En atención a la situación de vulnerabilidad de las NPIOC, corresponde proporcionarles una protección constitucional reforzada, mediante la tutela provisional, hasta que las personas que incurran en las medidas de hecho y que cuentan con mejores condiciones económicas (ajenas a la comunidad), sean las que tengan que demostrar judicialmente la existencia y validez de sus derechos individuales dentro del territorio de una NPIOC.