V.4    Que el derecho a la vida se encuentra protegido por el art. 7 - a) de la Constitución Política del Estado, constituyendo el supremo derecho del ser humano, del cual depende el ejercicio de los demás derechos reconocidos por la Constitución y las Leyes. Asimismo, los derechos a la salud y a la seguridad social constituyen derechos primarios que deben ser protegidos y resguardados por el Estado, a través de los árganos creados al efecto.
V.5    Que para cumplir ese mandato el Estado ejecuta políticas públicas creando regímenes legales adecuados con estructuras orgánicas, presupuestaria y de gestión propias, que  regulan los servicios, como el Sistema de Seguridad Social, habiéndose aprobado al efecto el Código de Seguridad Social  por Ley de 14 de  diciembre de 1956 y su Reglamento, por Decreto Supremo de 30 de septiembre de 1959,  posteriormente modificados y complementados a lo largo de más de 40 años de su vigencia. Tanto el indicado Código como su Reglamento fueron elaborados en el marco limitado del trabajador dependiente, salario, aportes y prestaciones con espacio y tiempo determinados, sobre la base de cálculos actuariales realizados periódicamente -conforme lo exige todo sistema de seguridad social- que permitan cubrir las diferentes contingencias de los asegurados y beneficiarios sin que se pueda exceder las bases financieras calculadas para el efecto.
V.6    Que, consecuentemente, la Seguridad social implementada por el Código de Seguridad Social y su Reglamento constituye una política de Estado asumida para garantizar los derechos fundamentales protegidos por el art. 7 - a) de la Constitución política del Estado, en el ámbito de tiempo y espacio que su régimen jurídico establece, independientemente de la obligación que éste tiene de otorgar en forma oportuna la protección a la salud y a la vida de las personas que estuvieran fuera del sistema, por cualquier razón, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes sobre la materia.