III.1.2. De otro lado, el art. 202.2 de la CPE, instituye también los conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y entre éstas; entidad nueva en Bolivia, creada de forma consonante con la instauración de un sistema estatal distributivo de la soberanía popular y con ello del poder político, y cuya comprensión no parece complicada, más aún teniendo en cuenta que su génesis también es el derecho constitucional español, y se explican como un tipo de conflictos entre los órganos centrales de poder y los órganos regionales o locales, por lo que se conocen también como un "conflicto territorial", que a su vez, pueden ser conflictos positivos y conflictos negativos y se procesan de modo diferente en cada una de esas circunstancias; empero, conviene precisar que adquieren trascendencia por ser la garantía de materialización del principio autonómico proclamado por el art. 1 del documento constitutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, pues se articulan en el esquema descentralizador y distributivo del poder, y al igual que las acciones tutelares garantizan los derechos de las personas, el conflicto de competencias territorial defienden el respeto por el ejercicio de las atribuciones distribuidas por la Ley Fundamental, siendo su naturaleza jurídica la de ser garantía de la efectiva materialización de un estado con autonomías, frente a los resabios conservadores, pero también de la necesaria unidad del Estado Boliviano.