La CNS debió priorizar la obtención del resultado de prueba de PCR de la accionante adulta mayor, que padecía de COVID-19, para otorgarle una atención que garantice sus derechos; pues una espera de ocho días para contar con el mismo resultaba prolongada, tomando en cuenta la rapidez con la que evoluciona el virus y la edad de la peticionante de tutela. Asimismo, al no haberse dado curso a la solicitud de la impetrante de tutela, para que reciba el tratamiento con dióxido de cloro, transgredió sus derechos a la vida y a la salud; pues conforme el art. 6 de la Ley 1351, la accionante debió recibir tratamiento con SDC bajo consentimiento informado de la aludida o un familiar.