En ese marco, la jurisdicción constitucional respecto a las personas pertenecientes a las NPIOC por su situación de exclusión y discriminación de las que fueron víctimas en el pasado, que todavía no fue superada en el Estado Plurinacional de Bolivia; por sus particularidades sociales, económicas y culturales, se encuentran expuestas a diferentes riesgos y merecen una tutela constitucional reforzada de sus derechos, permitiendo el acceso a la jurisdicción constitucional de manera más directa, sin exigencias formales y rigurosas que obstaculicen o impidan el acceso a la justicia y sean abandonados a su propia suerte; en ese sentido, demanda al Estado disminuir escenarios más penosos para personas que son miembros de las NPIOC, como el hecho de forzarlas a iniciar procesos civiles y penales en la jurisdicción ordinaria, en la que tengan que lograr el reconocimiento de sus derechos colectivos, con el consiguiente gasto dispendioso de recursos económicos que ello implica ().