Frente al conflicto de normas jurídicas, los jueces y tribunales deben preferir las normas constitucionales sobre las infraconstitucionales; y, frente a un conflicto de normas del mismo rango, se deberá sustentar la prevalencia de una sobre la otra a través de medios de interpretación que resguarden de mejor manera los derechos y garantías de las personas, quedando abierta la posibilidad de acudir a los tratados internacionales sobre derechos humanos