El Gobierno Autónomo Municipal, no siguió un procedimiento administrativo sumario acorde a todo el sistema de garantías y derechos para proceder al desalojo; ni activó ningún mecanismo legal para ejercer sus competencias y cumplir con su obligación respecto al bien de dominio público; por lo que, no corresponde que se active la acción de amparo constitucional, pretendiendo delegar al Tribunal Constitucional Plurinacional el ejercicio de sus funciones y la observancia de sus obligaciones