaldo Pablo Saca, al Juez Tercero de Instrucción en lo Penal de El Alto (fs. 16). 

II.3.    Por memorial de 24 de febrero de 2014, el accionante solicitó nueva fecha de declaración al Fiscal de Materia “de la División Delitos Contra las Personas” (sic) (fs. 9 vta.).

II.4.    Mediante memorial presentado el 20 de marzo de 2014, el accionante solicitó nueva fecha de declaración al Fiscal de Materia referido (fs. 3 vta.).

II.5.    A través de memorial presentado el 20 de marzo de 2014, ante el Fiscal de Materia de la División de Personas de la FELCC, Celia Cordero de Rotales, devolvió la citación policial (fs. 4 a 6).

II.6.    Por memorial presentado el 1 de abril de 2014, el accionante reiteró solicitud de nueva fecha de declaración, al Fiscal de Materia (fs. 10 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia y a la libertad, toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, en varias oportunidades, solicitó al Fiscal de Materia adscrito a la División Personas de la FELCC, el señalamiento de nueva fecha de declaración, pues, no asistió a la primera por encontrarse delicado de salud, la cual hasta el momento de la interposición de la presente acción no fue señalada, indicando asimismo que se realizaron notificaciones en domicilios distintos a los señalados y no fueron de manera personal.

En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  Naturaleza jurídica de la acción de libertad

El art. 125 de la CPE, instituye la acción de libertad señalando que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

Por su parte, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro” (las negrillas son añadidas).

Asimismo, el art. 47 de la norma supra, en cuanto a la procedencia de esta acción tutelar, establece que: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; y, 4. Está indebidamente privada de libertad personal”.

La Norma Constitucional citada, así como las disposiciones legales referidas, con el objeto de garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, prevé la activación de acciones de defensa, entre ellas, la acción de libertad, que tiene como objetivo principal proteger y restablecer los derechos fundamentales a la libertad personal, la vida cuando se encuentre en peligro, así como los derechos a la integridad física, la libertad de locomoción y debido proceso, cuando éste se encuentre directamente vinculado con la libertad personal. Los presupuestos a los que alcanza esta acción de defensa, están instituidos en el art. 125 de la CPE, sobre los que la jurisprudencia constitucional ha definido su alcance y finalidad en su protección con un triple carácter: preventivo, correctivo y reparador, configurándolo como un mecanismo oportuno, eficaz e inmediato para la protección de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección. Para cumplir con este objetivo, las características que diseñan su naturaleza son la sumariedad, celeridad, inmediatez en la protección e informalismo que la hacen expedita y oportuna. Así se estableció en la SCP 0856/2012 de 20 de agosto.

III.2.  La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

Respecto a la subsidiaridad de la acción de libertad, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, que moduló la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, ha establecido que: “I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”.

Razonamiento que ya fue asumido a través de la SCP 1899/2012 de 12 de octubre, de la manera siguiente: “De donde se infiere, que las actuaciones policiales o fiscales que se consideren irregulares, deben ser denunciadas ante el juez cautelar, y sólo cuando la lesión al derecho a la libertad no hubiera sido reparada por dicha autoridad, recién será posible acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad. Así, complementando los criterios jurisprudenciales glosados, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, se refirió a las situaciones excepcionales en las que a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada, estableciendo tres supuestos de improcedencia:

'Primer supuesto:

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.

Segundo Supuesto:

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo , precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.

Tercer supuesto:

Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria , tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial , donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar'.

Solamente para fines pedagógicos, cabe señalar que el primer supuesto consignado precedentemente, ha sido modulado por la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, en el siguiente sentido: 'En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a la presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad'” (las negrillas nos corresponden).

III.3.  Análisis del caso concreto

Por los antecedentes expuestos y el informe efectuado por la autoridad demandada, se advierte que el accionante dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, denunciado el 27 de noviembre de 2014, al día siguiente el Fiscal de Materia, realizó el informe de inicio de investigación ante el órgano jurisdiccional, encontrándose el caso bajo el control jurisdiccional del Juez Tercero de Instrucción en lo Penal, proceso con el que fue notificado  personalmente el 11 de enero de 2014, señalando su declaración informativa, para el 15 de similar mes y año a horas 14:30, devolviendo el ahora accionante, la citación el mismo día 14, por encontrarse delicado de salud y solicitando nueva fecha para su declaración. 

La jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, entre otras, estableció que la acción de libertad es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar el derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido, que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser inoportunos; pero en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa idóneos, eficientes y oportunos, deben ser utilizados previamente por los afectados, jurisprudencia que estableció situaciones excepcionales, en los que no sería posible ingresar al análisis de la problemática planteada, configurando tres supuestos de improcedencia.

Conforme los antecedentes expuestos en el presente caso en análisis, se establece que la problemática planteada por el accionante se enmarca dentro del primer supuesto de improcedencia de la acción de libertad, toda vez que, acorde a los hechos descritos, tanto por el accionante como por la autoridad demandada, la denuncia penal por lesiones graves y leves efectuada contra el accionante, fue puesta a conocimiento de la autoridad jurisdiccional mediante el informe de inicio de investigación, efectuado por el Fiscal de Materia el 27 de noviembre de 2013, ante el Juez de Turno en lo Penal de El Alto, que recayó en el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal, por lo que, conforme se estableció en la jurisprudencia constitucional señalada, correspondía al accionante, en primera instancia, acudir ante esa autoridad a objeto de procurar la reparación o protección de sus derechos constitucionales, al no haber operado el accionante de esa manera y haber recurrido primero ante el director funcional de la investigación, activó el principio de subsidiariedad excepcional, situación que impide a este tribunal, ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, actuó en forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 09/2014 de 3 de abril, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciada por la Jueza Cuarta de Partido, Liquidador y Sentencia Penal de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Hugo Zenón Bacarreza Morales

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA