III.2 Que, el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías ....". Asimismo, en su numeral 2 relativo a las garantías mínimas dentro del desarrollo de un proceso, según la interpretación ajustada al pleno ejercicio de los derechos humanos, en el orden internacional y fundamentales en el orden de nuestro país, no sólo es exigible y aplicable a los procesos penales, sino que todo tribunal o autoridad que tenga como facultad juzgar o imponer una sanción, está obligado a respetar las normas del debido proceso, entre las cuales, se encuentran el derecho a la defensa, que implica no sólo ser citado al inicio de la acción interpuesta, sino también la notificación posterior de cada una de las actuaciones, pues a partir de ellas, el procesado podrá presentar todas las pruebas que considere demostrarán su inocencia, así como también podrá presentar cuanto recurso le faculte la Ley.
III.3 Que, en ese contexto legal, nuestra Constitución en su art. 16 numeral II, prevé como un derecho fundamental el derecho a la defensa, reconociendo expresamente que es inviolable, es decir, que bajo ningún pretexto un tribunal facultado para juzgar, puede ignorar u obviar tal derecho en el procedimiento que le corresponda aplicar al proceso a su cargo, pues de hacerlo estaría contrariando seriamente nuestra Ley Fundamental como también la Convención citada y materialmente suprimiendo el derecho al procesado, garantía que conforme  a la jurisprudencia de este Tribunal, es aplicable  a los procesos  disciplinarios sancionadores, así la SC 378/00 - R, de 20 de abril.